Voces del Orgullo en el marco del dia internacional de las diversidades

La Asociación Dr. Miguel Ragone manifiesta su firme adhesión institucional a la Subsecretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades de Salta para impulsar la creación de una Agenda Participativa y Comunitaria. En un escenario marcado por la retracción de las políticas nacionales, la Asociación —con su histórico arraigo en la defensa de los derechos humanos— entiende que este momento histórico exige una presencia organizada y un diálogo horizontal con el activismo cotidiano.

El Día Internacional de las Diversidades puede ser una jornada de construcción real y defensa de derechos. La convocatoria es para el próximo 29 de junio, de 19:00 a 21:30, en la Usina Cultural, donde se desarrollará un conversatorio enfocado en la validación, pertenencia, autenticidad y bienestar de la comunidad.

Para la Asociación Ragone, la articulación con la Subsecretaría responde a la responsabilidad de sostener las conquistas logradas y evitar que las leyes vigentes se conviertan en "letra muerta". El evento reivindica la memoria local de figuras como Pelusa Liendro, reafirmando que la igualdad real se gestiona y defiende desde el territorio y las alianzas transversales.

Sintesis del texto en el audio. Agrega explicación detallada del programa (ausente en el texto): 

ASOCIACIÓN DR. MIGUEL RAGONE

en adhesión a la

SUBSECRETARÍA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDADES — SALTA

 

INVITACIÓN

a la construcción de una

AGENDA PARTICIPATIVA Y COMUNITARIA

para la celebración del

DÍA INTERNACIONAL DE LAS DIVERSIDADES — 29 DE JUNIO

 

A: Organizaciones, colectivos y referentes de la diversidad sexual y de géneros de Salta

Invitación de la Sub Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad. 

I. POR QUÉ CONVOCAMOS: LA SUPERVIVENCIA COMUNITARIA COMO PUNTO DE PARTIDA

La retracción del Estado no implica el fin de las políticas de diversidad, sino su mutación. El futuro inmediato exige pasar de una lógica de demanda al Estado benefactor a una fase de supervivencia comunitaria, litigio estratégico y alianzas transversales. La normativa argentina vigente constituye un piso innegociable; el desafío de la próxima década será defender la aplicación de esas leyes en los territorios concretos, evitando que queden convertidas en letra muerta.

Esta conclusión —surgida del análisis estructural del campo de las políticas de diversidad en Argentina post-cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades— no es un diagnóstico resignado. Es, por el contrario, el mapa desde el cual organizamos esta convocatoria. Ante la supresión de la arquitectura institucional construida entre 2004 y 2023, el horizonte de la igualdad real no se clausura: se desplaza al territorio, a las comunidades, a las alianzas, a los municipios, a los conversatorios como el que aquí proponemos.

La Asociación Dr. Miguel Ragone —institución con arraigo en la defensa de los derechos humanos y la memoria política de Salta— entiende que este momento histórico exige presencia organizada, no repliegue. Adherimos a la iniciativa de la Subsecretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la provincia de Salta porque compartimos la convicción de que las instituciones que permanecen en pie tienen la responsabilidad de convocar, de sostener, de articular. Y de hacerlo en diálogo horizontal con quienes llevan el peso del activismo cotidiano.

Por ello convocamos a las organizaciones de la diversidad de Salta a un proceso participativo de construcción de agenda para la celebración del 29 de junio —Día Internacional de las Diversidades—, en la Usina Cultural de la ciudad, en el formato conversatorio propuesto por la Subsecretaría. La convocatoria no es solo a un evento: es a construir juntas y juntos el contenido de ese evento, y a delinear colectivamente las demandas y propuestas que la comunidad necesita sostener en el actual escenario provincial y nacional.

 

II. EL 29 DE JUNIO Y EL SIGNIFICADO DE JUNIO EN LA HISTORIA ARGENTINA DE LAS DIVERSIDADES

El 28 de junio de 1969, en el bar Stonewall Inn de Nueva York, personas travestis, trans, lesbianas, gays y bisexuales respondieron con resistencia colectiva a una razzia policial. Esa rebelión, conocida como la Revuelta de Stonewall, se convirtió en el punto de origen simbólico del activismo LGBTIQ+ contemporáneo. Desde entonces, junio es reconocido mundialmente como el mes del Orgullo. En Argentina, la fecha del 29 de junio adquirió una inscripción local adicional: es el día en que el movimiento salteño conmemora a sus propias figuras de lucha, en particular la memoria de Pelusa Liendro, mujer trans, trabajadora sexual y militante de derechos LGBTIQ+ que en 2004 encabezó la primera Marcha del Orgullo en la ciudad de Salta, marcando un hito en la visibilidad del colectivo en el interior del país.

La historia reciente confirma la vitalidad de este movimiento en nuestra provincia. En noviembre de 2024, Salta organizó la Marcha del Orgullo bajo la consigna de la memoria de Pelusa Liendro, con un festival previo realizado el 15 de noviembre en la propia Usina Cultural —el mismo espacio que ahora se propone para el conversatorio del 29 de junio— que reunió a la comunidad en torno a la feria, la música y la visibilidad cultural. En noviembre de 2025, la 22.a Marcha del Orgullo salteña volvió a colmar el centro de la ciudad bajo los lemas Somos comunidad y A la marcha la hacemos entre todes, con concentración en el Paseo de la Diversidad sobre la calle Lavalle y cierre artístico frente al Cabildo. Organizaciones LGBTIQ+, activistas, familias y público general avanzaron juntos exigiendo políticas que garanticen salud, trabajo y protección frente a la violencia institucional, en un año atravesado por recortes que golpean especialmente a los sectores más vulnerables de la comunidad. También en el Valle Calchaquí, Cafayate vivió en noviembre de 2024 su Cuarta Marcha Plurinacional del Orgullo bajo el lema tierra de lucha y resistencia, expresión de la creciente federalización del movimiento al interior de la provincia.

Celebrar el 29 de junio no es solo honrar un origen. Es afirmar, en el presente, que la comunidad de las diversidades en Salta tiene historia propia, tiene militantes, tiene cuerpos que marcharon y siguen marchando, y tiene derecho a que el Estado provincial acompañe ese camino con políticas sostenidas.

 

III. LA CONCEPCIÓN DE DIVERSIDAD QUE ANIMA ESTA JORNADA

La coordinación de la sub secretaria planificó este conversatorio con una idea central: la diversidad no es solo una identidad que se declara, sino un modo de estar en el mundo que requiere validación, pertenencia, autenticidad y bienestar. Bajo estos cuatro ejes, el evento no se propone como un espacio de denuncia exclusiva ni como un acto de visibilidad meramente simbólica, sino como una jornada que produzca encuentro real entre personas y entre instituciones.

Validación: la jornada debe reconocer que las identidades diversas existen y tienen derechos, no como excepción tolerada sino como parte constitutiva de la comunidad política salteña. En términos del Plan de Ciudadanía LGBT de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), esto significa asumir que el no reconocimiento de los derechos de las personas LGBT crea ciudadanías de primera y de segunda, un paradójico sujeto que necesita escindirse para pertenecer a una sociedad que le pide como condición negarse a sí mismo.

Pertenencia: el formato conversatorio —inspirado en la escucha activa del modelo del Consejo Económico— busca que las organizaciones de la diversidad se sientan efectivamente escuchadas, no como beneficiarias pasivas de un programa sino como actoras con voz propia en la definición de la agenda. Esta concepción supera la modalidad de panel académico tradicional y la reemplaza por un espacio de intercambio genuino.

Autenticidad: se propone que el evento incorpore la diversidad de expresiones de la propia comunidad —arte, emprendimiento, talento, cuerpos, experiencias— sin reducirla a una narrativa única. El cierre artístico propuesto, con participación de expresiones trans y disidentes, es coherente con esta lectura: la diversidad se muestra, se celebra, se habita.

Bienestar: la jornada no soslaya las condiciones materiales de vida de la comunidad. La propuesta de incorporar al sector privado y a profesionales independientes responde a la necesidad de que la comunidad no vea al Estado como única fuente de inclusión, abriendo perspectivas concretas de empleo, salud, acceso a derechos y autonomía económica.

Esta concepción de la diversidad —enraizada en la validación, la pertenencia, la autenticidad y el bienestar— se amplifica cuando se la piensa desde una escala federal e intramunicipal. El Plan de Ciudadanía LGBT de la FALGBT señala con claridad que las ciudades, por su escala y cercanía con su población, son ámbitos privilegiados para la implementación de políticas públicas que aborden las necesidades de grupos poblacionales específicos.

 

IV. EL ESCENARIO EN QUE NOS ENCONTRAMOS: SIETE COORDENADAS PARA UNA AGENDA INFORMADA

Para que la agenda que construyamos juntas y juntos sea efectiva, necesitamos nombrar el territorio en el que operamos. El análisis del campo de las políticas de género y diversidad en Argentina post-cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades arroja siete coordenadas que deben orientar nuestra discusión:

1. Diagnóstico general: del Estado presente al Estado en retracción. Entre 2019 y 2023, Argentina consolidó una arquitectura institucional sin precedentes para la diversidad: el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, el Cupo Laboral Travesti Trans, el DNI no binario, el Programa Acompañar. Con el cambio de gobierno a fines de 2023, ese edificio fue desmantelado mediante el DNU 8/2023: el Ministerio fue eliminado, los fondos del Programa Acompañar licuados, la Línea 144 reducida, las transferencias a provincias cortadas. El Estado pasó de ser garante de derechos a emitir violencia institucional, y la diversidad perdió su estatus de sujeto político de protección estatal para convertirse en blanco de estigmatización bajo el rótulo de 'ideología de género'. La normativa vigente —Ley de Identidad de Género, Ley de Matrimonio Igualitario, Ley Micaela, Ley de Cupo Laboral Trans— subsiste como piso de derechos no negociables, pero su aplicación efectiva depende ahora de la presión organizada de la sociedad civil y de los estados provinciales y municipales.

2. Impacto específico en Salta. La provincia atravesó el corte de transferencias nacionales con una estructura ya frágil: programas de asistencia a víctimas de violencia y discriminación perdieron su anclaje económico, los equipos técnicos se redujeron, y la política de diversidad quedó concentrada en la capital, desprotegiendo al interior —Orán, Tartagal, el Valle Calchaquí— donde las poblaciones LGBT indígenas y de frontera enfrentan vulnerabilidades interseccionales agudas. El gobierno provincial adoptó una postura de adaptación pragmática: mantiene la estructura institucional —la Subsecretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades que hoy nos convoca en adhesión— pero con perfil bajo y lógica de subsistencia. La Legislatura salteña aprovechó el clima nacional para frenar iniciativas progresistas. La Universidad Nacional de Salta se consolidó como trinchera de la perspectiva de género. Y las organizaciones LGBT pasaron de exigir ampliación de derechos a gestionar asistencia alimentaria y defensa contra detenciones arbitrarias.

3. Modificación del comportamiento de los actores: de la demanda al Estado a la autogestión. El desmantelamiento institucional produjo una rápida reinvención del movimiento. Las organizaciones LGBTIQ+ transitan de la institucionalización —gestión conjunta con el Estado— a la resistencia comunitaria: redes de cuidados autogestivos, cooperativas de alimentos, roperos comunitarios y fondos de emergencia virtuales. Los medios hegemónicos reproducen el clima ideológico regresivo; los medios comunitarios y digitales refuerzan el activismo. Los municipios absorben el colapso social sin presupuesto para hacerle frente. La academia sostiene diplomaturas y protocolos como espacios de resistencia. Y los sindicatos, centros de estudiantes y organismos de derechos humanos emergen como aliados naturales de un movimiento que no puede resistir aislado.

4. Transformaciones en el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad. El Poder Judicial salteño mantiene una matriz tradicionalista: las causas por crímenes de odio y transfemicidios corren el riesgo de ser invisibilizadas bajo carátulas de homicidios simples, negando el agravante por violencia de género o identidad. Las fuerzas de seguridad, bajo un nuevo clima de 'mano dura', han incrementado el hostigamiento policial hacia poblaciones LGBT —especialmente hacia personas trans en situación de prostitución— y el Código de Contravenciones sigue siendo una herramienta discrecional para hostigar en el espacio público a las identidades disidentes. Ante este escenario, el litigio estratégico se convierte en herramienta central: amparos colectivos, denuncias ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la exigencia de protocolos específicos de actuación policial son vías que la comunidad organizada puede y debe recorrer.

5. La relación emergente con el sector empresarial. Ante la retracción del Estado, el sector privado emerge como actor complejo. Corporaciones y grandes empresas impulsan políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) que pueden ofrecer recursos y visibilidad, pero bajo la lógica de la rentabilidad y el capital de marca. El “pinkwashing” —apoyar el Orgullo un día al año sin modificar cadenas de valor ni garantizar derechos laborales plenos— es el riesgo principal. En Salta, esta incursión corporativa es incipiente y concentrada en el sector minero. La propuesta de incluir al sector privado y a profesionales independientes en la jornada del 29 de junio —impulsada por la coordinación del evento— es promisoria si se la acompaña de una discusión sobre condiciones: el sector privado puede ser aliado, pero la agenda la define la comunidad.

6. Financiamiento internacional y cooperación externa. El retiro del Estado nacional desplazó la cooperación de los organismos internacionales —PNUD, ONU Mujeres, embajadas europeas, Open Society, ILGA— directamente hacia la sociedad civil. Esto genera una hiper-competitividad entre organizaciones que antes cooperaban y una asimetría técnica que margina a las organizaciones territoriales del interior, como las de Salta, en beneficio de grandes ONGs porteñas con mayor capacidad de formulación de proyectos. El riesgo es la ONGización del movimiento y la dependencia de agendas externas. La jornada del 29 de junio puede ser una oportunidad para visibilizar ante la cooperación internacional las necesidades específicas del NOA y fortalecer la capacidad de articulación de las organizaciones salteñas.

7. Prospectiva: cómo profundizar políticas en estados desfinanciados. El análisis prospectivo identifica cinco ejes de acción sostenible: la municipalización de las políticas de género —los municipios como nodos de resistencia mediante ordenanzas de protección antidiscriminatoria, exenciones impositivas a comercios que contraten personas trans, y uso de infraestructura existente como espacios seguros—; las alianzas intersectoriales amplias, incluyendo en Salta la convergencia con organizaciones de pueblos originarios por la interseccionalidad de las identidades chineadas y disidentes; el litigio estratégico ante la negativa ejecutiva de aplicar leyes vigentes; la producción cultural y comunicacional desde abajo, para evidenciar que las políticas de diversidad son un asunto de supervivencia material, salud pública e inclusión económica real; y, de manera central, la posibilidad de que los municipios se conviertan en el principal escenario de resistencia y continuidad de las políticas de diversidad cuando el Estado nacional y provincial retroceden. Esta última perspectiva es especialmente relevante para Salta: los conversatorios entre organizaciones de diversidad y referentes de concejos deliberantes del interior —como los que la coordinación del evento propone mediante la articulación con el Foro de Intendentes— pueden ser el inicio de una red de municipios inclusivos que compartan buenas prácticas y optimicen recursos.

V. CONVOCATORIA FINAL

La Asociación Dr. Miguel Ragone nació de la memoria de un hombre que gobernó desde la justicia social y fue desaparecido por ello. Sabemos, por esa historia, que los derechos no se conceden: se construyen, se defienden y se celebran. Sabemos también que en los momentos de mayor retroceso institucional, la organización comunitaria es la que sostiene lo conquistado y prefigura lo que viene.

Invitamos a cada organización, colectivo, referente y persona de la comunidad de las diversidades de Salta a sumar su voz a este proceso. La agenda del 29 de junio se construye con las urgencias reales de quienes viven la diversidad todos los días: en sus cuerpos, en sus trabajos, en sus accesos a la salud, en sus relaciones con las instituciones. Ese conocimiento no está en los escritorios: está en las organizaciones que convocamos.

Les esperamos. Con la Usina Cultural como espacio de encuentro, con el Día de las Diversidades como fecha de celebración y con la agenda de derechos como razón de fondo.

Por la Asociación Dr. Miguel Ragone

Salta, junio de 2026

Conversatorio – panel: Del Odio Institucional al Litigio Soberano: Desmantelando las Pericias de la Impunidad en el Caso de Fernanda Arias

 

Invitación Abierta

Entre compañerxs de la diversidad, familiares directos, especialistas en teoría crítica queer y abogadxs de la familia nos juntamos en este panel-conversatorio estratégico frente a la impunidad y desvío institucional de la justicia en los casos de violencia letal contra nuestras identidades.

Este encuentro se propone como un espacio de escucha y reflexión colectiva para acuerparnos, procesar el dolor y transformar la injusticia en enseñanza compartida. Necesitamos desarmar juntxs el impacto de la 'autopsia psicológica' impuesta a nuestra compañera trans Daniela Fernanda Arias; una pericia que hiere nuestra memoria compartida al pretender patologizar su vida, reduciendo un posible transfemicidio bajo custodia policial a un 'suicidio' individual para desvincular al Estado. Mirarnos en este espejo nos permite conectar su destino con las violencias del caso 'Gerónimo', donde el discurso forense oficial borró activamente su orientación sexual bajo el rótulo técnico de la 'inseguridad urbana', negando la raíz del odio. Comprender estas marcas en nuestros propios cuerpos e historias es un paso de maduración indispensable para desnaturalizar la impunidad sistemática que invisibiliza nuestras sexualidades. Solo haciendo conscientes estas pedagogías de la crueldad podremos fortalecernos como comunidad para exigirle al Estado una justicia que no sea mera formalidad, sino reparación histórica, reconocimiento pleno e inclusión real.

 

Programa de Temas: Matriz Conceptual para el Litigio Estratégico

Introducción al Programa: Este conversatorio propone desmontar las narrativas forenses y mediáticas binarias que despolitizan las muertes de las disidencias en Salta. A través de una matriz crítica, vinculamos de forma directa los casos de Fernanda Arias y Víctor Manuel Gerónimo, evidenciando un patrón de invisibilización del odio estructural. Mientras que en el caso Gerónimo se operó mediante el ocultamiento de la escena del crimen y la reducción del hecho a un robo común, en el caso de Fernanda se apela a la psiquiatrización post-mortem para deslindar las responsabilidades del aparato estatal. Ambos escenarios exigen una lectura forense e interseccional unificada bajo los estándares internacionales para criminalidad de género.

• Eje I: Despatologización Forense y Rechazo a la Autopsia Psicológica en Muertes Bajo Custodia.
• Eje II: El Cuerpo como Escena de Comunicación y el Ocultamiento de la Orientación Sexual en el Caso Gerónimo.
• Eje III: Estereotipos de Género, Prejuicio Policial y la Selectividad Penal Contravencional en Salta.
• Eje IV: La Responsabilidad Internacional del Estado por Violencia Institucional y Transfemicidios.
• Eje V: Estándares de Debida Diligencia Reforzada y Litigio Penal con Perspectiva de Diversidad.

Conversaremos con:

Compañerxs con experiencia interdisciplinaria de alta trayectoria técnica y activista:

• Ab. Verónica Spaventa: Especialista en litigio penal estratégico con perspectiva de género y análisis de crímenes de odio.
• Lic. Silvia Rodríguez: Psicóloga forense con enfoque crítico en dinámicas institucionales y criminalidad violenta.
• Dr. Lara Bertolini (vía Zoom): Teórica, activista travesti, nodocente judicial y autora del libro "Soberanía Travesti".
• Abogados Álvaro Camacho y Verónica Molina: Letrados representantes de la familia de Fernanda Arias, abocados al impulso técnico de la investigación judicial penal.
• Pía Ceballos y Fernando Pequeño: Activistas y referentes de Mujeres Trans Argentina y la Asociación Civil Miguel Ragone.

 

Puntos Clave de Insistencia Colectiva:

1. Protocolos y Jurisprudencia de Género como Obligación: Exigimos la aplicación rigurosa de los lineamientos de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) y los precedentes vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia (como los fallos Vicky Hernández y Azul Rojas Marín). Toda muerte violenta o dudosa de una persona travesti, trans o disidente debe ser investigada desde el primer momento bajo la presunción jurídica de un crimen de odio o transfemicidio, sin excepciones despolitizadoras.
2. Justicia Social y Defensa de la Democracia Representativa: Reivindicamos la urgencia de alcanzar una verdadera justicia social que acompañe a la comunidad y a los familiares directos de las víctimas. Cuando el poder judicial ignora la motivación del odio en estos casos y ampara las versiones corporativas de las fuerzas de seguridad, produce una profunda degradación del servicio de justicia. Este descrédito social sistemático, arraigado profundamente en los sectores más vulnerables de la población, lesiona de manera irreversible la confianza en las instituciones del Estado y acelera la degradación de nuestra democracia representativa.

¡Justicia por Fernanda Arias! ¡Justicia por Víctor Manuel Gerónimo! El odio que no se nombra es el odio que no se condena y el que perpetúa el genocidio travesti-trans.

El caso Gerónimo y la invisibilización del crimen de odio: El Cuerpo Como Escena

 

 

ENSAYO FORENSE

El Cuerpo Como Escena

El caso Gerónimo y la invisibilización del crimen de odio

 

Salta, mayo de 2026

 

"El crimen de odio no es solo un acto de violencia: es un acto de comunicación. El agresor habla al cuerpo de la víctima, pero su destinatario real es una comunidad entera."

— Fenomenología forense aplicada

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I. Introducción: Cuando el Encuadre Distorsiona la Verdad

En la madrugada del lunes 25 de mayo de 2026, la ciudad de Salta despertó con una noticia que los medios locales encuadraron, casi sin excepción, bajo el rótulo de la inseguridad urbana: un hombre había sido hallado inconsciente, gravemente herido, en la zona del ex peaje Aunor, sobre el acceso norte a la capital provincial. Horas después, Víctor Manuel Gerónimo falleció en el Hospital San Bernardo.

La prensa salteña cubrió el hecho con la gramática familiar de la violencia delictiva: colectora oscura, zona de riesgo, auto con las puertas abiertas, víctima solitaria. Se construyó así un relato que, al mismo tiempo que informaba, clausuraba. La pregunta que este ensayo se propone formular —y que nadie parece dispuesto a hacer— es la siguiente: ¿qué se omite cuando la crónica policial gobierna en exclusiva la interpretación de un cuerpo?

Desde una perspectiva de análisis forense y crítica social, el caso Gerónimo presenta indicios que obligan a examinar la posibilidad de que el hecho constituya un crimen de odio fundado en la orientación sexual de la víctima. Esta hipótesis no es especulación: es el resultado de aplicar los protocolos criminológicos internacionales a la evidencia disponible. Lo relevante no es únicamente determinar si lo fue, sino comprender por qué esa pregunta resultó tan difícil de pronunciar.

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II. Anatomía del Hecho: La Escena y sus Versiones

2.1. El hallazgo en el ex peaje Aunor

El cuerpo de Víctor Manuel Gerónimo fue descubierto en las inmediaciones del ex peaje Aunor, sobre la colectora norte de acceso a Salta Capital, en la zona conocida como Las Cabañas, próxima a la empresa de transporte Flecha Bus. La hora precisa del hallazgo no ha sido divulgada, aunque los informes coinciden en que el automóvil permaneció estacionado en el lugar durante aproximadamente cinco horas antes de ser notado por algún transeúnte o efectivo policial.

El hombre fue trasladado de urgencia por el SAMEC al Hospital San Bernardo con traumatismo facial grave y golpes múltiples. El primer informe hospitalario consignó, de manera que generó suspicacias entre los investigadores, la categoría de "muerte súbita"; la fiscalía actuante ordenó de inmediato la autopsia obligatoria y pericias en la escena, dada la evidente incompatibilidad entre ese diagnóstico y los signos visibles de violencia.

La causa quedó radicada en la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) y fue caratulada como muerte dudosa. Al cierre de este análisis, se encontraban pendientes los resultados de la autopsia, el estudio toxicológico y el relevamiento de cámaras de las empresas del corredor.

2.2. La fractura informativa: dos versiones, un silencio

Lo llamativo del caso Gerónimo no reside solo en el crimen sino también en cómo fue narrado. Desde las primeras horas, la cobertura mediática exhibió una fractura significativa entre versiones:

La versión policial-barrial, difundida por portales digitales de crónica roja como Salta Diario y sostenida por alertas vecinales en redes sociales, afirmó que Gerónimo fue encontrado atado de manos y desnudo, cerca de un canal de la zona, luego de haber sido víctima de un violento intento de robo de su vehículo.

La versión de los medios masivos, reproducida por El Tribuno, Hola Salta! e Infobae, ofreció una descripción más hermética: el hombre fue hallado inconsciente dentro o junto a su automóvil, con las puertas abiertas, en una colectora desolada. En estas versiones no se mencionó la desnudez ni las ataduras, y se incorporó un elemento ambiguo pero significativo: el teléfono celular de la víctima permanecía en el lugar.

Entre ambas versiones se abre el silencio más elocuente: ningún medio, ninguna fuente oficial, ningún comentarista introdujo siquiera de manera interrogativa la posibilidad de un crimen motivado por la identidad sexual de la víctima. Esa omisión, sostenida y uniforme, no es casual; es estructural.

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III. El Termómetro Social: Reacciones, Sesgos y Estigma

3.1. El sentido común securitario

El rastreo de comentarios en portales de noticias locales y grupos de Facebook evidenció una reacción social homogénea en su primer nivel de lectura: la gran mayoría de los usuarios inscribió el hecho en el marco de la inseguridad urbana. La zona del ex peaje Aunor fue caracterizada como un punto negro de la delincuencia, zona liberada, lugar sin iluminación adecuada. La desnudez o las ataduras, cuando fueron mencionadas, fueron interpretadas como la saña propia de los ladrones actuales.

Este encuadre cumple una función social clara: absorbe la perturbación del crimen dentro de una narrativa conocida, la normaliza y la convierte en argumento para demandas pre-existentes (más policías, más luminarias, más cámaras). No interpela al sistema; lo refuerza. La víctima queda subsumida en la estadística de la inseguridad y su singularidad, su nombre, su historia, su posible vulnerabilidad diferencial, se diluye.

3.2. La culpabilización de la víctima: el dispositivo del "por algo habrá estado"

Un segundo nivel de reacción, más inquietante, emergió cuando comenzó a circular en medios y comentarios la información de que la colectora donde fue hallado Gerónimo es utilizada habitualmente como espacio de encuentros sexuales entre varones. A partir de ese momento, el tono de la conversación pública mutó.

Comentarios con fuerte carga moralista y homofóbica comenzaron a filtrar la idea de que la víctima, por el solo hecho de frecuentar ese tipo de espacio, había asumido un riesgo previsible, casi merecido. La lógica implícita es devastadora en su crueldad: si estabas en ese lugar, algo habrías estado haciendo; si algo habrías estado haciendo, lo que te pasó era esperable. La sexualidad disidente se convierte así en atenuante del agresor y en factor de culpabilidad de la víctima.

Este mecanismo tiene nombre en la criminología de género: es la victimización secundaria, producida no por el agresor sino por el entorno social e institucional que juzga a la víctima en lugar de al crimen. En los casos de violencia contra personas LGBT+, la victimización secundaria actúa como un borrador que elimina la especificidad del odio y lo reemplaza por la supuesta imprudencia o la culpa moral del agredido.

3.3. La omisión institucional y mediática como acto político

La ausencia más significativa en la cobertura del caso Gerónimo no es la de datos o fuentes: es la ausencia de un enfoque. Ningún medio salteño, ninguna declaración oficial de la UGAP, ningún comunicado de organizaciones de derechos humanos incorporó, en las primeras horas, el concepto de crimen de odio como hipótesis de trabajo.

Esta omisión no es solo periodística; es institucional. Los protocolos de investigación penal de perspectiva de género, establecidos por la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) y extendibles a casos de violencia por orientación sexual, obligan a los fiscales a indagar preliminarmente si la motivación del ataque está ligada a la identidad de género o a la orientación sexual de la víctima, en especial cuando la escena presenta componentes de humillación corporal y exposición. No hacerlo no es una omisión técnica: es una decisión que tiene consecuencias para la tipificación del delito, para la búsqueda de los autores y para la memoria de las víctimas.

Callar la hipótesis del odio, en un caso con estas características, es un acto político de invisibilización.

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IV. El Cuerpo Como Texto: Fenomenología Forense del Odio

4.1. El crimen de odio como acto de comunicación

La fenomenología forense es la disciplina que estudia el cómo del crimen para desentrañar su porqué: analiza la interacción entre el victimario, la víctima y la escena para reconstruir la motivación subyacente que organizó la conducta del agresor. Su premisa fundamental es que la escena no es aleatoria; es una construcción.

En los crímenes de odio, esta construcción tiene una lógica específica que los distingue de otras formas de violencia. Un crimen de odio no se define por la identidad de la víctima en sí misma —su raza, su género, su orientación sexual— sino por el significado que el victimario le asigna a esa identidad y por la función punitiva o comunicativa que cumple el acto violento. El cuerpo de la víctima se convierte en un soporte de mensajes: el mensaje al individuo que muere, el mensaje a la comunidad que lo sobrevive, el mensaje a una sociedad que lo tolera o lo condena en silencio.

4.2. Los tres patrones rectores de la escena de odio

La criminología especializada en crímenes de odio contra personas LGBT+ ha identificado tres patrones que se repiten con alta frecuencia en este tipo de hechos y que permiten diferenciarlos del homicidio por robo, del crimen pasional o del asesinato instrumental. Los tres patrones aparecen en la escena Gerónimo con distintos grados de verificabilidad según las versiones disponibles.

El overkill o saturación de violencia

En el homicidio motivado por el robo, la violencia ejerce una función instrumental y acotada: neutralizar la resistencia de la víctima para consumar el despojo. Cuando el objetivo se cumple, la violencia cesa. El crimen de odio, en cambio, exhibe lo que la fenomenología forense denomina overkill: una violencia desmedida e instrumental respecto de cualquier objetivo práctico. Los golpes continúan más allá de la neutralización. El traumatismo facial grave de Gerónimo, su estado de inconsciencia profunda y la severidad general de las lesiones constituyen un índice de esta saturación. Se golpea para borrar, para castigar, para aniquilar una identidad que el agresor percibe como inadmisible.

La degradación corporal como firma

La desnudez forzada y las ataduras no son elementos accesorios de la escena: son su núcleo significativo. En la lógica del crimen de odio contra varones homosexuales o bisexuales, despojar a la víctima de sus ropas equivale a despojarla de su dignidad y de su agencia. Las ataduras, en particular cuando se realizan con materiales improvisados como cables de cargador, implican una preparación, un ejercicio deliberado de asimetría de poder que excede ampliamente lo necesario para consumar un robo. Hay un ritual de sometimiento cuyo objetivo no es el bolsillo de la víctima sino su humanidad.

El trauma concentrado en el rostro agrega otra dimensión: en los crímenes de odio con motivación homofóbica, el golpe en la cara busca desfigurar la identidad, destruir la imagen, borrar al sujeto como ser reconocible y digno.

La firma simbólica del espacio

Los crímenes de odio contra personas LGBT+ ocurren frecuentemente en los propios espacios que las víctimas usan para ejercer su vida afectiva o sexual: parques, baños públicos, zonas de cruising. Esto no es una coincidencia de vecindad; es una elección deliberada del agresor. El espacio es parte del mensaje. Violentar a una persona en el lugar donde ejerce su sexualidad convierte ese lugar en un escenario punitivo y, al hacerlo, extiende el terror a toda la comunidad que lo frecuenta. El crimen en el acceso norte de Salta, en un punto que los propios medios identificaron como zona de encuentros sexuales, sigue exactamente esta lógica.

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V. Proposiciones Forenses: Los Indicios que la Crónica No Vio

5.1. La incongruencia del móvil económico

El primer indicio que debilita la tesis del robo como hipótesis exclusiva es la permanencia del teléfono celular de Gerónimo en la escena. En el robo de vehículo con uso de violencia, los bienes de alto valor de reventa inmediata —teléfonos, carteras, efectivo, elementos electrónicos— son los primeros en ser sustraídos. Son la razón de ser del delito. El hecho de que el celular permaneciera en el lugar, combinado con la presencia del automóvil con las puertas abiertas y sin señales de haber sido forzado mecánicamente, sugiere que el foco de la acción estuvo puesto en la persona y no en sus bienes.

Esto no descarta que el agresor o los agresores tuvieran también motivaciones de despojo; los crímenes de odio no son incompatibles con el robo. Lo que sí hace es imposibilitar que el robo sea utilizado como explicación suficiente y excluyente del hecho.

5.2. La signatura de las ataduras con cables

Si se confirma el reporte técnico que indica que la víctima tenía las muñecas atadas con cables de cargador, este elemento adquiere una relevancia crucial para la tipificación. Las ataduras con material improvisado implican dos cosas que un asalto de tránsito no contempla: premeditación de algún grado y presencia sostenida en la escena.

Atar a una persona con cables requiere tiempo. Requiere que el agresor permanezca en el lugar durante ese proceso, lo que incrementa exponencialmente su riesgo de ser visto o identificado. Un ladrón racional no hace esto a menos que el sometimiento del cuerpo sea, en sí mismo, parte del objetivo. La inmovilización prolongada no es un instrumento del robo; es el acto punitivo en sí.

5.3. La desnudez y el trauma facial como castigo identitario

La combinación de desnudez forzada, ataduras y traumatismo facial en un espacio asociado a la disidencia sexual construye una firma que la criminología específica de los crímenes de odio reconoce con claridad. Cada uno de estos elementos, aislado, podría tener otras explicaciones. Los tres juntos, en este escenario, configuran una proposición indiciaria que la fiscalía está obligada a examinar.

La desnudez expone al cuerpo y lo convierte en espectáculo de su propia derrota. Las ataduras someten y ritualizan el sometimiento. El trauma en el rostro destruye la faz del sujeto, ese espacio donde la identidad se hace visible y reconocible. Exponer ese cuerpo golpeado y desnudo en la colectora de acceso a la ciudad no es un descuido del agresor: es la culminación del acto comunicativo.

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VI. Los Motivos Sociales de la Invisibilización: El Odio que No Se Nombra

6.1. La comodidad del rótulo penal

Existe una economía de lo nombrable en la cultura policial y mediática argentina que tiende fuertemente hacia los encuadres más simples. El robo, el asalto, la inseguridad son categorías que no generan fricción institucional: no exigen revisar prácticas policiales, no cuestionan estructuras sociales, no obligan a reconocer que ciertos grupos humanos enfrentan una violencia cualitativamente diferente a la del delito común. Nombrar un crimen de odio, en cambio, implica reconocer que la sociedad produce ese odio, que lo incuba y que, en alguna medida, lo tolera.

El rótulo de la inseguridad genérica es cómodo porque universaliza. Dice: cualquiera puede ser víctima, todos estamos en riesgo, el problema es la delincuencia abstracta. El crimen de odio es incómodo porque particulariza: dice que esta persona fue asesinada por lo que era, y que eso tiene un nombre, y que ese nombre implica una responsabilidad social.

6.2. La homofobia como fondo de pantalla cultural

La reacción de culpabilización de la víctima que emergió en comentarios y redes sociales no es una anomalía: es la expresión de una homofobia difusa, de baja intensidad aparente, que estructura la percepción social de la disidencia sexual en buena parte del país. Esta homofobia no necesita articularse como odio explícito; basta con operar como trasfondo moral que convierte ciertos espacios en culpables y ciertos cuerpos en merecedores de violencia.

El dispositivo es sutil pero efectivo: no se dice que Gerónimo mereció morir; se dice que no debería haber estado ahí. La lógica es la misma que durante décadas se aplicó a las mujeres víctimas de violencia sexual: no debería haber salido sola, no debería haberse vestido así. En ambos casos, el agresor desaparece de la ecuación moral y la víctima queda bajo sospecha.

6.3. El silencio institucional como perpetuador de impunidad

Quizás el aspecto más grave del caso no sea lo que ocurrió en la colectora oscura del ex peaje Aunor, sino lo que no ocurrió después: la interpelación institucional, periodística y civil sobre la naturaleza del crimen. Las organizaciones LGBT+ de Salta no emitieron comunicados públicos en las primeras horas. Los medios con mayor alcance no convocaron a especialistas en criminalística o en violencia de género diversa. La fiscalía no dio señales de que los protocolos de perspectiva de género hubieran sido activados.

Este silencio no es inocente. En los casos de crímenes de odio, las primeras horas de investigación son cruciales para preservar indicios, rastrear entornos digitales de la víctima, identificar testigos del espacio y establecer si existían amenazas previas. Cada hora que transcurre sin esa perspectiva es una hora de evidencia potencialmente perdida y de impunidad potencialmente garantizada.

La impunidad estructural de la violencia contra personas LGBT+ no requiere de conspiraciones ni de voluntades explícitamente maliciosas. Se reproduce con mucha mayor eficiencia a través de la inercia, del protocolo que no se aplica, de la pregunta que no se formula, del término que nadie pronuncia.

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VII. Conclusión: La Obligación de Nombrar

El caso Gerónimo no ha concluido. Al momento de la redacción de este ensayo, los resultados de la autopsia y las pericias científicas están pendientes. Es posible que la investigación arroje elementos que modifiquen o confirmen las proposiciones forenses aquí desarrolladas. Lo que no es posible, sin embargo, es que esa investigación sea conducida de manera metodológicamente responsable sin incorporar la hipótesis del crimen de odio como hipótesis a verificar o a descartar.

Minimizar el caso reduciéndolo a un hecho más de la crónica policial no es solo un error periodístico; es un error judicial y un error ético. La presencia de ataduras improvisadas, la desnudez de la víctima, el trauma facial concentrado, la preservación de objetos de valor y el anclaje geográfico del hecho en un espacio de disidencia sexual constituyen, en conjunto, una firma que los protocolos internacionales y nacionales de investigación obligan a examinar con perspectiva de diversidad.

Detrás de esta obligación metodológica hay una pregunta más profunda: ¿qué tipo de sociedad construye el relato que elige sobre sus muertos? Una sociedad que encuadra la muerte de Víctor Manuel Gerónimo exclusivamente en el léxico de la inseguridad urbana no solo omite una verdad posible; también reproduce la estructura de valores que hace posible ese tipo de violencia. El odio que no se nombra es el odio que no se condena. Y el odio que no se condena es el odio que persiste.

La justicia forense no es solo la que identifica al agresor y lo castiga; es también la que le devuelve a cada víctima la especificidad de su muerte, el reconocimiento de quién era y por qué fue atacada. Esa justicia, en el caso Gerónimo, todavía está en deuda.

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Nota metodológica

Este ensayo fue elaborado sobre la base del relevamiento de medios locales y nacionales disponible al 27 de mayo de 2026 y del análisis preliminar de las versiones del hecho difundidas en ese período. No constituye una investigación judicial ni reemplaza el resultado de las pericias forenses oficiales. Su propósito es contribuir al debate académico y social sobre los marcos interpretativos aplicados a la violencia contra personas de la comunidad LGBT+ en el contexto salteño y argentino.

Tensiones en torno a la “Sub se Trans”. Alianzas afectivas y disputas de representación en un taller de VIH como escenario político

Cuando caer bien no alcanza, pero tampoco alcanza exigirlo todo

En Salta, durante un taller sobre VIH, un activista bautizó a la Secretaria de Género como "la subse trans" porque le gustó cómo bailaba en una fiesta. El gesto desató, sin quererlo, una pregunta política urgente: ¿qué le pedimos al Estado cuando el Estado ya no tiene casi nada para dar?

Exigirle acción estructural a quien no controla el presupuesto puede romper las únicas alianzas que quedan en pie. Pero conformarse con la empatía de quien gobierna, cuando los derechos siguen sin cumplirse, convierte la buena onda en anestesia política.

Entre esos dos riesgos —el afecto como sustituto de derechos y la exigencia como ruptura estéril— se juega hoy gran parte de la política de género y salud en el noroeste argentino. Y probablemente, en todo el país.

Ver también

Taller de Prevención combinada y

acceso efectivo a la atención en VIH

en la Provincia de Salta

Apertura del Taller Prevención combinada y acceso efectivo
a la atención en VIH en la Provincia de Salta

El problema que se oculta en el halago: cuando caer bien no alcanza y tampoco la exigencia de acción estrucutural. 

Hay una frase que condensa, con una economía verbal sorprendente, décadas de tensiones entre el Estado, el activismo LGBT+ y las políticas de salud en Argentina: "la subse trans". La pronunció Fernando Pequeño Ragone, referente de la ONG Miguel Ragone, para referirse a Julieta Valencia Donat, la Secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia de Salta, durante un taller de prevención combinada del VIH realizado en mayo de 2026.

A primera vista, la expresión parece un gesto de afecto y reconocimiento. Leída políticamente, es mucho más que eso: es un síntoma. Expone cómo se construye legitimidad cuando las instituciones colapsan, qué ocurre cuando el Estado debe ser "habitado por aliados" para ser creíble, y por qué la identidad trans —como categoría política— puede ser simultáneamente un recurso de empoderamiento y un objeto de apropiación simbólica por parte de quienes no la viven.

 

Tres recomendaciones para tres actores: cuando la empatía no alcanza

Tesis de base: En contextos de crisis institucional, los actores políticos tienden a reemplazar con gestos afectivos lo que no pueden sostener con recursos, políticas concretas o autonomía. La empatía se convierte en sustituto de la acción estructural. Mientras eso ocurre, las desigualdades que se dicen combatir se reproducen por dentro de los mismos espacios que deberían combatirlas. Pero hay una segunda trampa, simétrica a la primera: exigirle al gesto afectivo que sea también acción estructural, cuando quien lo protagoniza no tiene el poder de producir esa acción, puede romper las únicas alianzas que quedan en pie cuando el Estado se retira.

 

Para quienes gobiernan

No alcanza con caer bien. Pero sin caer bien, tampoco alcanza nada.

Hay una tentación analítica fácil frente a escenas como la del taller salteño: señalar que la legitimidad de un Estado ante las comunidades LGBT+ no se construye siendo querida sino con presupuesto, protocolos que se cumplen y leyes que se aplican. Todo eso es cierto. En Salta, mientras se celebra la cercanía afectiva de la funcionaria, los hospitales siguen discriminando a personas trans, las empresas siguen pidiendo tests de VIH ilegales y el Cupo Laboral Trans existe en el papel pero no en la práctica.

Pero esa crítica, aplicada sin matices, ignora una ecuación política concreta: Julieta Valencia Donat no decide el presupuesto de su Secretaría. No es ella quien degradó el área de género de secretaría a subsecretaría, ni quien recortó los fondos nacionales para salud sexual. Está presente en ese taller con el mismo problema que las organizaciones: más demanda, menos recursos, y la necesidad urgente de encontrar soluciones que solas —ni ella ni ellas— pueden construir.

En ese marco, su disposición afectiva no es un reemplazo de la política: es, en muchos casos, la condición mínima para que la política sea posible. Sin la confianza que genera esa cercanía, las organizaciones no comparten información territorial, no articulan derivaciones, no sostienen el trabajo conjunto que el Estado ya no puede financiar. La empatía, en contextos de retracción estatal severa, no es un lujo sentimental: es infraestructura de gobernabilidad.

La tensión real, entonces, no es entre afecto y política. Es entre dos riesgos igualmente serios: que el afecto se convierta en el único capital que el Estado ofrece, sustituyendo derechos por buena onda; y que la exigencia de acción estructural a quien no tiene poder de producirla rompa las alianzas que, por ahora, son lo único que sostiene la respuesta territorial. Navegar esa tensión sin caer en ninguno de los dos extremos es quizás el desafío político más difícil para las funcionarias de género en Argentina hoy.

 

Para las organizaciones sociales

Cuidado con amar demasiado al Estado que te necesita.

Las organizaciones que sostienen el trabajo territorial —las que acompañan diagnósticos, contienen a las personas en sus propias casas, guían a través de burocracias hostiles— tienen un poder real que frecuentemente subestiman. Ese poder se erosiona cuando la alianza con el Estado se vuelve tan estrecha que la organización deja de poder criticarlo. Cuando el activismo necesita que la funcionaria sea "una de los nuestros" para poder trabajar con ella, está reconociendo implícitamente que no tiene garantías institucionales: solo tiene personas. Eso es exactamente lo que el Estado debería resolver, y no lo está resolviendo. La autonomía política —la capacidad de exigir, denunciar y presionar aunque la funcionaria caiga bien— es el activo más valioso que una organización puede proteger.

 

Para los equipos técnicos y de salud

El lenguaje correcto no reemplaza la escucha.

Cuando el moderador técnico interrumpió el calor del encuentro para recordar que "la terminología debe encuadrarse en la capacitación", hizo algo que los campos expertos hacen con frecuencia: utilizó el saber profesional para poner orden sobre el saber experiencial. El problema no es que la terminología importe —importa, y mucho. El problema es creer que capacitar es siempre superior a escuchar. Las personas que viven la epidemia en su cuerpo, que saben por qué alguien va "encapuchado" a hacerse un test, que conocen por qué una mujer no puede negociar el uso del preservativo con su pareja, producen un conocimiento que ningún posgrado certifica pero que ninguna política pública puede ignorar. La jerarquía entre el saber técnico y el saber territorial no es neutral: es también una forma de poder. Y cuando esa jerarquía disciplina el lenguaje del activismo sin aprender de él, la capacitación se convierte en un mecanismo de control disfrazado de formación.

 

 

La escena: un taller que no es sólo un taller

El encuentro que sirve de escenario a este análisis no fue una reunión técnica de transferencia de información epidemiológica. Fue, en términos de Pierre Bourdieu, un campo de fuerzas donde diversos actores negociaron posiciones, capitales y legitimidades bajo la presión de una crisis institucional profunda.

El telón de fondo es bien conocido para quienes trabajan en políticas de salud en el NOA: Salta es la segunda provincia con mayor incidencia proporcional de VIH en el país, con una tasa de diagnóstico tardío del 40% y apenas 36 personas accediendo a la PrEP cuando el umbral mínimo para impacto en salud pública se estima en 1.290. El financiamiento nacional se ha retraído, las secretarías de género han sido degradadas institucionalmente, y las organizaciones de la sociedad civil cubren los vacíos con sus propios cuerpos y sus propias casas —literalmente, según testimonios del taller.

En ese contexto de precariedad extrema, el encuentro cumple una función política que excede lo sanitario: es un ritual de rearticulación de alianzas entre un Estado devaluado y una sociedad civil sobreexigida.

 

Lo que la frase hace: performance, filiación y poder

Cuando Fernando Pequeño Ragone afirma haber visto a la funcionaria en "unas fiestas" y que, tras observar su "performance" y su "movilidad", decidió bautizarla como "la subse trans", está realizando varias operaciones políticas simultáneas que conviene desagregar.

Primera operación: la humanización estratégica del Estado. Al situar el reconocimiento en un espacio informal —la fiesta, el cuerpo en movimiento, la gestualidad festiva—, Pequeño Ragone sustrae a la funcionaria de su rol burocrático y la reubica en el territorio simbólico del colectivo. La Secretaría deja de ser una institución y pasa a ser una persona que "pertenece" o que "entiende desde adentro". Esto no es inocente: en contextos donde el Estado ha fallado sistemáticamente a las comunidades LGBT+, la credibilidad de un funcionario/a depende menos de su cargo que de su legibilidad afectiva para el colectivo.

Segunda operación: la construcción de un pacto de resistencia. La frase no aparece en el vacío. Se pronuncia mientras Pequeño describe a las subsecretarías como "totalmente devaluadas", sin presupuesto, amenazadas por "el discurso conservador que avanza". En ese marco, llamar "trans" a la funcionaria es ofrecerle el capital simbólico más potente que el activismo puede movilizar: la identidad de la resistencia. Es decir, es una forma de decirle: estamos del mismo lado de la trinchera.

Tercera operación: la oferta de militancia como moneda de cambio. No es casual que, inmediatamente después de este bautismo simbólico, Pequeño ofrezca "sus 20 años de militancia de forma desinteresada" a la Secretaría. El circuito es claro: la funcionaria recibe legitimidad identitaria; el activista ofrece experiencia política. Es un intercambio de capitales —simbólico por uno— que busca consolidar una alianza frente a un adversario común: el desfinanciamiento y el conservadurismo.

 

El problema político de apropiarse de una identidad

Hasta aquí, la lectura podría presentar la expresión como un gesto de solidaridad política entre actores afines. Pero hay una tensión que el propio taller puso en evidencia y que merece ser ampliada, porque toca el núcleo de debates centrales en el feminismo y la teoría queer latinoamericana.

El término "trans" no es una metáfora disponible para cualquier uso. Designa una experiencia de disidencia de género que implica, en el contexto argentino y salteño en particular, trayectorias de violencia institucional, exclusión del mercado de trabajo formal, vulnerabilidad habitacional y sanitaria extrema. La Ley de Identidad de Género de 2012 —uno de los marcos más avanzados del mundo— y el Cupo Laboral Trans de 2021 existen precisamente porque esa experiencia requirió décadas de lucha para ser reconocida como sujeta de derechos.

Cuando una persona cisgénero —por más aliada que sea— es bautizada "trans" en función de su performance en una fiesta, se produce un deslizamiento que Diana Maffia denominaría una apropiación del deseo ajeno: se toman los signos visibles de una identidad (el movimiento, la gestualidad, la presencia en espacios de disidencia) y se los desconectan de la experiencia política y corporal que los produce. En términos de Paul B. Preciado, se estabiliza la performance como signo legible sin cuestionar el dispositivo que la hace posible —o imposible— para quienes la viven sin poder quitársela.

Dicho de otro modo: la funcionaria puede "actuar trans" en una fiesta porque su identidad de género cisgénero le permite hacerlo sin las consecuencias que esa actuación tiene para las personas que son trans todo el tiempo, en todos los espacios, incluyendo los hospitales donde —como el propio taller documenta— sufren "trato discriminatorio" y "visibilización forzada de sus diagnósticos en salas de espera".

 

La respuesta técnica como disciplinamiento

Lo más revelador del episodio es lo que ocurre a continuación. Sergio Maulen, el moderador y referente del programa nacional de VIH, retoma las palabras de Pequeño Ragone para "señalar la importancia de la capacitación y la terminología", sugiriendo que incluso las muestras de afecto deben enmarcarse en un proceso de formación continua.

Esta intervención, aparentemente técnica, es en realidad una operación de poder del campo biomédico-sanitario sobre el campo político-activista. El lenguaje afectivo, identitario y vernáculo del activismo —"la subse trans", el bautismo en la fiesta— es reencuadrado bajo la lógica de la capacitación, la terminología correcta, la formación profesional. El saber experto reclama su hegemonía sobre el saber experiencial.

Esto reproduce una tensión estructural bien documentada en las políticas de VIH en Argentina desde los años noventa: las organizaciones de la sociedad civil, que fueron las primeras en responder a la epidemia y que sostienen hoy el trabajo territorial, son reconocidas como aliadas imprescindibles pero, al mismo tiempo, son sometidas a procesos de profesionalización y encuadre institucional que tienden a domesticar sus lenguajes y prácticas. El activismo puede hablar, pero debe hacerlo en los términos del campo técnico para ser escuchado institucionalmente.

 

Sergio Maulen en dialogo con organizaciones

Masculinidades políticas y la gestión del reconocimiento

Hay otra dimensión que el análisis no puede soslayar: la del género del actor que pronuncia la frase. Fernando Pequeño Ragone es un varón cisgénero que lidera una organización de derechos humanos con trayectoria en contextos de encierro. Su bautismo simbólico de la funcionaria no es neutro desde el punto de vista de las masculinidades.

Desde los estudios de Darío Ibarra Casals sobre masculinidades hegemónicas en crisis, puede leerse esta operación como una forma de masculinidad aliada que, sin embargo, reproduce el gesto paternalista de otorgar reconocimiento —de "darle" a la mujer funcionaria una identidad que la legitima ante el colectivo. La funcionaria no se autodesigna: es investida por el varón militante. Ese gesto, aunque bienintencionado, reproduce una asimetría de poder de género que el propio campo del activismo LGBT+ ha señalado repetidamente: la tendencia de los varones aliados a actuar como mediadores del reconocimiento de identidades que no les pertenecen.

 

Recomendaciones para actores políticos

Este análisis no busca desacreditar la alianza política que la expresión intentaba construir. En un contexto de desfinanciamiento, avance conservador y crisis institucional, las alianzas afectivas entre Estado y sociedad civil son necesarias y valiosas. Lo que señala es la necesidad de construirlas sobre bases más sólidas.

Para los funcionarios y funcionarias del área de género y diversidad, la legitimidad ante el colectivo no se construye siendo "bautizados" sino sosteniendo políticas concretas: presupuesto para la Secretaría, implementación real del Cupo Laboral Trans, protocolos de atención no discriminatoria en hospitales, y cumplimiento efectivo de la Ley 27.675 —que el propio taller evidenció que se viola sistemáticamente en exámenes preocupacionales.

Para las organizaciones de la sociedad civil, el desafío es desarrollar marcos de alianza con el Estado que preserven su autonomía política y su lenguaje propio, sin ceder al isomorfismo institucional que convierte el activismo en extensión tercerizada de la burocracia sanitaria.

Y para el campo técnico-biomédico, el imperativo es reconocer que la "terminología correcta" no es un saber neutral: es siempre también una disputa de poder sobre quién tiene autoridad para nombrar, y que la capacitación no puede reemplazar la escucha de los saberes producidos en el territorio por quienes viven la epidemia en su propio cuerpo.

En definitiva, "la subse trans" no es sólo una anécdota de una jornada de capacitación. Es el síntoma de un campo político donde el Estado se sostiene sobre la empatía porque no puede sostenerse sobre el presupuesto, y donde la identidad se convierte en moneda de cambio cuando las instituciones no tienen otra cosa que ofrecer. Leer ese síntoma con rigor no es un acto de frialdad académica: es la condición mínima para construir políticas que no reproduzcan las desigualdades que dicen combatir.

 

Referencias teóricas centrales:

Maffia, D. (2018). Deseo y resistencia.

Barrancos, D. (2010). Mujeres en la sociedad argentina.

Preciado, P.B. (2002). Manifiesto contrasexual.

Ibarra Casals, D. (2019). Masculinidades hegemónicas en Argentina. Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas.