lunes, 19 de octubre de 2026

Mapa de la espacialidad migrante. En "LA VIRG! del monte a Lanús"

Biografía política de Virginia Caldez · Aparato final

Mapa de la espacialidad

Seis lugares y tres viajes entre Salta y Buenos Aires, que están a unos 1.280 km en línea recta. Tocá un lugar para ver qué pasa ahí.

El mapa interactivo necesita JavaScript. Lugares: El Crestón (Salta), Los Pozos (Anta, Salta), San José de Metán, Bosques de Palermo, Hotel Gondolín (Villa Crespo) y Lanús. Viajes: 1.ª migración (Salta a Buenos Aires), regreso (a Metán) y 2.º exilio (de Metán a Lanús).

Ubicación precisaUbicación aproximadaViaje

Los tres viajes

1.ª migración
De Salta a los Bosques de Palermo y el Hotel Gondolín.
Regreso
De Buenos Aires a Metán.
2.º exilio
De Metán a Lanús, con paso por Red Puentes y la Mocha Celis.

Es un esquema sin mapa base: cada recuadro tiene su propia escala y su propia cuadrícula (10 km en Salta, 2 km en Buenos Aires). Los Pozos es una ubicación aproximada, tomada de la zona del Parque Nacional El Rey. Cada lugar se abre en Google Maps en una pestaña nueva.

sábado, 15 de agosto de 2026

Crónica de Tiara Virginia Caldez, entre el monte y el cupo

Un día, por error, Virginia le preguntó a una inteligencia artificial quién era. La máquina contestó con una lista de denuncias: acoso, esto, aquello. Nada del resto —el trabajo conseguido en Lanús, las amigas nombradas una por una, la reparación histórica que reclama para sus compañeras mayores, la fe con la que mira el presente— entró en esa respuesta. Solo el archivo de lo que le hicieron. Virginia pidió que se removiera ese dato. Pidió que se dijeran, en cambio, "otras cosas bonitas". No fue un capricho: fue la instrucción editorial más clara de toda la conversación, dada sin saber que la estaba dando. Esta crónica nace de esa escena y de la pregunta que deja abierta —quién decide de qué está hecha la biografía de una travesti— y se propone como una respuesta posible: no el prontuario que ofreció el algoritmo, sino el relato completo de una mujer que decidió ser otra cosa.

VOLVER A EMPEZAR

Crónica de Tiara Virginia Caldez, entre el monte y el cupo

 

Por Fernando Pequeño Ragone,
Agosto de 2026. 
Generado con asistencia de IA: Gemini + Claude. 

 

Esta crónica nace de una conversación con Virginia sobre su presente en la Subsecretaría de Género y Diversidades de Lanús. Para entender ese presente hizo falta, primero, recordar pasajes de nuestras charlas en un “mundo anterior”.

Ilustración 1 25 ene 2023. En paraje El Mollar, próximo a El Sunchal, tierra natal de Virgi.
Ver https://www.youtube.com/watch?v=nM9pHrsjTbY

En el contexto de esta conversación,
la amiga “Virgi” dijo:

Quiero recordar siempre a mi madre con una sonrisa  que me hizo revolucionaria y fuerte feminista, a  mi abuelo que me enseñó a ser noble ante la adversidad,  porque el murió siendo gaucho y jamás cuestionó mi homosexualidad es más me apoyó y respetó y a él nadie le enseñó nada porque en aquellos tiempos hasta mí me costaba comprender lo que sentía.

Todo lo que hoy soy es por ellos.

Hoy siento que vale la pena ser trans. Nadie debe hablar por nosotras. Todas tenemos que armar un mundo donde no tenga lugar la violencia en todas sus formas con nuestros pedacitos de historias.

 

Hay una frase que Virginia repite de distintas formas a lo largo de toda la conversación, como quien vuelve una y otra vez al mismo lugar aunque tome caminos distintos para llegar: volvemos a empezar. La dice para hablar de un trabajo perdido, de una ciudad abandonada, de una adicción vencida, de una vida entera rearmada más de una vez desde cero. Y sin embargo no la dice con resignación. La dice como quien enuncia un método. Ese es el nudo del que está hecha toda esta historia: una mujer a la que le sacaron, sucesivas veces, el lugar donde pararse —el trabajo, el pueblo, algunas de sus amigas más queridas— y que en cada pérdida decidió no quedarse en el relato de lo que le sacaron, sino ocuparse de lo que construía después. "En la calle no se muere", dice en un momento, "en la calle se lucha." Esa distinción, entre la muerte que se espera de una travesti pobre del interior y la lucha que ella eligió protagonizar, es la columna que sostiene todo lo que sigue.

La conversación con Virginia ocurre, en el presente, enfocada en Lanús. Ahí trabaja hoy, en la Subsecretaría de Género y Diversidades del municipio, con horario, con recibo de sueldo y con una rutina que ella describe casi como un descubrimiento: dormir de noche, vivir de día, tener con quién hablar en un pasillo a media mañana. Lanús es, en su relato, el lugar donde el cupo laboral trans dejó de ser una ley en un papel para convertirse en una puerta que se abre todas las mañanas. Pero para entender lo que significa esa puerta hace falta conocer también el otro extremo del mapa: San José de Metán, el pueblo del interior salteño donde Virginia tuvo su primer trabajo formal, antes de que existiera ningún cupo, y donde tuvo también su primera expulsión, la de un intendente que la dejó afuera de un día para el otro. Entre Metán y Lanús no hay solamente kilómetros: hay una distancia de derechos, la misma que separa a una travesti tolerada de una travesti con salario. Virginia caminó esa distancia más de una vez, yendo y viniendo, antes de que Buenos Aires terminara por darle lo que Salta todavía le debe.

El Crestón, antes de todo

Virginia se presenta con el nombre completo, como quien firma un documento: Tiara Virginia Caldés, del barrio El Crestón, feminista, peronista, "artista nata y de corazón". Dice que siempre le gustó la política, que tiene "un corazón noble" y que es "fuego puro" porque nació bajo el signo de Aries. Y ahí mismo, sin pausa dramática, sin anunciarlo como una confesión, agrega lo otro: "Me auto percibo travesti. Trans." Lo dice en el mismo tono con el que dijo lo del barrio y lo del corazón noble, como un dato más de una identidad que no jerarquiza entre lo político, lo artístico y lo sexo-genérico. El Crestón es el primer territorio de esta historia, el lugar de origen antes de cualquier viaje.

 [1] "Bueno, este, hola, me llamo Tiara Virginia Caldés, soy del barrio El Crestón, siempre feminista, peronista, artista nata y de corazón, ya te dije. Y siempre me gustó incursionar en la política, tener llegada al más necesitado. Tengo un corazón noble. Soy del signo Aries. Soy fuego puro. Me auto percibo travesti. Trans."

Ilustración 2 Ver https://www.youtube.com/watch?v=ScRp6huCoVc

De ahí en más, la vida de Virginia se cuenta, durante un buen tramo, en trabajos y en pérdidas de trabajo. Hace diez, once, doce años, recuerda, no existía el cupo laboral trans en ningún lado. El municipio de Metán le dio, sin embargo, una oportunidad: empezó a trabajar de forma administrativa, "de un día para el otro". Duró lo que duró esa gestión: un intendente la dejó sin trabajo y tuvo que volverse a Buenos Aires. Fue la primera vez que Virginia tuvo que elegir entre las pocas puertas que un pueblo del interior le dejaba abiertas a una travesti sin cupo: "verdulera, si sos peluquera, si has hecho un curso, si sabes algo de enfermería." O la ruta.

 [2] "Nos remontamos a 10, 12, 11 años atrás, cuando no existía el cupo laboral trans. El municipio de Metán me dio una gran oportunidad y comenzé a trabajar de forma administrativa, no por laboral, sino antes y de un día para el otro. Este, un intendente de Metán me dejó sin trabajo y me volví a Buenos Aires porque no están siempre las oportunidades para una trans. O verdulera o si sos peluquera, si has hecho un curso o si sabes algo de enfermería o por si estudiaste, no hay otra. Sí o sí tenés que empezar desde abajo, vender, y si te gusta, ruta 34."


Los bosques, el Gondolín y las que ya no están

Virginia hizo su transición en Buenos Aires. Trabajó en los bosques de Palermo, en una zona que nombra con una ironía sin amargura, "Tiempos de Oro", donde el servicio sexual costaba cincuenta y cien pesos y una volvía a su casa con la cartera llena de esos billetes, guardando para lo que llama "operaciones costosísimas". Habla de esa época sin golpe de pecho impuesto desde afuera: la nombra como trabajo, como una economía que existió y que ella sostuvo. Y en esa misma época, dice, vivió también sus mejores momentos, en el Hotel Gondolín, con amigas —"amigas que están, amigas que no están"—, en frases cortas que dejan pasar, sin detenerse demasiado, un cementerio propio que dice cargar en la cabeza: compañeras que hoy deberían estar vivas y que se las llevó, dice, "la TC", los inviernos crudos, el alcohol, las drogas.

 [3] "Eh, mi transición la hice acá en Buenos Aires. Fui, trabajé en los bosques de Palermo, Tiempos de Oro, donde el servicio sexual costaba 50 y 100. Vos te llegabas a tu casa la cartera llena de billetes de 50 y 100 y todo eso lo ibas guardando, acumulando para hacerte operaciones costosísimas. ¿Qué activista social? Activista y militante social. Y me tocó vivir mis mejores tiempos en el Hotel Gondolín, donde así pasé con grandes amigas, amigas que están, amigas que no están. Momentos que quedarán grabados en la rutina de mis ojos. También pienso que en mi cabeza hay como un cementerio de chicas que murieron, que realmente hoy tendrían que estar vivas, que se la llevó la TC, se la llevó en unos crudos inviernos, se la llevó el alcohol, se la llevó las drogas."

 


Ella misma se vio complicada con las drogas y el alcohol, cuenta, en lo que llama "ese sistema prostituyente, prostibulario", la zona roja liberada que, según describe, "te ofrece un abanico de muchas oportunidades" para perderse. Hasta que pudo decir basta. Se reconoció adicta y volvió a Metán. La salvó, dice, el amor de la familia, volver a reunirse con ellos. "Acá estoy con vida."

 

 

[4] "Gracias a Dios me pude dar cuenta, este, a estar complicada ya con las drogas, con el alcohol, todo lo que ese sistema, eh, prostituyente, prostibulario, no sé cómo llamarlo, esa zona roja liberada te ofrece, que es un abanico de muchas oportunidades. Eh, yo pude decir basta, me reconocí, este, adicta, y dije: no. Y me salvó volverme a Metán, me salvó el amor de mi familia, volver a reunirme con ellos, y acá estoy con vida."

Volver a empezar, otra vez

La vuelta a Metán no duró para siempre. Consiguió, esta vez, un nuevo puesto bajo la gestión de quien nombra como el entonces licenciado, ahora doctor, Fernando Romeri. Pero cuando asumió otro mandato el intendente Isa, la corrió, y Virginia se encontró de nuevo frente a la misma pregunta que ya se había hecho una vez: quedarse en un pueblo que no ejecutaba el cupo laboral trans, o volver a Buenos Aires, donde sí se aplicaba. Eligió volver. Y ahí, dice, se puso en juego todo de nuevo: "o soy prostituta, vuelvo a la droga, vuelvo al alcohol, vuelvo a la violencia en todas sus formas... o busco un puesto laboral." Esta vez optó distinto. Empezó a trabajar —más que trabajar, dice, a "estar", a "cuidar"— en Red Puentes, a cambio de comida y techo, todavía sin sueldo. Ahí compartió con chicas en situación de calle, en situación de extrema vulnerabilidad, atadas al alcohol y al consumo problemático, con personas que atravesaban problemas psiquiátricos. Y en ese compartir, dice, se encontró a sí misma. Empezó terapia, se sostuvo en la Mocha Celis, y nunca bajó los brazos hasta encontrar, por fin, el cupo laboral en Lanús.


[5] "Anteriormente te contaba que obtuve, ¿no?, bajo el mandato del señor licenciado, del doctor, ahora doctor Fernando Romeri. Y después, este, resistí, cuando entró en otro mandato el señor Isa, el señor Isa me corre y, bueno, tuve que volverme acá a Buenos Aires, volverme a Buenos Aires, y no me quedaba en Metán porque allá no se ejecuta el cupo laboral trans. En cambio, acá en Buenos Aires, sí. Y cuando yo llegué a Buenos Aires dije: o soy prostituta, vuelvo a la droga, vuelvo al alcohol, vuelvo a la violencia en todas sus formas, todo lo que esta zona te ofrece. O busco un puesto laboral, o qué hago. No, opté por estar, por cuidar. Pensé en mí y comencé a trabajar, por primera vez, para tener comida y techo, en Red Puentes. Bueno, no trabajaba, pero, bueno, la cosa es que vivía, y así pude compartir con chicas que están en situación de calle, en situación de extrema vulnerabilidad, atadas por el alcohol, por la situación de calle, por el consumo problemático. También compartí con personas que estaban con problemas psiquiátricos y pude encontrarme, ¿no?, yo a mí misma. Y no había días que pensaba en mí, que pude ver, desde la otra vereda, que la vida vale, que nadie se salva solo y que la vida me regalaba otra oportunidad, donde pude reconocerme trans, que me vi abatida, que me sentí desesperada, y al estar con otras personas y ver que sus vidas, sus historias —porque cada persona carga una historia— eran más fuertes, yo me sentí que lo mío, allá, atolondrada, hacían puentes. Tomé la vida, ¿no?, de mi salud mental: hice terapia, amalgamada con la Mocha Celis, pero nunca bajé los brazos, siempre busqué trabajo y encontré, en Lanús, el cupo laboral." 

[6] "Cupo laboral trans salvavida."


Las que nombra

"Siempre he militado, siempre he estado presente en las luchas. Mi lucha es intensa, mi lucha es fervorosa", dice Virginia, que vuelve una y otra vez a nombrar su pueblo de origen antes de nombrar a nadie más.

[7] "Siempre he militado, siempre he estado presente en las luchas. Mi lucha es intensa, mi lucha es fervorosa. Vengo de un pueblo precisamente de San José de Metán."

Hay un momento, después, en que Virginia deja de hablar de sí misma y empieza a nombrar a otras. Dice que necesita nombrar a las chicas de Ni Una Menos, a Lucy Caballero, a las históricas, a la Mocha Celis, al Gondolín. Nombra a Han Nair y a Jennifer López, amigas trans; a Delfín Navarro; a Marixa Acevedo, a quien llama "la abuelita del Hotel Gondolín". Lo hace, explica, porque nadie se salva solo: esas amigas le prestaron su hogar, su tiempo, su plata, su comida, su ropa, "todo lo que un par le brinda a otro par". Y agrega, sin idealizar, que no todas las travestis son así con una. No todas.

[10] "...Fueron parte de mi proceso. Este, las chicas de Ni Una Menos, quiero nombrar y necesito nombrar a Lucy Caballero. Eh, quiero nombrar a las históricas. Quiero nombrar a la Mocha Celis. Necesito nombrar al Gondolín. Necesito nombrar a dos personas importantes, tres, en mi vida: Han Nair, amiga trans; Jennifer López, amiga trans; Delfín Navarro; Marixa Acevedo, la abuelita del Hotel Gondolín. Porque si nadie se salva solo, estas amigas trans fueron personas que estuvieron a mi lado y que me acompañaron en este proceso, que me prestaron su hogar, que me prestaron su tiempo, que me apoyaron con dinero, con comida, con prendas, con todo lo que un par le brinda a otro par. No todas las travestis son así con una. No todas."

Nombra también su militancia orgánica: el MTA, Movimiento Travesti Trans Argentino, donde milita junto a Sherles Lescano. Dice que conoció la casa de Diana Sacayán y que le está muy agradecida por el camino que le abrió. Y ahí suelta la frase que mejor resume su manera de estar en el mundo: "en la calle no se vive, en la calle no se muere, en la calle se lucha."

[11] "He militado fuertemente también con MTA, Movimiento Travesti Trans Argentino, donde está Sherles Lescano. Conocí la casa de Diana Sacayán, con la cual estoy muy agradecida en este camino que voy transitando. Esta nueva Virginia es un éxito, y quiero decir que en la calle no se vive, eh, en la calle no se muere, en la calle se lucha."

 

El cupo, salvavidas

Del cupo laboral trans, Virginia habla como quien habla de una medicina. Dice que su caso, el de una trava del noroeste, es clave, aunque enseguida se corrige: no quiere ponerse de ejemplo, quiere que su situación sea testimonio para otras. Quiere que su paso por esta vida deje, dice, "un granito de arena" para las generaciones que vienen. Y advierte, con la voz que se le endurece en ese tramo, contra el discurso que reduce el reclamo travesti a un capricho: "es muy fácil decir, ay, las travas piden y piden y piden." Después de años de leyes que llegaron tarde, dice, ahora hay funcionarios —"este pseudointendente, este pseudo presidente"— que quieren tacharlas, negarlas, derrocar lo conseguido. "No lo vamos a permitir."

[12] "Siento que el cupo, el cupo laboral trans, en mi caso, de allá del noroeste, mi caso es clave y soy ejemplo para otras. No, no me quiero poner de ejemplo, quiero que mi situación sea testimonio para otras personas. Quiero que mi paso por esta vida deje un granito de arena para la construcción de las generaciones venideras. Es que el cupo laboral trans es salvavida, porque es muy fácil decir "ay, las travas piden y piden y piden": le generan leyes y a nosotras nos tuvieron muy olvidadas, muy encorsetadas, muy tachadas, y por fin que nos dieron leyes, viene este pseudointendente, este pseudopresidente, y quiere tacharnos, quiere negarnos, quiere derrocar todo esto. De hecho, no lo vamos a permitir."

Hay algo más, en ese tramo de la conversación, que dice casi al pasar y que sin embargo pesa. Cuenta que ha escuchado, muchas veces, cómo las llaman: "las maricas, los putos." Y dice que esas mismas palabras, las que buscaban humillarla, terminaron por hacerla más fuerte. Su militancia, explica, no viene de la persecución de la dictadura —no le tocó vivir esa época, dice, ella viene "de una generación más acá, más abajo, como la cola de esa generación"—, pero es depositaria de esa memoria, y por eso pide, ya, reparación histórica para sus compañeras mayores. Sabe que en diez años más ella también va a ser una de ellas. Por eso insiste en que no alcanza con un trabajo formal si ese trabajo no viene acompañado de respeto: "no sos trava, sos humana", dice que le dicen, y en esa frase deja ver que la inclusión, para ser completa, todavía tiene una asignatura pendiente —que no haga falta dejar de ser trava para ser tratada como humana.

[16] "He escuchado también, por ahí, de persona: 'ay, las maricas, los putos'. Vos verás cómo lo ponés. Marica, si lo dicen, los raros, los putos... hablá como yo te hablo, escuchalo. Quieren todo. Claro. [Se ríe]."

[17] "Escuchado, quieren todo, las maricas, los putos, pero les das una pala, quieren todo, servidor, y no es así. Mi militancia al lado de las históricas es porque yo, si bien no vengo de esa persecución, de aquellas muertes que pasaron mis maestras, adultas mayores trans, que fue en el golpe cívico militar, sino que vengo de una generación más acá, más abajo, como la cola de esa generación, hoy hago un acompañamiento y pido reparación histórica ya para mis compañeras, porque en diez años más yo voy a ser una de ellas. Voy a ser una de ellas. Y nosotras, las chicas tan grandes, estamos en otros tiempos, viviendo otras historias: no nos quedamos con el pasado, no miramos hacia atrás, volvemos a empezar, volvemos a empezar, volvemos a empezar. Tantas veces hemos vuelto a empezar que ya hemos naturalizado el volver a empezar, y yo digo que como trava somos muy fuertes. Más fuerte nos hizo esa palabra... hasta que no nos gritaron. Bueno, todas esas palabras nos hicieron más fuertes."

[19] "Y hoy, gracias a Dios, trabajo en la Subsecretaría de Género y Diversidades de Lanús. Puedo asistir a trabajar contenta. Estoy en continua capacitación. Sigo militando fuertemente. Tengo muchos planes. Me siento íntegra, con salud, con proyecto, teniendo un salario mínimo, vital, móvil. Y si algo quiero decir es que seguiremos trabajando, seguiremos más fuerte, pero yo, como travesti, no me quiero morir luchando, y voy a pedir siempre, fuertemente, reparación histórica. Ya. Porque yo veo que todos los días se va muriendo una de mis pares mayores y no llegaron ni a tener un salario mínimo vital móvil. Hay mucha prostitución, hay muchas drogas, y un trabajo formal que es salvavida, porque es fácil decir "ay, tengo un trabajo en blanco", pero no sos trava, sos humana, no te tratan mal, no te tratan diferente... pero a nosotras las trans nos sigue siendo complicado. Mi testimonio es que el trabajo del cupo laboral trans te cambia la vida, porque tenés que cumplir un horario, tu vida cambia porque ya dormís de noche y vivís de día, te relacionás con personas, ves que la vida vale. Y si algo me tengo que quejar es de que suban un poquito los sueldos, pero de ahí, todo bien. Y reparación histórica ya, porque yo, de acá a diez, quince años más, yo seré una de esas compañeras adultas mayores, y la reparación que sea en vida."

Lo que le enseñó el feminismo, lo que ya no pide permiso

Del feminismo, Virginia rescata una sola lección, la que dice que le importa por sobre todas: que sin las travas no hay feminismo, porque la lucha es transversal, entre feministas cis y travas, "mano a mano y desde antaño". Y que las luchas son colectivas —"no le doy ni dos pesos a esas luchas personales", dice, con una contundencia que no deja mucho margen para la duda.

[22] "Sabemos, vivas, nos queremos. Y si algo he aprendido del feminismo es que sin nosotras, las travas, no hay feminismo, porque la lucha es transversal, es entre feministas cis, mujeres cis, y travas, porque venimos en una lucha intensa, mano a mano y desde antaño. Y si algo me ha enseñado el feminismo es que las luchas son colectivas: no le doy ni dos pesos a esas luchas personales."

De cara al futuro, no pide poco. Quiere que las generaciones travestis que vienen después de ella pisen la universidad, sean doctoras, arquitectas, que trabajen en la NASA, que sean directoras de escuela. Quiere travas concejalas, senadoras, diputadas. "Que no tengan que andar en la vida pidiendo permiso, sino conquistando y firmando decretos, derecho." Lo dice como se dice una plataforma política: sin adornos, con la certeza de quien sabe exactamente lo que antes no tuvo.

[23] "Así también soy artista, feminista, trava salteña originaria, y quiero... y estoy en lucha, y quiero que todo lo que pasé yo, las generaciones venideras gocen de más derechos: pisen la universidad, sean doctoras, sean arquitectas, trabajen en la NASA, sean directoras de establecimiento, que no tengan que andar en la vida pidiendo permiso, sino conquistando y firmando decretos, derechos. Queremos travas concejalas, senadoras, diputadas. Queremos todo, porque antes no teníamos nada."

Más que un archivo


Hacia el final de la conversación, Virginia cuenta algo que la entristece. Un día, por error, le preguntó a una inteligencia artificial quién era Tiara Virginia Caldés. La respuesta la resumió como una chica que había denunciado acoso, que había denunciado esto, que había denunciado aquello. No quiere, dice, que ese sea el dato que la maneje. Pide que se remueva. Pide que se digan "otras cosas bonitas". Lo de Metán, dice, ya pasó, y ella mira el hoy.

 

[24] "Ah, algo que me entristece un montón es que un día, por error, le pregunté a la inteligencia artificial: '¿Quién es Tiara Virginia Caldés?'. Y me dijo: 'Tiara Virginia Caldés es una chica que ha denunciado acoso, que ha denunciado esto, que ha denunciado aquello'. Y no quiero que la maneje esos datos, quiero que los remueva, quiero que digan otras cosas bonitas. Pero bueno, lo de Metán ya pasó, aquello ya pasó, y yo miro el hoy, y soy muy creyente, y siento que la vida te pone a cada persona en su lugar."

 Esa escena es, quizás, la clave de toda la conversación, y por eso esta crónica se escribe como se escribe: no como un expediente de lo que le hicieron, sino como el relato de lo que ella construyó con lo que le hicieron. En un momento anterior, entre risas, ya lo había advertido casi con esas palabras a quien la escuchaba: que no la desviaran de lo que estaba diciendo, que quería sintetizarlo y "dejarlo lindo".

 [13] "Cita fría, también. Y bueno, voy a añadirle... la periodista siempre le añade. No me desvíes de lo que estoy hablando, por favor, que lo quiero sintetizar y dejarlo lindo."

 Virginia no pidió compasión en ningún momento de esta conversación. Pidió trabajo, pidió respeto, pidió reparación histórica, pidió que sus compañeras muertas fueran nombradas y no solo lloradas. Y pidió, sobre todo, que la cuenten completa: la que perdió trabajos y la que los volvió a conseguir; la que enterró amigas y la que sigue militando; la trava del noroeste y la funcionaria de Lanús. Reducirla a la lista de las persecuciones que sufrió habría sido, otra vez, la misma operación que ella misma rechazó cuando se la hizo una máquina.

Ilustración 3 24 abr 2022. Festival de la Doma en Las Lajitas. Ver https://www.youtube.com/watch?v=MjGpdnS5ooM

El monte, otra vez

A Virginia la conocí años antes de esta conversación, en el campo, en el paraje de Los Pozos, cercano al paraje El Sunchal, de su familia; en el departamento de Anta, donde el monte todavía marca los tiempos más que cualquier reloj de oficina. Fue ahí, entre el polvo de una tarde de entrevista rural, donde empezó lo que nos sigue uniendo hoy, a la distancia, entre Lanús y Salta: no un vínculo de investigador y entrevistada, sino el reconocimiento de dos historias que se cruzaron con la misma Salta hostil por delante, cada una a su manera. Eso es, en definitiva, lo que sostiene esta crónica y lo que la excede: un encuentro que no terminó cuando se apagó el grabador.

Ilustración 4 07 feb 2022. Entrevista de ferpeq a Virgi en finca Los Pozos.

Por eso no puede cerrarse sin decirlo con todas las letras: la lucha travesti que Virginia protagoniza —por el cupo, por la reparación histórica, por el derecho a no pedir permiso— es la misma lucha, aunque no siempre se la nombre junta, que reclama la emancipación del interior rural frente a un colonialismo que nunca terminó de irse del todo, y que hoy se disfraza a veces de progreso y a veces de conservación. El monte que vio nacer a Virginia sigue esperando una reparación parecida a la que ella reclama para sus compañeras: que se lo trate no como un recurso a explotar ni como una postal a proteger desde lejos, sino como un territorio con derecho a que sus habitantes —todos, en toda su diversidad— decidan sobre él. Volver a empezar, para Virginia, nunca fue solamente una frase personal. Es, también, una consigna que todavía le queda pendiente al monte que la vio nacer.

 

domingo, 9 de agosto de 2026

A cerca de la violencia económica de la Fiscalía de Estado de Salta en el amparo sobre la salud trans

La costa como garrote: violencia económica, continuidades represivas y crisis de representatividad democrática en el litigio por la salud trans en Salta

La contestación de la Fiscalía de Estado de Salta al amparo colectivo por salud trans no es un trámite procesal neutro: al pedir el rechazo de la acción y la imposición de costas a jóvenes trans en situación de vulnerabilidad económica, el organismo despliega una forma específica de violencia económica e institucional, con respaldo en la propia definición que la Ley 26.485 hace de ese concepto. Este ensayo sostiene que esa maniobra —sumada al deslinde de responsabilidad hacia la Nación y a la invocación de la "ausencia de historia clínica" como defensa— reproduce, con otros medios, una gramática de disciplinamiento estructuralmente emparentada con las prácticas de clandestinidad y despojo patrimonial del terrorismo de Estado (1976-1983). Con apoyo en Fraser, Butler, Foucault, Mbembe y en la teoría travesti-trans latinoamericana (Wayar, Fernández), se analiza cómo el desabastecimiento hormonal y la amenaza de costas judiciales operan como tecnologías biopolíticas de abandono. Finalmente, retomando la noción de "ciudadanía de baja intensidad" de Guillermo O'Donnell, se argumenta que estas prácticas no solo vulneran derechos individuales sino que erosionan la representatividad democrática del gobierno provincial, al instituir de facto una ciudadanía trans de segunda categoría dentro del propio Estado de derecho salteño.

Por Fernando Pequeño Ragone 



Contenido:

 Introducción

1.La violencia económica como categoría jurídica, no como metáfora

2.Anatomía de la maniobra fiscal: dos movimientos, una misma lógica

3.Continuidades con la matriz represiva de 1976-1983: la clandestinidad comométodo de Estado

4.La corporalidad trans como vida precaria: el aporte de Judith Butler

5.Necropolítica administrativa: de Foucault a Mbembe

6.Consecuencias para la representatividad democrática del gobierno de Salta

7.Conclusión: la reversión de costas como acto de reparación estructural

Referencias

 

 Síntesis auditiva

 

Introducción

Cuando la Fiscalía de Estado de la Provincia de Salta contesta el traslado de un amparo colectivo por salud trans solicitando el rechazo de la acción y, subsidiariamente, la imposición de costas a las personas amparistas, no está simplemente ejerciendo una prerrogativa procesal neutra. Está desplegando una tecnología de poder. Este ensayo sostiene tres tesis articuladas. Primera: el pedido de costas contra jóvenes trans en situación de vulnerabilidad económica constituye una forma específica de violencia económica e institucional, no una contingencia procesal menor. Segunda: esa maniobra —leída junto con el deslinde jurisdiccional y la invocación de la "ausencia de historia clínica"— reproduce, con otros medios, la matriz disciplinaria que caracterizó al terrorismo de Estado (1976-1983): el despojo patrimonial, la clandestinidad administrativa y el borramiento burocrático como formas de gestionar cuerpos disidentes. Tercera: estas prácticas, lejos de ser un exceso de litigante, erosionan la representatividad democrática del gobierno provincial, en la medida en que convierten a un sector de la ciudadanía en sujetos de una "ciudadanía de baja intensidad" (O'Donnell, 1993), formalmente titulares de derechos pero materialmente excluidos de su ejercicio efectivo ante el Estado.

1. La violencia económica como categoría jurídica, no como metáfora

El ordenamiento argentino ya cuenta con una definición operativa de violencia económica y patrimonial: la Ley 26.485 (2009) la describe como aquella dirigida a "ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales" de la persona afectada, incluyendo la limitación de recursos destinados a satisfacer sus necesidades. Aunque esa ley fue concebida en clave de violencia de género contra mujeres cis, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya extendió expresamente el estándar de protección contra la violencia de género a las mujeres trans en el caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras (Corte IDH, 2021), al reconocer que la discriminación estructural por identidad de género se inscribe en el mismo patrón de violencia institucional que afecta a las mujeres. La analogía normativa es, por tanto, exigible: cuando el Estado provincial reclama el pago de costas judiciales a un colectivo empobrecido por la propia discriminación estructural que motiva el litigio, no hace otra cosa que instrumentalizar el aparato judicial para producir el mismo resultado que la ley de violencia de género prohíbe: el menoscabo patrimonial dirigido a inhibir el ejercicio de derechos.

 

La figura procesal de la condena en costas, pensada para desalentar el litigio temerario, se transforma aquí en su opuesto: un mecanismo de desaliento del litigio legítimo. El llamado chilling effect —el efecto amedrentador que disuade el ejercicio de un derecho por temor a sus consecuencias— es un concepto consolidado en la doctrina de libertad de expresión y acceso a la justicia, y resulta trasladable sin dificultad a este escenario: la amenaza de una deuda judicial impagable para personas en situación de indigencia opera exactamente igual que una sanción directa, aunque revista la forma de neutralidad procesal. Nancy Fraser (1997) advirtió tempranamente que las injusticias de reconocimiento y las injusticias de redistribución no son compartimentos estancos: la Ley 26.743, en tanto reconocimiento simbólico-jurídico de la identidad de género, se vuelve una cáscara vacía si el mismo aparato estatal que debe garantizarla presupuestariamente utiliza, acto seguido, el proceso judicial para extraer recursos de quienes reclaman su cumplimiento. Es, en los términos de Fraser (1997), una injusticia bifronte: se niega el reconocimiento (al litigar contra la identidad trans como sujeto de derecho pleno) y se ejecuta la redistribución en sentido regresivo (al pretender transferir recursos escasos desde el colectivo pauperizado hacia el erario provincial).

2. Anatomía de la maniobra fiscal: dos movimientos, una misma lógica

El informe base de este análisis identifica dos maniobras defensivas combinadas en la contestación de la Fiscalía de Estado: el deslinde de responsabilidad hacia la Nación y la pretensión de imposición de costas. Ninguna de las dos es jurídicamente inocente si se las lee en conjunto. El deslinde jurisdiccional no busca solamente ganar el pleito en el fondo: busca, en el interregno procesal, prolongar la incertidumbre sobre quién debe proveer las hormonas mientras el cuerpo de la persona amparista continúa deteriorándose. Es una dilación con costo biológico. El pedido de costas, por su parte, no opera sobre el fondo del derecho sino sobre el cálculo de riesgo de litigar: introduce en la decisión de sostener o abandonar el proceso una variable ajena a la justicia de la pretensión, a saber, la capacidad de pago de quien demanda.

 

Ambas maniobras comparten una misma estructura: desplazan el conflicto desde el plano de los derechos hacia el plano de los costos —jurisdiccionales en un caso, pecuniarios en el otro— y, al hacerlo, tecnocratizan lo que en verdad es una decisión política sobre a quién el Estado está dispuesto a proteger. Esta es precisamente la operación que Michel Foucault (1976; 2000) describe cuando caracteriza a la biopolítica moderna como el ejercicio de un poder que ya no necesita matar directamente para gestionar la vida y la muerte de las poblaciones: le basta con administrar selectivamente el acceso a los recursos que sostienen la vida. En sus lecciones de 1975-1976 recopiladas en Defender la sociedad, Foucault (2000) formula la fórmula que resulta clave para este caso: el poder biopolítico no se ejerce ya únicamente como el derecho soberano de "hacer morir o dejar vivir", sino, de manera creciente, como la potestad inversa de "hacer vivir y dejar morir". El desabastecimiento de hormonas, la ausencia deliberada de registro clínico y la amenaza de costas no matan por acción directa: matan —o enferman, o empobrecen— por omisión administrativa sostenida. Es tanatopolítica ejercida en la forma más silenciosa y más impune: el expediente, la contestación de traslado, la planilla clínica de tres líneas.

3. Continuidades con la matriz represiva de 1976-1983: la clandestinidad como método de Estado

Sostener que existe una correlación entre las estrategias procesales actuales de la Fiscalía de Estado y las prácticas del terrorismo de Estado no implica equiparar la violencia física directa —la desaparición, la tortura, el asesinato— con la violencia económico-administrativa contemporánea. Implica, en cambio, identificar una continuidad metodológica en la forma en que el Estado provincial y nacional gestionó y gestiona la disidencia corporal: mediante la combinación de negación formal del daño y ejecución subterránea de ese mismo daño.

 

Pilar Calveiro (1998), en su análisis de los campos de concentración en la Argentina dictatorial, describe un sistema represivo que operaba precisamente mediante esa doble faz: por un lado, la desmentida oficial de la existencia de los centros clandestinos de detención; por otro, la producción sistemática y burocratizada de la desaparición dentro de ellos. Esa "zona de penumbra" —ilegal en los hechos, negada en el discurso oficial— es estructuralmente homóloga a la "clandestinidad administrativa" del litigio actual: la inexistencia deliberada de historias clínicas en el Centro de Salud N.° 63, la omisión de registro en la plataforma Acuario Safesa, la derivación informal hacia el mercado ilegal de hormonas. En ambos casos el Estado produce un vacío documental que luego invoca como si fuera una falla imputable a la víctima, en lugar de una responsabilidad propia. La máxima nemo auditur propriam turpitudinem allegans —nadie puede alegar su propia torpeza— no es aquí solamente un principio de buena fe procesal: es la clave que desenmascara la reedición de un patrón histórico de producción estatal de ilegalidad seguida de negación de esa misma ilegalidad.

 

Esta lectura no es una analogía retórica sino una que encuentra respaldo en los estándares de justicia transicional. El Conjunto de Principios actualizado para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, elaborado originalmente por Louis Joinet (1997) y actualizado por Diane Orentlicher (2005) para la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, establece que el deber de "garantía de no repetición" no se limita a la abstención de repetir los crímenes históricos en su forma literal, sino que exige al Estado desmantelar la arquitectura institucional que hizo posible la violencia: los circuitos burocráticos, los vacíos de control y las prácticas administrativas que permitieron la opacidad. Cuando un organismo del Estado provincial —la Fiscalía de Estado, garante formal de la legalidad administrativa— construye su defensa procesal sobre la inexistencia de registros que el propio Estado debía producir, y luego pretende cobrar judicialmente esa misma omisión a la víctima, está reactivando exactamente el tipo de arquitectura burocrática de la violencia que los Principios de Joinet-Orentlicher ordenan desmontar, no reproducir.

 

El cuadro comparativo que emerge de la lectura crítica del informe puede sintetizarse así:

 

Terrorismo de Estado (1976-1983)

Litigio contemporáneo por salud trans

Violencia física directa, desaparición forzada

Violencia económica: costas procesales como sanción al reclamo

Invisibilización burocrática del acto represivo

Inexistencia deliberada de historias clínicas y registros sanitarios

Despojo patrimonial e ilegalidad estatal encubierta

Empuje hacia la clandestinidad del mercado informal de hormonas

Negación oficial del daño producido

Invocación de la "ausencia de constancias" como defensa procesal

 

No se trata de sostener una identidad histórica entre ambos períodos —la desproporción de la violencia física dictatorial frente a la violencia administrativa actual es evidente y no debe diluirse—, sino de mostrar que la gramática del poder estatal salteño frente a la disidencia sexo-genérica conserva reflejos estructurales de disciplinamiento que la democracia debería haber desmontado y que, en los hechos, reaparecen bajo ropaje técnico-procesal.

4. La corporalidad trans como vida precaria: el aporte de Judith Butler

Judith Butler (2004, 2009) desarrolló el concepto de precariedad (precarity) para describir una condición de vulnerabilidad que no es natural ni universal, sino políticamente distribuida: ciertos cuerpos son expuestos de manera diferencial al daño, al abandono y a la muerte, en función de marcos normativos que determinan qué vidas son "lloradas" —es decir, reconocidas como vidas cuya pérdida importa— y cuáles no. En Marcos de guerra, Butler (2009) argumenta que ese reconocimiento diferencial no es un efecto secundario de la violencia, sino su condición de posibilidad: solo se puede abandonar sistemáticamente a una población cuando previamente se ha construido un marco perceptivo en el que su sufrimiento resulta poco visible o poco relevante.

 

Aplicado a este caso, el argumento de Butler ilumina algo que el análisis estrictamente normativo puede pasar por alto: la Fiscalía de Estado no necesita declarar explícitamente que las vidas trans importan menos. Le basta con tratar la interrupción del tratamiento hormonal como una cuestión administrativa de "falta de legitimación pasiva" y el reclamo judicial como una carga económica sancionable, para que ese marco de indiferencia opere en los hechos. La precariedad, en los términos de Butler (2004), no es solamente material —la falta de acceso a hormonas o la exposición al mercado informal— sino también epistémica: es la manera en que el aparato estatal encuadra el sufrimiento trans como no prioritario, no urgente, no digno de la excepción presupuestaria que sí se concede a otras patologías crónicas.

 

La teoría travesti-trans latinoamericana ofrece un correlato situado de esta misma idea. Marlene Wayar (2018), referente argentina del activismo y la teoría travesti, ha señalado que la travestidad ha sido históricamente tratada por el Estado no como una identidad a proteger sino como una anomalía a administrar o expulsar, incluso después de la sanción de leyes formalmente inclusivas. Josefina Fernández (2004), en su etnografía pionera sobre travestismo e identidad de género en la Argentina, documenta cómo la precariedad económica y la exclusión sanitaria de las personas trans no son un dato prejurídico sino el resultado directo de decisiones institucionales sostenidas en el tiempo. Leídas junto con Butler, estas perspectivas permiten afirmar que el pedido de costas no crea la precariedad trans ex nihilo: la intensifica y la judicializa, transformando una vulnerabilidad estructural preexistente en un instrumento procesal contra quien la padece.

5. Necropolítica administrativa: de Foucault a Mbembe

Si Foucault (2000) permite pensar la gestión biopolítica de la vida trans mediante el "dejar morir" administrativo, Achille Mbembe (2003/2011) radicaliza esa intuición con el concepto de necropolítica: la capacidad soberana de decidir quién puede vivir y quién debe morir, ejercida hoy no solo mediante el monopolio de la violencia física sino mediante el control diferencial de las condiciones materiales de supervivencia. Mbembe (2003/2011) insiste en que la necropolítica contemporánea se caracteriza por producir "mundos de muerte" —zonas de existencia social donde poblaciones enteras adquieren el estatuto de "muertos vivientes"— a través de mecanismos que no requieren la declaración explícita de un enemigo a eliminar, sino la mera organización diferencial del abandono.

 

El desabastecimiento sostenido de hormonas de afirmación de género, combinado con la amenaza de sanción económica a quien reclama, produce exactamente ese efecto: no mata por decreto, pero coloca a una población entera —jóvenes trans en situación de pobreza— ante la disyuntiva extrema entre la automedicación riesgosa, la exposición al mercado informal con sus consecuencias de morbimortalidad documentadas (tromboembolismo venoso, hipertensión inducida, insuficiencia hepática) o el abandono lisa y llanamente del tratamiento, con el consiguiente impacto en la salud mental y el riesgo de ideación suicida que señala la literatura médica especializada. Rita Segato (2016), aunque su obra se centra primordialmente en la violencia patriarcal contra las mujeres, ofrece una clave complementaria: la violencia contemporánea contra los cuerpos feminizados y disidentes se ejerce cada vez más como pedagogía de la crueldad, un mensaje dirigido no solo a la víctima individual sino al colectivo entero, para enseñarle los límites de lo tolerado. El pedido de costas contra un puñado de jóvenes amparistas cumple, en este sentido, una función ejemplarizante que excede el caso concreto: comunica al resto del colectivo trans salteño que litigar contra el Estado tiene un precio.

6. Consecuencias para la representatividad democrática del gobierno de Salta

Hasta aquí el análisis se centró en la dimensión de derechos individuales y colectivos vulnerados. Pero el informe reclama, con razón, pensar también el impacto de estas prácticas sobre la calidad democrática del sistema político provincial. Guillermo O'Donnell (1993) acuñó la noción de "áreas marrones" (brown areas) para describir zonas geográficas o sociales dentro de Estados formalmente democráticos donde el imperio de la ley se aplica de manera desigual o directamente no llega, produciendo lo que denominó "ciudadanía de baja intensidad": sectores de la población que gozan del estatus formal de ciudadanos titulares de derechos políticos, pero que en la práctica no pueden hacer valer esos derechos ante la administración ni acceder de manera efectiva a la protección judicial. O'Donnell (2004) profundizó posteriormente esta idea al vincular explícitamente la calidad de la democracia con el grado de vigencia efectiva —no meramente declarativa— de los derechos civiles y sociales.

 

La actuación de la Fiscalía de Estado en este litigio es un caso de manual de "área marrón" en el sentido de O'Donnell: la Provincia de Salta cuenta con Constitución, poder judicial, un régimen de amparo (Ley 7.020) y garantías de gratuidad procesal expresamente previstas en el artículo 134 de su Constitución para casos de desproporción socioeconómica evidente. El entramado normativo democrático existe. Lo que falla es su aplicación efectiva frente a un colectivo específico, al que el propio organismo encargado de representar los intereses del Estado —paradójicamente, la Fiscalía de Estado— trata como un sujeto procesal de segunda categoría, susceptible de ser disuadido económicamente de litigar. Esto no es un problema de "letra muerta" de la ley: es la demostración empírica de que la titularidad formal de derechos no garantiza su ejercicio quando el propio aparato estatal opera como el principal obstáculo para hacerlos valer.

 

Esta brecha entre ciudadanía formal y ciudadanía sustantiva tiene, además, un efecto de retroalimentación sobre la legitimidad democrática del gobierno provincial en su conjunto. La legitimidad democrática no se agota en el momento electoral: se sostiene, en los términos de la teoría democrática contemporánea, en la capacidad continua del Estado de rendir cuentas (accountability) frente a la ciudadanía y de tratar a todos los sectores sociales bajo el mismo estándar de protección jurídica. Cuando un organismo de gobierno litiga sistemáticamente para desalentar económicamente el reclamo de derechos de un grupo históricamente discriminado, no solamente vulnera derechos individuales: erosiona el pacto de representación que sostiene la autoridad democrática del gobierno frente al conjunto de la sociedad, porque revela que existen ciudadanías de primera y de segunda dentro de la misma jurisdicción. La consecuencia política de mediano plazo es la profundización de la desconfianza institucional en los sectores más vulnerados —exactamente los sectores que la democracia debería incorporar activamente, no expulsar procesalmente— y la consolidación de un patrón de gobierno que administra la disidencia en lugar de representarla.

7. Conclusión: la reversión de costas como acto de reparación estructural

Se identifica correctamente que la jurisprudencia de la Provincia de Salta —en particular el criterio sentado en "Asociación de Derechos Humanos Miguel Ragone vs. Gobierno de la Provincia de Salta" y el estándar de gratuidad procesal fijado en Corte de Justicia de Salta, Tomo 200, págs. 345/350— ofrece herramientas concretas para revertir la pretensión de costas de la Fiscalía de Estado. Este ensayo agrega que esa reversión no debe leerse únicamente como una cuestión técnico-procesal, sino como un acto con valor reparatorio y con incidencia directa sobre la calidad democrática de la provincia. Eximir de costas a las personas amparistas, o imponerlas al Estado omisivo, no es solo aplicar correctamente el artículo 134 de la Constitución provincial: es interrumpir, en el plano jurisdiccional, una gramática de disciplinamiento económico que —como se argumentó— guarda una genealogía incómoda con las prácticas de clandestinidad y despojo del terrorismo de Estado, y es reafirmar que la ciudadanía trans no puede ser tratada, en la Salta del siglo XXI, como una ciudadanía de baja intensidad.

 

El litigio, en este sentido, cumple una doble función que excede el caso individual: es a la vez estrategia jurídica para restituir el acceso a la salud y ejercicio de pedagogía democrática, en la medida en que exige al Estado provincial demostrar, con hechos y no solo con normas, que su compromiso con la igualdad real (art. 75 inc. 23 CN) no se detiene en el reconocimiento simbólico sino que se traduce en la disposición efectiva de recursos y en la renuncia expresa a instrumentalizar el proceso judicial como mecanismo de amedrentamiento.

 


Referencias

Butler, J. (2004). Precarious life: The powers of mourning and violence. Verso.

 

Butler, J. (2009). Frames of war: When is life grievable? Verso.

 

Calveiro, P. (1998). Poder y desaparición: Los campos de concentración en Argentina. Colihue.

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo (Opinión Consultiva OC-24/17).

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2018). Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile (Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia del 8 de marzo de 2018.

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2021). Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras (Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia del 26 de marzo de 2021.

 

Fernández, J. (2004). Cuerpos desobedientes: Travestismo e identidad de género. Edhasa.

 

Foucault, M. (2000). Defender la sociedad: Curso en el Collège de France (1975-1976) (H. Pons, Trad.). Fondo de Cultura Económica. (Trabajo original de las lecciones dictado en 1975-1976).

 

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Fraser, N. (1997). Justice interruptus: Critical reflections on the "postsocialist" condition. Routledge.

 

Fraser, N., & Honneth, A. (2003). Redistribution or recognition? A political-philosophical exchange. Verso.

 

Joinet, L. (1997). Question of the impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political) (E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1). Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

 

Mbembe, A. (2011). Necropolítica (E. Falomir Archambault, Trad.). Melusina. (Trabajo original publicado en 2003, Public Culture, 15(1), 11-40).

 

O'Donnell, G. (1993). On the state, democratization and some conceptual problems: A Latin American view with glances at some postcommunist countries. World Development, 21(8), 1355-1369.

 

O'Donnell, G. (2004). Human development, human rights, and democracy. En G. O'Donnell, J. V. Iazzetta, & O. M. Vargas Cullell (Eds.), The quality of democracy: Theory and applications (pp. 9-92). University of Notre Dame Press.

 

Orentlicher, D. (2005). Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (E/CN.4/2005/102/Add.1). Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

 

Segato, R. L. (2016). La guerra contra las mujeres. Traficantes de Sueños.

 

Wayar, M. (2018). Travesti: Una teoría lo suficientemente buena. Muchas Nueces.

 

Normativa citada: Constitución Nacional Argentina, arts. 16, 19, 42, 43 y 75 incs. 22 y 23; Constitución de la Provincia de Salta, arts. 30, 41, 87 y 134; Ley N.° 26.485 (2009); Ley N.° 26.529 (2009); Ley N.° 26.743 (2012); Ley Provincial N.° 7.020 (Salta); Corte de Justicia de Salta, "Asociación de Derechos Humanos Miguel Ragone vs. Gobierno de la Provincia de Salta"; Corte de Justicia de Salta, T. 200, págs. 345/350; CSJN, "Asociación Benghalensis y otros c/ Estado Nacional s/ amparo" (Fallos: 323:1339); CSJN, "M., A. K. c/ Provincia de Buenos Aires s/ amparo".



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