A cerca de la muerte en custodia de Fernanda Arias en Rosario de Lerma
Un análisis exhaustivo revela la persistencia de mecanismos
estructurales de violencia institucional en la provincia, trazando analogías
operativas alarmantes entre el histórico Caso Ragone y la reciente muerte en
custodia de Fernanda Daniela Arias. A través del concepto de la "Caja
Negra" en las comisarías y el uso de sumarios diseñados para el
encubrimiento, este informe desmantela cómo el aparato policial y judicial
continúa garantizando zonas de silencio e ilegalidad. Desde la construcción de
víctimas "descartables" hasta la validación judicial de relatos
oficiales falsos, el documento expone una maquinaria de impunidad que ha mutado
sus blancos —del enemigo político a la diversidad sexual— pero mantiene intacta
su arquitectura represiva. Ante este escenario, se proponen estrategias
urgentes de intervención legal y el uso de herramientas como el Amicus
Curiae para romper un ciclo de violencia que desafía cinco décadas de
historia.
Puntos clave que destaca la nota:
Continuidad
Estructural: La comparación entre el accionar policial de 1976 y 2025
muestra que, aunque el contexto cambió, las tácticas de encubrimiento son
casi idénticas.
La
"Caja Negra": La falta de cámaras y luz en las celdas
actuales funciona como la "zona liberada" de la dictadura: un
espacio sin testigos para permitir el crimen.
El
Sumario como Trampa: En ambos casos, la policía que debiera ser
investigada es la que construye el primer relato oficial para desviar la
justicia.
Responsabilidad
Judicial: Se señala al Poder Judicial no solo por indolencia, sino por
validar sistemáticamente las versiones policiales sin control de
convencionalidad.
Recomendaciones
Estratégicas: La nota cierra con pautas concretas para abogados
querellantes, como la aplicación del Protocolo de Minnesota y el rastreo
tecnológico de los efectivos involucrados.
En la Mesa de la Diversidad del Gobierno de Salta: Justicia
por Fernanda Arias: Organizaciones denuncian transfemicidio institucional y
exigen el fin de la impunidad policial en Salta
Viernes 26 Dic, 10 hs en Polo de las Mujeres, Sec de Género.
Tras la muerte en custodia de Fernanda Daniela Arias en la
Comisaría de Rosario de Lerma, la Asociación Miguel Ragone y el Movimiento
Trans Argentina (MTA) presentan en la Mesa de la Diversidad, un informe estratégico que desmantela la
versión oficial del suicidio. El documento expone las contradicciones de un
sistema judicial que convalida el relato policial, traza paralelismos
alarmantes con las prácticas represivas de la dictadura y denuncia un contexto
de abandono estatal en salud y derechos básicos. Ante el avance de los discursos
de odio, hacemos un llamado urgente a todas las organizaciones y áreas de
gobierno que integran la Mesa de la Diversidad para recuperar la solidaridad y
la lucha unida contra la violencia institucional que amenaza a toda la
ciudadanía.
El abogado salteño Agustín Colque ha intervenido en el debate público, tanto como
ciudadano como profesional del derecho, para denunciar las detenciones
arbitrarias y la violencia institucional en Salta. Su participación se enmarca
en las acciones de la Asociación Miguel Ragone y la Mesa de Derechos Humanos,
organizaciones que lo convocaron junto a otros abogados, para presentar un amicus
curiae ante la Corte de Justicia de Salta. Este recurso se integra a un habeas
corpus colectivo, correctivo y preventivo, que busca forzar al Poder
Ejecutivo a cesar las prácticas policiales que son arbitrarias,
discriminatorias y violentas, promoviendo así la democratización de la
justicia.
La perspectiva de Colque en este amicus curiae es
crucial, ya que se presenta como parte de la comunidad LGBT, un
colectivo que ha sido "históricamente vulnerado" en sus derechos a la
salud, la educación y el trabajo, y que es uno de los grupos "más
afectados" por las prácticas policiales. Esta identificación personal dota
a su testimonio de una autoridad directa al abordar la discriminación
sistemática.
La urgencia de su intervención se relaciona directamente con
las consecuencias más letales de la violencia institucional, ejemplificada por
el caso de una mujer trans en Rosario de Lerma que falleció bajo custodia
policial en "menos de 2 horas de detención por una presunta
contravención". Colque subraya que esta tragedia es una muestra de la
violencia extrema y la total falta de respeto que persiste incluso tras la
muerte, criticando cómo los noticieros la deshumanizaron al referirse a ella como
"un varón vestido de mujer" en lugar de como una "mujer
trans".
Para conceptualizar esta magnitud de los atropellos, el
abogado introdujo en la presentación judicial el concepto de “identicidio”.
Este término, tomado de la sociología y la antropología, describe el conjunto
de prácticas destinadas al "exterminio de ciertas identidades"
y grupos sociales, aplicable no solo a la comunidad LGBT, sino también a
personas racializadas y en situación de pobreza.
Además de la privación ilegítima de la libertad de personas
jurídicamente inocentes, Colque enfatiza las violaciones específicas que sufren
las mujeres trans y travestis durante la detención: se las "encierra
con los hombres". Esta práctica es "vejatorio al máximo" y
actúa como si la Ley de Identidad de Género "nunca se hubiese
sancionado", constituyendo una forma de disciplinamiento y control social.
Así, la lucha de Colque, respaldada por su identidad, busca forzar al Estado a
adecuar sus políticas de seguridad a los estándares de dignidad humana y los
tratados internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, aunque la auto-identificación de Agustín Colque
como miembro de la comunidad LGBT es poderosa y esencial para diagnosticar el
"identicidio" ejercido por la policía, su posición política y su
demanda de justicia se fundamentan en un compromiso más amplio y una mirada
compleja e informada de la realidad salteña. Colque interviene en el debate
como profesional del derecho y como ciudadano, y su análisis se basa en
la violación de principios universales consagrados en la Constitución y
tratados internacionales,,,. Su agenda no se limita a su propia identidad, sino
que abarca la defensa de todas las personas inocentes cuya libertad
ambulatoria es avasallada, incluyendo a personas racializadas y aquellas
en situación de pobreza, así como a quienes padecen las condiciones
inhumanas de encierro, como la sobrepoblación del 100% en la Alcaidía
Salta,. Por lo tanto, si bien su pertenencia a una comunidad vulnerada
proporciona una autoridad moral y política innegable, la exigencia de poner fin
a las prácticas arbitrarias y violentas de la policía es una demanda
universal por la protección de la libertad física, lo que demuestra
que la sola identidad LGBT no es ni una condición necesaria ni suficiente para
impulsar esta compleja lucha por la democratización de la justicia.
La intervención de Pía Ceballos, representante del
Movimiento Trans Argentina (MTA), tuvo lugar durante las "Jornadas de la
violencia institucional en primera persona," un espacio diseñado para que
las víctimas y los activistas pudieran compartir sus vivencias directas con la
violencia estatal. Su presentación se centró en la violencia institucional
dirigida específicamente contra la comunidad travesti y trans, un grupo que,
junto con las personas en situación de calle y otros sectores vulnerables, ha
sufrido detenciones sin garantías constitucionales y atropellos por parte de
las fuerzas de seguridad. Ceballos se enfocó en exponer cómo la policía ejerce
abuso y violencia contra su comunidad por ser trans, pobre y, a menudo,
trabajadoras sexuales, vinculando estas prácticas represivas con métodos
heredados de la última dictadura militar. Su discurso se enmarcó dentro del
primer bloque del conversatorio, el cual abordó específicamente la violencia
institucional previa al proceso judicial, como los abusos policiales en la
calle y las situaciones de violencia contra la diversidad.
El discurso de Ceballos no solo abordó el pasado, sino que
denunció la urgencia de la violencia contemporánea, como el reciente caso de
Fernanda Arias, quien fue detenida y murió en la comisaría 2 de Rosario de
Lerma tres horas después. Si bien las autoridades alegaron que la causa de la
muerte fue el suicidio, las organizaciones demandaron que se investigara
quiénes eran los responsables en la comisaría y los efectivos de salud.
Ceballos vinculó esta crisis con el panorama político nacional, señalando que
entre el 22 y el 28 de noviembre se produjeron tres crímenes contra la
comunidad trans donde la policía fue partícipe primario, no solo en Salta sino
también en Córdoba y Buenos Aires. Subrayó que el aumento de los crímenes de
odio y las amenazas se amplifica debido a los discursos de odio, las amenazas y
la desinformación provenientes del gobierno actual.
La historia de la comunidad trans con las fuerzas de
seguridad ha estado marcada por la brutalidad y la impunidad. Ceballos recordó
casos como el de Pelusa Liendro, quien denunciaba a la policía por cobrar
coimas y fue asesinada en 2006. También relató el caso de Violeta, una
compañera que, tras ser golpeada severamente por la policía, terminó internada
con fracturas y luego migró a Buenos Aires para huir de la transfobia y la
violencia, pero murió a los dos meses. Las detenciones no son por
contravenciones menores, sino que involucran golpizas, abusos y traslados a la
alcaidía para ser liberadas solo después de un "buen levante". Estos
hechos demuestran que la migración forzada es una realidad para esta comunidad
que busca otros lugares para desarrollar sus vidas ante la discriminación y la
violencia.
El trauma de la detención y la memoria de la dictadura
Uno de los aspectos más duros de la intervención fue la
descripción de lo que ocurre dentro de los centros de detención. Ceballos
compartió que las situaciones que se viven en una comisaría o alcaidía son
"tremendas" y dejan un trauma inolvidable. Las personas travestis son
expuestas en el cuerpo para el "morbo" de los efectivos masculinos y
sufren violencia sexual en los calabozos. Y enfatizó que muchas de estas
prácticas, incluyendo la violencia sexual y el abuso, son métodos de represión
que se siguieron aplicando en democracia contra la población trans, heredadas
de la última dictadura. La violencia ejercida busca generar
"escándalo a la moral y a las buenas costumbres salteñas".
Ante este panorama de violencia estructural, el mensaje de
Pía Ceballos culminó en la necesidad de fortalecer una red de lucha por los
derechos humanos que no ponga distinción de sexualidad o género, sino que
permita a las travestis "marchar a la par" y luchar por sus
derechos. Su intervención sirvió como un recordatorio de que la memoria de las
compañeras asesinadas y abusadas sigue viva y exige justicia.
Organizaciones de derechos humanos, incluyendo la Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia y Mujeres Trans Argentina (MTA), solicitaron una reunión extraordinaria y urgente de la Mesa de la Diversidad de Salta.
El pedido está motivado por la muerte de Fernanda Arias, una mujer trans de 34 años, quien fue hallada sin vida en la Comisaría de Rosario de Lerma el 14 de noviembre de 2025, dos días después de su detención. Las organizaciones rechazan la versión oficial de suicidio, calificando el hecho como un transfemicidio por violencia institucional y un acto de "identicidio".
El caso ha generado una significativa movilización y repercusión mediática local y nacional. Las organizaciones exigen la participación del Secretario de Seguridad y una investigación penal independiente con perspectiva de derechos humanos. Advierten sobre la posible existencia de un "grupo policial desviado" en Rosario de Lerma que comete crímenes de odio contra personas trans y travestis. La falta de una respuesta institucional inmediata profundizaría la erosión de confianza.
Nota a la Mesa de la Diversidad del Gobierno de Salta
Nosotros, la Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la
Memoria y la Justicia, alzamos nuestra voz desde el dolor que nos atraviesa la
lucha histórica contra la violencia institucional. Hoy, el irreparable peso de
la muerte nos convoca en la desaparición y el exterminio de Fernanda Arias a
manos de la policía en la Comisaría de Rosario de Lerma en Salta. Lo conectamos
con las mismas estrategias en tiempos de la dictadura militar de la década del
setenta. Esa continuidad de la violencia institucional es un patrón de
identicidio que borra existencias disidentes, empujándolas a la exomarginalidad
absoluta, fuera incluso de los márgenes de la pobreza cisnormativa.
En la muerte de Fernanda vemos un homicidio en manos de uniformes
que se ocultan bajo velos de impunidad. Desestimamos de plano la hipótesis del
suicidio, esa farsa inconsistente de un ahorcamiento con un top que no resiste
el escrutinio; en su lugar, señalamos el homicidio y encubrimiento policial,
con testigos que vieron los palos y las contusiones fatales en su cráneo, sin
reanimación creíble al llegar al hospital. Y acecha también la sombra de una
venganza reciente, tramada por una esposa celosa un mes antes, que desató el
hostigamiento final de agentes que ya la vigilaban.
Esta lógica del exterminio no es casual: es el sistema que
niega identidades trans mediante vigilancia opaca y represión letal, como el
artículo 18 de la Ley Orgánica Policial que disfrazó de "seguridad"
el borramiento de Fernanda. La lucha contra la violencia institucional y las
detenciones ilegales persiste en custodias policiales que matan, en patrullas
que disciplinan hasta la muerte, en una policía que perpetúa el identicidio
trans como herencia impune. Pero de ese abismo surge nuestra resistencia: la
prevención como acto de rebeldía personal y comunitaria, transformando el dolor
en energía creativa que reorganiza conductas antes del límite fatal.
¡Basta de muertes irreparables! La resiliencia de Fernanda,
que se levantaba una y otra vez diciendo "me voy a dormir así, ¿ves?, pero
volvía", nos inspira a exigir Justicia. Un cambio estructural de formación
policial profunda, deconstrucción de la hegemonía masculina y justicia
restaurativa. Nuestra deuda histórica contra la impunidad de la violencia
institucional nos obliga: prevención ahora, para que ninguna vida sea
exomarginada ni borrada jamás.
La muerte en custodia policial, especialmente de una persona que forma parte de un colectivo históricamente perseguido, demuestra la lógica de la necropolítica queer, donde el Estado (re)produce las condiciones que hacen probables las muertes prematuras.
Salta, viernes 28 de noviembre de 2025
Dr. Rodrido Solá
Presidente
Comité Provincial
para la Prevención de la Tortura de Salta
S ___________________ /
__________________ D
Rtte:
Pía Ceballos, por Mujeres Trans Argentina
Fernando
Pequeño Ragone, por Asoc Miguel Ragone
Nota: Muerte dudosa de compañera Trans
en Comisaría de Rosario de Lerma. Solicitamos la intervención del CPTS en el
esclarecimiento de posible responsabilidad policial en el caso del
Fallecimiento de Daniela Fernanda Arias.
En representación de las Organizaciones Mujeres Trans
Argentina y Asoc Miguel Ragone, le solicitamos intervenga en el esclarecimiento
de las responsabilidades del personal policial operativo el momento de la
muerte de la compañera trans fallecida, Daniela Fernanda Arias. Existen motivos
para sospechar que se trata de un posible caso de transfemicidio.
I. El hecho
Daniela Fernanda Arias, una mujer trans de 34 años, falleció
el 26 de noviembre de 2025 en la Comisaría de Rosario de Lerma, Salta, en un
contexto de presunta violencia institucional. Fue detenida a las 20 horas y
murió aproximadamente dos horas después, mientras era trasladada al hospital
según informes recolectados en los medios [1].
La Fiscalía de Femicidios de Salta, con la fiscal Luján Sodero Calvet a cargo,
interviene para esclarecer el hecho y busca determinar las circunstancias de la
muerte, ya que la policía inicialmente informó un posible suicidio, pero la
familia y diversas organizaciones dudan de esta versión y exigen una
investigación con perspectiva de género y derechos humanos. Se habla de la
participación de organizaciones travesti trans, feministas y de derechos
humanos que reclaman el reconocimiento de un posible transfemicidio. Estas
demandas exigen un tratamiento judicial y mediático adecuado, y una
investigación exhaustiva sobre el actuar policial en este caso.
I.1.Proposición:
Se requiere de manera urgente que el Comité para la
Prevención de la Tortura (CPT) de Salta solicite y evalúe exhaustivamente la
información sobre la actuación del personal policial, el proceso de detención y
el sumario administrativo abierto tras el fallecimiento de Daniela Fernanda
Arias en la Comisaría N.º 2 de Rosario de Lerma, debido a que:
La
muerte ocurrió bajo la custodia directa del Estado, en una celda de
contraventores, lo que automáticamente enmarca la investigación en la
hipótesis de violencia institucional/policial y exige la aplicación del
estándar de debida diligencia reforzada para muertes violentas de mujeres
trans/travestis, incluyendo suicidios o muertes dudosas.
El
contexto del hecho, una detención por una supuesta contravención vinculada
a su identidad de género o trabajo sexual, es un indicio de discriminación
estructural y violencia institucional, uno de los contextos transfemicidas
de violencia institucional/policial que debe ser investigado.
La
versión policial de un "suicidio" es altamente cuestionada por
familiares y organizaciones, y existen indicios de que en estos contextos
suelen presentarse la manipulación de las actas de procedimiento para
ocultar responsabilidades, o la omisión en brindar atención médica que
conlleva la muerte en detención.
Para
determinar la verdadera causa y manera de la muerte (distinguir entre
muerte natural, accidental, suicidio u homicidio/crimen de género), se
requiere la aplicación de la autopsia psicológica, una herramienta que
permite la reconstrucción retrospectiva de la vida, el estado mental
previo y la posible historia de violencia de género que pudo haber
conducido a la víctima a una situación de vulnerabilidad extrema, como
exige la debida diligencia en casos de muertes dudosas.
La
Asociación Miguel Ragone, que colabora con el CPT Salta en el monitoreo de
condiciones carcelarias y hacinamiento, ha enmarcado este tipo de
persecución policial dentro de la categoría de "identicidio",
subrayando la urgencia de desarticular la lógica binaria y estigmatizante
que permite que personas vulnerables mueran bajo custodia.
II. Síntesis de las Expresiones en los Medios
El tratamiento mediático de la muerte de Fernanda Arias,
ocurrida el 26 de noviembre, fue catalogado por organizaciones como ALFA como estigmatizante
y violento.
Uso
de lenguaje discriminatorio: El medio local Valle de Lerma hoy
tituló la noticia: “Tragedia en una comisaria: Un detenido se quitó la
vida luego de ser demorado por ofrecer sexo”.
Violencia
mediática e invisibilización de la identidad: Este titular fue
repudiado por ALFA, que señaló que presenta información falsa y es stigmatizante
y violento. La nota usó el término "detenido" (género
masculino) en lugar de reconocer su identidad como mujer trans.
Esta práctica constituye una forma de violencia mediática según la
Ley 26.485, ya que injuria, difama, discrimina y atenta contra la dignidad
de las mujeres, legitimando la desigualdad de trato. El tratamiento
despectivo, estigmatizante y liviano es evidente, pues niega e
invisibiliza la identidad de género de la víctima.
Desinformación
y encubrimiento potencial: Otro medio, Informate Salta, tituló:
“Desmienten la muerte de una mujer trans en el interior de una
comisaría en Rosario de Lerma”, sugiriendo que la muerte no ocurrió o
que no estuvo relacionada con la Comisaría.
Organizaciones exigen la implementación de la Perspectiva de
Género y Diversidad en los medios de comunicación locales y el correcto
cumplimiento de la Ley 26.743 de Identidad de Género, que obliga a todas las
instituciones y medios a respetar la identidad autopercibida.
III. Dimensiones del Hecho Encaradas por los Medios
En general, los medios que cubrieron el evento enfocaron las
siguientes dimensiones, a menudo bajo un sesgo estigmatizante:
La
contravención y el motivo de la detención: Se enfocó en la supuesta
causa de la detención, señalando que había sido demorada por una
"contravención registrada" en la vía pública. El medio Valle
de Lerma hoy especificó que fue por "ofrecer servicios sexuales
en la vía pública y vistiendo prendas femeninas", aunque ALFA
argumentó que la detención parecía no estar justificada.
La
modalidad de la muerte: El hecho fue reportado inicialmente como un
suicidio, señalando que la persona habría utilizado una prenda de vestir,
específicamente su propia camisa, para atentar contra su vida.
El
contexto institucional: La dimensión institucional fue tocada al
mencionar que las autoridades dispusieron la apertura de un sumario
administrativo para evaluar la conducta del personal de turno y que este
es el cuarto episodio de características similares registrado en esa dependencia
en los últimos 15 años.
Las organizaciones que exigen justicia, sin embargo,
enfocaron dimensiones contrarias: la necesidad de investigar un posible
transfemicidio y la violencia institucional.
IV. El OVcM en el abordaje de la violencia institucional en población trans
en Salta. [2]
El hecho de la muerte de Fernanda Arias bajo custodia
policial, catalogada inicialmente como suicidio, se inscribe en la "ruta
crítica de la violencia" y el "travesticidio social"
que padece la comunidad trans-travesti.
Estadísticas del OVcM y datos relacionados:
Baja
Expectativa de Vida y Suicidabilidad: Los estudios realizados en
colaboración con el OVcM confirman que la tasa de pensamientos suicidas y
el suicidio mismo son altísimos en el colectivo trans y travesti. La
expectativa de vida de las mujeres trans y travestis en Argentina no
supera los 40 años, lo que se configura como el resultado de una larga
cadena de violencias que incluye la persecución policial, la
discriminación y la falta de atención sanitaria.
Violencia
Estructural y Necropolítica Queer: La muerte de Fernanda Arias se
relaciona con el concepto de travesticidio/transfemicidio social,
entendido en un sentido amplio como el deceso resultante de un continuum
de violencias que concluye con la muerte, donde el Estado tiene
responsabilidad por acción u omisión. El Observatorio Nacional de Crímenes
de Odio LGBT (2021) reportó que el 80% de los crímenes de género fueron
cometidos contra mujeres trans y travestis. Además, en 2021 se registraron
62 muertes por violencia estructural, 60 de las cuales fueron de mujeres
trans, lo que subraya cómo el Estado (re)produce las condiciones que hacen
probables las muertes prematuras.
Contexto
de Violencia Institucional: El caso de Fernanda Arias encaja en el
contexto de violencia institucional o policial, que es uno de los
escenarios específicos del transfemicidio, donde los agresores suelen ser
miembros de las fuerzas policiales, y las prácticas judiciales y policiales
se caracterizan por la falta de diligencia o la manipulación de actas de
procedimiento para ocultar la responsabilidad estatal. En muchos casos,
los crímenes reciben la carátula de "causa natural" o
"suicidio", lo que obstaculiza una investigación adecuada.
Relación directa con el hecho:
La investigación de la UFEM sobre la muerte de Fernanda
Arias debe presumir la hipótesis de travesticidio/transfemicidio desde
el inicio, incluso si parece un suicidio, para asegurar la recolección de
pruebas de la violencia de género. La autopsia psicológica (autopsia
psicològica) es una herramienta recomendada en casos de muertes dudosas o
equívocas, como el suicidio, ya que permite la reconstrucción retrospectiva
de la vida, patrones de conducta y estado mental previo para esclarecer la
motivación y la manera real de la muerte.
La muerte de Fernanda Arias, bajo custodia tras una
contravención (posiblemente vinculada a su identidad o al trabajo sexual, una
ocupación estigmatizada para el colectivo), resalta la vulnerabilidad
extrema de las personas trans en Salta. Este evento es visto como parte de
la crisis de la violencia de género que expone a grandes conjuntos de la
población a la muerte en razón de su condición de género.
Identicidio y Necropolítica Queer: La Muerte de Fernanda Arias en Custodia
Policial como Fundamento de la Acción de Amicus Curiae contra la
Violencia Institucional
Contextualización de la Muerte Dudosa de Fernanda Arias
con el Amicus Curiae de la Asociación Ragone
La estrategia judicial conocida como el Habeas Corpus
Colectivo, Correctivo y Preventivo (HC-ALFA) ha puesto en el centro del debate
la criminalización de la pobreza y las detenciones policiales sistemáticas en
Salta. El HC es una herramienta legal esencial que busca proteger a un grupo de
personas vulnerables (como vendedores informales, "trapitos" o
personas en situación de calle) que sufren un mismo problema estructural,
exigiendo al Poder Judicial el cese inmediato de las privaciones de libertad
arbitrarias.
Para sostener estas denuncias, organizaciones históricas de
derechos humanos presentaron un Amicus Curiae (o "Amigo del
Tribunal"). Este Amicus fue impulsado por la Mesa de Derechos Humanos de
Salta y la Asociación Dr. Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la
Justicia, entidades con una larga trayectoria en la defensa de los derechos
humanos y un profundo compromiso con la Memoria, Verdad y Justicia (MVJ). El
motivo institucional de este acompañamiento a ALFA reside en su capacidad de
conectar la violencia policial actual con la impunidad histórica.
La intervención del Amicus Curiae es la "clave de
bóveda de la estrategia jurídica", ya que proporciona el marco
interpretativo conceptual e histórico. La Mesa y la Asociación Ragone, cuya
misión es transformar el dolor en "energía creativa en beneficio para la
sociedad", utilizan el Amicus para demostrar que las prácticas policiales
que se amparan en el Art. 18, inc. c, de la Ley 7742 para detener por simple
"presunción" son una manifestación contemporánea de la violencia estructural
del Estado. De hecho, el Amicus sostiene que esta norma es un "edicto
moderno" que persigue directamente la "identidad del pobre".
Esta alianza simbiótica entre el HC y el Amicus es crucial para exigir no solo
el cese de la ilegalidad, sino una reforma institucional estructural del
sistema de seguridad.
La trágica y dudosa muerte de Daniela Fernanda Arias
(Fernanda Arias), una mujer trans, en la Comisaría N.º 2 de Rosario de Lerma,
Salta, es un caso paradigmático que refuerza y valida los argumentos centrales
presentados en el escrito de Amicus Curiae que la Asociación Miguel
Ragone (junto con otras organizaciones de la Mesa de Derechos Humanos de
Salta) presentó en el Habeas Corpus (HC) de ALFA.
1. Muerte en Custodia y Violencia Institucional
La muerte de Fernanda Arias, ocurrida el 26 de noviembre de
2025, se produjo después de que fuera detenida por una contravención,
presuntamente por "ofrecer servicios sexuales en la vía pública y
vistiendo prendas femeninas". La Policía informó que la mujer trans se
habría quitado la vida utilizando su propia camisa en una celda de
contraventores, falleciendo durante el traslado al hospital local.
Este hecho se encuadra en un contexto transfemicida de
violencia institucional/policial. La familia y las organizaciones de
derechos humanos, travestis, trans y feministas, dudan de la versión policial e
insisten en que se investigue un posible transfemicidio. La consigna "Nadie
se suicida en una comisaría" subraya la sospecha de responsabilidad
estatal.
La muerte en custodia policial, especialmente de una persona
que forma parte de un colectivo históricamente perseguido, demuestra la lógica
de la necropolítica queer, donde el Estado (re)produce las
condiciones que hacen probables las muertes prematuras.
2. El Amicus Curiae como Denuncia del
"Identicidio"
El Amicus Curiae (Amigo del Tribunal) fue presentado
para colaborar en el HC de ALFA y se centra precisamente en confrontar la ilegalidad
de la práctica policial y la inconstitucionalidad de la normativa
que la habilita, particularmente el Artículo 18, inciso c), de la Ley Orgánica
de la Policía de Salta.
La presentación de la Asociación Ragone identifica el
control contravencional (ejercido por la policía) como una herramienta de "identicidio"
y "exomarginalidad". El término "identicidio"
se refiere a que la ley permite al Estado negar el derecho a la existencia
pública de aquellos a quienes el sistema ha expulsado a la exomarginalidad. La
detención de Fernanda, ya sea por consumo de alcohol o por ejercer el trabajo
sexual/vestir "prendas femeninas", es un ejemplo directo de esta
persecución, donde las figuras abiertas de "moral y buenas
costumbres" son utilizadas por las fuerzas policiales para justificar su
acción violenta y discriminatoria hacia la comunidad trans/travesti.
El caso de Fernanda Arias materializa la lógica binaria,
estigmatizante y heterocisnormativa que sustenta la violencia institucional,
la misma lógica que el Amicus Curiae busca desmantelar. El incidente de
Fernanda, reportado inicialmente por algunos medios con lenguaje estigmatizante
y en términos masculinos (como "detenido"), incluso fue catalogado
por un miembro de la Asociación Ragone como una "noticia de la
dictadura", lo que ilustra cómo la violencia policial se complementa con
la violencia mediática que invisibiliza la identidad de género.
La intervención judicial y el Amicus Curiae se
vuelven cruciales para aplicar una perspectiva de género y los estándares
internacionales de debida diligencia reforzada aplicables a la criminalidad
de género, exigiendo que una muerte violenta de una mujer trans/travesti sea
presumida como travesticidio/transfemicidio desde el inicio, incluso si
parece un suicidio.
