Crónica de Tiara Virginia Caldez, entre el monte y el cupo

Un día, por error, Virginia le preguntó a una inteligencia artificial quién era. La máquina contestó con una lista de denuncias: acoso, esto, aquello. Nada del resto —el trabajo conseguido en Lanús, las amigas nombradas una por una, la reparación histórica que reclama para sus compañeras mayores, la fe con la que mira el presente— entró en esa respuesta. Solo el archivo de lo que le hicieron. Virginia pidió que se removiera ese dato. Pidió que se dijeran, en cambio, "otras cosas bonitas". No fue un capricho: fue la instrucción editorial más clara de toda la conversación, dada sin saber que la estaba dando. Esta crónica nace de esa escena y de la pregunta que deja abierta —quién decide de qué está hecha la biografía de una travesti— y se propone como una respuesta posible: no el prontuario que ofreció el algoritmo, sino el relato completo de una mujer que decidió ser otra cosa.

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Crónica de Tiara Virginia Caldez, entre el monte y el cupo

 

Por Fernando Pequeño Ragone,
Agosto de 2026. 
Generado con asistencia de IA: Gemini + Claude. 

 

Esta crónica nace de una conversación con Virginia sobre su presente en la Subsecretaría de Género y Diversidades de Lanús. Para entender ese presente hizo falta, primero, recordar pasajes de nuestras charlas en un “mundo anterior”.

Ilustración 1 25 ene 2023. En paraje El Mollar, próximo a El Sunchal, tierra natal de Virgi.
Ver https://www.youtube.com/watch?v=nM9pHrsjTbY

En el contexto de esta conversación,
la amiga “Virgi” dijo:

Quiero recordar siempre a mi madre con una sonrisa  que me hizo revolucionaria y fuerte feminista, a  mi abuelo que me enseñó a ser noble ante la adversidad,  porque el murió siendo gaucho y jamás cuestionó mi homosexualidad es más me apoyó y respetó y a él nadie le enseñó nada porque en aquellos tiempos hasta mí me costaba comprender lo que sentía.

Todo lo que hoy soy es por ellos.

Hoy siento que vale la pena ser trans. Nadie debe hablar por nosotras. Todas tenemos que armar un mundo donde no tenga lugar la violencia en todas sus formas con nuestros pedacitos de historias.

 

Hay una frase que Virginia repite de distintas formas a lo largo de toda la conversación, como quien vuelve una y otra vez al mismo lugar aunque tome caminos distintos para llegar: volvemos a empezar. La dice para hablar de un trabajo perdido, de una ciudad abandonada, de una adicción vencida, de una vida entera rearmada más de una vez desde cero. Y sin embargo no la dice con resignación. La dice como quien enuncia un método. Ese es el nudo del que está hecha toda esta historia: una mujer a la que le sacaron, sucesivas veces, el lugar donde pararse —el trabajo, el pueblo, algunas de sus amigas más queridas— y que en cada pérdida decidió no quedarse en el relato de lo que le sacaron, sino ocuparse de lo que construía después. "En la calle no se muere", dice en un momento, "en la calle se lucha." Esa distinción, entre la muerte que se espera de una travesti pobre del interior y la lucha que ella eligió protagonizar, es la columna que sostiene todo lo que sigue.

La conversación con Virginia ocurre, en el presente, enfocada en Lanús. Ahí trabaja hoy, en la Subsecretaría de Género y Diversidades del municipio, con horario, con recibo de sueldo y con una rutina que ella describe casi como un descubrimiento: dormir de noche, vivir de día, tener con quién hablar en un pasillo a media mañana. Lanús es, en su relato, el lugar donde el cupo laboral trans dejó de ser una ley en un papel para convertirse en una puerta que se abre todas las mañanas. Pero para entender lo que significa esa puerta hace falta conocer también el otro extremo del mapa: San José de Metán, el pueblo del interior salteño donde Virginia tuvo su primer trabajo formal, antes de que existiera ningún cupo, y donde tuvo también su primera expulsión, la de un intendente que la dejó afuera de un día para el otro. Entre Metán y Lanús no hay solamente kilómetros: hay una distancia de derechos, la misma que separa a una travesti tolerada de una travesti con salario. Virginia caminó esa distancia más de una vez, yendo y viniendo, antes de que Buenos Aires terminara por darle lo que Salta todavía le debe.

El Crestón, antes de todo

Virginia se presenta con el nombre completo, como quien firma un documento: Tiara Virginia Caldés, del barrio El Crestón, feminista, peronista, "artista nata y de corazón". Dice que siempre le gustó la política, que tiene "un corazón noble" y que es "fuego puro" porque nació bajo el signo de Aries. Y ahí mismo, sin pausa dramática, sin anunciarlo como una confesión, agrega lo otro: "Me auto percibo travesti. Trans." Lo dice en el mismo tono con el que dijo lo del barrio y lo del corazón noble, como un dato más de una identidad que no jerarquiza entre lo político, lo artístico y lo sexo-genérico. El Crestón es el primer territorio de esta historia, el lugar de origen antes de cualquier viaje.

 [1] "Bueno, este, hola, me llamo Tiara Virginia Caldés, soy del barrio El Crestón, siempre feminista, peronista, artista nata y de corazón, ya te dije. Y siempre me gustó incursionar en la política, tener llegada al más necesitado. Tengo un corazón noble. Soy del signo Aries. Soy fuego puro. Me auto percibo travesti. Trans."

Ilustración 2 Ver https://www.youtube.com/watch?v=ScRp6huCoVc

De ahí en más, la vida de Virginia se cuenta, durante un buen tramo, en trabajos y en pérdidas de trabajo. Hace diez, once, doce años, recuerda, no existía el cupo laboral trans en ningún lado. El municipio de Metán le dio, sin embargo, una oportunidad: empezó a trabajar de forma administrativa, "de un día para el otro". Duró lo que duró esa gestión: un intendente la dejó sin trabajo y tuvo que volverse a Buenos Aires. Fue la primera vez que Virginia tuvo que elegir entre las pocas puertas que un pueblo del interior le dejaba abiertas a una travesti sin cupo: "verdulera, si sos peluquera, si has hecho un curso, si sabes algo de enfermería." O la ruta.

 [2] "Nos remontamos a 10, 12, 11 años atrás, cuando no existía el cupo laboral trans. El municipio de Metán me dio una gran oportunidad y comenzé a trabajar de forma administrativa, no por laboral, sino antes y de un día para el otro. Este, un intendente de Metán me dejó sin trabajo y me volví a Buenos Aires porque no están siempre las oportunidades para una trans. O verdulera o si sos peluquera, si has hecho un curso o si sabes algo de enfermería o por si estudiaste, no hay otra. Sí o sí tenés que empezar desde abajo, vender, y si te gusta, ruta 34."

Los bosques, el Gondolín y las que ya no están

Virginia hizo su transición en Buenos Aires. Trabajó en los bosques de Palermo, en una zona que nombra con una ironía sin amargura, "Tiempos de Oro", donde el servicio sexual costaba cincuenta y cien pesos y una volvía a su casa con la cartera llena de esos billetes, guardando para lo que llama "operaciones costosísimas". Habla de esa época sin golpe de pecho impuesto desde afuera: la nombra como trabajo, como una economía que existió y que ella sostuvo. Y en esa misma época, dice, vivió también sus mejores momentos, en el Hotel Gondolín, con amigas —"amigas que están, amigas que no están"—, en frases cortas que dejan pasar, sin detenerse demasiado, un cementerio propio que dice cargar en la cabeza: compañeras que hoy deberían estar vivas y que se las llevó, dice, "la TC", los inviernos crudos, el alcohol, las drogas.

 [3] "Eh, mi transición la hice acá en Buenos Aires. Fui, trabajé en los bosques de Palermo, Tiempos de Oro, donde el servicio sexual costaba 50 y 100. Vos te llegabas a tu casa la cartera llena de billetes de 50 y 100 y todo eso lo ibas guardando, acumulando para hacerte operaciones costosísimas. ¿Qué activista social? Activista y militante social. Y me tocó vivir mis mejores tiempos en el Hotel Gondolín, donde así pasé con grandes amigas, amigas que están, amigas que no están. Momentos que quedarán grabados en la rutina de mis ojos. También pienso que en mi cabeza hay como un cementerio de chicas que murieron, que realmente hoy tendrían que estar vivas, que se la llevó la TC, se la llevó en unos crudos inviernos, se la llevó el alcohol, se la llevó las drogas."

 

Ella misma se vio complicada con las drogas y el alcohol, cuenta, en lo que llama "ese sistema prostituyente, prostibulario", la zona roja liberada que, según describe, "te ofrece un abanico de muchas oportunidades" para perderse. Hasta que pudo decir basta. Se reconoció adicta y volvió a Metán. La salvó, dice, el amor de la familia, volver a reunirse con ellos. "Acá estoy con vida."

 

 

[4] "Gracias a Dios me pude dar cuenta, este, a estar complicada ya con las drogas, con el alcohol, todo lo que ese sistema, eh, prostituyente, prostibulario, no sé cómo llamarlo, esa zona roja liberada te ofrece, que es un abanico de muchas oportunidades. Eh, yo pude decir basta, me reconocí, este, adicta, y dije: no. Y me salvó volverme a Metán, me salvó el amor de mi familia, volver a reunirme con ellos, y acá estoy con vida."

Volver a empezar, otra vez

La vuelta a Metán no duró para siempre. Consiguió, esta vez, un nuevo puesto bajo la gestión de quien nombra como el entonces licenciado, ahora doctor, Fernando Romeri. Pero cuando asumió otro mandato el intendente Isa, la corrió, y Virginia se encontró de nuevo frente a la misma pregunta que ya se había hecho una vez: quedarse en un pueblo que no ejecutaba el cupo laboral trans, o volver a Buenos Aires, donde sí se aplicaba. Eligió volver. Y ahí, dice, se puso en juego todo de nuevo: "o soy prostituta, vuelvo a la droga, vuelvo al alcohol, vuelvo a la violencia en todas sus formas... o busco un puesto laboral." Esta vez optó distinto. Empezó a trabajar —más que trabajar, dice, a "estar", a "cuidar"— en Red Puentes, a cambio de comida y techo, todavía sin sueldo. Ahí compartió con chicas en situación de calle, en situación de extrema vulnerabilidad, atadas al alcohol y al consumo problemático, con personas que atravesaban problemas psiquiátricos. Y en ese compartir, dice, se encontró a sí misma. Empezó terapia, se sostuvo en la Mocha Celis, y nunca bajó los brazos hasta encontrar, por fin, el cupo laboral en Lanús.

[5] "Anteriormente te contaba que obtuve, ¿no?, bajo el mandato del señor licenciado, del doctor, ahora doctor Fernando Romeri. Y después, este, resistí, cuando entró en otro mandato el señor Isa, el señor Isa me corre y, bueno, tuve que volverme acá a Buenos Aires, volverme a Buenos Aires, y no me quedaba en Metán porque allá no se ejecuta el cupo laboral trans. En cambio, acá en Buenos Aires, sí. Y cuando yo llegué a Buenos Aires dije: o soy prostituta, vuelvo a la droga, vuelvo al alcohol, vuelvo a la violencia en todas sus formas, todo lo que esta zona te ofrece. O busco un puesto laboral, o qué hago. No, opté por estar, por cuidar. Pensé en mí y comencé a trabajar, por primera vez, para tener comida y techo, en Red Puentes. Bueno, no trabajaba, pero, bueno, la cosa es que vivía, y así pude compartir con chicas que están en situación de calle, en situación de extrema vulnerabilidad, atadas por el alcohol, por la situación de calle, por el consumo problemático. También compartí con personas que estaban con problemas psiquiátricos y pude encontrarme, ¿no?, yo a mí misma. Y no había días que pensaba en mí, que pude ver, desde la otra vereda, que la vida vale, que nadie se salva solo y que la vida me regalaba otra oportunidad, donde pude reconocerme trans, que me vi abatida, que me sentí desesperada, y al estar con otras personas y ver que sus vidas, sus historias —porque cada persona carga una historia— eran más fuertes, yo me sentí que lo mío, allá, atolondrada, hacían puentes. Tomé la vida, ¿no?, de mi salud mental: hice terapia, amalgamada con la Mocha Celis, pero nunca bajé los brazos, siempre busqué trabajo y encontré, en Lanús, el cupo laboral." 

[6] "Cupo laboral trans salvavida."

Las que nombra

"Siempre he militado, siempre he estado presente en las luchas. Mi lucha es intensa, mi lucha es fervorosa", dice Virginia, que vuelve una y otra vez a nombrar su pueblo de origen antes de nombrar a nadie más.

[7] "Siempre he militado, siempre he estado presente en las luchas. Mi lucha es intensa, mi lucha es fervorosa. Vengo de un pueblo precisamente de San José de Metán."

Hay un momento, después, en que Virginia deja de hablar de sí misma y empieza a nombrar a otras. Dice que necesita nombrar a las chicas de Ni Una Menos, a Lucy Caballero, a las históricas, a la Mocha Celis, al Gondolín. Nombra a Han Nair y a Jennifer López, amigas trans; a Delfín Navarro; a Marixa Acevedo, a quien llama "la abuelita del Hotel Gondolín". Lo hace, explica, porque nadie se salva solo: esas amigas le prestaron su hogar, su tiempo, su plata, su comida, su ropa, "todo lo que un par le brinda a otro par". Y agrega, sin idealizar, que no todas las travestis son así con una. No todas.

[10] "...Fueron parte de mi proceso. Este, las chicas de Ni Una Menos, quiero nombrar y necesito nombrar a Lucy Caballero. Eh, quiero nombrar a las históricas. Quiero nombrar a la Mocha Celis. Necesito nombrar al Gondolín. Necesito nombrar a dos personas importantes, tres, en mi vida: Han Nair, amiga trans; Jennifer López, amiga trans; Delfín Navarro; Marixa Acevedo, la abuelita del Hotel Gondolín. Porque si nadie se salva solo, estas amigas trans fueron personas que estuvieron a mi lado y que me acompañaron en este proceso, que me prestaron su hogar, que me prestaron su tiempo, que me apoyaron con dinero, con comida, con prendas, con todo lo que un par le brinda a otro par. No todas las travestis son así con una. No todas."

Nombra también su militancia orgánica: el MTA, Movimiento Travesti Trans Argentino, donde milita junto a Sherles Lescano. Dice que conoció la casa de Diana Sacayán y que le está muy agradecida por el camino que le abrió. Y ahí suelta la frase que mejor resume su manera de estar en el mundo: "en la calle no se vive, en la calle no se muere, en la calle se lucha."

[11] "He militado fuertemente también con MTA, Movimiento Travesti Trans Argentino, donde está Sherles Lescano. Conocí la casa de Diana Sacayán, con la cual estoy muy agradecida en este camino que voy transitando. Esta nueva Virginia es un éxito, y quiero decir que en la calle no se vive, eh, en la calle no se muere, en la calle se lucha."

 

El cupo, salvavidas

Del cupo laboral trans, Virginia habla como quien habla de una medicina. Dice que su caso, el de una trava del noroeste, es clave, aunque enseguida se corrige: no quiere ponerse de ejemplo, quiere que su situación sea testimonio para otras. Quiere que su paso por esta vida deje, dice, "un granito de arena" para las generaciones que vienen. Y advierte, con la voz que se le endurece en ese tramo, contra el discurso que reduce el reclamo travesti a un capricho: "es muy fácil decir, ay, las travas piden y piden y piden." Después de años de leyes que llegaron tarde, dice, ahora hay funcionarios —"este pseudointendente, este pseudo presidente"— que quieren tacharlas, negarlas, derrocar lo conseguido. "No lo vamos a permitir."

[12] "Siento que el cupo, el cupo laboral trans, en mi caso, de allá del noroeste, mi caso es clave y soy ejemplo para otras. No, no me quiero poner de ejemplo, quiero que mi situación sea testimonio para otras personas. Quiero que mi paso por esta vida deje un granito de arena para la construcción de las generaciones venideras. Es que el cupo laboral trans es salvavida, porque es muy fácil decir "ay, las travas piden y piden y piden": le generan leyes y a nosotras nos tuvieron muy olvidadas, muy encorsetadas, muy tachadas, y por fin que nos dieron leyes, viene este pseudointendente, este pseudopresidente, y quiere tacharnos, quiere negarnos, quiere derrocar todo esto. De hecho, no lo vamos a permitir."

Hay algo más, en ese tramo de la conversación, que dice casi al pasar y que sin embargo pesa. Cuenta que ha escuchado, muchas veces, cómo las llaman: "las maricas, los putos." Y dice que esas mismas palabras, las que buscaban humillarla, terminaron por hacerla más fuerte. Su militancia, explica, no viene de la persecución de la dictadura —no le tocó vivir esa época, dice, ella viene "de una generación más acá, más abajo, como la cola de esa generación"—, pero es depositaria de esa memoria, y por eso pide, ya, reparación histórica para sus compañeras mayores. Sabe que en diez años más ella también va a ser una de ellas. Por eso insiste en que no alcanza con un trabajo formal si ese trabajo no viene acompañado de respeto: "no sos trava, sos humana", dice que le dicen, y en esa frase deja ver que la inclusión, para ser completa, todavía tiene una asignatura pendiente —que no haga falta dejar de ser trava para ser tratada como humana.

[16] "He escuchado también, por ahí, de persona: 'ay, las maricas, los putos'. Vos verás cómo lo ponés. Marica, si lo dicen, los raros, los putos... hablá como yo te hablo, escuchalo. Quieren todo. Claro. [Se ríe]."

[17] "Escuchado, quieren todo, las maricas, los putos, pero les das una pala, quieren todo, servidor, y no es así. Mi militancia al lado de las históricas es porque yo, si bien no vengo de esa persecución, de aquellas muertes que pasaron mis maestras, adultas mayores trans, que fue en el golpe cívico militar, sino que vengo de una generación más acá, más abajo, como la cola de esa generación, hoy hago un acompañamiento y pido reparación histórica ya para mis compañeras, porque en diez años más yo voy a ser una de ellas. Voy a ser una de ellas. Y nosotras, las chicas tan grandes, estamos en otros tiempos, viviendo otras historias: no nos quedamos con el pasado, no miramos hacia atrás, volvemos a empezar, volvemos a empezar, volvemos a empezar. Tantas veces hemos vuelto a empezar que ya hemos naturalizado el volver a empezar, y yo digo que como trava somos muy fuertes. Más fuerte nos hizo esa palabra... hasta que no nos gritaron. Bueno, todas esas palabras nos hicieron más fuertes."

[19] "Y hoy, gracias a Dios, trabajo en la Subsecretaría de Género y Diversidades de Lanús. Puedo asistir a trabajar contenta. Estoy en continua capacitación. Sigo militando fuertemente. Tengo muchos planes. Me siento íntegra, con salud, con proyecto, teniendo un salario mínimo, vital, móvil. Y si algo quiero decir es que seguiremos trabajando, seguiremos más fuerte, pero yo, como travesti, no me quiero morir luchando, y voy a pedir siempre, fuertemente, reparación histórica. Ya. Porque yo veo que todos los días se va muriendo una de mis pares mayores y no llegaron ni a tener un salario mínimo vital móvil. Hay mucha prostitución, hay muchas drogas, y un trabajo formal que es salvavida, porque es fácil decir "ay, tengo un trabajo en blanco", pero no sos trava, sos humana, no te tratan mal, no te tratan diferente... pero a nosotras las trans nos sigue siendo complicado. Mi testimonio es que el trabajo del cupo laboral trans te cambia la vida, porque tenés que cumplir un horario, tu vida cambia porque ya dormís de noche y vivís de día, te relacionás con personas, ves que la vida vale. Y si algo me tengo que quejar es de que suban un poquito los sueldos, pero de ahí, todo bien. Y reparación histórica ya, porque yo, de acá a diez, quince años más, yo seré una de esas compañeras adultas mayores, y la reparación que sea en vida."

Lo que le enseñó el feminismo, lo que ya no pide permiso

Del feminismo, Virginia rescata una sola lección, la que dice que le importa por sobre todas: que sin las travas no hay feminismo, porque la lucha es transversal, entre feministas cis y travas, "mano a mano y desde antaño". Y que las luchas son colectivas —"no le doy ni dos pesos a esas luchas personales", dice, con una contundencia que no deja mucho margen para la duda.

[22] "Sabemos, vivas, nos queremos. Y si algo he aprendido del feminismo es que sin nosotras, las travas, no hay feminismo, porque la lucha es transversal, es entre feministas cis, mujeres cis, y travas, porque venimos en una lucha intensa, mano a mano y desde antaño. Y si algo me ha enseñado el feminismo es que las luchas son colectivas: no le doy ni dos pesos a esas luchas personales."

De cara al futuro, no pide poco. Quiere que las generaciones travestis que vienen después de ella pisen la universidad, sean doctoras, arquitectas, que trabajen en la NASA, que sean directoras de escuela. Quiere travas concejalas, senadoras, diputadas. "Que no tengan que andar en la vida pidiendo permiso, sino conquistando y firmando decretos, derecho." Lo dice como se dice una plataforma política: sin adornos, con la certeza de quien sabe exactamente lo que antes no tuvo.

[23] "Así también soy artista, feminista, trava salteña originaria, y quiero... y estoy en lucha, y quiero que todo lo que pasé yo, las generaciones venideras gocen de más derechos: pisen la universidad, sean doctoras, sean arquitectas, trabajen en la NASA, sean directoras de establecimiento, que no tengan que andar en la vida pidiendo permiso, sino conquistando y firmando decretos, derechos. Queremos travas concejalas, senadoras, diputadas. Queremos todo, porque antes no teníamos nada."

Más que un archivo

Hacia el final de la conversación, Virginia cuenta algo que la entristece. Un día, por error, le preguntó a una inteligencia artificial quién era Tiara Virginia Caldés. La respuesta la resumió como una chica que había denunciado acoso, que había denunciado esto, que había denunciado aquello. No quiere, dice, que ese sea el dato que la maneje. Pide que se remueva. Pide que se digan "otras cosas bonitas". Lo de Metán, dice, ya pasó, y ella mira el hoy.

 

[24] "Ah, algo que me entristece un montón es que un día, por error, le pregunté a la inteligencia artificial: '¿Quién es Tiara Virginia Caldés?'. Y me dijo: 'Tiara Virginia Caldés es una chica que ha denunciado acoso, que ha denunciado esto, que ha denunciado aquello'. Y no quiero que la maneje esos datos, quiero que los remueva, quiero que digan otras cosas bonitas. Pero bueno, lo de Metán ya pasó, aquello ya pasó, y yo miro el hoy, y soy muy creyente, y siento que la vida te pone a cada persona en su lugar."

 Esa escena es, quizás, la clave de toda la conversación, y por eso esta crónica se escribe como se escribe: no como un expediente de lo que le hicieron, sino como el relato de lo que ella construyó con lo que le hicieron. En un momento anterior, entre risas, ya lo había advertido casi con esas palabras a quien la escuchaba: que no la desviaran de lo que estaba diciendo, que quería sintetizarlo y "dejarlo lindo".

 [13] "Cita fría, también. Y bueno, voy a añadirle... la periodista siempre le añade. No me desvíes de lo que estoy hablando, por favor, que lo quiero sintetizar y dejarlo lindo."

 Virginia no pidió compasión en ningún momento de esta conversación. Pidió trabajo, pidió respeto, pidió reparación histórica, pidió que sus compañeras muertas fueran nombradas y no solo lloradas. Y pidió, sobre todo, que la cuenten completa: la que perdió trabajos y la que los volvió a conseguir; la que enterró amigas y la que sigue militando; la trava del noroeste y la funcionaria de Lanús. Reducirla a la lista de las persecuciones que sufrió habría sido, otra vez, la misma operación que ella misma rechazó cuando se la hizo una máquina.

Ilustración 3 24 abr 2022. Festival de la Doma en Las Lajitas. Ver https://www.youtube.com/watch?v=MjGpdnS5ooM

El monte, otra vez

A Virginia la conocí años antes de esta conversación, en el campo, en el paraje de Los Pozos, cercano al paraje El Sunchal, de su familia; en el departamento de Anta, donde el monte todavía marca los tiempos más que cualquier reloj de oficina. Fue ahí, entre el polvo de una tarde de entrevista rural, donde empezó lo que nos sigue uniendo hoy, a la distancia, entre Lanús y Salta: no un vínculo de investigador y entrevistada, sino el reconocimiento de dos historias que se cruzaron con la misma Salta hostil por delante, cada una a su manera. Eso es, en definitiva, lo que sostiene esta crónica y lo que la excede: un encuentro que no terminó cuando se apagó el grabador.

Ilustración 4 07 feb 2022. Entrevista de ferpeq a Virgi en finca Los Pozos.

Ver https://www.youtube.com/watch?v=o-Vballwplg

Por eso no puede cerrarse sin decirlo con todas las letras: la lucha travesti que Virginia protagoniza —por el cupo, por la reparación histórica, por el derecho a no pedir permiso— es la misma lucha, aunque no siempre se la nombre junta, que reclama la emancipación del interior rural frente a un colonialismo que nunca terminó de irse del todo, y que hoy se disfraza a veces de progreso y a veces de conservación. El monte que vio nacer a Virginia sigue esperando una reparación parecida a la que ella reclama para sus compañeras: que se lo trate no como un recurso a explotar ni como una postal a proteger desde lejos, sino como un territorio con derecho a que sus habitantes —todos, en toda su diversidad— decidan sobre él. Volver a empezar, para Virginia, nunca fue solamente una frase personal. Es, también, una consigna que todavía le queda pendiente al monte que la vio nacer.

 

A cerca de la violencia económica de la Fiscalía de Estado de Salta en el amparo sobre la salud trans

La costa como garrote: violencia económica, continuidades represivas y crisis de representatividad democrática en el litigio por la salud trans en Salta

La contestación de la Fiscalía de Estado de Salta al amparo colectivo por salud trans no es un trámite procesal neutro: al pedir el rechazo de la acción y la imposición de costas a jóvenes trans en situación de vulnerabilidad económica, el organismo despliega una forma específica de violencia económica e institucional, con respaldo en la propia definición que la Ley 26.485 hace de ese concepto. Este ensayo sostiene que esa maniobra —sumada al deslinde de responsabilidad hacia la Nación y a la invocación de la "ausencia de historia clínica" como defensa— reproduce, con otros medios, una gramática de disciplinamiento estructuralmente emparentada con las prácticas de clandestinidad y despojo patrimonial del terrorismo de Estado (1976-1983). Con apoyo en Fraser, Butler, Foucault, Mbembe y en la teoría travesti-trans latinoamericana (Wayar, Fernández), se analiza cómo el desabastecimiento hormonal y la amenaza de costas judiciales operan como tecnologías biopolíticas de abandono. Finalmente, retomando la noción de "ciudadanía de baja intensidad" de Guillermo O'Donnell, se argumenta que estas prácticas no solo vulneran derechos individuales sino que erosionan la representatividad democrática del gobierno provincial, al instituir de facto una ciudadanía trans de segunda categoría dentro del propio Estado de derecho salteño.

Por Fernando Pequeño Ragone 

Contenido:

 Introducción

1.La violencia económica como categoría jurídica, no como metáfora

2.Anatomía de la maniobra fiscal: dos movimientos, una misma lógica

3.Continuidades con la matriz represiva de 1976-1983: la clandestinidad comométodo de Estado

4.La corporalidad trans como vida precaria: el aporte de Judith Butler

5.Necropolítica administrativa: de Foucault a Mbembe

6.Consecuencias para la representatividad democrática del gobierno de Salta

7.Conclusión: la reversión de costas como acto de reparación estructural

Referencias

 

 Síntesis auditiva

 

Introducción

Cuando la Fiscalía de Estado de la Provincia de Salta contesta el traslado de un amparo colectivo por salud trans solicitando el rechazo de la acción y, subsidiariamente, la imposición de costas a las personas amparistas, no está simplemente ejerciendo una prerrogativa procesal neutra. Está desplegando una tecnología de poder. Este ensayo sostiene tres tesis articuladas. Primera: el pedido de costas contra jóvenes trans en situación de vulnerabilidad económica constituye una forma específica de violencia económica e institucional, no una contingencia procesal menor. Segunda: esa maniobra —leída junto con el deslinde jurisdiccional y la invocación de la "ausencia de historia clínica"— reproduce, con otros medios, la matriz disciplinaria que caracterizó al terrorismo de Estado (1976-1983): el despojo patrimonial, la clandestinidad administrativa y el borramiento burocrático como formas de gestionar cuerpos disidentes. Tercera: estas prácticas, lejos de ser un exceso de litigante, erosionan la representatividad democrática del gobierno provincial, en la medida en que convierten a un sector de la ciudadanía en sujetos de una "ciudadanía de baja intensidad" (O'Donnell, 1993), formalmente titulares de derechos pero materialmente excluidos de su ejercicio efectivo ante el Estado.

1. La violencia económica como categoría jurídica, no como metáfora

El ordenamiento argentino ya cuenta con una definición operativa de violencia económica y patrimonial: la Ley 26.485 (2009) la describe como aquella dirigida a "ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales" de la persona afectada, incluyendo la limitación de recursos destinados a satisfacer sus necesidades. Aunque esa ley fue concebida en clave de violencia de género contra mujeres cis, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya extendió expresamente el estándar de protección contra la violencia de género a las mujeres trans en el caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras (Corte IDH, 2021), al reconocer que la discriminación estructural por identidad de género se inscribe en el mismo patrón de violencia institucional que afecta a las mujeres. La analogía normativa es, por tanto, exigible: cuando el Estado provincial reclama el pago de costas judiciales a un colectivo empobrecido por la propia discriminación estructural que motiva el litigio, no hace otra cosa que instrumentalizar el aparato judicial para producir el mismo resultado que la ley de violencia de género prohíbe: el menoscabo patrimonial dirigido a inhibir el ejercicio de derechos.

 

La figura procesal de la condena en costas, pensada para desalentar el litigio temerario, se transforma aquí en su opuesto: un mecanismo de desaliento del litigio legítimo. El llamado chilling effect —el efecto amedrentador que disuade el ejercicio de un derecho por temor a sus consecuencias— es un concepto consolidado en la doctrina de libertad de expresión y acceso a la justicia, y resulta trasladable sin dificultad a este escenario: la amenaza de una deuda judicial impagable para personas en situación de indigencia opera exactamente igual que una sanción directa, aunque revista la forma de neutralidad procesal. Nancy Fraser (1997) advirtió tempranamente que las injusticias de reconocimiento y las injusticias de redistribución no son compartimentos estancos: la Ley 26.743, en tanto reconocimiento simbólico-jurídico de la identidad de género, se vuelve una cáscara vacía si el mismo aparato estatal que debe garantizarla presupuestariamente utiliza, acto seguido, el proceso judicial para extraer recursos de quienes reclaman su cumplimiento. Es, en los términos de Fraser (1997), una injusticia bifronte: se niega el reconocimiento (al litigar contra la identidad trans como sujeto de derecho pleno) y se ejecuta la redistribución en sentido regresivo (al pretender transferir recursos escasos desde el colectivo pauperizado hacia el erario provincial).

2. Anatomía de la maniobra fiscal: dos movimientos, una misma lógica

El informe base de este análisis identifica dos maniobras defensivas combinadas en la contestación de la Fiscalía de Estado: el deslinde de responsabilidad hacia la Nación y la pretensión de imposición de costas. Ninguna de las dos es jurídicamente inocente si se las lee en conjunto. El deslinde jurisdiccional no busca solamente ganar el pleito en el fondo: busca, en el interregno procesal, prolongar la incertidumbre sobre quién debe proveer las hormonas mientras el cuerpo de la persona amparista continúa deteriorándose. Es una dilación con costo biológico. El pedido de costas, por su parte, no opera sobre el fondo del derecho sino sobre el cálculo de riesgo de litigar: introduce en la decisión de sostener o abandonar el proceso una variable ajena a la justicia de la pretensión, a saber, la capacidad de pago de quien demanda.

 

Ambas maniobras comparten una misma estructura: desplazan el conflicto desde el plano de los derechos hacia el plano de los costos —jurisdiccionales en un caso, pecuniarios en el otro— y, al hacerlo, tecnocratizan lo que en verdad es una decisión política sobre a quién el Estado está dispuesto a proteger. Esta es precisamente la operación que Michel Foucault (1976; 2000) describe cuando caracteriza a la biopolítica moderna como el ejercicio de un poder que ya no necesita matar directamente para gestionar la vida y la muerte de las poblaciones: le basta con administrar selectivamente el acceso a los recursos que sostienen la vida. En sus lecciones de 1975-1976 recopiladas en Defender la sociedad, Foucault (2000) formula la fórmula que resulta clave para este caso: el poder biopolítico no se ejerce ya únicamente como el derecho soberano de "hacer morir o dejar vivir", sino, de manera creciente, como la potestad inversa de "hacer vivir y dejar morir". El desabastecimiento de hormonas, la ausencia deliberada de registro clínico y la amenaza de costas no matan por acción directa: matan —o enferman, o empobrecen— por omisión administrativa sostenida. Es tanatopolítica ejercida en la forma más silenciosa y más impune: el expediente, la contestación de traslado, la planilla clínica de tres líneas.

3. Continuidades con la matriz represiva de 1976-1983: la clandestinidad como método de Estado

Sostener que existe una correlación entre las estrategias procesales actuales de la Fiscalía de Estado y las prácticas del terrorismo de Estado no implica equiparar la violencia física directa —la desaparición, la tortura, el asesinato— con la violencia económico-administrativa contemporánea. Implica, en cambio, identificar una continuidad metodológica en la forma en que el Estado provincial y nacional gestionó y gestiona la disidencia corporal: mediante la combinación de negación formal del daño y ejecución subterránea de ese mismo daño.

 

Pilar Calveiro (1998), en su análisis de los campos de concentración en la Argentina dictatorial, describe un sistema represivo que operaba precisamente mediante esa doble faz: por un lado, la desmentida oficial de la existencia de los centros clandestinos de detención; por otro, la producción sistemática y burocratizada de la desaparición dentro de ellos. Esa "zona de penumbra" —ilegal en los hechos, negada en el discurso oficial— es estructuralmente homóloga a la "clandestinidad administrativa" del litigio actual: la inexistencia deliberada de historias clínicas en el Centro de Salud N.° 63, la omisión de registro en la plataforma Acuario Safesa, la derivación informal hacia el mercado ilegal de hormonas. En ambos casos el Estado produce un vacío documental que luego invoca como si fuera una falla imputable a la víctima, en lugar de una responsabilidad propia. La máxima nemo auditur propriam turpitudinem allegans —nadie puede alegar su propia torpeza— no es aquí solamente un principio de buena fe procesal: es la clave que desenmascara la reedición de un patrón histórico de producción estatal de ilegalidad seguida de negación de esa misma ilegalidad.

 

Esta lectura no es una analogía retórica sino una que encuentra respaldo en los estándares de justicia transicional. El Conjunto de Principios actualizado para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, elaborado originalmente por Louis Joinet (1997) y actualizado por Diane Orentlicher (2005) para la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, establece que el deber de "garantía de no repetición" no se limita a la abstención de repetir los crímenes históricos en su forma literal, sino que exige al Estado desmantelar la arquitectura institucional que hizo posible la violencia: los circuitos burocráticos, los vacíos de control y las prácticas administrativas que permitieron la opacidad. Cuando un organismo del Estado provincial —la Fiscalía de Estado, garante formal de la legalidad administrativa— construye su defensa procesal sobre la inexistencia de registros que el propio Estado debía producir, y luego pretende cobrar judicialmente esa misma omisión a la víctima, está reactivando exactamente el tipo de arquitectura burocrática de la violencia que los Principios de Joinet-Orentlicher ordenan desmontar, no reproducir.

 

El cuadro comparativo que emerge de la lectura crítica del informe puede sintetizarse así:

 

Terrorismo de Estado (1976-1983)	Litigio contemporáneo por salud trans
Violencia física directa, desaparición forzada	Violencia económica: costas procesales como sanción al reclamo
Invisibilización burocrática del acto represivo	Inexistencia deliberada de historias clínicas y registros sanitarios
Despojo patrimonial e ilegalidad estatal encubierta	Empuje hacia la clandestinidad del mercado informal de hormonas
Negación oficial del daño producido	Invocación de la "ausencia de constancias" como defensa procesal

 

No se trata de sostener una identidad histórica entre ambos períodos —la desproporción de la violencia física dictatorial frente a la violencia administrativa actual es evidente y no debe diluirse—, sino de mostrar que la gramática del poder estatal salteño frente a la disidencia sexo-genérica conserva reflejos estructurales de disciplinamiento que la democracia debería haber desmontado y que, en los hechos, reaparecen bajo ropaje técnico-procesal.

4. La corporalidad trans como vida precaria: el aporte de Judith Butler

Judith Butler (2004, 2009) desarrolló el concepto de precariedad (precarity) para describir una condición de vulnerabilidad que no es natural ni universal, sino políticamente distribuida: ciertos cuerpos son expuestos de manera diferencial al daño, al abandono y a la muerte, en función de marcos normativos que determinan qué vidas son "lloradas" —es decir, reconocidas como vidas cuya pérdida importa— y cuáles no. En Marcos de guerra, Butler (2009) argumenta que ese reconocimiento diferencial no es un efecto secundario de la violencia, sino su condición de posibilidad: solo se puede abandonar sistemáticamente a una población cuando previamente se ha construido un marco perceptivo en el que su sufrimiento resulta poco visible o poco relevante.

 

Aplicado a este caso, el argumento de Butler ilumina algo que el análisis estrictamente normativo puede pasar por alto: la Fiscalía de Estado no necesita declarar explícitamente que las vidas trans importan menos. Le basta con tratar la interrupción del tratamiento hormonal como una cuestión administrativa de "falta de legitimación pasiva" y el reclamo judicial como una carga económica sancionable, para que ese marco de indiferencia opere en los hechos. La precariedad, en los términos de Butler (2004), no es solamente material —la falta de acceso a hormonas o la exposición al mercado informal— sino también epistémica: es la manera en que el aparato estatal encuadra el sufrimiento trans como no prioritario, no urgente, no digno de la excepción presupuestaria que sí se concede a otras patologías crónicas.

 

La teoría travesti-trans latinoamericana ofrece un correlato situado de esta misma idea. Marlene Wayar (2018), referente argentina del activismo y la teoría travesti, ha señalado que la travestidad ha sido históricamente tratada por el Estado no como una identidad a proteger sino como una anomalía a administrar o expulsar, incluso después de la sanción de leyes formalmente inclusivas. Josefina Fernández (2004), en su etnografía pionera sobre travestismo e identidad de género en la Argentina, documenta cómo la precariedad económica y la exclusión sanitaria de las personas trans no son un dato prejurídico sino el resultado directo de decisiones institucionales sostenidas en el tiempo. Leídas junto con Butler, estas perspectivas permiten afirmar que el pedido de costas no crea la precariedad trans ex nihilo: la intensifica y la judicializa, transformando una vulnerabilidad estructural preexistente en un instrumento procesal contra quien la padece.

5. Necropolítica administrativa: de Foucault a Mbembe

Si Foucault (2000) permite pensar la gestión biopolítica de la vida trans mediante el "dejar morir" administrativo, Achille Mbembe (2003/2011) radicaliza esa intuición con el concepto de necropolítica: la capacidad soberana de decidir quién puede vivir y quién debe morir, ejercida hoy no solo mediante el monopolio de la violencia física sino mediante el control diferencial de las condiciones materiales de supervivencia. Mbembe (2003/2011) insiste en que la necropolítica contemporánea se caracteriza por producir "mundos de muerte" —zonas de existencia social donde poblaciones enteras adquieren el estatuto de "muertos vivientes"— a través de mecanismos que no requieren la declaración explícita de un enemigo a eliminar, sino la mera organización diferencial del abandono.

 

El desabastecimiento sostenido de hormonas de afirmación de género, combinado con la amenaza de sanción económica a quien reclama, produce exactamente ese efecto: no mata por decreto, pero coloca a una población entera —jóvenes trans en situación de pobreza— ante la disyuntiva extrema entre la automedicación riesgosa, la exposición al mercado informal con sus consecuencias de morbimortalidad documentadas (tromboembolismo venoso, hipertensión inducida, insuficiencia hepática) o el abandono lisa y llanamente del tratamiento, con el consiguiente impacto en la salud mental y el riesgo de ideación suicida que señala la literatura médica especializada. Rita Segato (2016), aunque su obra se centra primordialmente en la violencia patriarcal contra las mujeres, ofrece una clave complementaria: la violencia contemporánea contra los cuerpos feminizados y disidentes se ejerce cada vez más como pedagogía de la crueldad, un mensaje dirigido no solo a la víctima individual sino al colectivo entero, para enseñarle los límites de lo tolerado. El pedido de costas contra un puñado de jóvenes amparistas cumple, en este sentido, una función ejemplarizante que excede el caso concreto: comunica al resto del colectivo trans salteño que litigar contra el Estado tiene un precio.

6. Consecuencias para la representatividad democrática del gobierno de Salta

Hasta aquí el análisis se centró en la dimensión de derechos individuales y colectivos vulnerados. Pero el informe reclama, con razón, pensar también el impacto de estas prácticas sobre la calidad democrática del sistema político provincial. Guillermo O'Donnell (1993) acuñó la noción de "áreas marrones" (brown areas) para describir zonas geográficas o sociales dentro de Estados formalmente democráticos donde el imperio de la ley se aplica de manera desigual o directamente no llega, produciendo lo que denominó "ciudadanía de baja intensidad": sectores de la población que gozan del estatus formal de ciudadanos titulares de derechos políticos, pero que en la práctica no pueden hacer valer esos derechos ante la administración ni acceder de manera efectiva a la protección judicial. O'Donnell (2004) profundizó posteriormente esta idea al vincular explícitamente la calidad de la democracia con el grado de vigencia efectiva —no meramente declarativa— de los derechos civiles y sociales.

 

La actuación de la Fiscalía de Estado en este litigio es un caso de manual de "área marrón" en el sentido de O'Donnell: la Provincia de Salta cuenta con Constitución, poder judicial, un régimen de amparo (Ley 7.020) y garantías de gratuidad procesal expresamente previstas en el artículo 134 de su Constitución para casos de desproporción socioeconómica evidente. El entramado normativo democrático existe. Lo que falla es su aplicación efectiva frente a un colectivo específico, al que el propio organismo encargado de representar los intereses del Estado —paradójicamente, la Fiscalía de Estado— trata como un sujeto procesal de segunda categoría, susceptible de ser disuadido económicamente de litigar. Esto no es un problema de "letra muerta" de la ley: es la demostración empírica de que la titularidad formal de derechos no garantiza su ejercicio quando el propio aparato estatal opera como el principal obstáculo para hacerlos valer.

 

Esta brecha entre ciudadanía formal y ciudadanía sustantiva tiene, además, un efecto de retroalimentación sobre la legitimidad democrática del gobierno provincial en su conjunto. La legitimidad democrática no se agota en el momento electoral: se sostiene, en los términos de la teoría democrática contemporánea, en la capacidad continua del Estado de rendir cuentas (accountability) frente a la ciudadanía y de tratar a todos los sectores sociales bajo el mismo estándar de protección jurídica. Cuando un organismo de gobierno litiga sistemáticamente para desalentar económicamente el reclamo de derechos de un grupo históricamente discriminado, no solamente vulnera derechos individuales: erosiona el pacto de representación que sostiene la autoridad democrática del gobierno frente al conjunto de la sociedad, porque revela que existen ciudadanías de primera y de segunda dentro de la misma jurisdicción. La consecuencia política de mediano plazo es la profundización de la desconfianza institucional en los sectores más vulnerados —exactamente los sectores que la democracia debería incorporar activamente, no expulsar procesalmente— y la consolidación de un patrón de gobierno que administra la disidencia en lugar de representarla.

7. Conclusión: la reversión de costas como acto de reparación estructural

Se identifica correctamente que la jurisprudencia de la Provincia de Salta —en particular el criterio sentado en "Asociación de Derechos Humanos Miguel Ragone vs. Gobierno de la Provincia de Salta" y el estándar de gratuidad procesal fijado en Corte de Justicia de Salta, Tomo 200, págs. 345/350— ofrece herramientas concretas para revertir la pretensión de costas de la Fiscalía de Estado. Este ensayo agrega que esa reversión no debe leerse únicamente como una cuestión técnico-procesal, sino como un acto con valor reparatorio y con incidencia directa sobre la calidad democrática de la provincia. Eximir de costas a las personas amparistas, o imponerlas al Estado omisivo, no es solo aplicar correctamente el artículo 134 de la Constitución provincial: es interrumpir, en el plano jurisdiccional, una gramática de disciplinamiento económico que —como se argumentó— guarda una genealogía incómoda con las prácticas de clandestinidad y despojo del terrorismo de Estado, y es reafirmar que la ciudadanía trans no puede ser tratada, en la Salta del siglo XXI, como una ciudadanía de baja intensidad.

 

El litigio, en este sentido, cumple una doble función que excede el caso individual: es a la vez estrategia jurídica para restituir el acceso a la salud y ejercicio de pedagogía democrática, en la medida en que exige al Estado provincial demostrar, con hechos y no solo con normas, que su compromiso con la igualdad real (art. 75 inc. 23 CN) no se detiene en el reconocimiento simbólico sino que se traduce en la disposición efectiva de recursos y en la renuncia expresa a instrumentalizar el proceso judicial como mecanismo de amedrentamiento.

 

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Referencias

Butler, J. (2004). Precarious life: The powers of mourning and violence. Verso.

 

Butler, J. (2009). Frames of war: When is life grievable? Verso.

 

Calveiro, P. (1998). Poder y desaparición: Los campos de concentración en Argentina. Colihue.

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo (Opinión Consultiva OC-24/17).

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2018). Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile (Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia del 8 de marzo de 2018.

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2021). Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras (Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia del 26 de marzo de 2021.

 

Fernández, J. (2004). Cuerpos desobedientes: Travestismo e identidad de género. Edhasa.

 

Foucault, M. (2000). Defender la sociedad: Curso en el Collège de France (1975-1976) (H. Pons, Trad.). Fondo de Cultura Económica. (Trabajo original de las lecciones dictado en 1975-1976).

 

Foucault, M. (2002). Historia de la sexualidad 1: La voluntad de saber (U. Guiñazú, Trad.). Siglo XXI. (Obra original publicada en 1976).

 

Fraser, N. (1997). Justice interruptus: Critical reflections on the "postsocialist" condition. Routledge.

 

Fraser, N., & Honneth, A. (2003). Redistribution or recognition? A political-philosophical exchange. Verso.

 

Joinet, L. (1997). Question of the impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political) (E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1). Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

 

Mbembe, A. (2011). Necropolítica (E. Falomir Archambault, Trad.). Melusina. (Trabajo original publicado en 2003, Public Culture, 15(1), 11-40).

 

O'Donnell, G. (1993). On the state, democratization and some conceptual problems: A Latin American view with glances at some postcommunist countries. World Development, 21(8), 1355-1369.

 

O'Donnell, G. (2004). Human development, human rights, and democracy. En G. O'Donnell, J. V. Iazzetta, & O. M. Vargas Cullell (Eds.), The quality of democracy: Theory and applications (pp. 9-92). University of Notre Dame Press.

 

Orentlicher, D. (2005). Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (E/CN.4/2005/102/Add.1). Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

 

Segato, R. L. (2016). La guerra contra las mujeres. Traficantes de Sueños.

 

Wayar, M. (2018). Travesti: Una teoría lo suficientemente buena. Muchas Nueces.

 

Normativa citada: Constitución Nacional Argentina, arts. 16, 19, 42, 43 y 75 incs. 22 y 23; Constitución de la Provincia de Salta, arts. 30, 41, 87 y 134; Ley N.° 26.485 (2009); Ley N.° 26.529 (2009); Ley N.° 26.743 (2012); Ley Provincial N.° 7.020 (Salta); Corte de Justicia de Salta, "Asociación de Derechos Humanos Miguel Ragone vs. Gobierno de la Provincia de Salta"; Corte de Justicia de Salta, T. 200, págs. 345/350; CSJN, "Asociación Benghalensis y otros c/ Estado Nacional s/ amparo" (Fallos: 323:1339); CSJN, "M., A. K. c/ Provincia de Buenos Aires s/ amparo".

Cuerpos, Voces y Ciudadanía Sexual: Ensayo Político-Estratégico para les Jóvenes Amparistas Trans de Salta

El ensayo político-estratégico Cuerpos, Voces y Ciudadanía Sexual convoca a los doce jóvenes amparistas trans de Salta a asumir la vocería directa de su reclamo frente al Ministerio de Salud provincial. Al desplazar el conflicto del expediente judicial a la vida real, se desarma la retórica de la desidia administrativa. El documento rebate la falacia del deslinde provincial hacia el Estado Nacional, fundamentando la corresponsabilidad concurrente en salud y capitalizando el allanamiento parcial que significó la reciente autorización de cirugías. Asimismo, denuncia la gravedad institucional por la ausencia de historias clínicas bajo la gestión de la Dra. Salvo, contrastándola con el modelo respetuoso del Hospital Oñativia. Frente a la violencia económica estatal, esta lucha exige pasar de una "ciudadanía de papel" a una ciudadanía sexual plena, donde la hormonización gratuita sea un derecho vital e inalienable.

 

Contenidos

Introducción:El imperativo de la voz propia y el rol del sujeto político

I.Corresponsabilidad Estatal: La falacia del deslinde provincial y elallanamiento implícito

II.Gravedad Institucional y Violencia Administrativa: La ausencia de historiasclínicas

III.Construcción de Ciudadanía Sexual: Reconocimiento, Redistribución y Crítica alPrejuicio Burocrático

IV.Estrategia de Incidencia: Cabildeo Político e Interpelación Institucional

V.Matriz de Argumentación Estratégica para Voceros

VI.Redacción Modelo de Argumentos para Vocería Pública

Modelo1: Sobre la urgencia sanitaria y el sentido de la causa

Modelo2: Sobre la excusa del Estado respecto a la Nación

Modelo3: Sobre la falta de historias clínicas y el maltrato en el sistema

VII.Recomendaciones Finales: La lucha comunitaria en la Salta feudal

 

 Síntesis auditiva del audio

Introducción: El imperativo de la voz propia y el rol del sujeto político

Este ensayo nace del encuentro, la discusión y el intercambio de ideas entre ustedes —les doce jóvenes amparistas trans que pusieron la firma y el cuerpo en el amparo colectivo contra el Gobierno de la Provincia de Salta y su Ministerio de Salud Pública— y el equipo interdisciplinario y militante integrado por la Asociación Miguel Ragone, Mujeres Trans Argentina (MTA) y Crianzas Diversas. El objetivo de este texto es sintetizar y profundizar los ejes debatidos en nuestra asamblea, brindándoles herramientas analíticas, conceptuales y discursivas para consolidar su intervención pública en los medios de comunicación, las redes sociales y la prensa.

Existe una razón política y técnica fundamental por la cual deben ser ustedes quienes asuman la vocería pública de esta causa en este momento crucial del proceso judicial. Históricamente, las luchas de los colectivos vulnerados han corrido el riesgo de ser expropiadas por la tecnocracia o por el paternalismo de cuadros expertos y dirigentes de organizaciones sociales. Cuando son los "especialistas" o las estructuras de las ONG quienes monopolizan los micrófonos, el conflicto tiende a reducirse a una disputa abstracta, burocrática o teórica. El Estado y sus abogados se sienten cómodos en ese terreno: pueden tildar el reclamo como un "interés corporativo", un "curro de las ONG" o una mera discusión técnica sobre asignación de partidas presupuestarias.

Por el contrario, cuando son ustedes —quienes atraviesan cotidianamente la interrupción de sus tratamientos, quienes deben fraccionar dosis, quienes padecen el regreso involuntario de ciclos hormonales o la angustia de turnos negados— los que toman la palabra, el debate se desplaza del expediente a la vida real. La presencia y la voz directa de los sujetos afectados desarma la retórica administrativa despersonalizada. Politiza el dolor, visibiliza la violencia institucional sobre los cuerpos y demuestra que lo que está en juego no es un trámite formal, sino la vida, la salud integral y la dignidad. Los cuadros técnicos y activistas debemos permanecer en un rol de soporte procesal, acompañamiento y resguardo tras bambalinas, garantizando que la centralidad política pertenezca de manera inalienable a las personas amparistas.

I. Corresponsabilidad Estatal: La falacia del deslinde provincial y el allanamiento implícito

En su contestación a la demanda, el Ministerio de Salud Pública de Salta y la Fiscalía de Estado articularon como argumento central que la compra y distribución de insumos de hormonización corresponde exclusivamente al Ministerio de Salud de la Nación. Bajo esa premisa, intentan lavarse las manos, deslindar su responsabilidad y exigir la citación obligatoria del Estado Nacional como condición previa para continuar el juicio.

Desde el punto de vista constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos, esta postura es jurídicamente insostenible. En el esquema federal argentino y bajo los estándares de tutela judicial efectiva y derecho a la salud (arts. 42 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), la responsabilidad de garantizar las prestaciones sanitarias esenciales es de carácter concurrente y compartida entre la Nación y las Provincias. La Provincia de Salta no puede escudarse en los recortes o la inacción del Gobierno Nacional para abandonar a sus ciudadanos. Si la Nación interrumpe o demora el envío de insumos, la jurisdicción provincial tiene el deber constitucional y legal de activar sus propios mecanismos presupuestarios y de contratación para suplir de inmediato esa falencia. La salud de las personas no puede quedar congelada como rehén de disputas o burocracias de competencias entre distintos niveles del Estado.

Paralelamente, la respuesta del Gobierno provincial contiene una contradicción lógica e idónea para nuestra estrategia: el allanamiento parcial. La provincia presentó una resolución donde el Ministro de Salud, Federico Mangione, autoriza la realización de las cirugías de adecuación corporal (específicamente la adenomastectomía) solicitadas por los amparistas en el Hospital Público Materno Infantil. Jurídicamente, al aceptar la provisión de las intervenciones quirúrgicas, el Estado se allana implícitamente al objeto central de la demanda. No es posible escindir la salud trans: la hormonización y las cirugías forman parte de un único proceso médico-sanitario integral reconocido por la Ley Nacional de Identidad de Género (N.° 26.743). Al conceder las cirugías, la provincia reconoce de hecho la vigencia de la norma y la legitimidad del tratamiento integral de afirmación de género, desmoronando su propio argumento de insostenibilidad presupuestaria.

Finalmente, la pretensión del Estado de que el amparo sea rechazado "con costas" revela una estrategia de amedrentamiento y violencia económica. Imponer el pago de honorarios y gastos judiciales a jóvenes trans en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica busca infundir temor en el colectivo para forzar la deserción del reclamo. Frente a esto, nuestra actitud discursiva debe ser firme: denunciar que el Estado utiliza la amenaza financiera para castigar a quienes ejercen su derecho constitucional de acudir a la justicia.

II. Gravedad Institucional y Violencia Administrativa: La ausencia de historias clínicas

Uno de los hallazgos más alarmantes del trámite judicial fue la respuesta dada por la médica encargada del área de diversidad, la Dra. María del Carmen Salvo. Al requerírsele el expediente médico e historia clínica de los amparistas, la funcionaria presentó una planilla en Excel donde la "historia clínica" de pacientes con años de tratamiento se reducía a tres líneas genéricas de texto (mencionando nombre, tipo de hormona y última consulta). En varios casos, el propio informe estatal consigna de manera insólita que los pacientes se encuentran en terapia hormonal desde 2020 "sin registro de consultas formales endocrinológicas dentro del sistema".

Esta situación constituye una falta gravísima al deber de cuidado y una manifestación de negligencia médica e institucional. Suministrar fármacos de alta complejidad —como la testosterona (Névido, Testovirol) o los geles hormonales— sin llevar un registro sistemático de peso, talla, presión arterial, perfil lipídico, ecografías y dosajes hormonales periódicos expone a las personas a riesgos severos para su salud física, tales como poliglobulia, hipertensión, coágulos sanguíneos o eventos cardiovasculares.

Esta desidia institucional alimenta la hipótesis de que la falta de registros formales en el sistema público responde a una dinámica de clandestinidad y mercantilización. Se ha evidenciado cómo el sistema expulsaba a los pacientes del ámbito hospitalario (negando turnos o alegando falta de agenda) para derivarlos de manera informal hacia el consultorio privado de la misma profesional o hacia el mercado informal de hormonas.

Frente a este modelo opaco e informal, la experiencia contada por los propios amparistas que migraron su atención al Hospital Oñativia (bajo la atención de profesionales como la Dra. Campero) demuestra que otra atención médica pública es posible. En el Hospital Oñativia se realizan controles integrales, pesajes, ecografías y análisis de laboratorio gratuitos y en el día, garantizando un trato digno, respetuoso y técnicamente riguroso.

En el debate sobre la medida cautelar, esta falta de historias clínicas fue usada por la Fiscalía de Estado para intentar frenar la orden judicial de entrega inmediata de medicación, alegando la ausencia de prueba sobre el curso exacto del tratamiento. Ante los medios, el argumento de ustedes debe ser contundente: la falta de historia clínica no es responsabilidad del paciente, sino una prueba irrefutable del abandono e incumplimiento del Estado.

III. Construcción de Ciudadanía Sexual: Reconocimiento, Redistribución y Crítica al Prejuicio Burocrático

Para fortalecer la comprensión del conflicto, es indispensable incorporar los aportes de la teoría crítica queer, los feminismos jurídicos y la filosofía política sobre las nociones de ciudadanía, reconocimiento y redistribución.

Como ha teorizado Nancy Fraser, la justicia social requiere tanto del reconocimiento de las identidades como de la redistribución de los recursos materiales. La sanción de la Ley N.° 26.743 en 2012 significó un avance histórico en el plano del reconocimiento simbólico y la autonomía identitaria. Sin embargo, un derecho reconocido en el papel que no se sostiene con partidas presupuestarias, hormonización gratuita, insumos y equipos capacitados se transforma en una "ciudadanía a medias" o "ciudadanía de papel". Este amparo colectivo representa una lucha material por completar esa ciudadanía sexual: exigir que el Estado redistribuya recursos públicos para que el derecho a la identidad no sea un privilegio de quienes pueden pagarlo en el mercado privado.

Por otro lado, la teoría crítica queer y los feminismos jurídicos nos enseñan a desmontar las formas en que el poder institucional ejerce violencia de manera soterrada. El prejuicio transodiante en la burocracia estatal rara vez se manifiesta como un insulto explícito; se viste de neutralidad técnica y racionalidad administrativa. Cuando el Ministerio de Salud argumenta que no corresponde crear equipos específicos de atención a la diversidad para "racionalizar recursos humanos" o que debe aplicarse una "igualdad formal" atendiendo a todos en los servicios comunes, está aplicando un sesgo excluyente.

Tratar como "privilegio" las medidas de adecuación para un grupo históricamente discriminado invierte perversamente el concepto de igualdad real (art. 75 inc. 23 CN). La verdadera igualdad consiste en otorgar un trato diferenciado a quien se encuentra en una situación de desigualdad estructural. Someter a una persona trans a un sistema sanitario "común" que la patologiza, la llama por un nombre que no le pertenece, le niega los controles específicos o la maltrata en los pasillos no es tratarla de manera "igual", sino reproducir la violencia institucional.

Asimismo, las afirmaciones del Estado que catalogan la interrupción de hormonas como un trámite secundario deben ser refutadas con vehemente claridad discursiva. No estamos ante un reclamo cosmético o un capricho estético: la interrupción abrupta de la terapia hormonal produce un daño somático y psíquico de enorme gravedad. El regreso forzado de ciclos menstruales en varones trans, la alteración del estado de ánimo, la paranoia, la depresión clínica y la ideación suicida son consecuencias médicas documentadas. La hormonización es una cuestión de salud integral, de integridad psíquica y de vida o muerte.

IV. Estrategia de Incidencia: Cabildeo Político e Interpelación Institucional

El litigio estratégico no se agota en las paredes del juzgado; requiere una estrategia combinada de presión e interpelación institucional. Para maximizar las probabilidades de éxito, la causa debe avanzar sobre dos ejes clave del poder político provincial:

1. Interpelación al Ministerio de Salud Pública (Federico Mangione): La postura discursiva ante el Ministerio no debe ser de confrontación ciega, sino de exigir la depuración del sistema. Dado que la actual gestión ministerial ha manifestado la intención de sancionar las malas prácticas médicas en el sistema público, se debe situar la desidia del área de diversidad (la falta de historias clínicas y el posible desvío de hormonas) como una "olla de corrupción y abandono" que el propio Ministro tiene la obligación de corregir y reestructurar.

 

2. Control y Cabildeo en la Legislatura Provincial: Es fundamental activar canales de control legislativo. Se deben promover alianzas tácticas con legisladores provinciales (incluyendo contactos con senadores como Roque Cornejo o diputados de diversos bloques) para que presenten pedidos formales de informe al Poder Ejecutivo. Dichos pedidos deben exigir precisiones sobre la compra, el stock real y el destino de las 105.000 a 150.000 dosis de hormonas enviadas por Nación, así como sobre el estado de las historias clínicas y la fiscalización de los centros de salud.

 

3. Mesas de Concertación e Interdisciplina: Exigir a la Subsecretaría de Políticas de Género la apertura inmediata de mesas de diálogo interdisciplinarias e interministeriales que sienten cara a cara a las organizaciones, a los amparistas y a los funcionarios de salud[cite: 1, 2]. La estrategia es sacar la discusión del pasillo informal y llevarla a compromisos institucionales firmados y auditables.

 

V. Matriz de Argumentación Estratégica para Voceros

Para las intervenciones en medios de comunicación y notas de prensa, los voceros amparistas deben estructurar sus declaraciones utilizando la siguiente gradación argumentativa:

 

Nivel de Argumento	Enfoque discursivo y clave de comunicación
Argumento de Máxima (Fundamentación Constitucional y de DDHH)	Exigir el cumplimiento irrestricto de la Ley N.° 26.743 y la Constitución. El Estado es garante de la salud integral y de la ciudadanía plena; no pedimos favores ni prestaciones extraordinarias, exigimos el ejercicio de un derecho humano consagrado que fue interrumpido arbitrariamente.
Argumento de Refuerzo (Daño Sanitario y Crítica a la Desidia)	Exponer la gravedad del impacto médico y psíquico por la falta de hormonas (depresión, regresión de procesos biológicos, afecciones físicas). Denunciar la violencia administrativa y la falta de historias clínicas como una muestra de abandono e irresponsabilidad médica estatal.
Argumento de Respaldo (Técnico, Procesal y de Gestión)	Refutar el deslinde provincial hacia Nación recordando la responsabilidad concurrente. Evidenciar que la provincia ya se allanó al conceder las cirugías, demostrando que existe capacidad técnica y deber legal de dar respuesta inmediata.

 

VI. Redacción Modelo de Argumentos para Vocería Pública

A continuación, se ofrecen párrafos modelo, diseñados para ser adaptados por les jóvenes amparistas en entrevistas televisivas, radiales o gráficas:

Modelo 1: Sobre la urgencia sanitaria y el sentido de la causa

"Nosotros no fuimos a la justicia a pedir un privilegio ni una atención preferencial. Presentamos este amparo colectivo porque el Estado provincial cortó de un día para otro la entrega de medicamentos y la atención médica que sostiene nuestras vidas. La hormonización no es una cuestión estética ni un capricho: es salud mental, es salud física y es dignidad humana. La interrupción abrupta nos enferma, nos genera depresión y nos empuja al aislamiento. Exigimos que el Ministerio de Salud cumpla con la Ley Nacional de Identidad de Género y nos garantice los tratamientos de manera continua e integral."

 

Modelo 2: Sobre la excusa del Estado respecto a la Nación

"El Gobierno de la Provincia de Salta no puede excusarse diciendo que el problema es de la Nación. En materia de salud, la responsabilidad ante los ciudadanos de Salta es del Gobernador y de su Ministro de Salud. Si la Nación frena el envío de medicamentos, la Provincia tiene la obligación legal de comprar los insumos y garantizar la atención. Nuestra salud no puede quedar atrapada en una discusión de presupuesto o en un pase de facturas entre funcionarios de distinto nivel."

 

Modelo 3: Sobre la falta de historias clínicas y el maltrato en el sistema

"Es inaceptable que el propio Ministerio de Salud reconozca en el expediente que no existen historias clínicas de nuestros tratamientos. Durante años nos dieron medicamentos en pasillos, sin estudios serios ni seguimiento médico. Pedir un equipo capacitado y respetuoso en un hospital no es pedir un trato privilegiado: es pedir que dejen de maltratarnos y que el sistema público funcione con la seriedad que cualquier paciente se merece."

 

VII. Recomendaciones Finales: La lucha comunitaria en la Salta feudal

Llegar a esta etapa del proceso judicial —con la demanda admitida, las contestaciones del Estado sobre la mesa y el debate sobre la cautelar en marcha— constituye por sí mismo un triunfo político sin precedentes. Se ha logrado romper el muro de silencio administrativo y obligar al Poder Ejecutivo a dar explicaciones por escrito ante un juez.

Sin embargo, el escenario donde libramos esta batalla presenta desafíos de extrema complejidad. Atravesamos un contexto nacional e internacional de retroceso de las funciones protectoras del Estado, acompañado por un alarmante incremento de los discursos de odio, el negacionismo de derechos y la violencia hacia las diversidades sexo-genéricas[cite: 1, 2].

En este marco, la situación de la provincia de Salta cobra una dimensión particular. Salta se ha configurado históricamente como una sociedad conservadora, con fuertes rasgos feudales en sus estructuras de poder, donde las élites políticas y burocráticas han mostrado una resistencia sistemática a reconocer de forma efectiva los derechos conquistados en las leyes nacionales. En el ámbito de la salud salteña, los derechos de las personas trans suelen ser tratados con una mezcla de condescendencia paternalista, desprecio institucional y marginación presupuestaria.

 

Por esta razón, la firma de este amparo no debe ser comprendida como una gestión individual para resolver la situación particular de doce personas. Ustedes están sosteniendo una bandera de alcance comunitario e histórico. Cada paso que dan en los tribunales, cada entrevista que conceden, cada firma que estampan en las hojas del expediente es un acto de resistencia colectiva que amplía los márgenes de la ciudadanía sexual para todo el colectivo trans de Salta y de la región.

 

Sostener esta causa requiere organización, cuidado mutuo y articulación comunitaria. No permitan que las tácticas de dilación del Estado o las amenazas de costas aplaquen la fuerza de su reclamo. La legitimidad histórica, la razón jurídica y la urgencia de la vida están de su lado. Sigamos trabajando juntos, con la frente en alto, defendiendo no solo la salud individual, sino el derecho inalienable de toda nuestra comunidad a existir y vivir con plena dignidad.