La identidad LGBT como eje: el abogado Colque y la lucha contra el identicidio policial

 

Imágen:  Red de Litigantes
LGBTI de las Américas

 El abogado salteño Agustín Colque ha intervenido en el debate público, tanto como ciudadano como profesional del derecho, para denunciar las detenciones arbitrarias y la violencia institucional en Salta. Su participación se enmarca en las acciones de la Asociación Miguel Ragone y la Mesa de Derechos Humanos, organizaciones que lo convocaron junto a otros abogados, para presentar un amicus curiae ante la Corte de Justicia de Salta. Este recurso se integra a un habeas corpus colectivo, correctivo y preventivo, que busca forzar al Poder Ejecutivo a cesar las prácticas policiales que son arbitrarias, discriminatorias y violentas, promoviendo así la democratización de la justicia.

La perspectiva de Colque en este amicus curiae es crucial, ya que se presenta como parte de la comunidad LGBT, un colectivo que ha sido "históricamente vulnerado" en sus derechos a la salud, la educación y el trabajo, y que es uno de los grupos "más afectados" por las prácticas policiales. Esta identificación personal dota a su testimonio de una autoridad directa al abordar la discriminación sistemática.

La urgencia de su intervención se relaciona directamente con las consecuencias más letales de la violencia institucional, ejemplificada por el caso de una mujer trans en Rosario de Lerma que falleció bajo custodia policial en "menos de 2 horas de detención por una presunta contravención". Colque subraya que esta tragedia es una muestra de la violencia extrema y la total falta de respeto que persiste incluso tras la muerte, criticando cómo los noticieros la deshumanizaron al referirse a ella como "un varón vestido de mujer" en lugar de como una "mujer trans".

Para conceptualizar esta magnitud de los atropellos, el abogado introdujo en la presentación judicial el concepto de “identicidio”. Este término, tomado de la sociología y la antropología, describe el conjunto de prácticas destinadas al "exterminio de ciertas identidades" y grupos sociales, aplicable no solo a la comunidad LGBT, sino también a personas racializadas y en situación de pobreza.

Además de la privación ilegítima de la libertad de personas jurídicamente inocentes, Colque enfatiza las violaciones específicas que sufren las mujeres trans y travestis durante la detención: se las "encierra con los hombres". Esta práctica es "vejatorio al máximo" y actúa como si la Ley de Identidad de Género "nunca se hubiese sancionado", constituyendo una forma de disciplinamiento y control social. Así, la lucha de Colque, respaldada por su identidad, busca forzar al Estado a adecuar sus políticas de seguridad a los estándares de dignidad humana y los tratados internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, aunque la auto-identificación de Agustín Colque como miembro de la comunidad LGBT es poderosa y esencial para diagnosticar el "identicidio" ejercido por la policía, su posición política y su demanda de justicia se fundamentan en un compromiso más amplio y una mirada compleja e informada de la realidad salteña. Colque interviene en el debate como profesional del derecho y como ciudadano, y su análisis se basa en la violación de principios universales consagrados en la Constitución y tratados internacionales,,,. Su agenda no se limita a su propia identidad, sino que abarca la defensa de todas las personas inocentes cuya libertad ambulatoria es avasallada, incluyendo a personas racializadas y aquellas en situación de pobreza, así como a quienes padecen las condiciones inhumanas de encierro, como la sobrepoblación del 100% en la Alcaidía Salta,. Por lo tanto, si bien su pertenencia a una comunidad vulnerada proporciona una autoridad moral y política innegable, la exigencia de poner fin a las prácticas arbitrarias y violentas de la policía es una demanda universal por la protección de la libertad física, lo que demuestra que la sola identidad LGBT no es ni una condición necesaria ni suficiente para impulsar esta compleja lucha por la democratización de la justicia.

“Memoria viva Trans” en la jornada sobre violencia institucional de ALFA y ANDHES Salta: La Violencia Policial y las Prácticas de la Dictadura Persisten contra la Comunidad Trans

La intervención de Pía Ceballos, representante del Movimiento Trans Argentina (MTA), tuvo lugar durante las "Jornadas de la violencia institucional en primera persona," un espacio diseñado para que las víctimas y los activistas pudieran compartir sus vivencias directas con la violencia estatal. Su presentación se centró en la violencia institucional dirigida específicamente contra la comunidad travesti y trans, un grupo que, junto con las personas en situación de calle y otros sectores vulnerables, ha sufrido detenciones sin garantías constitucionales y atropellos por parte de las fuerzas de seguridad. Ceballos se enfocó en exponer cómo la policía ejerce abuso y violencia contra su comunidad por ser trans, pobre y, a menudo, trabajadoras sexuales, vinculando estas prácticas represivas con métodos heredados de la última dictadura militar. Su discurso se enmarcó dentro del primer bloque del conversatorio, el cual abordó específicamente la violencia institucional previa al proceso judicial, como los abusos policiales en la calle y las situaciones de violencia contra la diversidad.

Ver también

Violencia Institucional en Primera Persona:

Voces de la Lucha Colectiva Contra el Abuso Estatal

La continuidad de la represión histórica

El discurso de Ceballos no solo abordó el pasado, sino que denunció la urgencia de la violencia contemporánea, como el reciente caso de Fernanda Arias, quien fue detenida y murió en la comisaría 2 de Rosario de Lerma tres horas después. Si bien las autoridades alegaron que la causa de la muerte fue el suicidio, las organizaciones demandaron que se investigara quiénes eran los responsables en la comisaría y los efectivos de salud. Ceballos vinculó esta crisis con el panorama político nacional, señalando que entre el 22 y el 28 de noviembre se produjeron tres crímenes contra la comunidad trans donde la policía fue partícipe primario, no solo en Salta sino también en Córdoba y Buenos Aires. Subrayó que el aumento de los crímenes de odio y las amenazas se amplifica debido a los discursos de odio, las amenazas y la desinformación provenientes del gobierno actual.

La historia de la comunidad trans con las fuerzas de seguridad ha estado marcada por la brutalidad y la impunidad. Ceballos recordó casos como el de Pelusa Liendro, quien denunciaba a la policía por cobrar coimas y fue asesinada en 2006. También relató el caso de Violeta, una compañera que, tras ser golpeada severamente por la policía, terminó internada con fracturas y luego migró a Buenos Aires para huir de la transfobia y la violencia, pero murió a los dos meses. Las detenciones no son por contravenciones menores, sino que involucran golpizas, abusos y traslados a la alcaidía para ser liberadas solo después de un "buen levante". Estos hechos demuestran que la migración forzada es una realidad para esta comunidad que busca otros lugares para desarrollar sus vidas ante la discriminación y la violencia.

El trauma de la detención y la memoria de la dictadura

 

Uno de los aspectos más duros de la intervención fue la descripción de lo que ocurre dentro de los centros de detención. Ceballos compartió que las situaciones que se viven en una comisaría o alcaidía son "tremendas" y dejan un trauma inolvidable. Las personas travestis son expuestas en el cuerpo para el "morbo" de los efectivos masculinos y sufren violencia sexual en los calabozos. Y enfatizó que muchas de estas prácticas, incluyendo la violencia sexual y el abuso, son métodos de represión que se siguieron aplicando en democracia contra la población trans, heredadas de la última dictadura. La violencia ejercida busca generar "escándalo a la moral y a las buenas costumbres salteñas".

Ante este panorama de violencia estructural, el mensaje de Pía Ceballos culminó en la necesidad de fortalecer una red de lucha por los derechos humanos que no ponga distinción de sexualidad o género, sino que permita a las travestis "marchar a la par" y luchar por sus derechos. Su intervención sirvió como un recordatorio de que la memoria de las compañeras asesinadas y abusadas sigue viva y exige justicia.

 

Solicitan Convocatoria Extraordinaria de la Mesa de la Diversidad por Muerte de Mujer Trans en Custodia

Organizaciones de derechos humanos, incluyendo la Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia y Mujeres Trans Argentina (MTA), solicitaron una reunión extraordinaria y urgente de la Mesa de la Diversidad de Salta.

El pedido está motivado por la muerte de Fernanda Arias, una mujer trans de 34 años, quien fue hallada sin vida en la Comisaría de Rosario de Lerma el 14 de noviembre de 2025, dos días después de su detención. Las organizaciones rechazan la versión oficial de suicidio, calificando el hecho como un transfemicidio por violencia institucional y un acto de "identicidio".

El caso ha generado una significativa movilización y repercusión mediática local y nacional. Las organizaciones exigen la participación del Secretario de Seguridad y una investigación penal independiente con perspectiva de derechos humanos. Advierten sobre la posible existencia de un "grupo policial desviado" en Rosario de Lerma que comete crímenes de odio contra personas trans y travestis. La falta de una respuesta institucional inmediata profundizaría la erosión de confianza.

Nota a la Mesa de la Diversidad del Gobierno de Salta

Manifiesto por la Continuidad Irreparable: la histórica lucha contra la violencia institucional esta vez en el “Identicidio” Trans de Fernanda Arias en la Comisaría de Rosario de Lerma

 

Manifiesto

Fuente imagen: IG: @genero_ymasculinidades, IG:@mujeres_trans_argentina

Nosotros, la Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia, alzamos nuestra voz desde el dolor que nos atraviesa la lucha histórica contra la violencia institucional. Hoy, el irreparable peso de la muerte nos convoca en la desaparición y el exterminio de Fernanda Arias a manos de la policía en la Comisaría de Rosario de Lerma en Salta. Lo conectamos con las mismas estrategias en tiempos de la dictadura militar de la década del setenta. Esa continuidad de la violencia institucional es un patrón de identicidio que borra existencias disidentes, empujándolas a la exomarginalidad absoluta, fuera incluso de los márgenes de la pobreza cisnormativa.

En la muerte de Fernanda vemos un homicidio en manos de uniformes que se ocultan bajo velos de impunidad. Desestimamos de plano la hipótesis del suicidio, esa farsa inconsistente de un ahorcamiento con un top que no resiste el escrutinio; en su lugar, señalamos el homicidio y encubrimiento policial, con testigos que vieron los palos y las contusiones fatales en su cráneo, sin reanimación creíble al llegar al hospital. Y acecha también la sombra de una venganza reciente, tramada por una esposa celosa un mes antes, que desató el hostigamiento final de agentes que ya la vigilaban.

Esta lógica del exterminio no es casual: es el sistema que niega identidades trans mediante vigilancia opaca y represión letal, como el artículo 18 de la Ley Orgánica Policial que disfrazó de "seguridad" el borramiento de Fernanda. La lucha contra la violencia institucional y las detenciones ilegales persiste en custodias policiales que matan, en patrullas que disciplinan hasta la muerte, en una policía que perpetúa el identicidio trans como herencia impune. Pero de ese abismo surge nuestra resistencia: la prevención como acto de rebeldía personal y comunitaria, transformando el dolor en energía creativa que reorganiza conductas antes del límite fatal. ​

¡Basta de muertes irreparables! La resiliencia de Fernanda, que se levantaba una y otra vez diciendo "me voy a dormir así, ¿ves?, pero volvía", nos inspira a exigir Justicia. Un cambio estructural de formación policial profunda, deconstrucción de la hegemonía masculina y justicia restaurativa. Nuestra deuda histórica contra la impunidad de la violencia institucional nos obliga: prevención ahora, para que ninguna vida sea exomarginada ni borrada jamás.