miércoles, 27 de mayo de 2026

El caso Gerónimo y la invisibilización del crimen de odio: El Cuerpo Como Escena

 

 

ENSAYO FORENSE

El Cuerpo Como Escena

El caso Gerónimo y la invisibilización del crimen de odio

 

Salta, mayo de 2026

 

"El crimen de odio no es solo un acto de violencia: es un acto de comunicación. El agresor habla al cuerpo de la víctima, pero su destinatario real es una comunidad entera."

— Fenomenología forense aplicada

I. Introducción: Cuando el Encuadre Distorsiona la Verdad

En la madrugada del lunes 25 de mayo de 2026, la ciudad de Salta despertó con una noticia que los medios locales encuadraron, casi sin excepción, bajo el rótulo de la inseguridad urbana: un hombre había sido hallado inconsciente, gravemente herido, en la zona del ex peaje Aunor, sobre el acceso norte a la capital provincial. Horas después, Víctor Manuel Gerónimo falleció en el Hospital San Bernardo.

La prensa salteña cubrió el hecho con la gramática familiar de la violencia delictiva: colectora oscura, zona de riesgo, auto con las puertas abiertas, víctima solitaria. Se construyó así un relato que, al mismo tiempo que informaba, clausuraba. La pregunta que este ensayo se propone formular —y que nadie parece dispuesto a hacer— es la siguiente: ¿qué se omite cuando la crónica policial gobierna en exclusiva la interpretación de un cuerpo?

Desde una perspectiva de análisis forense y crítica social, el caso Gerónimo presenta indicios que obligan a examinar la posibilidad de que el hecho constituya un crimen de odio fundado en la orientación sexual de la víctima. Esta hipótesis no es especulación: es el resultado de aplicar los protocolos criminológicos internacionales a la evidencia disponible. Lo relevante no es únicamente determinar si lo fue, sino comprender por qué esa pregunta resultó tan difícil de pronunciar.

II. Anatomía del Hecho: La Escena y sus Versiones

2.1. El hallazgo en el ex peaje Aunor

El cuerpo de Víctor Manuel Gerónimo fue descubierto en las inmediaciones del ex peaje Aunor, sobre la colectora norte de acceso a Salta Capital, en la zona conocida como Las Cabañas, próxima a la empresa de transporte Flecha Bus. La hora precisa del hallazgo no ha sido divulgada, aunque los informes coinciden en que el automóvil permaneció estacionado en el lugar durante aproximadamente cinco horas antes de ser notado por algún transeúnte o efectivo policial.

El hombre fue trasladado de urgencia por el SAMEC al Hospital San Bernardo con traumatismo facial grave y golpes múltiples. El primer informe hospitalario consignó, de manera que generó suspicacias entre los investigadores, la categoría de "muerte súbita"; la fiscalía actuante ordenó de inmediato la autopsia obligatoria y pericias en la escena, dada la evidente incompatibilidad entre ese diagnóstico y los signos visibles de violencia.

La causa quedó radicada en la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) y fue caratulada como muerte dudosa. Al cierre de este análisis, se encontraban pendientes los resultados de la autopsia, el estudio toxicológico y el relevamiento de cámaras de las empresas del corredor.

2.2. La fractura informativa: dos versiones, un silencio

Lo llamativo del caso Gerónimo no reside solo en el crimen sino también en cómo fue narrado. Desde las primeras horas, la cobertura mediática exhibió una fractura significativa entre versiones:

La versión policial-barrial, difundida por portales digitales de crónica roja como Salta Diario y sostenida por alertas vecinales en redes sociales, afirmó que Gerónimo fue encontrado atado de manos y desnudo, cerca de un canal de la zona, luego de haber sido víctima de un violento intento de robo de su vehículo.

La versión de los medios masivos, reproducida por El Tribuno, Hola Salta! e Infobae, ofreció una descripción más hermética: el hombre fue hallado inconsciente dentro o junto a su automóvil, con las puertas abiertas, en una colectora desolada. En estas versiones no se mencionó la desnudez ni las ataduras, y se incorporó un elemento ambiguo pero significativo: el teléfono celular de la víctima permanecía en el lugar.

Entre ambas versiones se abre el silencio más elocuente: ningún medio, ninguna fuente oficial, ningún comentarista introdujo siquiera de manera interrogativa la posibilidad de un crimen motivado por la identidad sexual de la víctima. Esa omisión, sostenida y uniforme, no es casual; es estructural.

III. El Termómetro Social: Reacciones, Sesgos y Estigma

3.1. El sentido común securitario

El rastreo de comentarios en portales de noticias locales y grupos de Facebook evidenció una reacción social homogénea en su primer nivel de lectura: la gran mayoría de los usuarios inscribió el hecho en el marco de la inseguridad urbana. La zona del ex peaje Aunor fue caracterizada como un punto negro de la delincuencia, zona liberada, lugar sin iluminación adecuada. La desnudez o las ataduras, cuando fueron mencionadas, fueron interpretadas como la saña propia de los ladrones actuales.

Este encuadre cumple una función social clara: absorbe la perturbación del crimen dentro de una narrativa conocida, la normaliza y la convierte en argumento para demandas pre-existentes (más policías, más luminarias, más cámaras). No interpela al sistema; lo refuerza. La víctima queda subsumida en la estadística de la inseguridad y su singularidad, su nombre, su historia, su posible vulnerabilidad diferencial, se diluye.

3.2. La culpabilización de la víctima: el dispositivo del "por algo habrá estado"

Un segundo nivel de reacción, más inquietante, emergió cuando comenzó a circular en medios y comentarios la información de que la colectora donde fue hallado Gerónimo es utilizada habitualmente como espacio de encuentros sexuales entre varones. A partir de ese momento, el tono de la conversación pública mutó.

Comentarios con fuerte carga moralista y homofóbica comenzaron a filtrar la idea de que la víctima, por el solo hecho de frecuentar ese tipo de espacio, había asumido un riesgo previsible, casi merecido. La lógica implícita es devastadora en su crueldad: si estabas en ese lugar, algo habrías estado haciendo; si algo habrías estado haciendo, lo que te pasó era esperable. La sexualidad disidente se convierte así en atenuante del agresor y en factor de culpabilidad de la víctima.

Este mecanismo tiene nombre en la criminología de género: es la victimización secundaria, producida no por el agresor sino por el entorno social e institucional que juzga a la víctima en lugar de al crimen. En los casos de violencia contra personas LGBT+, la victimización secundaria actúa como un borrador que elimina la especificidad del odio y lo reemplaza por la supuesta imprudencia o la culpa moral del agredido.

3.3. La omisión institucional y mediática como acto político

La ausencia más significativa en la cobertura del caso Gerónimo no es la de datos o fuentes: es la ausencia de un enfoque. Ningún medio salteño, ninguna declaración oficial de la UGAP, ningún comunicado de organizaciones de derechos humanos incorporó, en las primeras horas, el concepto de crimen de odio como hipótesis de trabajo.

Esta omisión no es solo periodística; es institucional. Los protocolos de investigación penal de perspectiva de género, establecidos por la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) y extendibles a casos de violencia por orientación sexual, obligan a los fiscales a indagar preliminarmente si la motivación del ataque está ligada a la identidad de género o a la orientación sexual de la víctima, en especial cuando la escena presenta componentes de humillación corporal y exposición. No hacerlo no es una omisión técnica: es una decisión que tiene consecuencias para la tipificación del delito, para la búsqueda de los autores y para la memoria de las víctimas.

Callar la hipótesis del odio, en un caso con estas características, es un acto político de invisibilización.

IV. El Cuerpo Como Texto: Fenomenología Forense del Odio

4.1. El crimen de odio como acto de comunicación

La fenomenología forense es la disciplina que estudia el cómo del crimen para desentrañar su porqué: analiza la interacción entre el victimario, la víctima y la escena para reconstruir la motivación subyacente que organizó la conducta del agresor. Su premisa fundamental es que la escena no es aleatoria; es una construcción.

En los crímenes de odio, esta construcción tiene una lógica específica que los distingue de otras formas de violencia. Un crimen de odio no se define por la identidad de la víctima en sí misma —su raza, su género, su orientación sexual— sino por el significado que el victimario le asigna a esa identidad y por la función punitiva o comunicativa que cumple el acto violento. El cuerpo de la víctima se convierte en un soporte de mensajes: el mensaje al individuo que muere, el mensaje a la comunidad que lo sobrevive, el mensaje a una sociedad que lo tolera o lo condena en silencio.

4.2. Los tres patrones rectores de la escena de odio

La criminología especializada en crímenes de odio contra personas LGBT+ ha identificado tres patrones que se repiten con alta frecuencia en este tipo de hechos y que permiten diferenciarlos del homicidio por robo, del crimen pasional o del asesinato instrumental. Los tres patrones aparecen en la escena Gerónimo con distintos grados de verificabilidad según las versiones disponibles.

El overkill o saturación de violencia

En el homicidio motivado por el robo, la violencia ejerce una función instrumental y acotada: neutralizar la resistencia de la víctima para consumar el despojo. Cuando el objetivo se cumple, la violencia cesa. El crimen de odio, en cambio, exhibe lo que la fenomenología forense denomina overkill: una violencia desmedida e instrumental respecto de cualquier objetivo práctico. Los golpes continúan más allá de la neutralización. El traumatismo facial grave de Gerónimo, su estado de inconsciencia profunda y la severidad general de las lesiones constituyen un índice de esta saturación. Se golpea para borrar, para castigar, para aniquilar una identidad que el agresor percibe como inadmisible.

La degradación corporal como firma

La desnudez forzada y las ataduras no son elementos accesorios de la escena: son su núcleo significativo. En la lógica del crimen de odio contra varones homosexuales o bisexuales, despojar a la víctima de sus ropas equivale a despojarla de su dignidad y de su agencia. Las ataduras, en particular cuando se realizan con materiales improvisados como cables de cargador, implican una preparación, un ejercicio deliberado de asimetría de poder que excede ampliamente lo necesario para consumar un robo. Hay un ritual de sometimiento cuyo objetivo no es el bolsillo de la víctima sino su humanidad.

El trauma concentrado en el rostro agrega otra dimensión: en los crímenes de odio con motivación homofóbica, el golpe en la cara busca desfigurar la identidad, destruir la imagen, borrar al sujeto como ser reconocible y digno.

La firma simbólica del espacio

Los crímenes de odio contra personas LGBT+ ocurren frecuentemente en los propios espacios que las víctimas usan para ejercer su vida afectiva o sexual: parques, baños públicos, zonas de cruising. Esto no es una coincidencia de vecindad; es una elección deliberada del agresor. El espacio es parte del mensaje. Violentar a una persona en el lugar donde ejerce su sexualidad convierte ese lugar en un escenario punitivo y, al hacerlo, extiende el terror a toda la comunidad que lo frecuenta. El crimen en el acceso norte de Salta, en un punto que los propios medios identificaron como zona de encuentros sexuales, sigue exactamente esta lógica.

V. Proposiciones Forenses: Los Indicios que la Crónica No Vio

5.1. La incongruencia del móvil económico

El primer indicio que debilita la tesis del robo como hipótesis exclusiva es la permanencia del teléfono celular de Gerónimo en la escena. En el robo de vehículo con uso de violencia, los bienes de alto valor de reventa inmediata —teléfonos, carteras, efectivo, elementos electrónicos— son los primeros en ser sustraídos. Son la razón de ser del delito. El hecho de que el celular permaneciera en el lugar, combinado con la presencia del automóvil con las puertas abiertas y sin señales de haber sido forzado mecánicamente, sugiere que el foco de la acción estuvo puesto en la persona y no en sus bienes.

Esto no descarta que el agresor o los agresores tuvieran también motivaciones de despojo; los crímenes de odio no son incompatibles con el robo. Lo que sí hace es imposibilitar que el robo sea utilizado como explicación suficiente y excluyente del hecho.

5.2. La signatura de las ataduras con cables

Si se confirma el reporte técnico que indica que la víctima tenía las muñecas atadas con cables de cargador, este elemento adquiere una relevancia crucial para la tipificación. Las ataduras con material improvisado implican dos cosas que un asalto de tránsito no contempla: premeditación de algún grado y presencia sostenida en la escena.

Atar a una persona con cables requiere tiempo. Requiere que el agresor permanezca en el lugar durante ese proceso, lo que incrementa exponencialmente su riesgo de ser visto o identificado. Un ladrón racional no hace esto a menos que el sometimiento del cuerpo sea, en sí mismo, parte del objetivo. La inmovilización prolongada no es un instrumento del robo; es el acto punitivo en sí.

5.3. La desnudez y el trauma facial como castigo identitario

La combinación de desnudez forzada, ataduras y traumatismo facial en un espacio asociado a la disidencia sexual construye una firma que la criminología específica de los crímenes de odio reconoce con claridad. Cada uno de estos elementos, aislado, podría tener otras explicaciones. Los tres juntos, en este escenario, configuran una proposición indiciaria que la fiscalía está obligada a examinar.

La desnudez expone al cuerpo y lo convierte en espectáculo de su propia derrota. Las ataduras someten y ritualizan el sometimiento. El trauma en el rostro destruye la faz del sujeto, ese espacio donde la identidad se hace visible y reconocible. Exponer ese cuerpo golpeado y desnudo en la colectora de acceso a la ciudad no es un descuido del agresor: es la culminación del acto comunicativo.

VI. Los Motivos Sociales de la Invisibilización: El Odio que No Se Nombra

6.1. La comodidad del rótulo penal

Existe una economía de lo nombrable en la cultura policial y mediática argentina que tiende fuertemente hacia los encuadres más simples. El robo, el asalto, la inseguridad son categorías que no generan fricción institucional: no exigen revisar prácticas policiales, no cuestionan estructuras sociales, no obligan a reconocer que ciertos grupos humanos enfrentan una violencia cualitativamente diferente a la del delito común. Nombrar un crimen de odio, en cambio, implica reconocer que la sociedad produce ese odio, que lo incuba y que, en alguna medida, lo tolera.

El rótulo de la inseguridad genérica es cómodo porque universaliza. Dice: cualquiera puede ser víctima, todos estamos en riesgo, el problema es la delincuencia abstracta. El crimen de odio es incómodo porque particulariza: dice que esta persona fue asesinada por lo que era, y que eso tiene un nombre, y que ese nombre implica una responsabilidad social.

6.2. La homofobia como fondo de pantalla cultural

La reacción de culpabilización de la víctima que emergió en comentarios y redes sociales no es una anomalía: es la expresión de una homofobia difusa, de baja intensidad aparente, que estructura la percepción social de la disidencia sexual en buena parte del país. Esta homofobia no necesita articularse como odio explícito; basta con operar como trasfondo moral que convierte ciertos espacios en culpables y ciertos cuerpos en merecedores de violencia.

El dispositivo es sutil pero efectivo: no se dice que Gerónimo mereció morir; se dice que no debería haber estado ahí. La lógica es la misma que durante décadas se aplicó a las mujeres víctimas de violencia sexual: no debería haber salido sola, no debería haberse vestido así. En ambos casos, el agresor desaparece de la ecuación moral y la víctima queda bajo sospecha.

6.3. El silencio institucional como perpetuador de impunidad

Quizás el aspecto más grave del caso no sea lo que ocurrió en la colectora oscura del ex peaje Aunor, sino lo que no ocurrió después: la interpelación institucional, periodística y civil sobre la naturaleza del crimen. Las organizaciones LGBT+ de Salta no emitieron comunicados públicos en las primeras horas. Los medios con mayor alcance no convocaron a especialistas en criminalística o en violencia de género diversa. La fiscalía no dio señales de que los protocolos de perspectiva de género hubieran sido activados.

Este silencio no es inocente. En los casos de crímenes de odio, las primeras horas de investigación son cruciales para preservar indicios, rastrear entornos digitales de la víctima, identificar testigos del espacio y establecer si existían amenazas previas. Cada hora que transcurre sin esa perspectiva es una hora de evidencia potencialmente perdida y de impunidad potencialmente garantizada.

La impunidad estructural de la violencia contra personas LGBT+ no requiere de conspiraciones ni de voluntades explícitamente maliciosas. Se reproduce con mucha mayor eficiencia a través de la inercia, del protocolo que no se aplica, de la pregunta que no se formula, del término que nadie pronuncia.

VII. Conclusión: La Obligación de Nombrar

El caso Gerónimo no ha concluido. Al momento de la redacción de este ensayo, los resultados de la autopsia y las pericias científicas están pendientes. Es posible que la investigación arroje elementos que modifiquen o confirmen las proposiciones forenses aquí desarrolladas. Lo que no es posible, sin embargo, es que esa investigación sea conducida de manera metodológicamente responsable sin incorporar la hipótesis del crimen de odio como hipótesis a verificar o a descartar.

Minimizar el caso reduciéndolo a un hecho más de la crónica policial no es solo un error periodístico; es un error judicial y un error ético. La presencia de ataduras improvisadas, la desnudez de la víctima, el trauma facial concentrado, la preservación de objetos de valor y el anclaje geográfico del hecho en un espacio de disidencia sexual constituyen, en conjunto, una firma que los protocolos internacionales y nacionales de investigación obligan a examinar con perspectiva de diversidad.

Detrás de esta obligación metodológica hay una pregunta más profunda: ¿qué tipo de sociedad construye el relato que elige sobre sus muertos? Una sociedad que encuadra la muerte de Víctor Manuel Gerónimo exclusivamente en el léxico de la inseguridad urbana no solo omite una verdad posible; también reproduce la estructura de valores que hace posible ese tipo de violencia. El odio que no se nombra es el odio que no se condena. Y el odio que no se condena es el odio que persiste.

La justicia forense no es solo la que identifica al agresor y lo castiga; es también la que le devuelve a cada víctima la especificidad de su muerte, el reconocimiento de quién era y por qué fue atacada. Esa justicia, en el caso Gerónimo, todavía está en deuda.

Nota metodológica

Este ensayo fue elaborado sobre la base del relevamiento de medios locales y nacionales disponible al 27 de mayo de 2026 y del análisis preliminar de las versiones del hecho difundidas en ese período. No constituye una investigación judicial ni reemplaza el resultado de las pericias forenses oficiales. Su propósito es contribuir al debate académico y social sobre los marcos interpretativos aplicados a la violencia contra personas de la comunidad LGBT+ en el contexto salteño y argentino.

viernes, 22 de mayo de 2026

Tensiones en torno a la “Sub se Trans”. Alianzas afectivas y disputas de representación en un taller de VIH como escenario político

Cuando caer bien no alcanza, pero tampoco alcanza exigirlo todo

En Salta, durante un taller sobre VIH, un activista bautizó a la Secretaria de Género como "la subse trans" porque le gustó cómo bailaba en una fiesta. El gesto desató, sin quererlo, una pregunta política urgente: ¿qué le pedimos al Estado cuando el Estado ya no tiene casi nada para dar?

Exigirle acción estructural a quien no controla el presupuesto puede romper las únicas alianzas que quedan en pie. Pero conformarse con la empatía de quien gobierna, cuando los derechos siguen sin cumplirse, convierte la buena onda en anestesia política.

Entre esos dos riesgos —el afecto como sustituto de derechos y la exigencia como ruptura estéril— se juega hoy gran parte de la política de género y salud en el noroeste argentino. Y probablemente, en todo el país.



Apertura del Taller Prevención combinada y acceso efectivo
a la atención en VIH en la Provincia de Salta


El problema que se oculta en el halago: cuando caer bien no alcanza y tampoco la exigencia de acción estrucutural. 

Hay una frase que condensa, con una economía verbal sorprendente, décadas de tensiones entre el Estado, el activismo LGBT+ y las políticas de salud en Argentina: "la subse trans". La pronunció Fernando Pequeño Ragone, referente de la ONG Miguel Ragone, para referirse a Julieta Valencia Donat, la Secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia de Salta, durante un taller de prevención combinada del VIH realizado en mayo de 2026.

A primera vista, la expresión parece un gesto de afecto y reconocimiento. Leída políticamente, es mucho más que eso: es un síntoma. Expone cómo se construye legitimidad cuando las instituciones colapsan, qué ocurre cuando el Estado debe ser "habitado por aliados" para ser creíble, y por qué la identidad trans —como categoría política— puede ser simultáneamente un recurso de empoderamiento y un objeto de apropiación simbólica por parte de quienes no la viven.

 


Tres recomendaciones para tres actores: cuando la empatía no alcanza

Tesis de base: En contextos de crisis institucional, los actores políticos tienden a reemplazar con gestos afectivos lo que no pueden sostener con recursos, políticas concretas o autonomía. La empatía se convierte en sustituto de la acción estructural. Mientras eso ocurre, las desigualdades que se dicen combatir se reproducen por dentro de los mismos espacios que deberían combatirlas. Pero hay una segunda trampa, simétrica a la primera: exigirle al gesto afectivo que sea también acción estructural, cuando quien lo protagoniza no tiene el poder de producir esa acción, puede romper las únicas alianzas que quedan en pie cuando el Estado se retira.

 

Para quienes gobiernan

No alcanza con caer bien. Pero sin caer bien, tampoco alcanza nada.

Hay una tentación analítica fácil frente a escenas como la del taller salteño: señalar que la legitimidad de un Estado ante las comunidades LGBT+ no se construye siendo querida sino con presupuesto, protocolos que se cumplen y leyes que se aplican. Todo eso es cierto. En Salta, mientras se celebra la cercanía afectiva de la funcionaria, los hospitales siguen discriminando a personas trans, las empresas siguen pidiendo tests de VIH ilegales y el Cupo Laboral Trans existe en el papel pero no en la práctica.

Pero esa crítica, aplicada sin matices, ignora una ecuación política concreta: Julieta Valencia Donat no decide el presupuesto de su Secretaría. No es ella quien degradó el área de género de secretaría a subsecretaría, ni quien recortó los fondos nacionales para salud sexual. Está presente en ese taller con el mismo problema que las organizaciones: más demanda, menos recursos, y la necesidad urgente de encontrar soluciones que solas —ni ella ni ellas— pueden construir.

En ese marco, su disposición afectiva no es un reemplazo de la política: es, en muchos casos, la condición mínima para que la política sea posible. Sin la confianza que genera esa cercanía, las organizaciones no comparten información territorial, no articulan derivaciones, no sostienen el trabajo conjunto que el Estado ya no puede financiar. La empatía, en contextos de retracción estatal severa, no es un lujo sentimental: es infraestructura de gobernabilidad.

La tensión real, entonces, no es entre afecto y política. Es entre dos riesgos igualmente serios: que el afecto se convierta en el único capital que el Estado ofrece, sustituyendo derechos por buena onda; y que la exigencia de acción estructural a quien no tiene poder de producirla rompa las alianzas que, por ahora, son lo único que sostiene la respuesta territorial. Navegar esa tensión sin caer en ninguno de los dos extremos es quizás el desafío político más difícil para las funcionarias de género en Argentina hoy.

 

Para las organizaciones sociales

Cuidado con amar demasiado al Estado que te necesita.

Las organizaciones que sostienen el trabajo territorial —las que acompañan diagnósticos, contienen a las personas en sus propias casas, guían a través de burocracias hostiles— tienen un poder real que frecuentemente subestiman. Ese poder se erosiona cuando la alianza con el Estado se vuelve tan estrecha que la organización deja de poder criticarlo. Cuando el activismo necesita que la funcionaria sea "una de los nuestros" para poder trabajar con ella, está reconociendo implícitamente que no tiene garantías institucionales: solo tiene personas. Eso es exactamente lo que el Estado debería resolver, y no lo está resolviendo. La autonomía política —la capacidad de exigir, denunciar y presionar aunque la funcionaria caiga bien— es el activo más valioso que una organización puede proteger.

 

Para los equipos técnicos y de salud

El lenguaje correcto no reemplaza la escucha.

Cuando el moderador técnico interrumpió el calor del encuentro para recordar que "la terminología debe encuadrarse en la capacitación", hizo algo que los campos expertos hacen con frecuencia: utilizó el saber profesional para poner orden sobre el saber experiencial. El problema no es que la terminología importe —importa, y mucho. El problema es creer que capacitar es siempre superior a escuchar. Las personas que viven la epidemia en su cuerpo, que saben por qué alguien va "encapuchado" a hacerse un test, que conocen por qué una mujer no puede negociar el uso del preservativo con su pareja, producen un conocimiento que ningún posgrado certifica pero que ninguna política pública puede ignorar. La jerarquía entre el saber técnico y el saber territorial no es neutral: es también una forma de poder. Y cuando esa jerarquía disciplina el lenguaje del activismo sin aprender de él, la capacitación se convierte en un mecanismo de control disfrazado de formación.

 

 

La escena: un taller que no es sólo un taller

El encuentro que sirve de escenario a este análisis no fue una reunión técnica de transferencia de información epidemiológica. Fue, en términos de Pierre Bourdieu, un campo de fuerzas donde diversos actores negociaron posiciones, capitales y legitimidades bajo la presión de una crisis institucional profunda.

El telón de fondo es bien conocido para quienes trabajan en políticas de salud en el NOA: Salta es la segunda provincia con mayor incidencia proporcional de VIH en el país, con una tasa de diagnóstico tardío del 40% y apenas 36 personas accediendo a la PrEP cuando el umbral mínimo para impacto en salud pública se estima en 1.290. El financiamiento nacional se ha retraído, las secretarías de género han sido degradadas institucionalmente, y las organizaciones de la sociedad civil cubren los vacíos con sus propios cuerpos y sus propias casas —literalmente, según testimonios del taller.

En ese contexto de precariedad extrema, el encuentro cumple una función política que excede lo sanitario: es un ritual de rearticulación de alianzas entre un Estado devaluado y una sociedad civil sobreexigida.

 

Lo que la frase hace: performance, filiación y poder

Cuando Fernando Pequeño Ragone afirma haber visto a la funcionaria en "unas fiestas" y que, tras observar su "performance" y su "movilidad", decidió bautizarla como "la subse trans", está realizando varias operaciones políticas simultáneas que conviene desagregar.

Primera operación: la humanización estratégica del Estado. Al situar el reconocimiento en un espacio informal —la fiesta, el cuerpo en movimiento, la gestualidad festiva—, Pequeño Ragone sustrae a la funcionaria de su rol burocrático y la reubica en el territorio simbólico del colectivo. La Secretaría deja de ser una institución y pasa a ser una persona que "pertenece" o que "entiende desde adentro". Esto no es inocente: en contextos donde el Estado ha fallado sistemáticamente a las comunidades LGBT+, la credibilidad de un funcionario/a depende menos de su cargo que de su legibilidad afectiva para el colectivo.

Segunda operación: la construcción de un pacto de resistencia. La frase no aparece en el vacío. Se pronuncia mientras Pequeño describe a las subsecretarías como "totalmente devaluadas", sin presupuesto, amenazadas por "el discurso conservador que avanza". En ese marco, llamar "trans" a la funcionaria es ofrecerle el capital simbólico más potente que el activismo puede movilizar: la identidad de la resistencia. Es decir, es una forma de decirle: estamos del mismo lado de la trinchera.

Tercera operación: la oferta de militancia como moneda de cambio. No es casual que, inmediatamente después de este bautismo simbólico, Pequeño ofrezca "sus 20 años de militancia de forma desinteresada" a la Secretaría. El circuito es claro: la funcionaria recibe legitimidad identitaria; el activista ofrece experiencia política. Es un intercambio de capitales —simbólico por uno— que busca consolidar una alianza frente a un adversario común: el desfinanciamiento y el conservadurismo.

 

El problema político de apropiarse de una identidad

Hasta aquí, la lectura podría presentar la expresión como un gesto de solidaridad política entre actores afines. Pero hay una tensión que el propio taller puso en evidencia y que merece ser ampliada, porque toca el núcleo de debates centrales en el feminismo y la teoría queer latinoamericana.

El término "trans" no es una metáfora disponible para cualquier uso. Designa una experiencia de disidencia de género que implica, en el contexto argentino y salteño en particular, trayectorias de violencia institucional, exclusión del mercado de trabajo formal, vulnerabilidad habitacional y sanitaria extrema. La Ley de Identidad de Género de 2012 —uno de los marcos más avanzados del mundo— y el Cupo Laboral Trans de 2021 existen precisamente porque esa experiencia requirió décadas de lucha para ser reconocida como sujeta de derechos.

Cuando una persona cisgénero —por más aliada que sea— es bautizada "trans" en función de su performance en una fiesta, se produce un deslizamiento que Diana Maffia denominaría una apropiación del deseo ajeno: se toman los signos visibles de una identidad (el movimiento, la gestualidad, la presencia en espacios de disidencia) y se los desconectan de la experiencia política y corporal que los produce. En términos de Paul B. Preciado, se estabiliza la performance como signo legible sin cuestionar el dispositivo que la hace posible —o imposible— para quienes la viven sin poder quitársela.

Dicho de otro modo: la funcionaria puede "actuar trans" en una fiesta porque su identidad de género cisgénero le permite hacerlo sin las consecuencias que esa actuación tiene para las personas que son trans todo el tiempo, en todos los espacios, incluyendo los hospitales donde —como el propio taller documenta— sufren "trato discriminatorio" y "visibilización forzada de sus diagnósticos en salas de espera".

 

La respuesta técnica como disciplinamiento

Lo más revelador del episodio es lo que ocurre a continuación. Sergio Maulen, el moderador y referente del programa nacional de VIH, retoma las palabras de Pequeño Ragone para "señalar la importancia de la capacitación y la terminología", sugiriendo que incluso las muestras de afecto deben enmarcarse en un proceso de formación continua.

Esta intervención, aparentemente técnica, es en realidad una operación de poder del campo biomédico-sanitario sobre el campo político-activista. El lenguaje afectivo, identitario y vernáculo del activismo —"la subse trans", el bautismo en la fiesta— es reencuadrado bajo la lógica de la capacitación, la terminología correcta, la formación profesional. El saber experto reclama su hegemonía sobre el saber experiencial.

Esto reproduce una tensión estructural bien documentada en las políticas de VIH en Argentina desde los años noventa: las organizaciones de la sociedad civil, que fueron las primeras en responder a la epidemia y que sostienen hoy el trabajo territorial, son reconocidas como aliadas imprescindibles pero, al mismo tiempo, son sometidas a procesos de profesionalización y encuadre institucional que tienden a domesticar sus lenguajes y prácticas. El activismo puede hablar, pero debe hacerlo en los términos del campo técnico para ser escuchado institucionalmente.

 

Sergio Maulen en dialogo con organizaciones

Masculinidades políticas y la gestión del reconocimiento

Hay otra dimensión que el análisis no puede soslayar: la del género del actor que pronuncia la frase. Fernando Pequeño Ragone es un varón cisgénero que lidera una organización de derechos humanos con trayectoria en contextos de encierro. Su bautismo simbólico de la funcionaria no es neutro desde el punto de vista de las masculinidades.

Desde los estudios de Darío Ibarra Casals sobre masculinidades hegemónicas en crisis, puede leerse esta operación como una forma de masculinidad aliada que, sin embargo, reproduce el gesto paternalista de otorgar reconocimiento —de "darle" a la mujer funcionaria una identidad que la legitima ante el colectivo. La funcionaria no se autodesigna: es investida por el varón militante. Ese gesto, aunque bienintencionado, reproduce una asimetría de poder de género que el propio campo del activismo LGBT+ ha señalado repetidamente: la tendencia de los varones aliados a actuar como mediadores del reconocimiento de identidades que no les pertenecen.

 

Recomendaciones para actores políticos

Este análisis no busca desacreditar la alianza política que la expresión intentaba construir. En un contexto de desfinanciamiento, avance conservador y crisis institucional, las alianzas afectivas entre Estado y sociedad civil son necesarias y valiosas. Lo que señala es la necesidad de construirlas sobre bases más sólidas.

Para los funcionarios y funcionarias del área de género y diversidad, la legitimidad ante el colectivo no se construye siendo "bautizados" sino sosteniendo políticas concretas: presupuesto para la Secretaría, implementación real del Cupo Laboral Trans, protocolos de atención no discriminatoria en hospitales, y cumplimiento efectivo de la Ley 27.675 —que el propio taller evidenció que se viola sistemáticamente en exámenes preocupacionales.

Para las organizaciones de la sociedad civil, el desafío es desarrollar marcos de alianza con el Estado que preserven su autonomía política y su lenguaje propio, sin ceder al isomorfismo institucional que convierte el activismo en extensión tercerizada de la burocracia sanitaria.

Y para el campo técnico-biomédico, el imperativo es reconocer que la "terminología correcta" no es un saber neutral: es siempre también una disputa de poder sobre quién tiene autoridad para nombrar, y que la capacitación no puede reemplazar la escucha de los saberes producidos en el territorio por quienes viven la epidemia en su propio cuerpo.

En definitiva, "la subse trans" no es sólo una anécdota de una jornada de capacitación. Es el síntoma de un campo político donde el Estado se sostiene sobre la empatía porque no puede sostenerse sobre el presupuesto, y donde la identidad se convierte en moneda de cambio cuando las instituciones no tienen otra cosa que ofrecer. Leer ese síntoma con rigor no es un acto de frialdad académica: es la condición mínima para construir políticas que no reproduzcan las desigualdades que dicen combatir.

 

Referencias teóricas centrales:

Maffia, D. (2018). Deseo y resistencia.

Barrancos, D. (2010). Mujeres en la sociedad argentina.

Preciado, P.B. (2002). Manifiesto contrasexual.

Ibarra Casals, D. (2019). Masculinidades hegemónicas en Argentina. Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas.

 

miércoles, 20 de mayo de 2026

Taller de Prevención combinada y acceso efectivo a la atención en VIH en la Provincia de Salta

 

Se desarrolló en la Biblioteca Provincia el miércoles 20 de mayo junto a organizaciones de la sociedad civil de Salta, invitadas de Jujuy, la presencia de la Sub secretaria de Género Julieta Valencia; organizada por el Programa “Acción en VIH” para la mejora de vida de las personas con vih. Fue un encuentro dirigido a equipos de Salud y organizaciones sociales.

Este documento sintetiza los hallazgos, datos epidemiológicos y directrices estratégicas discutidos durante las jornadas de capacitación y articulación entre organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la salud y funcionarios gubernamentales en la provincia de Salta. El enfoque central es la implementación de la "Prevención Combinada" y el fortalecimiento de las políticas públicas frente al VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

 

Ver también
Tensiones en torno a la “Sub se Trans”.
Alianzas afectivas y disputas de representación
en un taller de VIH como escenario político


Resumen Ejecutivo

La respuesta al VIH en Argentina, y particularmente en la región del NOA (Noroeste Argentino), atraviesa un momento crítico caracterizado por un aumento en las notificaciones y una preocupante tasa de diagnóstico tardío. Salta se posiciona como la segunda provincia más afectada proporcionalmente, solo detrás de Jujuy. Ante el recorte de recursos nacionales, surge la imperante necesidad de fortalecer la articulación intersectorial y el rol de los municipios a través de la Declaración de París. La transición hacia un modelo de Prevención Combinada —que integra herramientas biomédicas como la PrEP y la PEP con intervenciones estructurales y comportamentales— es la piedra angular de la estrategia 2024-2030 para cerrar las brechas de desigualdad y estigma. Sergio Maulen, director del Programa Nacional “Acción en VIH” brindó datos sobre la situación actual de la epidemia y la atención en salud del vih.

 

Expresiones en el contexto de la salud

En el momento inicial de la capacitación, se identifican varios líderes locales y referentes de organizaciones civiles que presentan sus perspectivas sobre la situación del VIH y las políticas de género en la provincia de Salta:

  • Fernando Pequeño Ragone: Es el presidente de la ONG Miguel Ragone, una organización con un perfil orientado a los derechos humanos que trabaja activamente en temas relacionados con cárceles. En su intervención, manifiesta su fuerte deseo de colaborar de manera desinteresada con la Subsecretaría de Mujeres, Género y Diversidad, aportando su experiencia de más de 20 años en el desarrollo de políticas de género. Expresa su preocupación por el actual discurso conservador y la falta de recursos económicos que enfrentan las subsecretarías, las cuales han sido devaluadas institucionalmente.
  • Nelson López (Referente de Fundación Orgullo Salta): Actúa como uno de los anfitriones y agradece la presencia tanto de los asistentes como de los funcionarios. Su enfoque principal es la necesidad de romper el estigma que aún rodea al VIH. Destaca la importancia de la calidad de la capacitación para que los conocimientos adquiridos puedan ser replicados en otras organizaciones y comunidades.
  • Julieta Valencia Donat (Secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia): Agradece el trabajo diario de las organizaciones sociales, reconociendo que son ellas las que traccionan la demanda y contienen al colectivo ante la ausencia del Estado. Su discurso se centra en la falta de presupuesto nacional, lo cual no ha disminuido las demandas de la comunidad, obligando a gestionar nuevas vías de articulación. Alerta sobre el aumento de enfermedades de transmisión sexual debido a la falta de uso de preservativos y recalca que la capacitación y la toma de conciencia individual son fundamentales cuando los recursos económicos son escasos.
  • Sergio Maulen (Moderador y referente del proyecto): Presenta el marco general de la actividad, que forma parte de un proyecto nacional que abarca nueve provincias. Su objetivo es fomentar una respuesta intersectorial e interministerial al VIH, argumentando que la problemática atraviesa diversas áreas como salud mental, juventud y diversidad, y no debe limitarse únicamente al ámbito clínico.
  • Referente de la Agencia de la Juventud: Interviene para señalar la importancia de trabajar con los adolescentes y jóvenes, quienes muestran interés en estas temáticas, aunque a veces enfrentan el prejuicio "adultocentrista" de quienes programan las capacitaciones sin realizar consultas previas. Menciona el trabajo conjunto con municipios como Orán y Metán y la necesidad de sumar a más localidades a la respuesta.

 

La “Sub se trans”

Fernando Pequeño Ragone utiliza la expresión "subse trans" para referirse a Julieta Valencia Donat, la Secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia, basándose en una percepción de su estilo de gestión y su cercanía con el colectivo.

Las expresiones de Fernando Pequeño

Durante su intervención, Fernando relata que conoció a la funcionaria no solo en su rol institucional, sino también en un contexto informal:

  • La "performance" institucional: Afirma que, tras verla en unas fiestas y observar su desempeño, pensó: "esta es una subsecretaria trans prácticamente".
  • Justificación del apodo: Explica que le otorga este apelativo porque le encantó su "performance" y su "movilidad", lo que le generó "muchísimas ganas de ayudarle" ante el difícil momento que atraviesa el Estado.
  • Reafirmación: Concluye diciendo: "le voy a decir la subse trans porque me encanta", vinculando esta identidad simbólica con la idea de que "el Estado se hace presente" a través de ella.

El mérito en el contexto de filiación y empatía

En el marco de la reunión, estas expresiones tienen un propósito claro de generar un vínculo de confianza y legitimidad política entre la estructura estatal y las organizaciones de la sociedad civil:

  1. Humanización de la función pública: Al mencionar que la conoció en fiestas y resaltar su "performance", Pequeño rompe la barrera formal entre el activismo y la burocracia. Esto busca crear una filiación afectiva, presentando a la funcionaria como alguien que "pertenece" o "entiende" la dinámica del colectivo desde adentro.
  2. Solidaridad ante la crisis: El uso del término ocurre mientras Pequeño describe a las subsecretarías como áreas "totalmente devaluadas", sin recursos y bajo presión de un "discurso conservador que avanza". Llamarla "subse trans" es una forma de empatizar con su vulnerabilidad institucional, posicionándola como una aliada que, al igual que las organizaciones, debe resistir y "traccionar" con poco presupuesto.
  3. Construcción de una "resistencia": Pequeño ofrece su bagaje de 20 años de militancia de forma desinteresada. Su expresión busca sellar un pacto de colaboración donde el Estado no es visto como un ente ajeno, sino como un espacio habitado por alguien con quien el colectivo puede identificarse.
  4. Efecto en el auditorio: Aunque la expresión nace de la empatía, el moderador Sergio luego retoma estas palabras para señalar la importancia de la capacitación y la terminología, sugiriendo que incluso estas muestras de afecto y cercanía deben enmarcarse en un proceso de formación continua.

En resumen, la expresión "subse trans" funciona como una herramienta de validación política y emocional, diseñada para consolidar un frente común entre la ONG Miguel Ragone y la Secretaría de las Mujeres ante un contexto económico y social hostil.

 

 

1. Diagnóstico Epidemiológico y Contexto Regional

El análisis de los datos actuales revela una tendencia creciente de las ITS en el país, con particular incidencia en las provincias de Salta y Jujuy.

1.1. Datos Nacionales y Locales

  • Población Estimada: Se estima que 140.000 personas viven con VIH en Argentina.
  • Brecha de Diagnóstico: Un 13% de estas personas (aproximadamente 20.000) desconoce su diagnóstico.
  • Aumento de Casos: Las notificaciones anuales subieron de 5.500 a 6.900 casos recientes. A diferencia del resto del mundo, en Latinoamérica los casos están en aumento.
  • Sífilis: La tasa nacional es de 93 por cada 100.000 habitantes, pero en mujeres jóvenes (15 a 35 años) la cifra asciende a casi 200, lo que ha derivado en un incremento de la sífilis congénita.
  • Situación en Salta: La tasa de diagnóstico tardío es del 40%, mientras que un 26% de los pacientes llega con enfermedad avanzada.

1.2. Desafíos en la Calidad de la Información

Existe una falla en la carga de datos por parte de los profesionales. En Salta, el 77% de los pacientes presenta carga viral indetectable, pero este dato solo representa al 56% de las personas en el sistema público; del resto se carece de información actualizada.

 

2. El Modelo de Prevención Combinada

La prevención ya no se limita al uso del preservativo. El modelo actual propone una "canasta de opciones" o un "traje a medida" según la autonomía y el riesgo de cada individuo.

2.1. Intervenciones Biomédicas

Incluyen las herramientas farmacológicas para prevenir la transmisión:

  • PrEP (Profilaxis Pre-Exposición): Uso de medicación antes de la exposición. En Salta, solo 36 personas acceden a ella, cuando el objetivo estimado para impactar en la salud pública debería ser de 1.290 personas.
  • PEP (Profilaxis Post-Exposición): Medicación de emergencia tras una situación de riesgo (accidentes laborales, violaciones o sexo consentido sin protección). Debe iniciarse idealmente en las primeras 6 horas y no más allá de las 72 horas.
  • TasP (Tratamiento como Prevención): Una persona con carga viral indetectable no transmite el virus (I=I).
  • Doxy-PEP: Uso de doxiciclina (200 mg) dentro de las 72 horas posteriores al sexo para prevenir sífilis y clamidia. Indicado principalmente para hombres que tienen sexo con hombres y personas trans con múltiples parejas.

2.2. Intervenciones Estructurales y Comportamentales

  • Estructurales: Eliminación de leyes punitivas, reforma de políticas de género, lucha contra el estigma en hospitales y mejora de determinantes sociales (vivienda, alimentación).
  • Comportamentales: Educación Sexual Integral (ESI) y fomento de la autonomía corporal. Se critica el "adultocentrismo" en el diseño de capacitaciones que ignora las demandas reales de jóvenes y pueblos originarios sobre diversidad sexual.

 

3. Barreras Críticas e Institucionales

Se identifican obstáculos sistémicos que impiden una respuesta efectiva:

Barrera

Descripción

Estigma en Salud

Trato discriminatorio hacia personas trans y trabajadores sexuales; visibilización forzada de diagnósticos en salas de espera.

Adultocentrismo

Prejuicio de los adultos que programan capacitaciones evitando temas de diversidad, a pesar del reclamo de los adolescentes.

Crisis de Recursos

Desfinanciamiento nacional, falta de reactivos para CD4 y carga viral, y degradación de secretarías a subsecretarías.

Burocracia en Testeo

Persistencia de pedidos de VIH obligatorios en preocupacionales (prohibido por Ley 27.675) y falta de espacios de consejería privados.

Salud Mental

Ausencia de dispositivos de acompañamiento post-diagnóstico y vulnerabilidad psicológica ante la crisis económica.

 

4. El Rol de los Municipios y la Sociedad Civil

Ante el retiro del Estado Nacional, la articulación local es vital.

  • Red de Municipios Comprometidos: Se busca que más intendencias firmen la Declaración de París. Actualmente en Salta, solo Orán y Metán han formalizado este compromiso.
  • Responsabilidad Municipal: Los municipios deben ser creativos para financiar salud, transporte para pacientes y asesoramiento sobre pensiones no contributivas (Art. 22 de la Ley 27.675).
  • Sociedad Civil como Puente: Las ONG (como Fundación Orgullo, Activando Saber y Red Ragone) cubren los baches donde el Estado no llega, realizando trabajo comunitario en el territorio y acompañando a las personas en la "burocracia del sistema".

 

5. Programa de Capacitación 2024

Se anuncia un programa integral de formación con las siguientes características:

  • Duración: Junio a noviembre (60 horas reloj).
  • Modalidad: Virtual sincrónica con actividades prácticas territoriales.
  • Aval Académico: Certificación universitaria con nivel de posgrado para profesionales de salud.
  • Contenidos: Marco normativo (Ley 27.675, Ley de Identidad de Género), ética, adherencia al tratamiento y actualización en PrEP/PEP.
  • Docentes: Figuras de trayectoria nacional como Mariana Ceriotto y Marcelo Vila.

 

6. Citas y Testimonios Relevantes

"El prejuicio es de los adultos que programamos las capacitaciones; no pusimos diversidad pensando que sería problemático y los adolescentes de pueblos originarios nos reclamaron por qué no estaba ese tema."

"Si aumenta la sífilis, que es mucho más fácil de transmitir, va a aumentar el VIH. No es difícil adivinar qué pasa cuando caen las políticas preventivas junto con los recursos."Dr. Sergio Maulen.

"En Salta somos segundos en incidencia nacional. La capacitación es fundamental porque, aunque Nación haya cortado el presupuesto, las demandas no se han cortado; al contrario, se incrementan."Julieta Valencia Donat, Secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

"El objetivo del testeo hoy no es solo ver si da positivo, sino hacer evaluación de riesgo. Si una persona da negativo pero tiene riesgo incrementado, el sistema debe ofrecerle PrEP inmediatamente."

 

7. La opinión de las organizaciones

El momento de la dinámica de integración y participación de las organizaciones se consolida tras la presentación técnica del Dr. Maulen, cuando los asistentes se dividen en grupos para responder a una ficha de trabajo centrada en la realidad territorial del VIH.

A continuación, se detallan las intervenciones sobre las problematizaciones de la situación del VIH en Salta y sus interlocutores:

7.1. Falta de compromiso y barreras en el sistema de salud

Una representante que pertenece a un organismo público y trabajó junto a otra organización identificó barreras críticas en el sector sanitario:

  • Desinformación y falta de compromiso: Existe una carencia de formación específica en muchos sectores de salud para abordar el VIH de manera integral.
  • Vulneración de la confidencialidad: Señalan que el manejo de los diagnósticos sigue siendo un problema grave, lo que genera desconfianza.
  • Prejuicios institucionales: Persiste una mirada prejuiciosa que actúa como barrera de acceso para las personas del colectivo.

7.2. Salud Mental y condiciones estructurales

Una referente (vinculada al grupo anterior) enfatizó que la salud mental es el eje más urgente:

  • Exposición al riesgo por vulnerabilidad: Las condiciones de vida "golpeadas" y la falta de proyectos a futuro llevan a situaciones de consumo (alcohol y drogas) que aumentan la exposición a prácticas de riesgo.
  • Necesidad de alojamiento: Se destacó que las instituciones a menudo no "alojan" emocionalmente a los pacientes, lo que obliga a las organizaciones a usar sus propias casas para brindar atención y contención.

7.3. Estigma en el testeo y violencia

Guadalupe y Sergio (integrantes del programa de VIH que realizan trabajo de terreno y pertenecen a Orgullo Salta) compartieron experiencias directas sobre el estigma:

  • Miedo a ser vistos: Relatan que la gente a menudo se acerca a los testeos "encapuchada" o evita que los vean por temor al juicio social.
  • Reacciones negativas ante el resultado: Existe un fuerte desconocimiento que deriva en reacciones de negación o miedo ante un resultado reactivo.
  • Violencia de género: Identifican que muchas personas (especialmente mujeres) no pueden usar preservativos porque sus parejas se niegan o ejercen violencia, lo que anula la capacidad de prevención individual.

7.4. Invisibilidad de la población en situación de calle

Eduardo y Fernando (referentes de Asoc Trébol y Asoc Ragone) centraron su problemática en los sectores más marginados:

  • Circuitos de supervivencia: Señalaron que jóvenes y adultos en situación de calle (por ejemplo, en el Parque San Martín) viven una "vida paralela" donde buscan comida y ropa, pero su salud sexual y vinculación con centros de salud son inexistentes.

7.5. Crisis de recursos y desabastecimiento

Otros interlocutores de organizaciones de Salta subrayaron la precariedad material:

  • Falta de insumos: Se denunció la escasez de preservativos, reactivos para testeos y, lo que es más grave, la falta de reactivos para estudios de carga viral y CD4 (necesarios para el seguimiento del tratamiento).
  • Impacto económico: La crisis económica actual fue mencionada como un factor que "engloba" y profundiza todas las demás problemáticas de acceso a la salud.

7.6. Incumplimiento de la Ley 27.675

Varios referentes, incluyendo a Nelson (de Orgullo Salta) y otros activistas, problematizaron el incumplimiento de la nueva ley:

  • Exámenes preocupacionales: A pesar de la prohibición legal, denuncian que municipios, secretarías y empresas privadas (especialmente en minería) siguen exigiendo el test de VIH para el ingreso laboral.
  • Falta de reglamentación local: Se mencionó con preocupación que la provincia aún no ha adherido o implementado plenamente todos los aspectos de la ley nacional de respuesta integral.

 

 

8. Conclusiones y Próximos Pasos

  1. Reactivación de la Red de Municipios: Fomentar que nuevas localidades de Salta se sumen a la respuesta integral.
  2. Universalización del Testeo de Rutina: Incorporar el VIH en el laboratorio de rutina junto con el colesterol y el hemograma para normalizar la prueba y reducir el estigma.
  3. Fortalecimiento de la Salud Mental: Garantizar que el diagnóstico vaya acompañado de un dispositivo de escucha y no solo de la entrega de un resultado.
  4. Cumplimiento Normativo: Denunciar y erradicar la exigencia de pruebas de VIH en exámenes preocupacionales y controles laborales anuales.

 

Qué es la “Declaración de París”

La Declaración de París es un compromiso político global impulsado por ONUSIDA, la Asociación Internacional de Proveedores de Atención al Sida (IAPAC) y otros organismos internacionales, diseñado para acelerar la respuesta local frente al VIH y poner fin a la epidemia de sida en las ciudades para el año 2030.

Su lógica fundamental es que, dado que gran parte de la epidemia se concentra en centros urbanos, los gobiernos locales tienen una capacidad única para implementar intervenciones rápidas y efectivas.

¿En qué consiste la Declaración?

El núcleo de esta iniciativa se basa en alcanzar los objetivos 95-95-95 (evolución de los anteriores 90-90-90):

  1. 95% de las personas con VIH conozcan su estado serológico.
  2. 95% de las personas diagnosticadas reciban tratamiento antirretroviral continuo.
  3. 95% de las personas en tratamiento alcancen la carga viral suprimida (lo que garantiza que el virus no sea transmisible y mejore la salud del paciente).

Compromisos clave:

  • Enfoque centrado en la persona: Eliminar el estigma y la discriminación, garantizando que el acceso a la salud sea inclusivo.
  • Acción local: Movilizar a los líderes municipales para coordinar servicios sanitarios, organizaciones de la sociedad civil y otros sectores (educación, transporte, vivienda).
  • Respuesta rápida: Adaptar los servicios a las necesidades de las poblaciones clave y vulnerables en el territorio.

Implementación en Argentina

En Argentina, la adhesión a la Declaración de París es una estrategia que los municipios y provincias firman de forma voluntaria para integrar sus políticas locales con los estándares internacionales.

Características de su implementación:

  • Red de Ciudades: Diversas jurisdicciones (como Jujuy, Mendoza, Santiago del Estero y varios municipios de Buenos Aires, entre otros) han formalizado su adhesión. Al firmar, las autoridades se comprometen a fortalecer la detección temprana y el acceso al tratamiento.
  • Articulación Sanitaria: La implementación suele realizarse mediante la creación o el fortalecimiento de Centros de Promoción, Asesoramiento y Testeo (CEPAT). Estos centros descentralizan el diagnóstico, permitiendo que las personas accedan a pruebas rápidas, confidenciales y gratuitas en su propia comunidad.
  • Monitoreo y Seguimiento: Las ciudades adheridas trabajan en conjunto con los Ministerios de Salud provinciales y ONUSIDA para realizar relevamientos periódicos sobre el progreso hacia los objetivos, ajustando las estrategias de terreno (como operativos en barrios o campañas de concientización) según los resultados obtenidos.
  • Enfoque Intersectorial: Se promueve que el problema del VIH no sea tratado solo como un tema médico, sino como un desafío social, integrando a equipos de asistencia social, educación y organizaciones de la sociedad civil.

El desafío actual

A pesar de estos compromisos, los datos más recientes indican que Argentina aún enfrenta retos significativos, como el diagnóstico tardío, que en varias provincias supera el 50% de los casos detectados. Por ello, la Declaración de París en el país se utiliza como una herramienta técnica para intensificar los "rastrillajes" (búsqueda activa de casos) y mejorar la retención de los pacientes en el sistema de salud.

 

El enfoque político de la “Declaración de París”

La "Declaración de París" a la que te referías inicialmente (la de 2014) no debe confundirse con la Cumbre de París de 1994, que fue un antecedente histórico importante pero de naturaleza distinta. Es fundamental distinguir ambos hitos para entender su génesis política:

1. La Declaración de París (2014): "Acción Acelerada en las Ciudades"

Esta es la que articula las estrategias actuales contra el VIH. Su surgimiento político tiene una lógica de descentralización y pragmatismo:

  • El contexto: Para 2014, ONUSIDA detectó que una gran parte de las nuevas infecciones a nivel mundial ocurría en entornos urbanos específicos. La estrategia global hasta ese momento era predominantemente nacional o estatal, lo que a menudo resultaba insuficiente para llegar a las poblaciones clave dentro de las grandes metrópolis.
  • El giro político: Se entendió que los alcaldes y gobiernos locales tenían una cercanía con el territorio que los gobiernos nacionales no poseían. La declaración surge como un pacto para "empoderar" a las ciudades, permitiéndoles liderar sus propias respuestas frente al sida adaptadas a su realidad demográfica y social.
  • Actores clave: Fue impulsada por ONUSIDA, la IAPAC (Asociación Internacional de Proveedores de Atención al Sida) y ONU-Hábitat, con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, como anfitriona y líder principal. El objetivo fue crear una red global de "ciudades de vía rápida" (Fast-Track Cities) que compitieran y colaboraran entre sí para alcanzar los objetivos 90-90-90 (hoy 95-95-95).

2. La Cumbre de París sobre el SIDA (1994): El antecedente fundacional

Cuando se habla de los orígenes históricos del compromiso político contra el VIH en París, se hace referencia a este encuentro de 1994.

  • El contexto: Era una etapa de mucha mayor vulnerabilidad, donde la respuesta global era desarticulada y existía una discriminación sistémica masiva contra las personas que vivían con VIH.
  • El giro político: Fue la primera vez que 42 jefes de gobierno se reunieron formalmente para admitir que el VIH no era solo un problema sanitario, sino un problema de desarrollo y derechos humanos.
  • Legado: Esta cumbre fue decisiva para la creación de ONUSIDA (que nació poco después, en 1996), unificando los esfuerzos de distintas agencias de la ONU que antes trabajaban por separado. Fue el primer gran "acuerdo de estado" donde los líderes mundiales reconocieron su deber político de proteger a las personas con VIH frente a la discriminación laboral y social.

Diferencias Clave

Aspecto

Cumbre de París (1994)

Declaración de París (2014)

Nivel de actores

Jefes de Estado / Gobiernos Nacionales

Alcaldes / Gobiernos Locales

Enfoque

Derechos Humanos y creación de ONUSIDA

Acción Acelerada (Fast-Track) y metas técnicas

Objetivo

Reconocimiento global de la pandemia

Eliminación de la epidemia para 2030

En resumen, la "Declaración" actual (2014) es una herramienta de gestión operativa que traslada la voluntad política de las grandes cumbres de los años 90 a la escala municipal, donde la intervención es más directa y eficiente.

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