Presentado por la Mesa de Derechos Humanos de Salta, La Liga por los Derchos Humanos y la Asociación Miguel Ragone sobre el Habeas Corpus contra las detenciones ilegales formulado por la organización de abogados ALFA.
Contenidos:
Lalínea histórica de la represión policial
I.El Foco de la Denuncia: La Criminalización de la Pobreza
II.Las Vulneraciones Sistemáticas de Derechos Humanos
III.La Perspectiva de los Derechos Humanos: Memoria y Justicia
IV.Los Cambios Imprescindibles
V.El documento legal presentado: amicus
La línea histórica de la represión policial
La estrategia judicial conocida como el Habeas Corpus
Colectivo, Correctivo y Preventivo (HC-ALFA) ha puesto en el centro del debate
la criminalización de la pobreza y las detenciones policiales sistemáticas en
Salta. El HC es una herramienta legal esencial que busca proteger a un grupo de
personas vulnerables (como vendedores informales, "trapitos" o
personas en situación de calle) que sufren un mismo problema estructural,
exigiendo al Poder Judicial el cese inmediato de las privaciones de libertad
arbitrarias.
Para sostener estas denuncias, organizaciones históricas de
derechos humanos presentaron un Amicus Curiae (o "Amigo del
Tribunal"). Este Amicus fue impulsado por la Mesa de Derechos Humanos de
Salta y la Asociación Dr. Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia,
entidades con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y un
profundo compromiso con la Memoria, Verdad y Justicia (MVJ). El motivo
institucional de este acompañamiento a ALFA reside en su capacidad de conectar
la violencia policial actual con la impunidad histórica.
La intervención del Amicus Curiae es la "clave de
bóveda de la estrategia jurídica", ya que proporciona el marco
interpretativo conceptual e histórico. La Mesa y la Asociación Ragone, cuya
misión es transformar el dolor en "energía creativa en beneficio para la
sociedad", utilizan el Amicus para demostrar que las prácticas policiales
que se amparan en el Art. 18, inc. c, de la Ley 7742 para detener por simple
"presunción" son una manifestación contemporánea de la violencia
estructural del Estado. De hecho, el Amicus sostiene que esta norma es un "edicto
moderno" que persigue directamente la "identidad del pobre".
Esta alianza simbiótica entre el HC y el Amicus es crucial para exigir no solo
el cese de la ilegalidad, sino una reforma institucional estructural del
sistema de seguridad.
Criminalización de la Pobreza y Detención Ilegal:
La Estrategia de Dignidad en el Habeas Corpus Colectivo
El Habeas Corpus es un recurso legal esencial que permite a
cualquier persona, o a alguien en su nombre, exigir a un juez la inmediata
liberación cuando se encuentra detenido sin una orden legal o cuando las
condiciones de su detención son inhumanas. Cuando se interpone de forma Colectiva,
no busca proteger a un solo individuo, sino a un grupo completo de personas que
sufren un mismo problema estructural y habitual. En este caso, el HC-ALFA se
presenta para proteger a los habitantes y transeúntes de la ciudad de Salta,
especialmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y en
situación de calle.
I. El Foco de la Denuncia: La Criminalización de la
Pobreza
El corazón de la acción judicial es el cuestionamiento a una
práctica policial que se ha vuelto sistemática, conocida popularmente como "Operativo
Trapito". Este operativo se dirige principalmente a personas que son
percibidas como sospechosas debido a su aspecto, como los vendedores
informales, "trapitos" (cuidacoches), cartoneros, o personas en
situación de calle. La acción argumenta que, en muchos casos, la policía
detiene a estas personas sin que hayan cometido ninguna infracción, basándose
únicamente en su condición social o apariencia de mendicidad.
Para sostener estas detenciones arbitrarias, la policía se
ampara en un artículo específico de su propia Ley Orgánica (Art. 18, inc. c,
Ley 7742). Este artículo faculta a los agentes a demorar a personas cuando
existan circunstancias que hagan "presumir que alguien hubiese cometido
o pudiese cometer un hecho delictivo".
El Amicus Curiae, presentado por organizaciones históricas
de derechos humanos, sostiene que esta norma es inconstitucional. Lo describen
como un "edicto moderno" que ya no persigue explícitamente la
identidad de género o la raza, sino la "identidad del pobre".
Es decir, la norma se convierte en una herramienta legal para ejercer un
control social basado en la simple sospecha y el prejuicio, reviviendo la
lógica de "peligrosidad" de antiguos códigos represivos.
La intervención del Amicus Curiae no es solo un
documento de apoyo, sino la clave de bóveda de la estrategia jurídica. Mientras
el Habeas Corpus Colectivo traza la línea de la legalidad, exigiendo al Poder
Judicial el cese inmediato de las detenciones arbitrarias y la mejora de las
condiciones carcelarias, el Amicus amplía el campo de batalla al plano
histórico y conceptual. La estrategia de las organizaciones de derechos humanos
es, por tanto, una alianza simbiótica: el HC provee la herramienta urgente para
frenar la violación fáctica de derechos (el 'qué'), y el Amicus, con su
profundo anclaje en la Memoria, Verdad y Justicia, proporciona el marco
interpretativo (el 'por qué'), demostrando que la práctica policial denunciada
es una manifestación contemporánea de la violencia estructural del Estado,
legitimando la exigencia de una reforma institucional que vaya más allá del
caso concreto.
II. Las Vulneraciones Sistemáticas de Derechos
Humanos
El Habeas Corpus y el Amicus Curiae documentan que las
detenciones no solo son arbitrarias en su origen, sino que están acompañadas de
una serie de violaciones a la dignidad humana y a las garantías procesales
mínimas:
- Detención
Ilegal e Incomunicación: La policía aprehende a las personas sin orden
judicial y, a pesar de que muchas veces ya están identificadas, las
conducen al Centro de Contraventores. Una vez allí, permanecen completamente
incomunicadas durante horas (a veces más de seis), sin que se
notifique inmediatamente a un juez o fiscal, a un familiar, o a un
abogado. Tampoco se les informa sobre los cargos que se les imputan.
- Condiciones
Inhumanas y Hacinamiento: Las personas son alojadas en celdas que no
cumplen con los estándares mínimos de dignidad. Se ha constatado:
- Hacinamiento
extremo: Se confina a más de dos personas en celdas de tan solo 11
metros cuadrados, habiéndose detectado hasta diez personas durmiendo en
el piso en una visita.
- Falta
de recursos básicos: No hay ventilación ni luz adecuada, ni elementos
básicos de abrigo, descanso, o higiene, como camas o frazadas.
- Negación
de necesidades básicas: No se provee agua ni comida a las personas
detenidas. Tampoco hay baños en las celdas, obligando a los detenidos a
pedir para ir, lo que solo ocurre tras "mucha insistencia y
espera".
- Tratos
Crueles y Discriminación: Se denuncian prácticas vejatorias, como desnudar
a las personas para requisarlas (cacheo) sin presencia médica, un acto
que es percibido como un abuso y no como una revisión de salud.
Adicionalmente, se señala la violencia específica contra la comunidad travesti
y transgénero, al ser alojadas en los mismos espacios que la población
masculina, lo cual es una práctica "claramente discriminatoria y
violenta". El Amicus califica esto como identicidio, una
violencia que busca aniquilar la identidad de género.
III. La Perspectiva de los Derechos Humanos:
Memoria y Justicia
El Amicus Curiae, impulsado por la Asociación Miguel Ragone
y la Mesa de Derechos Humanos de Salta, aporta una perspectiva crucial. Estas
organizaciones, con una larga trayectoria en la defensa de derechos humanos y
víctimas del terrorismo de Estado, conectan la violencia policial actual con la
impunidad histórica. Argumentan que las violaciones de derechos denunciadas no
son hechos aislados, sino la manifestación de un sistema estructural y
autoritario.
La experiencia de los propios demandantes, como la
detención, el despojo y la incomunicación forzada de uno de los abogados de la
causa, sirve para confirmar que esta es una "práctica cotidiana y
sistemática" que se extiende a cualquier ciudadano, pero que golpea
con más fuerza a los sectores marginales.
IV. Los Cambios Imprescindibles
La acción de Habeas Corpus busca que la justicia ordene el
cese de este proceder ilegal, proponiendo un conjunto de medidas correctivas y
preventivas que apuntan a una reforma estructural del sistema de seguridad:
- Declaración
de Inconstitucionalidad: Declarar que el Art. 18, inc. c, de la Ley
Policial es contrario a la Constitución y a los tratados internacionales,
obligando a su anulación y poniendo fin a las detenciones por simple
"presunción".
- Cese
de la Ilegalidad: Ordenar el cese de toda privación de libertad
arbitraria y de la medida de incomunicación.
- Condiciones
Dignas de Detención: Disponer medidas urgentes para asegurar un trato
digno, incluyendo el reacondicionamiento de las celdas para cumplir
con los estándares de espacio, ventilación, higiene y alimentación.
También se pide instalar cámaras de seguridad.
- Capacitación
Policial Obligatoria: Ordenar la formación obligatoria de todo
el personal policial en garantías procesales y constitucionales.
- Control
y Rendición de Cuentas: Exigir la instrumentación de un sistema para
el registro y la rendición de cuentas de todos los operativos que
involucren detenciones sin orden judicial.
- Monitoreo
Externo: Exhortar a los poderes del Estado a facilitar que
organizaciones de derechos humanos puedan realizar visitas periódicas
al Centro de Contraventores y elaborar informes, complementando la
labor de los órganos oficiales de control.
En síntesis, este Habeas Corpus Colectivo no es solo un
reclamo por personas particulares, sino una exigencia al Poder Judicial para
que actúe contra una violencia estatal que se ha naturalizado, poniendo
un freno a la práctica de detener a las personas por ser pobres o vulnerables y
garantizando que la libertad ambulatoria y la dignidad humana sean respetadas
para todos los ciudadanos.
V. El documento legal presentado: amicus
No hay comentarios.:
Publicar un comentario