Frente a la desjerarquización y el desfinanciamiento de las áreas de género y diversidad en la provincia de Salta, la Comisión Directiva de la Asociación Dr. Miguel Ragone presentó una propuesta formal de colaboración técnico-institucional sin costo económico para el Estado. A través de su presidente, Fernando Miguel Pequeño Ragone —de reconocida legitimidad en derechos humanos—, la organización busca articular con colectivos sociales, fortalecer las áreas de género de los municipios del interior y capacitar a las fuerzas de seguridad en la recepción de denuncias. A pesar de los riesgos de cooptación simbólica en un contexto de ajuste, la Asociación reafirma su compromiso histórico de presencia en la adversidad, manteniendo intacta su autonomía y su voz crítica para evitar el desamparo de las poblaciones más vulnerables.
La Comisión Directiva de la Asociación Dr.
Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia dirigió una carta a la
Subsecretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia de Salta, Lic. Julieta
Valencia Donat. El propósito es ofrecer formalmente apoyo técnico-institucional
de carácter ad honorem a través de su presidente, Fernando Miguel
Pequeño Ragone, enfocado en dar continuidad y fortalecer las políticas públicas
de género y diversidad.
La propuesta surge tras analizar la
coyuntura provincial, marcada por la desjerarquización del área al convertirse
de Secretaría en Subsecretaría, y un contexto de desfinanciamiento y avance de
discursos conservadores. Ante el riesgo de vaciarse estas políticas, la
Asociación asume una postura de presencia activa para evitar el desamparo de
las poblaciones vulnerables.
Se destaca la trayectoria de Pequeño
Ragone como nieto del exgobernador desaparecido Miguel Ragone, su experiencia
de gestión pública en la Secretaría de Derechos Humanos (2007-2015), su rol de
querellante en causas de lesa humanidad y su liderazgo en proyectos
territoriales y de diversidad.
La propuesta del convenio de colaboración
abarca siete ejes concretos:
·
Preservación de la memoria institucional y
protocolos técnicos.
·
Articulación con colectivos de la
diversidad y organizaciones sociales.
·
Fortalecimiento de las áreas de género en
los municipios del interior.
·
Capacitación en perspectiva de género a
las fuerzas de seguridad para optimizar la toma de denuncias.
·
Incidencia para la reglamentación de leyes
como la de Salud Mental (Ley 8323).
·
Reconstrucción de vínculos con redes
federales de género.
·
Uso del arte y la comunicación como
herramientas de política pública.
La Asociación aclara que esta colaboración
no implica costos para el Estado ni adhesión política al ajuste. Asimismo,
asume con madurez los riesgos de cooptación o erosión de su voz crítica,
reservándose el derecho de denunciar públicamente incumplimientos estatales.
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