Entre compañerxs de la diversidad, familiares directos,
especialistas en teoría crítica queer y abogadxs de la familia nos juntamos en
este panel-conversatorio estratégico frente a la impunidad y desvío
institucional de la justicia en los casos de violencia letal contra nuestras
identidades.
Este encuentro se propone como un espacio de escucha y
reflexión colectiva para acuerparnos, procesar el dolor y transformar la
injusticia en enseñanza compartida. Necesitamos desarmar juntxs el impacto de
la 'autopsia psicológica' impuesta a nuestra compañera trans Daniela Fernanda
Arias; una pericia que hiere nuestra memoria compartida al pretender
patologizar su vida, reduciendo un posible transfemicidio bajo custodia
policial a un 'suicidio' individual para desvincular al Estado. Mirarnos en
este espejo nos permite conectar su destino con las violencias del caso
'Gerónimo', donde el discurso forense oficial borró activamente su orientación
sexual bajo el rótulo técnico de la 'inseguridad urbana', negando la raíz del
odio. Comprender estas marcas en nuestros propios cuerpos e historias es un
paso de maduración indispensable para desnaturalizar la impunidad sistemática
que invisibiliza nuestras sexualidades. Solo haciendo conscientes estas
pedagogías de la crueldad podremos fortalecernos como comunidad para exigirle
al Estado una justicia que no sea mera formalidad, sino reparación histórica,
reconocimiento pleno e inclusión real.
Programa de Temas: Matriz Conceptual para el Litigio
Estratégico
Introducción al Programa: Este conversatorio propone
desmontar las narrativas forenses y mediáticas binarias que despolitizan las
muertes de las disidencias en Salta. A través de una matriz crítica, vinculamos
de forma directa los casos de Fernanda Arias y Víctor Manuel Gerónimo,
evidenciando un patrón de invisibilización del odio estructural. Mientras que
en el caso Gerónimo se operó mediante el ocultamiento de la escena del crimen y
la reducción del hecho a un robo común, en el caso de Fernanda se apela a la
psiquiatrización post-mortem para deslindar las responsabilidades del aparato
estatal. Ambos escenarios exigen una lectura forense e interseccional unificada
bajo los estándares internacionales para criminalidad de género.
Eje
I: Despatologización Forense y Rechazo a la Autopsia Psicológica en
Muertes Bajo Custodia.
Eje
II: El Cuerpo como Escena de Comunicación y el Ocultamiento de la
Orientación Sexual en el Caso Gerónimo.
Eje
III: Estereotipos de Género, Prejuicio Policial y la Selectividad
Penal Contravencional en Salta.
Eje
IV: La Responsabilidad Internacional del Estado por Violencia
Institucional y Transfemicidios.
Eje
V: Estándares de Debida Diligencia Reforzada y Litigio Penal con
Perspectiva de Diversidad.
Conversaremos con:
Compañerxs con experiencia interdisciplinaria de alta
trayectoria técnica y activista:
Ab.
Verónica Spaventa: Especialista en litigio penal estratégico con
perspectiva de género y análisis de crímenes de odio.
Lic.
Silvia Rodríguez: Psicóloga forense con enfoque crítico en dinámicas
institucionales y criminalidad violenta.
Dr.
Lara Bertolini (vía Zoom): Teórica, activista travesti, nodocente
judicial y autora del libro "Soberanía Travesti".
Abogados
Álvaro Camacho y Verónica Molina: Letrados representantes de la
familia de Fernanda Arias, abocados al impulso técnico de la investigación
judicial penal.
Pía
Ceballos y Fernando Pequeño: Activistas y referentes de Mujeres Trans
Argentina y la Asociación Civil Miguel Ragone.
Puntos Clave de Insistencia Colectiva:
Protocolos
y Jurisprudencia de Género como Obligación: Exigimos la aplicación
rigurosa de los lineamientos de la Unidad Fiscal Especializada de
Violencia contra las Mujeres (UFEM) y los precedentes vinculantes de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia (como los fallos Vicky
Hernández y Azul Rojas Marín). Toda muerte violenta o dudosa de
una persona travesti, trans o disidente debe ser investigada desde el
primer momento bajo la presunción jurídica de un crimen de odio o
transfemicidio, sin excepciones despolitizadoras.
Justicia
Social y Defensa de la Democracia Representativa: Reivindicamos la
urgencia de alcanzar una verdadera justicia social que acompañe a la
comunidad y a los familiares directos de las víctimas. Cuando el poder
judicial ignora la motivación del odio en estos casos y ampara las
versiones corporativas de las fuerzas de seguridad, produce una profunda
degradación del servicio de justicia. Este descrédito social sistemático,
arraigado profundamente en los sectores más vulnerables de la población,
lesiona de manera irreversible la confianza en las instituciones del
Estado y acelera la degradación de nuestra democracia representativa.
¡Justicia por Fernanda Arias! ¡Justicia por Víctor Manuel
Gerónimo!El odio que no se nombra es el odio que no se condena y el que
perpetúa el genocidio travesti-trans.
El caso Gerónimo y la invisibilización
del crimen de odio
Salta, mayo de 2026
"El
crimen de odio no es solo un acto de violencia: es un acto de comunicación. El
agresor habla al cuerpo de la víctima, pero su destinatario real es una
comunidad entera."
— Fenomenología forense aplicada
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I. Introducción: Cuando el Encuadre
Distorsiona la Verdad
En la madrugada del lunes
25 de mayo de 2026, la ciudad de Salta despertó con una noticia que los medios
locales encuadraron, casi sin excepción, bajo el rótulo de la inseguridad
urbana: un hombre había sido hallado inconsciente, gravemente herido, en la
zona del ex peaje Aunor, sobre el acceso norte a la capital provincial. Horas
después, Víctor Manuel Gerónimo falleció en el Hospital San Bernardo.
La prensa salteña cubrió
el hecho con la gramática familiar de la violencia delictiva: colectora oscura,
zona de riesgo, auto con las puertas abiertas, víctima solitaria. Se construyó
así un relato que, al mismo tiempo que informaba, clausuraba. La pregunta que
este ensayo se propone formular —y que nadie parece dispuesto a hacer— es la
siguiente: ¿qué se omite cuando la crónica policial gobierna en exclusiva la
interpretación de un cuerpo?
Desde una perspectiva de
análisis forense y crítica social, el caso Gerónimo presenta indicios que
obligan a examinar la posibilidad de que el hecho constituya un crimen de odio
fundado en la orientación sexual de la víctima. Esta hipótesis no es especulación:
es el resultado de aplicar los protocolos criminológicos internacionales a la
evidencia disponible. Lo relevante no es únicamente determinar si lo fue, sino
comprender por qué esa pregunta resultó tan difícil de pronunciar.
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II. Anatomía del Hecho: La Escena y sus
Versiones
2.1. El hallazgo en el ex peaje Aunor
El cuerpo de Víctor Manuel
Gerónimo fue descubierto en las inmediaciones del ex peaje Aunor, sobre la
colectora norte de acceso a Salta Capital, en la zona conocida como Las
Cabañas, próxima a la empresa de transporte Flecha Bus. La hora precisa del
hallazgo no ha sido divulgada, aunque los informes coinciden en que el
automóvil permaneció estacionado en el lugar durante aproximadamente cinco
horas antes de ser notado por algún transeúnte o efectivo policial.
El hombre fue trasladado
de urgencia por el SAMEC al Hospital San Bernardo con traumatismo facial grave
y golpes múltiples. El primer informe hospitalario consignó, de manera que
generó suspicacias entre los investigadores, la categoría de "muerte súbita";
la fiscalía actuante ordenó de inmediato la autopsia obligatoria y pericias en
la escena, dada la evidente incompatibilidad entre ese diagnóstico y los signos
visibles de violencia.
La causa quedó radicada en
la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) y fue caratulada como
muerte dudosa. Al cierre de este análisis, se encontraban pendientes los
resultados de la autopsia, el estudio toxicológico y el relevamiento de cámaras
de las empresas del corredor.
2.2. La fractura informativa: dos versiones, un silencio
Lo llamativo del caso
Gerónimo no reside solo en el crimen sino también en cómo fue narrado. Desde
las primeras horas, la cobertura mediática exhibió una fractura significativa
entre versiones:
La versión
policial-barrial, difundida por portales digitales de crónica roja como Salta
Diario y sostenida por alertas vecinales en redes sociales, afirmó que Gerónimo
fue encontrado atado de manos y desnudo, cerca de un canal de la zona, luego de
haber sido víctima de un violento intento de robo de su vehículo.
La versión de los medios
masivos, reproducida por El Tribuno, Hola Salta! e Infobae, ofreció una
descripción más hermética: el hombre fue hallado inconsciente dentro o junto a
su automóvil, con las puertas abiertas, en una colectora desolada. En estas versiones
no se mencionó la desnudez ni las ataduras, y se incorporó un elemento ambiguo
pero significativo: el teléfono celular de la víctima permanecía en el lugar.
Entre ambas versiones se
abre el silencio más elocuente: ningún medio, ninguna fuente oficial, ningún
comentarista introdujo siquiera de manera interrogativa la posibilidad de un
crimen motivado por la identidad sexual de la víctima. Esa omisión, sostenida y
uniforme, no es casual; es estructural.
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III. El Termómetro Social: Reacciones,
Sesgos y Estigma
3.1. El sentido común securitario
El rastreo de comentarios
en portales de noticias locales y grupos de Facebook evidenció una reacción
social homogénea en su primer nivel de lectura: la gran mayoría de los usuarios
inscribió el hecho en el marco de la inseguridad urbana. La zona del ex peaje
Aunor fue caracterizada como un punto negro de la delincuencia, zona liberada,
lugar sin iluminación adecuada. La desnudez o las ataduras, cuando fueron
mencionadas, fueron interpretadas como la saña propia de los ladrones actuales.
Este encuadre cumple una
función social clara: absorbe la perturbación del crimen dentro de una
narrativa conocida, la normaliza y la convierte en argumento para demandas
pre-existentes (más policías, más luminarias, más cámaras). No interpela al
sistema; lo refuerza. La víctima queda subsumida en la estadística de la
inseguridad y su singularidad, su nombre, su historia, su posible
vulnerabilidad diferencial, se diluye.
3.2. La culpabilización de la víctima: el dispositivo del "por algo
habrá estado"
Un segundo nivel de
reacción, más inquietante, emergió cuando comenzó a circular en medios y
comentarios la información de que la colectora donde fue hallado Gerónimo es
utilizada habitualmente como espacio de encuentros sexuales entre varones. A
partir de ese momento, el tono de la conversación pública mutó.
Comentarios con fuerte
carga moralista y homofóbica comenzaron a filtrar la idea de que la víctima,
por el solo hecho de frecuentar ese tipo de espacio, había asumido un riesgo
previsible, casi merecido. La lógica implícita es devastadora en su crueldad:
si estabas en ese lugar, algo habrías estado haciendo; si algo habrías estado
haciendo, lo que te pasó era esperable. La sexualidad disidente se convierte
así en atenuante del agresor y en factor de culpabilidad de la víctima.
Este mecanismo tiene
nombre en la criminología de género: es la victimización secundaria, producida
no por el agresor sino por el entorno social e institucional que juzga a la
víctima en lugar de al crimen. En los casos de violencia contra personas LGBT+,
la victimización secundaria actúa como un borrador que elimina la especificidad
del odio y lo reemplaza por la supuesta imprudencia o la culpa moral del
agredido.
3.3. La omisión institucional y mediática como acto político
La ausencia más
significativa en la cobertura del caso Gerónimo no es la de datos o fuentes: es
la ausencia de un enfoque. Ningún medio salteño, ninguna declaración oficial de
la UGAP, ningún comunicado de organizaciones de derechos humanos incorporó, en
las primeras horas, el concepto de crimen de odio como hipótesis de trabajo.
Esta omisión no es solo
periodística; es institucional. Los protocolos de investigación penal de
perspectiva de género, establecidos por la Unidad Fiscal Especializada de
Violencia contra las Mujeres (UFEM) y extendibles a casos de violencia por
orientación sexual, obligan a los fiscales a indagar preliminarmente si la
motivación del ataque está ligada a la identidad de género o a la orientación
sexual de la víctima, en especial cuando la escena presenta componentes de
humillación corporal y exposición. No hacerlo no es una omisión técnica: es una
decisión que tiene consecuencias para la tipificación del delito, para la
búsqueda de los autores y para la memoria de las víctimas.
Callar la hipótesis del
odio, en un caso con estas características, es un acto político de
invisibilización.
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IV. El Cuerpo Como Texto: Fenomenología
Forense del Odio
4.1. El crimen de odio como acto de comunicación
La fenomenología forense
es la disciplina que estudia el cómo del crimen para desentrañar su porqué:
analiza la interacción entre el victimario, la víctima y la escena para
reconstruir la motivación subyacente que organizó la conducta del agresor. Su
premisa fundamental es que la escena no es aleatoria; es una construcción.
En los crímenes de odio,
esta construcción tiene una lógica específica que los distingue de otras formas
de violencia. Un crimen de odio no se define por la identidad de la víctima en
sí misma —su raza, su género, su orientación sexual— sino por el significado
que el victimario le asigna a esa identidad y por la función punitiva o
comunicativa que cumple el acto violento. El cuerpo de la víctima se convierte
en un soporte de mensajes: el mensaje al individuo que muere, el mensaje a la
comunidad que lo sobrevive, el mensaje a una sociedad que lo tolera o lo
condena en silencio.
4.2. Los tres patrones rectores de la escena de odio
La criminología
especializada en crímenes de odio contra personas LGBT+ ha identificado tres
patrones que se repiten con alta frecuencia en este tipo de hechos y que
permiten diferenciarlos del homicidio por robo, del crimen pasional o del
asesinato instrumental. Los tres patrones aparecen en la escena Gerónimo con
distintos grados de verificabilidad según las versiones disponibles.
El overkill o saturación de violencia
En el homicidio motivado
por el robo, la violencia ejerce una función instrumental y acotada:
neutralizar la resistencia de la víctima para consumar el despojo. Cuando el
objetivo se cumple, la violencia cesa. El crimen de odio, en cambio, exhibe lo
que la fenomenología forense denomina overkill: una violencia desmedida e
instrumental respecto de cualquier objetivo práctico. Los golpes continúan más
allá de la neutralización. El traumatismo facial grave de Gerónimo, su estado
de inconsciencia profunda y la severidad general de las lesiones constituyen un
índice de esta saturación. Se golpea para borrar, para castigar, para aniquilar
una identidad que el agresor percibe como inadmisible.
La degradación corporal como firma
La desnudez forzada y las
ataduras no son elementos accesorios de la escena: son su núcleo significativo.
En la lógica del crimen de odio contra varones homosexuales o bisexuales,
despojar a la víctima de sus ropas equivale a despojarla de su dignidad y de su
agencia. Las ataduras, en particular cuando se realizan con materiales
improvisados como cables de cargador, implican una preparación, un ejercicio
deliberado de asimetría de poder que excede ampliamente lo necesario para
consumar un robo. Hay un ritual de sometimiento cuyo objetivo no es el bolsillo
de la víctima sino su humanidad.
El trauma concentrado en
el rostro agrega otra dimensión: en los crímenes de odio con motivación
homofóbica, el golpe en la cara busca desfigurar la identidad, destruir la
imagen, borrar al sujeto como ser reconocible y digno.
La firma simbólica del espacio
Los crímenes de odio
contra personas LGBT+ ocurren frecuentemente en los propios espacios que las
víctimas usan para ejercer su vida afectiva o sexual: parques, baños públicos,
zonas de cruising. Esto no es una coincidencia de vecindad; es una elección deliberada
del agresor. El espacio es parte del mensaje. Violentar a una persona en el
lugar donde ejerce su sexualidad convierte ese lugar en un escenario punitivo
y, al hacerlo, extiende el terror a toda la comunidad que lo frecuenta. El
crimen en el acceso norte de Salta, en un punto que los propios medios
identificaron como zona de encuentros sexuales, sigue exactamente esta lógica.
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V. Proposiciones Forenses: Los Indicios que
la Crónica No Vio
5.1. La incongruencia del móvil económico
El primer indicio que
debilita la tesis del robo como hipótesis exclusiva es la permanencia del
teléfono celular de Gerónimo en la escena. En el robo de vehículo con uso de
violencia, los bienes de alto valor de reventa inmediata —teléfonos, carteras,
efectivo, elementos electrónicos— son los primeros en ser sustraídos. Son la
razón de ser del delito. El hecho de que el celular permaneciera en el lugar,
combinado con la presencia del automóvil con las puertas abiertas y sin señales
de haber sido forzado mecánicamente, sugiere que el foco de la acción estuvo
puesto en la persona y no en sus bienes.
Esto no descarta que el
agresor o los agresores tuvieran también motivaciones de despojo; los crímenes
de odio no son incompatibles con el robo. Lo que sí hace es imposibilitar que
el robo sea utilizado como explicación suficiente y excluyente del hecho.
5.2. La signatura de las ataduras con cables
Si se confirma el reporte
técnico que indica que la víctima tenía las muñecas atadas con cables de
cargador, este elemento adquiere una relevancia crucial para la tipificación.
Las ataduras con material improvisado implican dos cosas que un asalto de tránsito
no contempla: premeditación de algún grado y presencia sostenida en la escena.
Atar a una persona con
cables requiere tiempo. Requiere que el agresor permanezca en el lugar durante
ese proceso, lo que incrementa exponencialmente su riesgo de ser visto o
identificado. Un ladrón racional no hace esto a menos que el sometimiento del cuerpo
sea, en sí mismo, parte del objetivo. La inmovilización prolongada no es un
instrumento del robo; es el acto punitivo en sí.
5.3. La desnudez y el trauma facial como castigo identitario
La combinación de desnudez
forzada, ataduras y traumatismo facial en un espacio asociado a la disidencia
sexual construye una firma que la criminología específica de los crímenes de
odio reconoce con claridad. Cada uno de estos elementos, aislado, podría tener
otras explicaciones. Los tres juntos, en este escenario, configuran una
proposición indiciaria que la fiscalía está obligada a examinar.
La desnudez expone al
cuerpo y lo convierte en espectáculo de su propia derrota. Las ataduras someten
y ritualizan el sometimiento. El trauma en el rostro destruye la faz del
sujeto, ese espacio donde la identidad se hace visible y reconocible. Exponer ese
cuerpo golpeado y desnudo en la colectora de acceso a la ciudad no es un
descuido del agresor: es la culminación del acto comunicativo.
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VI. Los Motivos Sociales de la
Invisibilización: El Odio que No Se Nombra
6.1. La comodidad del rótulo penal
Existe una economía de lo
nombrable en la cultura policial y mediática argentina que tiende fuertemente
hacia los encuadres más simples. El robo, el asalto, la inseguridad son
categorías que no generan fricción institucional: no exigen revisar prácticas policiales,
no cuestionan estructuras sociales, no obligan a reconocer que ciertos grupos
humanos enfrentan una violencia cualitativamente diferente a la del delito
común. Nombrar un crimen de odio, en cambio, implica reconocer que la sociedad
produce ese odio, que lo incuba y que, en alguna medida, lo tolera.
El rótulo de la
inseguridad genérica es cómodo porque universaliza. Dice: cualquiera puede ser
víctima, todos estamos en riesgo, el problema es la delincuencia abstracta. El
crimen de odio es incómodo porque particulariza: dice que esta persona fue
asesinada por lo que era, y que eso tiene un nombre, y que ese nombre implica
una responsabilidad social.
6.2. La homofobia como fondo de pantalla cultural
La reacción de
culpabilización de la víctima que emergió en comentarios y redes sociales no es
una anomalía: es la expresión de una homofobia difusa, de baja intensidad
aparente, que estructura la percepción social de la disidencia sexual en buena
parte del país. Esta homofobia no necesita articularse como odio explícito;
basta con operar como trasfondo moral que convierte ciertos espacios en
culpables y ciertos cuerpos en merecedores de violencia.
El dispositivo es sutil
pero efectivo: no se dice que Gerónimo mereció morir; se dice que no debería
haber estado ahí. La lógica es la misma que durante décadas se aplicó a las
mujeres víctimas de violencia sexual: no debería haber salido sola, no debería
haberse vestido así. En ambos casos, el agresor desaparece de la ecuación moral
y la víctima queda bajo sospecha.
6.3. El silencio institucional como perpetuador de impunidad
Quizás el aspecto más
grave del caso no sea lo que ocurrió en la colectora oscura del ex peaje Aunor,
sino lo que no ocurrió después: la interpelación institucional, periodística y
civil sobre la naturaleza del crimen. Las organizaciones LGBT+ de Salta no
emitieron comunicados públicos en las primeras horas. Los medios con mayor
alcance no convocaron a especialistas en criminalística o en violencia de
género diversa. La fiscalía no dio señales de que los protocolos de perspectiva
de género hubieran sido activados.
Este silencio no es
inocente. En los casos de crímenes de odio, las primeras horas de investigación
son cruciales para preservar indicios, rastrear entornos digitales de la
víctima, identificar testigos del espacio y establecer si existían amenazas
previas. Cada hora que transcurre sin esa perspectiva es una hora de evidencia
potencialmente perdida y de impunidad potencialmente garantizada.
La impunidad estructural
de la violencia contra personas LGBT+ no requiere de conspiraciones ni de
voluntades explícitamente maliciosas. Se reproduce con mucha mayor eficiencia a
través de la inercia, del protocolo que no se aplica, de la pregunta que no se
formula, del término que nadie pronuncia.
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VII. Conclusión: La Obligación de Nombrar
El caso Gerónimo no ha
concluido. Al momento de la redacción de este ensayo, los resultados de la
autopsia y las pericias científicas están pendientes. Es posible que la
investigación arroje elementos que modifiquen o confirmen las proposiciones
forenses aquí desarrolladas. Lo que no es posible, sin embargo, es que esa
investigación sea conducida de manera metodológicamente responsable sin
incorporar la hipótesis del crimen de odio como hipótesis a verificar o a
descartar.
Minimizar el caso
reduciéndolo a un hecho más de la crónica policial no es solo un error
periodístico; es un error judicial y un error ético. La presencia de ataduras
improvisadas, la desnudez de la víctima, el trauma facial concentrado, la
preservación de objetos de valor y el anclaje geográfico del hecho en un
espacio de disidencia sexual constituyen, en conjunto, una firma que los
protocolos internacionales y nacionales de investigación obligan a examinar con
perspectiva de diversidad.
Detrás de esta obligación
metodológica hay una pregunta más profunda: ¿qué tipo de sociedad construye el
relato que elige sobre sus muertos? Una sociedad que encuadra la muerte de
Víctor Manuel Gerónimo exclusivamente en el léxico de la inseguridad urbana no
solo omite una verdad posible; también reproduce la estructura de valores que
hace posible ese tipo de violencia. El odio que no se nombra es el odio que no
se condena. Y el odio que no se condena es el odio que persiste.
La justicia forense no es
solo la que identifica al agresor y lo castiga; es también la que le devuelve a
cada víctima la especificidad de su muerte, el reconocimiento de quién era y
por qué fue atacada. Esa justicia, en el caso Gerónimo, todavía está en deuda.
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Nota metodológica
Este ensayo
fue elaborado sobre la base del relevamiento de medios locales y nacionales
disponible al 27 de mayo de 2026 y del análisis preliminar de las versiones del
hecho difundidas en ese período. No constituye una investigación judicial ni
reemplaza el resultado de las pericias forenses oficiales. Su propósito es
contribuir al debate académico y social sobre los marcos interpretativos
aplicados a la violencia contra personas de la comunidad LGBT+ en el contexto
salteño y argentino.
Cuando caer bien no alcanza, pero tampoco alcanza exigirlo todo
En Salta, durante un taller sobre VIH, un activista bautizó a la Secretaria de Género como "la subse trans" porque le gustó cómo bailaba en una fiesta. El gesto desató, sin quererlo, una pregunta política urgente: ¿qué le pedimos al Estado cuando el Estado ya no tiene casi nada para dar?
Exigirle acción estructural a quien no controla el presupuesto puede romper las únicas alianzas que quedan en pie. Pero conformarse con la empatía de quien gobierna, cuando los derechos siguen sin cumplirse, convierte la buena onda en anestesia política.
Entre esos dos riesgos —el afecto como sustituto de derechos y la exigencia como ruptura estéril— se juega hoy gran parte de la política de género y salud en el noroeste argentino. Y probablemente, en todo el país.
Apertura del Taller Prevención combinada y acceso efectivo a la atención en VIH en la Provincia de Salta
El problema que se oculta en el halago: cuando caer bien no alcanza y tampoco la exigencia de acción estrucutural.
Hay una frase que condensa, con una economía verbal
sorprendente, décadas de tensiones entre el Estado, el activismo LGBT+ y las
políticas de salud en Argentina: "la subse trans". La
pronunció Fernando Pequeño Ragone, referente de la ONG Miguel Ragone, para
referirse a Julieta Valencia Donat, la Secretaria de las Mujeres, Géneros y
Diversidad de la Provincia de Salta, durante un taller de prevención combinada
del VIH realizado en mayo de 2026.
A primera vista, la expresión parece un gesto de afecto y
reconocimiento. Leída políticamente, es mucho más que eso: es un síntoma.
Expone cómo se construye legitimidad cuando las instituciones colapsan, qué
ocurre cuando el Estado debe ser "habitado por aliados" para ser
creíble, y por qué la identidad trans —como categoría política— puede ser
simultáneamente un recurso de empoderamiento y un objeto de apropiación
simbólica por parte de quienes no la viven.
Tres recomendaciones para tres actores: cuando la empatía no alcanza
Tesis de base: En contextos de crisis institucional,
los actores políticos tienden a reemplazar con gestos afectivos lo que no
pueden sostener con recursos, políticas concretas o autonomía. La empatía se
convierte en sustituto de la acción estructural. Mientras eso ocurre, las
desigualdades que se dicen combatir se reproducen por dentro de los mismos
espacios que deberían combatirlas. Pero hay una segunda trampa, simétrica a la
primera: exigirle al gesto afectivo que sea también acción estructural, cuando
quien lo protagoniza no tiene el poder de producir esa acción, puede romper las
únicas alianzas que quedan en pie cuando el Estado se retira.
Para quienes gobiernan
No alcanza con caer bien. Pero sin caer bien, tampoco
alcanza nada.
Hay una tentación analítica fácil frente a escenas como la
del taller salteño: señalar que la legitimidad de un Estado ante las
comunidades LGBT+ no se construye siendo querida sino con presupuesto,
protocolos que se cumplen y leyes que se aplican. Todo eso es cierto. En Salta,
mientras se celebra la cercanía afectiva de la funcionaria, los hospitales
siguen discriminando a personas trans, las empresas siguen pidiendo tests de
VIH ilegales y el Cupo Laboral Trans existe en el papel pero no en la práctica.
Pero esa crítica, aplicada sin matices, ignora una ecuación
política concreta: Julieta Valencia Donat no decide el presupuesto de su
Secretaría. No es ella quien degradó el área de género de secretaría a
subsecretaría, ni quien recortó los fondos nacionales para salud sexual. Está
presente en ese taller con el mismo problema que las organizaciones: más
demanda, menos recursos, y la necesidad urgente de encontrar soluciones que
solas —ni ella ni ellas— pueden construir.
En ese marco, su disposición afectiva no es un reemplazo de
la política: es, en muchos casos, la condición mínima para que la política sea
posible. Sin la confianza que genera esa cercanía, las organizaciones no
comparten información territorial, no articulan derivaciones, no sostienen el
trabajo conjunto que el Estado ya no puede financiar. La empatía, en contextos
de retracción estatal severa, no es un lujo sentimental: es infraestructura de
gobernabilidad.
La tensión real, entonces, no es entre afecto y política. Es
entre dos riesgos igualmente serios: que el afecto se convierta en el único
capital que el Estado ofrece, sustituyendo derechos por buena onda; y que la
exigencia de acción estructural a quien no tiene poder de producirla rompa las
alianzas que, por ahora, son lo único que sostiene la respuesta territorial.
Navegar esa tensión sin caer en ninguno de los dos extremos es quizás el
desafío político más difícil para las funcionarias de género en Argentina hoy.
Para las organizaciones sociales
Cuidado con amar demasiado al Estado que te necesita.
Las organizaciones que sostienen el trabajo territorial —las
que acompañan diagnósticos, contienen a las personas en sus propias casas,
guían a través de burocracias hostiles— tienen un poder real que frecuentemente
subestiman. Ese poder se erosiona cuando la alianza con el Estado se vuelve tan
estrecha que la organización deja de poder criticarlo. Cuando el activismo
necesita que la funcionaria sea "una de los nuestros" para poder
trabajar con ella, está reconociendo implícitamente que no tiene garantías institucionales:
solo tiene personas. Eso es exactamente lo que el Estado debería resolver, y no
lo está resolviendo. La autonomía política —la capacidad de exigir, denunciar y
presionar aunque la funcionaria caiga bien— es el activo más valioso que una organización
puede proteger.
Para los equipos técnicos y de salud
El lenguaje correcto no reemplaza la escucha.
Cuando el moderador técnico interrumpió el calor del
encuentro para recordar que "la terminología debe encuadrarse en la
capacitación", hizo algo que los campos expertos hacen con frecuencia:
utilizó el saber profesional para poner orden sobre el saber experiencial. El
problema no es que la terminología importe —importa, y mucho. El problema es
creer que capacitar es siempre superior a escuchar. Las personas que viven la
epidemia en su cuerpo, que saben por qué alguien va "encapuchado" a
hacerse un test, que conocen por qué una mujer no puede negociar el uso del
preservativo con su pareja, producen un conocimiento que ningún posgrado
certifica pero que ninguna política pública puede ignorar. La jerarquía entre
el saber técnico y el saber territorial no es neutral: es también una forma de
poder. Y cuando esa jerarquía disciplina el lenguaje del activismo sin aprender
de él, la capacitación se convierte en un mecanismo de control disfrazado de
formación.
La escena: un taller que no es sólo un taller
El encuentro que sirve de escenario a este análisis no fue
una reunión técnica de transferencia de información epidemiológica. Fue, en
términos de Pierre Bourdieu, un campo de fuerzas donde diversos actores
negociaron posiciones, capitales y legitimidades bajo la presión de una crisis
institucional profunda.
El telón de fondo es bien conocido para quienes trabajan en
políticas de salud en el NOA: Salta es la segunda provincia con mayor
incidencia proporcional de VIH en el país, con una tasa de diagnóstico tardío
del 40% y apenas 36 personas accediendo a la PrEP cuando el umbral mínimo para
impacto en salud pública se estima en 1.290. El financiamiento nacional se ha
retraído, las secretarías de género han sido degradadas institucionalmente, y
las organizaciones de la sociedad civil cubren los vacíos con sus propios
cuerpos y sus propias casas —literalmente, según testimonios del taller.
En ese contexto de precariedad extrema, el encuentro cumple
una función política que excede lo sanitario: es un ritual de rearticulación de
alianzas entre un Estado devaluado y una sociedad civil sobreexigida.
Lo que la frase hace: performance, filiación y poder
Cuando Fernando Pequeño Ragone afirma haber visto a la
funcionaria en "unas fiestas" y que, tras observar su
"performance" y su "movilidad", decidió bautizarla como
"la subse trans", está realizando varias operaciones políticas
simultáneas que conviene desagregar.
Primera operación: la humanización estratégica del
Estado. Al situar el reconocimiento en un espacio informal —la fiesta, el
cuerpo en movimiento, la gestualidad festiva—, Pequeño Ragone sustrae a la
funcionaria de su rol burocrático y la reubica en el territorio simbólico del
colectivo. La Secretaría deja de ser una institución y pasa a ser una persona
que "pertenece" o que "entiende desde adentro". Esto no es
inocente: en contextos donde el Estado ha fallado sistemáticamente a las
comunidades LGBT+, la credibilidad de un funcionario/a depende menos de su
cargo que de su legibilidad afectiva para el colectivo.
Segunda operación: la construcción de un pacto de
resistencia. La frase no aparece en el vacío. Se pronuncia mientras Pequeño
describe a las subsecretarías como "totalmente devaluadas", sin
presupuesto, amenazadas por "el discurso conservador que avanza". En
ese marco, llamar "trans" a la funcionaria es ofrecerle el capital
simbólico más potente que el activismo puede movilizar: la identidad de la
resistencia. Es decir, es una forma de decirle: estamos del mismo lado de la
trinchera.
Tercera operación: la oferta de militancia como moneda de
cambio. No es casual que, inmediatamente después de este bautismo
simbólico, Pequeño ofrezca "sus 20 años de militancia de forma
desinteresada" a la Secretaría. El circuito es claro: la funcionaria
recibe legitimidad identitaria; el activista ofrece experiencia política. Es un
intercambio de capitales —simbólico por uno— que busca consolidar una alianza
frente a un adversario común: el desfinanciamiento y el conservadurismo.
El problema político de apropiarse de una identidad
Hasta aquí, la lectura podría presentar la expresión como un
gesto de solidaridad política entre actores afines. Pero hay una tensión que el
propio taller puso en evidencia y que merece ser ampliada, porque toca el
núcleo de debates centrales en el feminismo y la teoría queer latinoamericana.
El término "trans" no es una metáfora disponible
para cualquier uso. Designa una experiencia de disidencia de género que
implica, en el contexto argentino y salteño en particular, trayectorias de
violencia institucional, exclusión del mercado de trabajo formal,
vulnerabilidad habitacional y sanitaria extrema. La Ley de Identidad de Género
de 2012 —uno de los marcos más avanzados del mundo— y el Cupo Laboral Trans de
2021 existen precisamente porque esa experiencia requirió décadas de lucha para
ser reconocida como sujeta de derechos.
Cuando una persona cisgénero —por más aliada que sea— es
bautizada "trans" en función de su performance en una fiesta,
se produce un deslizamiento que Diana Maffia denominaría una apropiación del
deseo ajeno: se toman los signos visibles de una identidad (el movimiento, la
gestualidad, la presencia en espacios de disidencia) y se los desconectan de la
experiencia política y corporal que los produce. En términos de Paul B.
Preciado, se estabiliza la performance como signo legible sin cuestionar el
dispositivo que la hace posible —o imposible— para quienes la viven sin poder
quitársela.
Dicho de otro modo: la funcionaria puede "actuar
trans" en una fiesta porque su identidad de género cisgénero le permite
hacerlo sin las consecuencias que esa actuación tiene para las personas que son
trans todo el tiempo, en todos los espacios, incluyendo los hospitales donde
—como el propio taller documenta— sufren "trato discriminatorio" y
"visibilización forzada de sus diagnósticos en salas de espera".
La respuesta técnica como disciplinamiento
Lo más revelador del episodio es lo que ocurre a
continuación. Sergio Maulen, el moderador y referente del programa nacional de
VIH, retoma las palabras de Pequeño Ragone para "señalar la importancia de
la capacitación y la terminología", sugiriendo que incluso las muestras de
afecto deben enmarcarse en un proceso de formación continua.
Esta intervención, aparentemente técnica, es en realidad una
operación de poder del campo biomédico-sanitario sobre el campo
político-activista. El lenguaje afectivo, identitario y vernáculo del activismo
—"la subse trans", el bautismo en la fiesta— es reencuadrado bajo la
lógica de la capacitación, la terminología correcta, la formación profesional.
El saber experto reclama su hegemonía sobre el saber experiencial.
Esto reproduce una tensión estructural bien documentada en
las políticas de VIH en Argentina desde los años noventa: las organizaciones de
la sociedad civil, que fueron las primeras en responder a la epidemia y que
sostienen hoy el trabajo territorial, son reconocidas como aliadas
imprescindibles pero, al mismo tiempo, son sometidas a procesos de
profesionalización y encuadre institucional que tienden a domesticar sus
lenguajes y prácticas. El activismo puede hablar, pero debe hacerlo en los
términos del campo técnico para ser escuchado institucionalmente.
Sergio Maulen en dialogo con organizaciones
Masculinidades políticas y la gestión del reconocimiento
Hay otra dimensión que el análisis no puede soslayar: la del
género del actor que pronuncia la frase. Fernando Pequeño Ragone es un varón
cisgénero que lidera una organización de derechos humanos con trayectoria en
contextos de encierro. Su bautismo simbólico de la funcionaria no es neutro
desde el punto de vista de las masculinidades.
Desde los estudios de Darío Ibarra Casals sobre
masculinidades hegemónicas en crisis, puede leerse esta operación como una
forma de masculinidad aliada que, sin embargo, reproduce el gesto paternalista
de otorgar reconocimiento —de "darle" a la mujer funcionaria una
identidad que la legitima ante el colectivo. La funcionaria no se autodesigna:
es investida por el varón militante. Ese gesto, aunque bienintencionado,
reproduce una asimetría de poder de género que el propio campo del activismo LGBT+
ha señalado repetidamente: la tendencia de los varones aliados a actuar como
mediadores del reconocimiento de identidades que no les pertenecen.
Recomendaciones para actores políticos
Este análisis no busca desacreditar la alianza política que
la expresión intentaba construir. En un contexto de desfinanciamiento, avance
conservador y crisis institucional, las alianzas afectivas entre Estado y
sociedad civil son necesarias y valiosas. Lo que señala es la necesidad de
construirlas sobre bases más sólidas.
Para los funcionarios y funcionarias del área de género y
diversidad, la legitimidad ante el colectivo no se construye siendo
"bautizados" sino sosteniendo políticas concretas: presupuesto para
la Secretaría, implementación real del Cupo Laboral Trans, protocolos de
atención no discriminatoria en hospitales, y cumplimiento efectivo de la Ley
27.675 —que el propio taller evidenció que se viola sistemáticamente en
exámenes preocupacionales.
Para las organizaciones de la sociedad civil, el desafío es
desarrollar marcos de alianza con el Estado que preserven su autonomía política
y su lenguaje propio, sin ceder al isomorfismo institucional que convierte el
activismo en extensión tercerizada de la burocracia sanitaria.
Y para el campo técnico-biomédico, el imperativo es
reconocer que la "terminología correcta" no es un saber neutral: es
siempre también una disputa de poder sobre quién tiene autoridad para nombrar,
y que la capacitación no puede reemplazar la escucha de los saberes producidos
en el territorio por quienes viven la epidemia en su propio cuerpo.
En definitiva, "la subse trans" no es sólo una
anécdota de una jornada de capacitación. Es el síntoma de un campo político
donde el Estado se sostiene sobre la empatía porque no puede sostenerse sobre
el presupuesto, y donde la identidad se convierte en moneda de cambio cuando
las instituciones no tienen otra cosa que ofrecer. Leer ese síntoma con rigor
no es un acto de frialdad académica: es la condición mínima para construir
políticas que no reproduzcan las desigualdades que dicen combatir.
Referencias teóricas centrales:
Maffia, D. (2018). Deseo y resistencia.
Barrancos, D. (2010). Mujeres en la sociedad argentina.
Preciado, P.B. (2002). Manifiesto contrasexual.
Ibarra Casals, D. (2019). Masculinidades hegemónicas en
Argentina. Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas.
Se desarrolló en la Biblioteca Provincia el miércoles 20 de
mayo junto a organizaciones de la sociedad civil de Salta, invitadas de Jujuy,
la presencia de la Sub secretaria de Género Julieta Valencia; organizada por el
Programa “Acción en VIH” para la mejora de vida de las personas con vih. Fue un
encuentro dirigido a equipos de Salud y organizaciones sociales.
Este documento sintetiza los hallazgos, datos
epidemiológicos y directrices estratégicas discutidos durante las jornadas de
capacitación y articulación entre organizaciones de la sociedad civil,
profesionales de la salud y funcionarios gubernamentales en la provincia de
Salta. El enfoque central es la implementación de la "Prevención
Combinada" y el fortalecimiento de las políticas públicas frente al VIH y
otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
La respuesta al VIH en Argentina, y particularmente en la
región del NOA (Noroeste Argentino), atraviesa un momento crítico caracterizado
por un aumento en las notificaciones y una preocupante tasa de diagnóstico
tardío. Salta se posiciona como la segunda provincia más afectada
proporcionalmente, solo detrás de Jujuy. Ante el recorte de recursos
nacionales, surge la imperante necesidad de fortalecer la articulación
intersectorial y el rol de los municipios a través de la Declaración de París.
La transición hacia un modelo de Prevención Combinada —que integra
herramientas biomédicas como la PrEP y la PEP con intervenciones estructurales
y comportamentales— es la piedra angular de la estrategia 2024-2030 para cerrar
las brechas de desigualdad y estigma. Sergio Maulen, director del Programa Nacional
“Acción en VIH” brindó datos sobre la situación actual de la epidemia y la
atención en salud del vih.
Expresiones en el contexto de la salud
En el momento inicial de la capacitación, se identifican
varios líderes locales y referentes de organizaciones civiles que presentan sus
perspectivas sobre la situación del VIH y las políticas de género en la
provincia de Salta:
Fernando
Pequeño Ragone: Es el presidente de la ONG Miguel Ragone, una
organización con un perfil orientado a los derechos humanos que
trabaja activamente en temas relacionados con cárceles. En su
intervención, manifiesta su fuerte deseo de colaborar de manera
desinteresada con la Subsecretaría de Mujeres, Género y Diversidad,
aportando su experiencia de más de 20 años en el desarrollo de políticas
de género. Expresa su preocupación por el actual discurso conservador
y la falta de recursos económicos que enfrentan las subsecretarías, las
cuales han sido devaluadas institucionalmente.
Nelson
López (Referente de Fundación Orgullo Salta): Actúa como uno de los
anfitriones y agradece la presencia tanto de los asistentes como de los
funcionarios. Su enfoque principal es la necesidad de romper el estigma
que aún rodea al VIH. Destaca la importancia de la calidad de la
capacitación para que los conocimientos adquiridos puedan ser replicados
en otras organizaciones y comunidades.
Julieta
Valencia Donat (Secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la
Provincia): Agradece el trabajo diario de las organizaciones sociales,
reconociendo que son ellas las que traccionan la demanda y contienen al
colectivo ante la ausencia del Estado. Su discurso se centra en la falta
de presupuesto nacional, lo cual no ha disminuido las demandas de la
comunidad, obligando a gestionar nuevas vías de articulación. Alerta sobre
el aumento de enfermedades de transmisión sexual debido a la falta de uso
de preservativos y recalca que la capacitación y la toma de conciencia
individual son fundamentales cuando los recursos económicos son escasos.
Sergio
Maulen (Moderador y referente del proyecto): Presenta el marco general
de la actividad, que forma parte de un proyecto nacional que abarca nueve
provincias. Su objetivo es fomentar una respuesta intersectorial e
interministerial al VIH, argumentando que la problemática atraviesa
diversas áreas como salud mental, juventud y diversidad, y no debe
limitarse únicamente al ámbito clínico.
Referente
de la Agencia de la Juventud: Interviene para señalar la importancia
de trabajar con los adolescentes y jóvenes, quienes muestran interés en
estas temáticas, aunque a veces enfrentan el prejuicio
"adultocentrista" de quienes programan las capacitaciones sin
realizar consultas previas. Menciona el trabajo conjunto con municipios
como Orán y Metán y la necesidad de sumar a más localidades a la
respuesta.
La “Sub se trans”
Fernando Pequeño Ragone utiliza la expresión "subse
trans" para referirse a Julieta Valencia Donat, la Secretaria de las
Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia, basándose en una percepción de
su estilo de gestión y su cercanía con el colectivo.
Las expresiones de Fernando Pequeño
Durante su intervención, Fernando relata que conoció a la
funcionaria no solo en su rol institucional, sino también en un contexto
informal:
La
"performance" institucional: Afirma que, tras verla en unas
fiestas y observar su desempeño, pensó: "esta es una subsecretaria
trans prácticamente".
Justificación
del apodo: Explica que le otorga este apelativo porque le encantó su "performance"
y su "movilidad", lo que le generó "muchísimas ganas de
ayudarle" ante el difícil momento que atraviesa el Estado.
Reafirmación:
Concluye diciendo: "le voy a decir la subse trans porque me
encanta", vinculando esta identidad simbólica con la idea de que
"el Estado se hace presente" a través de ella.
El mérito en el contexto de filiación y empatía
En el marco de la reunión, estas expresiones tienen un
propósito claro de generar un vínculo de confianza y legitimidad política entre
la estructura estatal y las organizaciones de la sociedad civil:
Humanización
de la función pública: Al mencionar que la conoció en fiestas y resaltar
su "performance", Pequeño rompe la barrera formal entre el
activismo y la burocracia. Esto busca crear una filiación afectiva,
presentando a la funcionaria como alguien que "pertenece" o
"entiende" la dinámica del colectivo desde adentro.
Solidaridad
ante la crisis: El uso del término ocurre mientras Pequeño describe a las
subsecretarías como áreas "totalmente devaluadas", sin recursos
y bajo presión de un "discurso conservador que avanza". Llamarla
"subse trans" es una forma de empatizar con su vulnerabilidad
institucional, posicionándola como una aliada que, al igual que las
organizaciones, debe resistir y "traccionar" con poco
presupuesto.
Construcción
de una "resistencia": Pequeño ofrece su bagaje de 20 años de
militancia de forma desinteresada. Su expresión busca sellar un pacto de
colaboración donde el Estado no es visto como un ente ajeno, sino como un
espacio habitado por alguien con quien el colectivo puede identificarse.
Efecto
en el auditorio: Aunque la expresión nace de la empatía, el moderador
Sergio luego retoma estas palabras para señalar la importancia de la
capacitación y la terminología, sugiriendo que incluso estas muestras de
afecto y cercanía deben enmarcarse en un proceso de formación continua.
En resumen, la expresión "subse trans" funciona
como una herramienta de validación política y emocional, diseñada para
consolidar un frente común entre la ONG Miguel Ragone y la Secretaría de las
Mujeres ante un contexto económico y social hostil.
1. Diagnóstico Epidemiológico y Contexto Regional
El análisis de los datos actuales revela una tendencia
creciente de las ITS en el país, con particular incidencia en las provincias de
Salta y Jujuy.
1.1. Datos Nacionales y Locales
Población
Estimada: Se estima que 140.000 personas viven con VIH en Argentina.
Brecha
de Diagnóstico: Un 13% de estas personas (aproximadamente 20.000)
desconoce su diagnóstico.
Aumento
de Casos: Las notificaciones anuales subieron de 5.500 a 6.900 casos
recientes. A diferencia del resto del mundo, en Latinoamérica los casos
están en aumento.
Sífilis:
La tasa nacional es de 93 por cada 100.000 habitantes, pero en mujeres
jóvenes (15 a 35 años) la cifra asciende a casi 200, lo que ha derivado en
un incremento de la sífilis congénita.
Situación
en Salta: La tasa de diagnóstico tardío es del 40%, mientras que un
26% de los pacientes llega con enfermedad avanzada.
1.2. Desafíos en la Calidad de la Información
Existe una falla en la carga de datos por parte de los
profesionales. En Salta, el 77% de los pacientes presenta carga viral
indetectable, pero este dato solo representa al 56% de las personas en el
sistema público; del resto se carece de información actualizada.
2. El Modelo de Prevención Combinada
La prevención ya no se limita al uso del preservativo. El
modelo actual propone una "canasta de opciones" o un "traje a
medida" según la autonomía y el riesgo de cada individuo.
2.1. Intervenciones Biomédicas
Incluyen las herramientas farmacológicas para prevenir la
transmisión:
PrEP
(Profilaxis Pre-Exposición): Uso de medicación antes de la exposición.
En Salta, solo 36 personas acceden a ella, cuando el objetivo estimado
para impactar en la salud pública debería ser de 1.290 personas.
PEP
(Profilaxis Post-Exposición): Medicación de emergencia tras una
situación de riesgo (accidentes laborales, violaciones o sexo consentido
sin protección). Debe iniciarse idealmente en las primeras 6 horas y no
más allá de las 72 horas.
TasP
(Tratamiento como Prevención): Una persona con carga viral
indetectable no transmite el virus (I=I).
Doxy-PEP:
Uso de doxiciclina (200 mg) dentro de las 72 horas posteriores al sexo
para prevenir sífilis y clamidia. Indicado principalmente para hombres que
tienen sexo con hombres y personas trans con múltiples parejas.
2.2. Intervenciones Estructurales y Comportamentales
Estructurales:
Eliminación de leyes punitivas, reforma de políticas de género, lucha
contra el estigma en hospitales y mejora de determinantes sociales
(vivienda, alimentación).
Comportamentales:
Educación Sexual Integral (ESI) y fomento de la autonomía corporal. Se
critica el "adultocentrismo" en el diseño de capacitaciones que
ignora las demandas reales de jóvenes y pueblos originarios sobre
diversidad sexual.
3. Barreras Críticas e Institucionales
Se identifican obstáculos sistémicos que impiden una
respuesta efectiva:
Barrera
Descripción
Estigma en Salud
Trato discriminatorio hacia personas trans y trabajadores
sexuales; visibilización forzada de diagnósticos en salas de espera.
Adultocentrismo
Prejuicio de los adultos que programan capacitaciones
evitando temas de diversidad, a pesar del reclamo de los adolescentes.
Crisis de Recursos
Desfinanciamiento nacional, falta de reactivos para CD4 y
carga viral, y degradación de secretarías a subsecretarías.
Burocracia en Testeo
Persistencia de pedidos de VIH obligatorios en
preocupacionales (prohibido por Ley 27.675) y falta de espacios de consejería
privados.
Salud Mental
Ausencia de dispositivos de acompañamiento
post-diagnóstico y vulnerabilidad psicológica ante la crisis económica.
4. El Rol de los Municipios y la Sociedad Civil
Ante el retiro del Estado Nacional, la articulación local es
vital.
Red
de Municipios Comprometidos: Se busca que más intendencias firmen la Declaración
de París. Actualmente en Salta, solo Orán y Metán han formalizado este
compromiso.
Responsabilidad
Municipal: Los municipios deben ser creativos para financiar salud,
transporte para pacientes y asesoramiento sobre pensiones no contributivas
(Art. 22 de la Ley 27.675).
Sociedad
Civil como Puente: Las ONG (como Fundación Orgullo, Activando Saber y
Red Ragone) cubren los baches donde el Estado no llega, realizando trabajo
comunitario en el territorio y acompañando a las personas en la
"burocracia del sistema".
5. Programa de Capacitación 2024
Se anuncia un programa integral de formación con las
siguientes características:
Duración:
Junio a noviembre (60 horas reloj).
Modalidad:
Virtual sincrónica con actividades prácticas territoriales.
Aval
Académico: Certificación universitaria con nivel de posgrado para
profesionales de salud.
Contenidos:
Marco normativo (Ley 27.675, Ley de Identidad de Género), ética,
adherencia al tratamiento y actualización en PrEP/PEP.
Docentes:
Figuras de trayectoria nacional como Mariana Ceriotto y Marcelo Vila.
6. Citas y Testimonios Relevantes
"El prejuicio es de los adultos que programamos las
capacitaciones; no pusimos diversidad pensando que sería problemático y los
adolescentes de pueblos originarios nos reclamaron por qué no estaba ese
tema."
"Si aumenta la sífilis, que es mucho más fácil de
transmitir, va a aumentar el VIH. No es difícil adivinar qué pasa cuando caen
las políticas preventivas junto con los recursos." — Dr. Sergio
Maulen.
"En Salta somos segundos en incidencia nacional. La
capacitación es fundamental porque, aunque Nación haya cortado el presupuesto,
las demandas no se han cortado; al contrario, se incrementan." — Julieta
Valencia Donat, Secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
"El objetivo del testeo hoy no es solo ver si da
positivo, sino hacer evaluación de riesgo. Si una persona da negativo pero
tiene riesgo incrementado, el sistema debe ofrecerle PrEP inmediatamente."
7. La opinión de las organizaciones
El momento de la dinámica de integración y participación de
las organizaciones se consolida tras la presentación técnica del Dr. Maulen,
cuando los asistentes se dividen en grupos para responder a una ficha de
trabajo centrada en la realidad territorial del VIH.
A continuación, se detallan las intervenciones sobre las problematizaciones
de la situación del VIH en Salta y sus interlocutores:
7.1. Falta de compromiso y barreras en el sistema de salud
Una representante que pertenece a un organismo público
y trabajó junto a otra organización identificó barreras críticas en el sector
sanitario:
Desinformación
y falta de compromiso: Existe una carencia de formación específica en
muchos sectores de salud para abordar el VIH de manera integral.
Vulneración
de la confidencialidad: Señalan que el manejo de los diagnósticos
sigue siendo un problema grave, lo que genera desconfianza.
Prejuicios
institucionales: Persiste una mirada prejuiciosa que actúa como
barrera de acceso para las personas del colectivo.
7.2. Salud Mental y condiciones estructurales
Una referente (vinculada al grupo anterior) enfatizó que la salud
mental es el eje más urgente:
Exposición
al riesgo por vulnerabilidad: Las condiciones de vida
"golpeadas" y la falta de proyectos a futuro llevan a
situaciones de consumo (alcohol y drogas) que aumentan la exposición a
prácticas de riesgo.
Necesidad
de alojamiento: Se destacó que las instituciones a menudo no
"alojan" emocionalmente a los pacientes, lo que obliga a las
organizaciones a usar sus propias casas para brindar atención y
contención.
7.3. Estigma en el testeo y violencia
Guadalupe y Sergio (integrantes del programa de VIH
que realizan trabajo de terreno y pertenecen a Orgullo Salta) compartieron
experiencias directas sobre el estigma:
Miedo
a ser vistos: Relatan que la gente a menudo se acerca a los testeos
"encapuchada" o evita que los vean por temor al juicio social.
Reacciones
negativas ante el resultado: Existe un fuerte desconocimiento que
deriva en reacciones de negación o miedo ante un resultado reactivo.
Violencia
de género: Identifican que muchas personas (especialmente mujeres) no
pueden usar preservativos porque sus parejas se niegan o ejercen
violencia, lo que anula la capacidad de prevención individual.
7.4. Invisibilidad de la población en situación de calle
Eduardo y Fernando (referentes de Asoc Trébol y Asoc
Ragone) centraron su problemática en los sectores más marginados:
Circuitos
de supervivencia: Señalaron que jóvenes y adultos en situación de
calle (por ejemplo, en el Parque San Martín) viven una "vida
paralela" donde buscan comida y ropa, pero su salud sexual y
vinculación con centros de salud son inexistentes.
7.5. Crisis de recursos y desabastecimiento
Otros interlocutores de organizaciones de Salta subrayaron
la precariedad material:
Falta
de insumos: Se denunció la escasez de preservativos, reactivos para
testeos y, lo que es más grave, la falta de reactivos para estudios de
carga viral y CD4 (necesarios para el seguimiento del tratamiento).
Impacto
económico: La crisis económica actual fue mencionada como un factor
que "engloba" y profundiza todas las demás problemáticas de
acceso a la salud.
7.6. Incumplimiento de la Ley 27.675
Varios referentes, incluyendo a Nelson (de Orgullo
Salta) y otros activistas, problematizaron el incumplimiento de la nueva
ley:
Exámenes
preocupacionales: A pesar de la prohibición legal, denuncian que
municipios, secretarías y empresas privadas (especialmente en minería)
siguen exigiendo el test de VIH para el ingreso laboral.
Falta
de reglamentación local: Se mencionó con preocupación que la provincia
aún no ha adherido o implementado plenamente todos los aspectos de la ley
nacional de respuesta integral.
8. Conclusiones y Próximos Pasos
Reactivación
de la Red de Municipios: Fomentar que nuevas localidades de Salta se
sumen a la respuesta integral.
Universalización
del Testeo de Rutina: Incorporar el VIH en el laboratorio de rutina
junto con el colesterol y el hemograma para normalizar la prueba y reducir
el estigma.
Fortalecimiento
de la Salud Mental: Garantizar que el diagnóstico vaya acompañado de
un dispositivo de escucha y no solo de la entrega de un resultado.
Cumplimiento
Normativo: Denunciar y erradicar la exigencia de pruebas de VIH en
exámenes preocupacionales y controles laborales anuales.
Qué es la “Declaración de París”
La Declaración de París es un compromiso político
global impulsado por ONUSIDA, la Asociación Internacional de Proveedores de
Atención al Sida (IAPAC) y otros organismos internacionales, diseñado para
acelerar la respuesta local frente al VIH y poner fin a la epidemia de sida en
las ciudades para el año 2030.
Su lógica fundamental es que, dado que gran parte de la
epidemia se concentra en centros urbanos, los gobiernos locales tienen una
capacidad única para implementar intervenciones rápidas y efectivas.
¿En qué consiste la Declaración?
El núcleo de esta iniciativa se basa en alcanzar los
objetivos 95-95-95 (evolución de los anteriores 90-90-90):
95%
de las personas con VIH conozcan su estado serológico.
95%
de las personas diagnosticadas reciban tratamiento antirretroviral
continuo.
95%
de las personas en tratamiento alcancen la carga viral suprimida (lo que
garantiza que el virus no sea transmisible y mejore la salud del
paciente).
Compromisos clave:
Enfoque
centrado en la persona: Eliminar el estigma y la discriminación,
garantizando que el acceso a la salud sea inclusivo.
Acción
local: Movilizar a los líderes municipales para coordinar servicios
sanitarios, organizaciones de la sociedad civil y otros sectores
(educación, transporte, vivienda).
Respuesta
rápida: Adaptar los servicios a las necesidades de las poblaciones
clave y vulnerables en el territorio.
Implementación en Argentina
En Argentina, la adhesión a la Declaración de París es una
estrategia que los municipios y provincias firman de forma voluntaria para
integrar sus políticas locales con los estándares internacionales.
Características de su implementación:
Red
de Ciudades: Diversas jurisdicciones (como Jujuy, Mendoza, Santiago
del Estero y varios municipios de Buenos Aires, entre otros) han
formalizado su adhesión. Al firmar, las autoridades se comprometen a
fortalecer la detección temprana y el acceso al tratamiento.
Articulación
Sanitaria: La implementación suele realizarse mediante la creación o
el fortalecimiento de Centros de Promoción, Asesoramiento y Testeo
(CEPAT). Estos centros descentralizan el diagnóstico, permitiendo que
las personas accedan a pruebas rápidas, confidenciales y gratuitas en su
propia comunidad.
Monitoreo
y Seguimiento: Las ciudades adheridas trabajan en conjunto con los
Ministerios de Salud provinciales y ONUSIDA para realizar relevamientos
periódicos sobre el progreso hacia los objetivos, ajustando las
estrategias de terreno (como operativos en barrios o campañas de concientización)
según los resultados obtenidos.
Enfoque
Intersectorial: Se promueve que el problema del VIH no sea tratado
solo como un tema médico, sino como un desafío social, integrando a
equipos de asistencia social, educación y organizaciones de la sociedad
civil.
El desafío actual
A pesar de estos compromisos, los datos más recientes
indican que Argentina aún enfrenta retos significativos, como el diagnóstico
tardío, que en varias provincias supera el 50% de los casos detectados. Por
ello, la Declaración de París en el país se utiliza como una herramienta
técnica para intensificar los "rastrillajes" (búsqueda activa de
casos) y mejorar la retención de los pacientes en el sistema de salud.
El enfoque político de la “Declaración de París”
La "Declaración de París" a la que te referías
inicialmente (la de 2014) no debe confundirse con la Cumbre de París de 1994,
que fue un antecedente histórico importante pero de naturaleza distinta. Es
fundamental distinguir ambos hitos para entender su génesis política:
1. La Declaración de París (2014): "Acción Acelerada en las
Ciudades"
Esta es la que articula las estrategias actuales contra el
VIH. Su surgimiento político tiene una lógica de descentralización y
pragmatismo:
El
contexto: Para 2014, ONUSIDA detectó que una gran parte de las nuevas
infecciones a nivel mundial ocurría en entornos urbanos específicos. La
estrategia global hasta ese momento era predominantemente nacional o
estatal, lo que a menudo resultaba insuficiente para llegar a las
poblaciones clave dentro de las grandes metrópolis.
El
giro político: Se entendió que los alcaldes y gobiernos locales
tenían una cercanía con el territorio que los gobiernos nacionales no
poseían. La declaración surge como un pacto para "empoderar" a
las ciudades, permitiéndoles liderar sus propias respuestas frente al sida
adaptadas a su realidad demográfica y social.
Actores
clave: Fue impulsada por ONUSIDA, la IAPAC (Asociación
Internacional de Proveedores de Atención al Sida) y ONU-Hábitat,
con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, como anfitriona y líder
principal. El objetivo fue crear una red global de "ciudades de vía
rápida" (Fast-Track Cities) que compitieran y colaboraran
entre sí para alcanzar los objetivos 90-90-90 (hoy 95-95-95).
2. La Cumbre de París sobre el SIDA (1994): El antecedente fundacional
Cuando se habla de los orígenes históricos del compromiso
político contra el VIH en París, se hace referencia a este encuentro de 1994.
El
contexto: Era una etapa de mucha mayor vulnerabilidad, donde la
respuesta global era desarticulada y existía una discriminación sistémica
masiva contra las personas que vivían con VIH.
El
giro político: Fue la primera vez que 42 jefes de gobierno se
reunieron formalmente para admitir que el VIH no era solo un problema
sanitario, sino un problema de desarrollo y derechos humanos.
Legado:
Esta cumbre fue decisiva para la creación de ONUSIDA (que nació
poco después, en 1996), unificando los esfuerzos de distintas agencias de
la ONU que antes trabajaban por separado. Fue el primer gran "acuerdo
de estado" donde los líderes mundiales reconocieron su deber político
de proteger a las personas con VIH frente a la discriminación laboral y
social.
Diferencias Clave
Aspecto
Cumbre de París (1994)
Declaración de París (2014)
Nivel de actores
Jefes de Estado / Gobiernos Nacionales
Alcaldes / Gobiernos Locales
Enfoque
Derechos Humanos y creación de ONUSIDA
Acción Acelerada (Fast-Track) y metas técnicas
Objetivo
Reconocimiento global de la pandemia
Eliminación de la epidemia para 2030
En resumen, la "Declaración" actual (2014) es una herramienta
de gestión operativa que traslada la voluntad política de las grandes
cumbres de los años 90 a la escala municipal, donde la intervención es
más directa y eficiente.
