Cuando caer bien no alcanza, pero tampoco alcanza exigirlo todo
En Salta, durante un taller sobre VIH, un activista bautizó a la Secretaria de Género como "la subse trans" porque le gustó cómo bailaba en una fiesta. El gesto desató, sin quererlo, una pregunta política urgente: ¿qué le pedimos al Estado cuando el Estado ya no tiene casi nada para dar?
Exigirle acción estructural a quien no controla el presupuesto puede romper las únicas alianzas que quedan en pie. Pero conformarse con la empatía de quien gobierna, cuando los derechos siguen sin cumplirse, convierte la buena onda en anestesia política.
Entre esos dos riesgos —el afecto como sustituto de derechos y la exigencia como ruptura estéril— se juega hoy gran parte de la política de género y salud en el noroeste argentino. Y probablemente, en todo el país.
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| Apertura del Taller Prevención combinada y acceso efectivo a la atención en VIH en la Provincia de Salta |
Hay una frase que condensa, con una economía verbal
sorprendente, décadas de tensiones entre el Estado, el activismo LGBT+ y las
políticas de salud en Argentina: "la subse trans". La
pronunció Fernando Pequeño Ragone, referente de la ONG Miguel Ragone, para
referirse a Julieta Valencia Donat, la Secretaria de las Mujeres, Géneros y
Diversidad de la Provincia de Salta, durante un taller de prevención combinada
del VIH realizado en mayo de 2026.
A primera vista, la expresión parece un gesto de afecto y
reconocimiento. Leída políticamente, es mucho más que eso: es un síntoma.
Expone cómo se construye legitimidad cuando las instituciones colapsan, qué
ocurre cuando el Estado debe ser "habitado por aliados" para ser
creíble, y por qué la identidad trans —como categoría política— puede ser
simultáneamente un recurso de empoderamiento y un objeto de apropiación
simbólica por parte de quienes no la viven.
Tres recomendaciones para tres actores: cuando la empatía no alcanza
Tesis de base: En contextos de crisis institucional,
los actores políticos tienden a reemplazar con gestos afectivos lo que no
pueden sostener con recursos, políticas concretas o autonomía. La empatía se
convierte en sustituto de la acción estructural. Mientras eso ocurre, las
desigualdades que se dicen combatir se reproducen por dentro de los mismos
espacios que deberían combatirlas. Pero hay una segunda trampa, simétrica a la
primera: exigirle al gesto afectivo que sea también acción estructural, cuando
quien lo protagoniza no tiene el poder de producir esa acción, puede romper las
únicas alianzas que quedan en pie cuando el Estado se retira.
Para quienes gobiernan
No alcanza con caer bien. Pero sin caer bien, tampoco
alcanza nada.
Hay una tentación analítica fácil frente a escenas como la
del taller salteño: señalar que la legitimidad de un Estado ante las
comunidades LGBT+ no se construye siendo querida sino con presupuesto,
protocolos que se cumplen y leyes que se aplican. Todo eso es cierto. En Salta,
mientras se celebra la cercanía afectiva de la funcionaria, los hospitales
siguen discriminando a personas trans, las empresas siguen pidiendo tests de
VIH ilegales y el Cupo Laboral Trans existe en el papel pero no en la práctica.
Pero esa crítica, aplicada sin matices, ignora una ecuación
política concreta: Julieta Valencia Donat no decide el presupuesto de su
Secretaría. No es ella quien degradó el área de género de secretaría a
subsecretaría, ni quien recortó los fondos nacionales para salud sexual. Está
presente en ese taller con el mismo problema que las organizaciones: más
demanda, menos recursos, y la necesidad urgente de encontrar soluciones que
solas —ni ella ni ellas— pueden construir.
En ese marco, su disposición afectiva no es un reemplazo de
la política: es, en muchos casos, la condición mínima para que la política sea
posible. Sin la confianza que genera esa cercanía, las organizaciones no
comparten información territorial, no articulan derivaciones, no sostienen el
trabajo conjunto que el Estado ya no puede financiar. La empatía, en contextos
de retracción estatal severa, no es un lujo sentimental: es infraestructura de
gobernabilidad.
La tensión real, entonces, no es entre afecto y política. Es
entre dos riesgos igualmente serios: que el afecto se convierta en el único
capital que el Estado ofrece, sustituyendo derechos por buena onda; y que la
exigencia de acción estructural a quien no tiene poder de producirla rompa las
alianzas que, por ahora, son lo único que sostiene la respuesta territorial.
Navegar esa tensión sin caer en ninguno de los dos extremos es quizás el
desafío político más difícil para las funcionarias de género en Argentina hoy.
Para las organizaciones sociales
Cuidado con amar demasiado al Estado que te necesita.
Las organizaciones que sostienen el trabajo territorial —las
que acompañan diagnósticos, contienen a las personas en sus propias casas,
guían a través de burocracias hostiles— tienen un poder real que frecuentemente
subestiman. Ese poder se erosiona cuando la alianza con el Estado se vuelve tan
estrecha que la organización deja de poder criticarlo. Cuando el activismo
necesita que la funcionaria sea "una de los nuestros" para poder
trabajar con ella, está reconociendo implícitamente que no tiene garantías institucionales:
solo tiene personas. Eso es exactamente lo que el Estado debería resolver, y no
lo está resolviendo. La autonomía política —la capacidad de exigir, denunciar y
presionar aunque la funcionaria caiga bien— es el activo más valioso que una organización
puede proteger.
Para los equipos técnicos y de salud
El lenguaje correcto no reemplaza la escucha.
Cuando el moderador técnico interrumpió el calor del
encuentro para recordar que "la terminología debe encuadrarse en la
capacitación", hizo algo que los campos expertos hacen con frecuencia:
utilizó el saber profesional para poner orden sobre el saber experiencial. El
problema no es que la terminología importe —importa, y mucho. El problema es
creer que capacitar es siempre superior a escuchar. Las personas que viven la
epidemia en su cuerpo, que saben por qué alguien va "encapuchado" a
hacerse un test, que conocen por qué una mujer no puede negociar el uso del
preservativo con su pareja, producen un conocimiento que ningún posgrado
certifica pero que ninguna política pública puede ignorar. La jerarquía entre
el saber técnico y el saber territorial no es neutral: es también una forma de
poder. Y cuando esa jerarquía disciplina el lenguaje del activismo sin aprender
de él, la capacitación se convierte en un mecanismo de control disfrazado de
formación.
La escena: un taller que no es sólo un taller
El encuentro que sirve de escenario a este análisis no fue
una reunión técnica de transferencia de información epidemiológica. Fue, en
términos de Pierre Bourdieu, un campo de fuerzas donde diversos actores
negociaron posiciones, capitales y legitimidades bajo la presión de una crisis
institucional profunda.
El telón de fondo es bien conocido para quienes trabajan en
políticas de salud en el NOA: Salta es la segunda provincia con mayor
incidencia proporcional de VIH en el país, con una tasa de diagnóstico tardío
del 40% y apenas 36 personas accediendo a la PrEP cuando el umbral mínimo para
impacto en salud pública se estima en 1.290. El financiamiento nacional se ha
retraído, las secretarías de género han sido degradadas institucionalmente, y
las organizaciones de la sociedad civil cubren los vacíos con sus propios
cuerpos y sus propias casas —literalmente, según testimonios del taller.
En ese contexto de precariedad extrema, el encuentro cumple
una función política que excede lo sanitario: es un ritual de rearticulación de
alianzas entre un Estado devaluado y una sociedad civil sobreexigida.
Lo que la frase hace: performance, filiación y poder
Cuando Fernando Pequeño Ragone afirma haber visto a la
funcionaria en "unas fiestas" y que, tras observar su
"performance" y su "movilidad", decidió bautizarla como
"la subse trans", está realizando varias operaciones políticas
simultáneas que conviene desagregar.
Primera operación: la humanización estratégica del
Estado. Al situar el reconocimiento en un espacio informal —la fiesta, el
cuerpo en movimiento, la gestualidad festiva—, Pequeño Ragone sustrae a la
funcionaria de su rol burocrático y la reubica en el territorio simbólico del
colectivo. La Secretaría deja de ser una institución y pasa a ser una persona
que "pertenece" o que "entiende desde adentro". Esto no es
inocente: en contextos donde el Estado ha fallado sistemáticamente a las
comunidades LGBT+, la credibilidad de un funcionario/a depende menos de su
cargo que de su legibilidad afectiva para el colectivo.
Segunda operación: la construcción de un pacto de
resistencia. La frase no aparece en el vacío. Se pronuncia mientras Pequeño
describe a las subsecretarías como "totalmente devaluadas", sin
presupuesto, amenazadas por "el discurso conservador que avanza". En
ese marco, llamar "trans" a la funcionaria es ofrecerle el capital
simbólico más potente que el activismo puede movilizar: la identidad de la
resistencia. Es decir, es una forma de decirle: estamos del mismo lado de la
trinchera.
Tercera operación: la oferta de militancia como moneda de
cambio. No es casual que, inmediatamente después de este bautismo
simbólico, Pequeño ofrezca "sus 20 años de militancia de forma
desinteresada" a la Secretaría. El circuito es claro: la funcionaria
recibe legitimidad identitaria; el activista ofrece experiencia política. Es un
intercambio de capitales —simbólico por uno— que busca consolidar una alianza
frente a un adversario común: el desfinanciamiento y el conservadurismo.
El problema político de apropiarse de una identidad
Hasta aquí, la lectura podría presentar la expresión como un
gesto de solidaridad política entre actores afines. Pero hay una tensión que el
propio taller puso en evidencia y que merece ser ampliada, porque toca el
núcleo de debates centrales en el feminismo y la teoría queer latinoamericana.
El término "trans" no es una metáfora disponible
para cualquier uso. Designa una experiencia de disidencia de género que
implica, en el contexto argentino y salteño en particular, trayectorias de
violencia institucional, exclusión del mercado de trabajo formal,
vulnerabilidad habitacional y sanitaria extrema. La Ley de Identidad de Género
de 2012 —uno de los marcos más avanzados del mundo— y el Cupo Laboral Trans de
2021 existen precisamente porque esa experiencia requirió décadas de lucha para
ser reconocida como sujeta de derechos.
Cuando una persona cisgénero —por más aliada que sea— es
bautizada "trans" en función de su performance en una fiesta,
se produce un deslizamiento que Diana Maffia denominaría una apropiación del
deseo ajeno: se toman los signos visibles de una identidad (el movimiento, la
gestualidad, la presencia en espacios de disidencia) y se los desconectan de la
experiencia política y corporal que los produce. En términos de Paul B.
Preciado, se estabiliza la performance como signo legible sin cuestionar el
dispositivo que la hace posible —o imposible— para quienes la viven sin poder
quitársela.
Dicho de otro modo: la funcionaria puede "actuar
trans" en una fiesta porque su identidad de género cisgénero le permite
hacerlo sin las consecuencias que esa actuación tiene para las personas que son
trans todo el tiempo, en todos los espacios, incluyendo los hospitales donde
—como el propio taller documenta— sufren "trato discriminatorio" y
"visibilización forzada de sus diagnósticos en salas de espera".
La respuesta técnica como disciplinamiento
Lo más revelador del episodio es lo que ocurre a
continuación. Sergio Maulen, el moderador y referente del programa nacional de
VIH, retoma las palabras de Pequeño Ragone para "señalar la importancia de
la capacitación y la terminología", sugiriendo que incluso las muestras de
afecto deben enmarcarse en un proceso de formación continua.
Esta intervención, aparentemente técnica, es en realidad una
operación de poder del campo biomédico-sanitario sobre el campo
político-activista. El lenguaje afectivo, identitario y vernáculo del activismo
—"la subse trans", el bautismo en la fiesta— es reencuadrado bajo la
lógica de la capacitación, la terminología correcta, la formación profesional.
El saber experto reclama su hegemonía sobre el saber experiencial.
Esto reproduce una tensión estructural bien documentada en
las políticas de VIH en Argentina desde los años noventa: las organizaciones de
la sociedad civil, que fueron las primeras en responder a la epidemia y que
sostienen hoy el trabajo territorial, son reconocidas como aliadas
imprescindibles pero, al mismo tiempo, son sometidas a procesos de
profesionalización y encuadre institucional que tienden a domesticar sus
lenguajes y prácticas. El activismo puede hablar, pero debe hacerlo en los
términos del campo técnico para ser escuchado institucionalmente.
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| Sergio Maulen en dialogo con organizaciones |
Masculinidades políticas y la gestión del reconocimiento
Desde los estudios de Darío Ibarra Casals sobre
masculinidades hegemónicas en crisis, puede leerse esta operación como una
forma de masculinidad aliada que, sin embargo, reproduce el gesto paternalista
de otorgar reconocimiento —de "darle" a la mujer funcionaria una
identidad que la legitima ante el colectivo. La funcionaria no se autodesigna:
es investida por el varón militante. Ese gesto, aunque bienintencionado,
reproduce una asimetría de poder de género que el propio campo del activismo LGBT+
ha señalado repetidamente: la tendencia de los varones aliados a actuar como
mediadores del reconocimiento de identidades que no les pertenecen.
Recomendaciones para actores políticos
Para los funcionarios y funcionarias del área de género y
diversidad, la legitimidad ante el colectivo no se construye siendo
"bautizados" sino sosteniendo políticas concretas: presupuesto para
la Secretaría, implementación real del Cupo Laboral Trans, protocolos de
atención no discriminatoria en hospitales, y cumplimiento efectivo de la Ley
27.675 —que el propio taller evidenció que se viola sistemáticamente en
exámenes preocupacionales.
Para las organizaciones de la sociedad civil, el desafío es
desarrollar marcos de alianza con el Estado que preserven su autonomía política
y su lenguaje propio, sin ceder al isomorfismo institucional que convierte el
activismo en extensión tercerizada de la burocracia sanitaria.
Y para el campo técnico-biomédico, el imperativo es
reconocer que la "terminología correcta" no es un saber neutral: es
siempre también una disputa de poder sobre quién tiene autoridad para nombrar,
y que la capacitación no puede reemplazar la escucha de los saberes producidos
en el territorio por quienes viven la epidemia en su propio cuerpo.
En definitiva, "la subse trans" no es sólo una
anécdota de una jornada de capacitación. Es el síntoma de un campo político
donde el Estado se sostiene sobre la empatía porque no puede sostenerse sobre
el presupuesto, y donde la identidad se convierte en moneda de cambio cuando
las instituciones no tienen otra cosa que ofrecer. Leer ese síntoma con rigor
no es un acto de frialdad académica: es la condición mínima para construir
políticas que no reproduzcan las desigualdades que dicen combatir.
Referencias teóricas centrales:
Maffia, D. (2018). Deseo y resistencia.
Barrancos, D. (2010). Mujeres en la sociedad argentina.
Preciado, P.B. (2002). Manifiesto contrasexual.
Ibarra Casals, D. (2019). Masculinidades hegemónicas en
Argentina. Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas.
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