El diálogo entre el pragmatismo jurídico del Colegio de
Abogados y el activismo académico de Tejeríos Desobedientes dibuja una realidad
compleja: la legislación avanzada actúa como un faro, mostrando el camino del
derecho al libre desarrollo personal, pero la oscuridad de la inercia cultural
y la resistencia burocrática institucional actúan como una densa niebla. Para
que la población trans pueda navegar el camino hacia sus derechos
fundamentales, no basta con encender la luz del derecho, sino que es necesario,
como en la construcción de una sólida red de pescar, asegurar que cada
nudo—cada institución y cada activista—esté lo suficientemente fuerte y bien
anudado para capturar la diversidad de experiencias y la potencia de la
resistencia, garantizando que ninguna vida ni lucha se escape del ámbito
del apoyo mutuo.
Este análisis aborda la convergencia discursiva y
estratégica entre diferentes esferas institucionales —el activismo, la
academia y los organismos del Estado y judiciales—, examinando las
proposiciones expuestas en el Conversatorio del Colegio de Abogados de Salta,
protagonizado por Victoria Liendro y otros especialistas, en diálogo crítico
con las urgencias políticas y experiencias de implementación detalladas en las
Jornadas Tejeríos Desobedientes. Es fundamental comprender que la articulación
de estos espacios inter-institucionales—como el Colegio de Abogados, la Universidad
Nacional de Salta (UNSA), el CONICET, y organizaciones militantes—tiene como
objetivo central circularizar un discurso informado sobre derechos que actúe
como "frente de cuidado colectivo y contestación política". No
obstante, el destino último de estos debates y herramientas legales no es el
ámbito académico ni el judicial per se, sino las comunidades debilitadas
que enfrentan una exclusión sistemática, y cuyo acceso efectivo a la justicia,
la salud y la educación depende de la capacidad de estos diálogos para
transformar la inercia y la resistencia institucional.
La persistencia de la brecha: de la ley de vanguardia a la marginación
estructural
El análisis de los discursos cruzados entre el ámbito
jurídico formal (Colegio de Abogados) y el espacio de praxis y resistencia
(Tejeríos Desobedientes, la Jornada académica – activista en la Universidad
Nacional de Salta) revela un eje central ineludible: La Persistencia
de la Brecha entre el Reconocimiento Legal y la Exclusión Estructural. Las
leyes argentinas, como la Ley de Identidad de Género (Nº 26.743), son
consideradas un avance paradigmático que consagra el derecho al "libre
desarrollo personal". Sin embargo, la efectividad de esta normativa se
desdibuja ante la exclusión sistémica que, según Victoria Liendro,
empuja a la población transgénero a una marginalidad "constituyente".
El desafío no es solo la falta de leyes, sino la demora en el cambio de
mentalidad y la aplicación deficiente de las existentes.
I. La Ley existe, pero la expulsión educativa y laboral mantiene la
condición de marginalidad histórica
La primera proposición principal sostiene que, a pesar del
marco legal avanzado, la población trans sigue siendo expulsada de los sistemas
educativos y laborales formales, lo cual perpetúa la violencia estructural y la
expectativa de vida reducida. Esta realidad subraya que el progreso legal no se
traduce automáticamente en inclusión social.
1.1. El Sistema Educativo como núcleo de la expulsión
Victoria Liendro presenta datos devastadores: nueve de
cada diez personas trans no concluyen la escolaridad obligatoria. Esta
deserción, que coincide con la exteriorización de la identidad, se establece
como el punto de origen que impide el desarrollo de una "cultura del
trabajo" formal. Este hallazgo se problematiza al confrontarlo con los
esfuerzos institucionales descritos en Tejeríos. Ana Pérez, del Observatorio de
Violencia contra las Mujeres, ilustra que, incluso con protocolos específicos
como la Resolución 635/21 de Salta, que obliga a las escuelas a garantizar el
derecho a la identidad, su implementación choca con la inercia y la falta de
capacitación institucional. La garantía de derechos a menudo depende de
encontrar "huecos" en los sistemas digitales o de esfuerzos manuales,
lo que confirma que el Estado, pese a la normativa, es deficiente como garante
del derecho a la educación en la práctica.
1.2. La ausencia de medidas de acción positiva y la consecuencia económica
La exclusión educativa se traduce directamente en la
exclusión laboral, resultando en que más del 95% de la población trans haya
estado o esté en situación de prostitución. Ante esta realidad, Inés
Bocanera señala la imperiosa necesidad de adoptar "medidas de acción
positiva" conforme a la Constitución para cerrar la brecha entre la
ley y el ejercicio efectivo de derechos. Esta necesidad de intervención estatal
se contrapone al rol de las redes comunitarias detallado en Tejeríos. La
Red de Promotoras Territoriales en Violencia de Género, por ejemplo, surgió
para responder a necesidades urgentes y cubrir los vacíos del Estado. A pesar
de su labor esencial en el acompañamiento y contención, el proyecto de ley para
el reconocimiento económico de estas promotoras fue archivado en la
legislatura. Esto evidencia que el activismo es el que suple la obligación
estatal de garantizar un estado de bienestar solidario, mientras las barreras
culturales e idiosincrásicas dificultan la aplicación de la ley de cupo laboral
trans.
II. La Resistencia institucional burocrática actúa como barrera de derechos
y refuerza la patologización
La segunda proposición principal aborda cómo los sistemas de
justicia y salud, a través de la burocracia y la interpretación restrictiva,
socavan el espíritu despatologizador de la ley, transformando las garantías
legales en obstáculos concretos para el "habitar disidente".
2.1. La patologización persistente en los Sistemas Judicial y de Salud
Lisandro Sastre resalta que la Ley de Identidad de Género
(26.743) es paradigmática al despatologizar la identidad trans y consagrar el
acceso a prestaciones de salud basándose únicamente en el consentimiento
informado. Por lo tanto, cualquier exigencia adicional (como certificados
psicológicos) es ilegal. Sin embargo, esta garantía legal choca con la práctica
judicial descrita por Flavia Garagorri Gutiérrez en Tejeríos Desobedientes.
Gutiérrez documentó cómo la resistencia institucional se manifiesta en la solicitud
de pericias psicológicas en procesos de cambio de identidad, una práctica
que contradice el espíritu de la ley y conlleva el riesgo de patologización.
Además, figuras de garantía, como la "abogada del niñe", se
convierten en obstáculos burocráticos que cuestionan los procesos de crianza.
Este panorama refuerza la crítica de Liendro a los discursos anti-derechos y
falaces que buscan cuestionar la responsabilidad estatal en el cuidado de la
salud de toda la ciudadanía.
2.2. La urgencia política y la transformación de operadores institucionales
La crítica a la inercia institucional se convierte en un
llamado a la acción política. La Decana Marcela Álvarez y Sofía enmarcan el
“Tejerío Desobediente” como una apuesta política, urgente y necesaria y
como un acto de resistencia vital contra la "crueldad" y los
discursos de odio que "ponen en riesgo la vida". Esta urgencia se
justifica ante la exposición a la violencia y exclusión que resulta en una
expectativa de vida de apenas 35 a 45 años para la población trans. La
necesidad de enfrentar esta resistencia exige la capacitación continua
de los operadores de justicia, salud y educación. El Conversatorio del Colegio
de Abogados se suma a esta lógica al buscar abrir la reflexión y el diálogo en
un ámbito institucional clave. La academia, mediante la Vicedirectora Mariana
Godoy, legitima este esfuerzo al promover una "dilución de
frontera" entre la investigación, el activismo y las políticas
públicas, enfocándose en sistematizar y pensar el "habitar
disidente". Solo mediante este esfuerzo sostenido de "tejer lazos de
cuidado" y "agujerear los consensos patriarcales", y
profundizando el debate sobre la criminalización y racialización que
afecta a la población trans, se podrá asegurar que la ley deje de ser solo una
herramienta escrita para convertirse en un cambio efectivo en la vida de las
comunidades.
