viernes, 28 de noviembre de 2025

Nota de organizaciones al Comité para la Prevención de la Tortura a raíz del posible transfemicidio por la Comisaría de Rosario de Lerma

La muerte en custodia policial, especialmente de una persona que forma parte de un colectivo históricamente perseguido, demuestra la lógica de la necropolítica queer, donde el Estado (re)produce las condiciones que hacen probables las muertes prematuras.


Salta, viernes 28 de noviembre de 2025

Dr. Rodrido Solá

Presidente

Comité Provincial
para la Prevención de la Tortura de Salta

S ___________________ / __________________ D

 

Rtte: Pía Ceballos, por Mujeres Trans Argentina

Fernando Pequeño Ragone, por Asoc Miguel Ragone

 

Nota: Muerte dudosa de compañera Trans en Comisaría de Rosario de Lerma. Solicitamos la intervención del CPTS en el esclarecimiento de posible responsabilidad policial en el caso del Fallecimiento de Daniela Fernanda Arias.

 

En representación de las Organizaciones Mujeres Trans Argentina y Asoc Miguel Ragone, le solicitamos intervenga en el esclarecimiento de las responsabilidades del personal policial operativo el momento de la muerte de la compañera trans fallecida, Daniela Fernanda Arias. Existen motivos para sospechar que se trata de un posible caso de transfemicidio.

I. El hecho

Daniela Fernanda Arias, una mujer trans de 34 años, falleció el 26 de noviembre de 2025 en la Comisaría de Rosario de Lerma, Salta, en un contexto de presunta violencia institucional. Fue detenida a las 20 horas y murió aproximadamente dos horas después, mientras era trasladada al hospital según informes recolectados en los medios [1]. La Fiscalía de Femicidios de Salta, con la fiscal Luján Sodero Calvet a cargo, interviene para esclarecer el hecho y busca determinar las circunstancias de la muerte, ya que la policía inicialmente informó un posible suicidio, pero la familia y diversas organizaciones dudan de esta versión y exigen una investigación con perspectiva de género y derechos humanos. Se habla de la participación de organizaciones travesti trans, feministas y de derechos humanos que reclaman el reconocimiento de un posible transfemicidio. Estas demandas exigen un tratamiento judicial y mediático adecuado, y una investigación exhaustiva sobre el actuar policial en este caso.

 

I.1.Proposición:

Se requiere de manera urgente que el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) de Salta solicite y evalúe exhaustivamente la información sobre la actuación del personal policial, el proceso de detención y el sumario administrativo abierto tras el fallecimiento de Daniela Fernanda Arias en la Comisaría N.º 2 de Rosario de Lerma, debido a que:

  1. La muerte ocurrió bajo la custodia directa del Estado, en una celda de contraventores, lo que automáticamente enmarca la investigación en la hipótesis de violencia institucional/policial y exige la aplicación del estándar de debida diligencia reforzada para muertes violentas de mujeres trans/travestis, incluyendo suicidios o muertes dudosas.
  2. El contexto del hecho, una detención por una supuesta contravención vinculada a su identidad de género o trabajo sexual, es un indicio de discriminación estructural y violencia institucional, uno de los contextos transfemicidas de violencia institucional/policial que debe ser investigado.
  3. La versión policial de un "suicidio" es altamente cuestionada por familiares y organizaciones, y existen indicios de que en estos contextos suelen presentarse la manipulación de las actas de procedimiento para ocultar responsabilidades, o la omisión en brindar atención médica que conlleva la muerte en detención.
  4. Para determinar la verdadera causa y manera de la muerte (distinguir entre muerte natural, accidental, suicidio u homicidio/crimen de género), se requiere la aplicación de la autopsia psicológica, una herramienta que permite la reconstrucción retrospectiva de la vida, el estado mental previo y la posible historia de violencia de género que pudo haber conducido a la víctima a una situación de vulnerabilidad extrema, como exige la debida diligencia en casos de muertes dudosas.
  5. La Asociación Miguel Ragone, que colabora con el CPT Salta en el monitoreo de condiciones carcelarias y hacinamiento, ha enmarcado este tipo de persecución policial dentro de la categoría de "identicidio", subrayando la urgencia de desarticular la lógica binaria y estigmatizante que permite que personas vulnerables mueran bajo custodia.

 

 

II. Síntesis de las Expresiones en los Medios

El tratamiento mediático de la muerte de Fernanda Arias, ocurrida el 26 de noviembre, fue catalogado por organizaciones como ALFA como estigmatizante y violento.

  1. Uso de lenguaje discriminatorio: El medio local Valle de Lerma hoy tituló la noticia: “Tragedia en una comisaria: Un detenido se quitó la vida luego de ser demorado por ofrecer sexo”.
  2. Violencia mediática e invisibilización de la identidad: Este titular fue repudiado por ALFA, que señaló que presenta información falsa y es stigmatizante y violento. La nota usó el término "detenido" (género masculino) en lugar de reconocer su identidad como mujer trans. Esta práctica constituye una forma de violencia mediática según la Ley 26.485, ya que injuria, difama, discrimina y atenta contra la dignidad de las mujeres, legitimando la desigualdad de trato. El tratamiento despectivo, estigmatizante y liviano es evidente, pues niega e invisibiliza la identidad de género de la víctima.
  3. Desinformación y encubrimiento potencial: Otro medio, Informate Salta, tituló: “Desmienten la muerte de una mujer trans en el interior de una comisaría en Rosario de Lerma”, sugiriendo que la muerte no ocurrió o que no estuvo relacionada con la Comisaría.

Organizaciones exigen la implementación de la Perspectiva de Género y Diversidad en los medios de comunicación locales y el correcto cumplimiento de la Ley 26.743 de Identidad de Género, que obliga a todas las instituciones y medios a respetar la identidad autopercibida.

III. Dimensiones del Hecho Encaradas por los Medios

En general, los medios que cubrieron el evento enfocaron las siguientes dimensiones, a menudo bajo un sesgo estigmatizante:

  • La contravención y el motivo de la detención: Se enfocó en la supuesta causa de la detención, señalando que había sido demorada por una "contravención registrada" en la vía pública. El medio Valle de Lerma hoy especificó que fue por "ofrecer servicios sexuales en la vía pública y vistiendo prendas femeninas", aunque ALFA argumentó que la detención parecía no estar justificada.
  • La modalidad de la muerte: El hecho fue reportado inicialmente como un suicidio, señalando que la persona habría utilizado una prenda de vestir, específicamente su propia camisa, para atentar contra su vida.
  • El contexto institucional: La dimensión institucional fue tocada al mencionar que las autoridades dispusieron la apertura de un sumario administrativo para evaluar la conducta del personal de turno y que este es el cuarto episodio de características similares registrado en esa dependencia en los últimos 15 años.

Las organizaciones que exigen justicia, sin embargo, enfocaron dimensiones contrarias: la necesidad de investigar un posible transfemicidio y la violencia institucional.

IV. El OVcM en el abordaje de la violencia institucional en población trans en Salta. [2]

El hecho de la muerte de Fernanda Arias bajo custodia policial, catalogada inicialmente como suicidio, se inscribe en la "ruta crítica de la violencia" y el "travesticidio social" que padece la comunidad trans-travesti.

Estadísticas del OVcM y datos relacionados:

  1. Baja Expectativa de Vida y Suicidabilidad: Los estudios realizados en colaboración con el OVcM confirman que la tasa de pensamientos suicidas y el suicidio mismo son altísimos en el colectivo trans y travesti. La expectativa de vida de las mujeres trans y travestis en Argentina no supera los 40 años, lo que se configura como el resultado de una larga cadena de violencias que incluye la persecución policial, la discriminación y la falta de atención sanitaria.
  2. Violencia Estructural y Necropolítica Queer: La muerte de Fernanda Arias se relaciona con el concepto de travesticidio/transfemicidio social, entendido en un sentido amplio como el deceso resultante de un continuum de violencias que concluye con la muerte, donde el Estado tiene responsabilidad por acción u omisión. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT (2021) reportó que el 80% de los crímenes de género fueron cometidos contra mujeres trans y travestis. Además, en 2021 se registraron 62 muertes por violencia estructural, 60 de las cuales fueron de mujeres trans, lo que subraya cómo el Estado (re)produce las condiciones que hacen probables las muertes prematuras.
  3. Contexto de Violencia Institucional: El caso de Fernanda Arias encaja en el contexto de violencia institucional o policial, que es uno de los escenarios específicos del transfemicidio, donde los agresores suelen ser miembros de las fuerzas policiales, y las prácticas judiciales y policiales se caracterizan por la falta de diligencia o la manipulación de actas de procedimiento para ocultar la responsabilidad estatal. En muchos casos, los crímenes reciben la carátula de "causa natural" o "suicidio", lo que obstaculiza una investigación adecuada.

Relación directa con el hecho:

La investigación de la UFEM sobre la muerte de Fernanda Arias debe presumir la hipótesis de travesticidio/transfemicidio desde el inicio, incluso si parece un suicidio, para asegurar la recolección de pruebas de la violencia de género. La autopsia psicológica (autopsia psicològica) es una herramienta recomendada en casos de muertes dudosas o equívocas, como el suicidio, ya que permite la reconstrucción retrospectiva de la vida, patrones de conducta y estado mental previo para esclarecer la motivación y la manera real de la muerte.

La muerte de Fernanda Arias, bajo custodia tras una contravención (posiblemente vinculada a su identidad o al trabajo sexual, una ocupación estigmatizada para el colectivo), resalta la vulnerabilidad extrema de las personas trans en Salta. Este evento es visto como parte de la crisis de la violencia de género que expone a grandes conjuntos de la población a la muerte en razón de su condición de género.


 

Identicidio y Necropolítica Queer: La Muerte de Fernanda Arias en Custodia Policial como Fundamento de la Acción de Amicus Curiae contra la Violencia Institucional

Contextualización de la Muerte Dudosa de Fernanda Arias con el Amicus Curiae de la Asociación Ragone

Ver en línea[3]
El 'Edicto Moderno' y la 'Identidad del Pobre': La inconstitucionalidad de detener por simple sospecha según el Amicus Curiae.

La estrategia judicial conocida como el Habeas Corpus Colectivo, Correctivo y Preventivo (HC-ALFA) ha puesto en el centro del debate la criminalización de la pobreza y las detenciones policiales sistemáticas en Salta. El HC es una herramienta legal esencial que busca proteger a un grupo de personas vulnerables (como vendedores informales, "trapitos" o personas en situación de calle) que sufren un mismo problema estructural, exigiendo al Poder Judicial el cese inmediato de las privaciones de libertad arbitrarias.

Para sostener estas denuncias, organizaciones históricas de derechos humanos presentaron un Amicus Curiae (o "Amigo del Tribunal"). Este Amicus fue impulsado por la Mesa de Derechos Humanos de Salta y la Asociación Dr. Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia, entidades con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y un profundo compromiso con la Memoria, Verdad y Justicia (MVJ). El motivo institucional de este acompañamiento a ALFA reside en su capacidad de conectar la violencia policial actual con la impunidad histórica.

La intervención del Amicus Curiae es la "clave de bóveda de la estrategia jurídica", ya que proporciona el marco interpretativo conceptual e histórico. La Mesa y la Asociación Ragone, cuya misión es transformar el dolor en "energía creativa en beneficio para la sociedad", utilizan el Amicus para demostrar que las prácticas policiales que se amparan en el Art. 18, inc. c, de la Ley 7742 para detener por simple "presunción" son una manifestación contemporánea de la violencia estructural del Estado. De hecho, el Amicus sostiene que esta norma es un "edicto moderno" que persigue directamente la "identidad del pobre". Esta alianza simbiótica entre el HC y el Amicus es crucial para exigir no solo el cese de la ilegalidad, sino una reforma institucional estructural del sistema de seguridad.

La trágica y dudosa muerte de Daniela Fernanda Arias (Fernanda Arias), una mujer trans, en la Comisaría N.º 2 de Rosario de Lerma, Salta, es un caso paradigmático que refuerza y valida los argumentos centrales presentados en el escrito de Amicus Curiae que la Asociación Miguel Ragone (junto con otras organizaciones de la Mesa de Derechos Humanos de Salta) presentó en el Habeas Corpus (HC) de ALFA.

1. Muerte en Custodia y Violencia Institucional

La muerte de Fernanda Arias, ocurrida el 26 de noviembre de 2025, se produjo después de que fuera detenida por una contravención, presuntamente por "ofrecer servicios sexuales en la vía pública y vistiendo prendas femeninas". La Policía informó que la mujer trans se habría quitado la vida utilizando su propia camisa en una celda de contraventores, falleciendo durante el traslado al hospital local.

Este hecho se encuadra en un contexto transfemicida de violencia institucional/policial. La familia y las organizaciones de derechos humanos, travestis, trans y feministas, dudan de la versión policial e insisten en que se investigue un posible transfemicidio. La consigna "Nadie se suicida en una comisaría" subraya la sospecha de responsabilidad estatal.

La muerte en custodia policial, especialmente de una persona que forma parte de un colectivo históricamente perseguido, demuestra la lógica de la necropolítica queer, donde el Estado (re)produce las condiciones que hacen probables las muertes prematuras.

2. El Amicus Curiae como Denuncia del "Identicidio"

El Amicus Curiae (Amigo del Tribunal) fue presentado para colaborar en el HC de ALFA y se centra precisamente en confrontar la ilegalidad de la práctica policial y la inconstitucionalidad de la normativa que la habilita, particularmente el Artículo 18, inciso c), de la Ley Orgánica de la Policía de Salta.

La presentación de la Asociación Ragone identifica el control contravencional (ejercido por la policía) como una herramienta de "identicidio" y "exomarginalidad". El término "identicidio" se refiere a que la ley permite al Estado negar el derecho a la existencia pública de aquellos a quienes el sistema ha expulsado a la exomarginalidad. La detención de Fernanda, ya sea por consumo de alcohol o por ejercer el trabajo sexual/vestir "prendas femeninas", es un ejemplo directo de esta persecución, donde las figuras abiertas de "moral y buenas costumbres" son utilizadas por las fuerzas policiales para justificar su acción violenta y discriminatoria hacia la comunidad trans/travesti.

El caso de Fernanda Arias materializa la lógica binaria, estigmatizante y heterocisnormativa que sustenta la violencia institucional, la misma lógica que el Amicus Curiae busca desmantelar. El incidente de Fernanda, reportado inicialmente por algunos medios con lenguaje estigmatizante y en términos masculinos (como "detenido"), incluso fue catalogado por un miembro de la Asociación Ragone como una "noticia de la dictadura", lo que ilustra cómo la violencia policial se complementa con la violencia mediática que invisibiliza la identidad de género.

La intervención judicial y el Amicus Curiae se vuelven cruciales para aplicar una perspectiva de género y los estándares internacionales de debida diligencia reforzada aplicables a la criminalidad de género, exigiendo que una muerte violenta de una mujer trans/travesti sea presumida como travesticidio/transfemicidio desde el inicio, incluso si parece un suicidio.

 

 

Cobertura en medios

 

  1. https://defrentesalta.com.ar/contenido/28359/muerte-de-una-mujer-trans-en-rosario-de-lerma-fiscalia-emitio-un-informe
  2. https://www.cuarto.com.ar/muerte-en-comisaria-saltena-la-policia-dice-que-se-trato-de-un-suicidio-la-familia-lo-niega/
  3. https://defrentesalta.com.ar/contenido/28371/romero-cierra-un-ciclo-de-18-anos-en-el-senado-un-mandato-marcado-por-causas-sin
  4. https://www.pagina12.com.ar/2025/11/28/exigen-que-se-investigue-a-la-policia-por-la-muerte-de-una-mujer-trans/
  5. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/113690/CONICET_Digital_Nro.00718b30-d9a1-4391-8159-a5e2e2c5d3ae_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
  6. https://repositorio.unne.edu.ar/bitstream/handle/123456789/927/IIGHI_EGHR_2016_36.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  7. https://www.tiempoar.com.ar/wp-content/uploads/2021/04/692-1.pdf
  8. https://www.tiempoar.com.ar/wp-content/uploads/2021/04/781-1.pdf
  9. https://www.mpf.gob.ar/lesa/files/2023/03/19.-Fundamentos-causa-Yazlle.pdf
  10. http://publicaciones.bn.gob.ar/s1/001207768/2009/BNA_S001207768_20091203N07580.pdf

 

 

jueves, 27 de noviembre de 2025

Frente al Identicidio y la Opacidad: Un Amicus Curiae por la Dignidad LGBTIQ+ y el Fin de las Detenciones Arbitrarias en Salta

 Se presentó el amicus en la Corte de Justicia de Salta el 27 de noviembre. 

La Asociación Miguel Ragone y las organizaciones integrantes de la Mesa de Derechos Humanos de Salta se han presentado ante la Corte de Justicia provincial bajo la figura legal de Amicus Curiae para intervenir en la causa de Habeas Corpus Colectivo, Correctivo y Preventivo (HC-ALFA). El objeto central de esta presentación es colaborar con el tribunal en el ejercicio del control de constitucionalidad y convencionalidad sobre el artículo 18 inciso c) de la Ley Nº 7742, denunciando que su redacción vaga constituye una estrategia de poder "opaca" diseñada deliberadamente para la criminalización de la pobreza y la persecución de la disidencia identitaria.

Con un énfasis fundamental en la identidad LGBTIQ+, el escrito aporta un andamiaje teórico basado en la teoría crítica travesti latinoamericana para desmantelar la lógica binaria y heterocisnormativa que sustenta la violencia institucional, calificando prácticas como el alojamiento de mujeres trans en celdas de varones como actos de identicidio y tortura psicológica. El motivo institucional de este acompañamiento radica en el compromiso inclaudicable de estas organizaciones con los valores de Memoria, Verdad y Justicia, buscando que el Poder Judicial salde finalmente la deuda histórica de representatividad con un colectivo que ha crecido bajo la categoría de delito por su sola existencia. De este modo, las fuentes señalan que el Amicus busca proteger a quienes habitan la exomarginalidad y garantizar que la identidad sea respetada como una construcción vivencial protegida por la ley y no sometida al disciplinamiento policial.

El 'Edicto Moderno' y la 'Identidad del Pobre': La inconstitucionalidad de detener por simple sospecha según el Amicus Curiae

Presentado por la Mesa de Derechos Humanos de Salta, La Liga por los Derchos Humanos y la Asociación Miguel Ragone sobre el Habeas Corpus contra las detenciones ilegales formulado por la organización de abogados ALFA. 

 

 

Un especial agradecimiento a lxs abogadxs Verónica Molina y Martín Plaza. Y al abogado Agustín Colque por sus especiales aportes sobre el control de constitucionalidad y convencionalidad, la historización de la figura legal del amicus, y los ejemplos contravencionales específicos como el Art. 114 de Salta y el Art. 95 de Santa Cruz, que son clave para ilustrar la continuidad histórica del "identicidio".

Contenidos:

Lalínea histórica de la represión policial

Criminalizaciónde la Pobreza y Detención Ilegal: La Estrategia de Dignidad en el Habeas CorpusColectivo

I.El Foco de la Denuncia: La Criminalización de la Pobreza

II.Las Vulneraciones Sistemáticas de Derechos Humanos

III.La Perspectiva de los Derechos Humanos: Memoria y Justicia

IV.Los Cambios Imprescindibles

V.El documento legal presentado: amicus

 

 

La línea histórica de la represión policial

La estrategia judicial conocida como el Habeas Corpus Colectivo, Correctivo y Preventivo (HC-ALFA) ha puesto en el centro del debate la criminalización de la pobreza y las detenciones policiales sistemáticas en Salta. El HC es una herramienta legal esencial que busca proteger a un grupo de personas vulnerables (como vendedores informales, "trapitos" o personas en situación de calle) que sufren un mismo problema estructural, exigiendo al Poder Judicial el cese inmediato de las privaciones de libertad arbitrarias.

Para sostener estas denuncias, organizaciones históricas de derechos humanos presentaron un Amicus Curiae (o "Amigo del Tribunal"). Este Amicus fue impulsado por la Mesa de Derechos Humanos de Salta y la Asociación Dr. Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia, entidades con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y un profundo compromiso con la Memoria, Verdad y Justicia (MVJ). El motivo institucional de este acompañamiento a ALFA reside en su capacidad de conectar la violencia policial actual con la impunidad histórica.

La intervención del Amicus Curiae es la "clave de bóveda de la estrategia jurídica", ya que proporciona el marco interpretativo conceptual e histórico. La Mesa y la Asociación Ragone, cuya misión es transformar el dolor en "energía creativa en beneficio para la sociedad", utilizan el Amicus para demostrar que las prácticas policiales que se amparan en el Art. 18, inc. c, de la Ley 7742 para detener por simple "presunción" son una manifestación contemporánea de la violencia estructural del Estado. De hecho, el Amicus sostiene que esta norma es un "edicto moderno" que persigue directamente la "identidad del pobre". Esta alianza simbiótica entre el HC y el Amicus es crucial para exigir no solo el cese de la ilegalidad, sino una reforma institucional estructural del sistema de seguridad.

 

 

Criminalización de la Pobreza y Detención Ilegal: La Estrategia de Dignidad en el Habeas Corpus Colectivo

El Habeas Corpus es un recurso legal esencial que permite a cualquier persona, o a alguien en su nombre, exigir a un juez la inmediata liberación cuando se encuentra detenido sin una orden legal o cuando las condiciones de su detención son inhumanas. Cuando se interpone de forma Colectiva, no busca proteger a un solo individuo, sino a un grupo completo de personas que sufren un mismo problema estructural y habitual. En este caso, el HC-ALFA se presenta para proteger a los habitantes y transeúntes de la ciudad de Salta, especialmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y en situación de calle.

 

I. El Foco de la Denuncia: La Criminalización de la Pobreza

El corazón de la acción judicial es el cuestionamiento a una práctica policial que se ha vuelto sistemática, conocida popularmente como "Operativo Trapito". Este operativo se dirige principalmente a personas que son percibidas como sospechosas debido a su aspecto, como los vendedores informales, "trapitos" (cuidacoches), cartoneros, o personas en situación de calle. La acción argumenta que, en muchos casos, la policía detiene a estas personas sin que hayan cometido ninguna infracción, basándose únicamente en su condición social o apariencia de mendicidad.

Para sostener estas detenciones arbitrarias, la policía se ampara en un artículo específico de su propia Ley Orgánica (Art. 18, inc. c, Ley 7742). Este artículo faculta a los agentes a demorar a personas cuando existan circunstancias que hagan "presumir que alguien hubiese cometido o pudiese cometer un hecho delictivo".

El Amicus Curiae, presentado por organizaciones históricas de derechos humanos, sostiene que esta norma es inconstitucional. Lo describen como un "edicto moderno" que ya no persigue explícitamente la identidad de género o la raza, sino la "identidad del pobre". Es decir, la norma se convierte en una herramienta legal para ejercer un control social basado en la simple sospecha y el prejuicio, reviviendo la lógica de "peligrosidad" de antiguos códigos represivos.

La intervención del Amicus Curiae no es solo un documento de apoyo, sino la clave de bóveda de la estrategia jurídica. Mientras el Habeas Corpus Colectivo traza la línea de la legalidad, exigiendo al Poder Judicial el cese inmediato de las detenciones arbitrarias y la mejora de las condiciones carcelarias, el Amicus amplía el campo de batalla al plano histórico y conceptual. La estrategia de las organizaciones de derechos humanos es, por tanto, una alianza simbiótica: el HC provee la herramienta urgente para frenar la violación fáctica de derechos (el 'qué'), y el Amicus, con su profundo anclaje en la Memoria, Verdad y Justicia, proporciona el marco interpretativo (el 'por qué'), demostrando que la práctica policial denunciada es una manifestación contemporánea de la violencia estructural del Estado, legitimando la exigencia de una reforma institucional que vaya más allá del caso concreto.

 

II. Las Vulneraciones Sistemáticas de Derechos Humanos

El Habeas Corpus y el Amicus Curiae documentan que las detenciones no solo son arbitrarias en su origen, sino que están acompañadas de una serie de violaciones a la dignidad humana y a las garantías procesales mínimas:

  1. Detención Ilegal e Incomunicación: La policía aprehende a las personas sin orden judicial y, a pesar de que muchas veces ya están identificadas, las conducen al Centro de Contraventores. Una vez allí, permanecen completamente incomunicadas durante horas (a veces más de seis), sin que se notifique inmediatamente a un juez o fiscal, a un familiar, o a un abogado. Tampoco se les informa sobre los cargos que se les imputan.
  2. Condiciones Inhumanas y Hacinamiento: Las personas son alojadas en celdas que no cumplen con los estándares mínimos de dignidad. Se ha constatado:
    • Hacinamiento extremo: Se confina a más de dos personas en celdas de tan solo 11 metros cuadrados, habiéndose detectado hasta diez personas durmiendo en el piso en una visita.
    • Falta de recursos básicos: No hay ventilación ni luz adecuada, ni elementos básicos de abrigo, descanso, o higiene, como camas o frazadas.
    • Negación de necesidades básicas: No se provee agua ni comida a las personas detenidas. Tampoco hay baños en las celdas, obligando a los detenidos a pedir para ir, lo que solo ocurre tras "mucha insistencia y espera".
  3. Tratos Crueles y Discriminación: Se denuncian prácticas vejatorias, como desnudar a las personas para requisarlas (cacheo) sin presencia médica, un acto que es percibido como un abuso y no como una revisión de salud. Adicionalmente, se señala la violencia específica contra la comunidad travesti y transgénero, al ser alojadas en los mismos espacios que la población masculina, lo cual es una práctica "claramente discriminatoria y violenta". El Amicus califica esto como identicidio, una violencia que busca aniquilar la identidad de género.

 

III. La Perspectiva de los Derechos Humanos: Memoria y Justicia

El Amicus Curiae, impulsado por la Asociación Miguel Ragone y la Mesa de Derechos Humanos de Salta, aporta una perspectiva crucial. Estas organizaciones, con una larga trayectoria en la defensa de derechos humanos y víctimas del terrorismo de Estado, conectan la violencia policial actual con la impunidad histórica. Argumentan que las violaciones de derechos denunciadas no son hechos aislados, sino la manifestación de un sistema estructural y autoritario.

La experiencia de los propios demandantes, como la detención, el despojo y la incomunicación forzada de uno de los abogados de la causa, sirve para confirmar que esta es una "práctica cotidiana y sistemática" que se extiende a cualquier ciudadano, pero que golpea con más fuerza a los sectores marginales.

 

IV. Los Cambios Imprescindibles

La acción de Habeas Corpus busca que la justicia ordene el cese de este proceder ilegal, proponiendo un conjunto de medidas correctivas y preventivas que apuntan a una reforma estructural del sistema de seguridad:

  • Declaración de Inconstitucionalidad: Declarar que el Art. 18, inc. c, de la Ley Policial es contrario a la Constitución y a los tratados internacionales, obligando a su anulación y poniendo fin a las detenciones por simple "presunción".
  • Cese de la Ilegalidad: Ordenar el cese de toda privación de libertad arbitraria y de la medida de incomunicación.
  • Condiciones Dignas de Detención: Disponer medidas urgentes para asegurar un trato digno, incluyendo el reacondicionamiento de las celdas para cumplir con los estándares de espacio, ventilación, higiene y alimentación. También se pide instalar cámaras de seguridad.
  • Capacitación Policial Obligatoria: Ordenar la formación obligatoria de todo el personal policial en garantías procesales y constitucionales.
  • Control y Rendición de Cuentas: Exigir la instrumentación de un sistema para el registro y la rendición de cuentas de todos los operativos que involucren detenciones sin orden judicial.
  • Monitoreo Externo: Exhortar a los poderes del Estado a facilitar que organizaciones de derechos humanos puedan realizar visitas periódicas al Centro de Contraventores y elaborar informes, complementando la labor de los órganos oficiales de control.

En síntesis, este Habeas Corpus Colectivo no es solo un reclamo por personas particulares, sino una exigencia al Poder Judicial para que actúe contra una violencia estatal que se ha naturalizado, poniendo un freno a la práctica de detener a las personas por ser pobres o vulnerables y garantizando que la libertad ambulatoria y la dignidad humana sean respetadas para todos los ciudadanos.

 

V. El documento legal presentado: amicus

 





 

jueves, 20 de noviembre de 2025

Etnografías, género y diversidad: la tensión de las masculinidades en los estudios rurales e indígenas

Mi participación en el 1° Encuentro de Etnografías en Territorios, llevado a cabo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) del 18 al 20 de noviembre de 2025, se enmarcó dentro de un propósito más amplio: la Producción de conocimientos y nuevos desafíos frente a problemáticas globales. Este encuentro, generado por diversas cátedras de la Licenciatura en Antropología, buscó ante todo democratizar el conocimiento producido en la universidad pública. La metodología privilegiada fue la etnografía en sus diversas acepciones, con el objetivo de fortalecer el diálogo interdisciplinario y estimular la reflexión ético-metodológica, especialmente en el trabajo con pueblos originarios y otros grupos vulnerados del norte argentino.

Mi interés específico en la participación fue compartir la mirada de género que surge desde el interés en el estudio de las masculinidades. En ese sentido, mi rol fue introducir una línea de cuestionamiento crucial, buscando complementar los análisis que naturalmente se enfocan en la experiencia femenina. Me propuse observar la tensión que existe entre los enfoques tradicionales, que a menudo se centran en la opresión femenina (como la triple carga laboral o la violencia de género), y la necesidad de incorporar la perspectiva de los varones y los costos de la masculinidad en los abordajes etnográficos. Mediante mis intervenciones, busqué promover la necesidad de que la investigación sobre relaciones de género trascienda la mera descripción de la opresión femenina para examinar cómo el sistema agroindustrial y los patrones de poder exigen un tipo de varón específico —el fuerte, el que lidia con el riesgo—, lo cual genera a su vez sufrimiento y límites corporales en los hombres.

La Voz Indígena y la Lucha por el Territorio y la Memoria: Inclusión y Diversidad

El panel "La Voz Indígena y la Lucha por el Territorio y la Memoria", presentado por un colectivo de mujeres líderes de la radio "La Voz Indígena" de Tartagal, evidenció de manera conmovedora cómo la lucha territorial se conecta intrínsecamente con la dimensión de la Inclusión y Defensa de la Diversidad.

Recuperando esta dimensión, destaqué especialmente la figura de Casandra, una comunicadora trans que fue rechazada por su propia familia. Las dirigentes indígenas narraron cómo la radio le "abrió una puerta" y la acogió como "una familia más". El compromiso del colectivo fue más allá de la simple aceptación: salimos a defenderla activamente de los "muchos insultos, maltratos" que recibía en la calle. La calidad de Casandra como comunicadora fue reconocida, llegando a liderar su propio programa radial, llamado "Diversamente".

La figura de Casandra se conecta como arquetipo de todas las compañeras trans en las comunidades porque su experiencia de apoyo incondicional en la radio ejemplifica la política general de la comunidad hacia la diversidad. Las expositoras, como dirigentes indígenas en sus comunidades, enfatizaron su visión sobre las identidades trans desde un profundo sentido de humanidad, contrastándolo con la hostilidad externa. Ellas afirmaron que las personas trans son "humano. Es como todo" y que en sus comunidades no hay rechazo: "Ellos no se van. No lo rechazan. Los padres familiares nunca lo han rechazado". Incluso señalaron la presencia de "muchos más" compañeros trans en comunidades como la Chorote.

La Concepción Cultural de los Varones en los Pueblos Indígenas

Posteriormente, a partir de mi pregunta, una de las expositoras indígenas recuperó la concepción cultural de los varones en los pueblos indígenas. Ella enfatizó que, aunque su lucha se centra en las mujeres, nunca dejan "afuera el hombre". La dirigente explicó que su cultura ancestral se basaba en la igualdad de género, una condición que lamentablemente se ha ido perdiendo:

"Porque nuestra cultura eh siempre ha habido una igualdad. Siempre ha habido una igualdad en el trabajo, en los quehaceres de la casa, en la cocina, en lavandería, eh había una igualdad. El hombre lavaba, cocinaba, pero también la mujer hacía el rol del hombre".

Esta visión ancestral de roles compartidos y complementarios contrasta con las realidades contemporáneas de despojo y pérdida cultural, cuya memoria las mujeres están intentando mantener viva.

La importancia de las masculinidades y la diversidad en la etnografía rural

La introducción de la perspectiva de las masculinidades y la diversidad en la dimensión del género es de vital importancia en las experiencias etnográficas de los estudios rurales.

Al indagar sobre la construcción de los varones rurales, se visibiliza que el sistema de salud, por ejemplo, no está diseñado para captar problemáticas masculinas (como la exposición a agroquímicos o el alcoholismo) de manera preventiva, a pesar de que estas afectan directamente la dinámica familiar y el cuidado que recae en las mujeres. Las expositoras de los estudios rurales confirmaron que el uso de agroquímicos es una actividad masculinizada donde los varones a menudo niegan el riesgo, considerándose "resistentes," y solo acuden a la atención médica en casos de intoxicaciones graves.

Más aún, la etnografía rural demuestra que el varón es construido socialmente como un pilar de viabilidad económica y física. En el cordón hortícola de Batán/Mar del Plata, existe la presunción de los patrones de que el varón es necesario, lo que obliga a muchas mujeres a soportar hechos de violencia porque la ausencia de un varón adulto puede significar la pérdida del trabajo y el hogar.

Por otro lado, la experiencia de "La Voz Indígena" subraya que la perspectiva de la diversidad no solo debe buscar las violencias, sino también las formas de resistencia cultural que ya existen. Mientras los varones rurales que trabajan en el agroindustria enfrentan costos corporales por un modelo hegemónico que exige fuerza y riesgo, la lucha indígena ejemplificada por Casandra y sus compañeras demuestra que la resistencia se articula con la apertura y el no rechazo a la diversidad sexual, un valor que se considera históricamente arraigado en algunas de sus culturas. De este modo, la perspectiva de las masculinidades y la diversidad nos permite analizar el sistema de poder completo, incluyendo el sufrimiento masculino, y las respuestas culturales que superan la opresión binaria de género.

viernes, 7 de noviembre de 2025

Un Tejido de resistencia y derecho: el diálogo intersistémico frente a la exclusión transgénero

El diálogo entre el pragmatismo jurídico del Colegio de Abogados y el activismo académico de Tejeríos Desobedientes dibuja una realidad compleja: la legislación avanzada actúa como un faro, mostrando el camino del derecho al libre desarrollo personal, pero la oscuridad de la inercia cultural y la resistencia burocrática institucional actúan como una densa niebla. Para que la población trans pueda navegar el camino hacia sus derechos fundamentales, no basta con encender la luz del derecho, sino que es necesario, como en la construcción de una sólida red de pescar, asegurar que cada nudo—cada institución y cada activista—esté lo suficientemente fuerte y bien anudado para capturar la diversidad de experiencias y la potencia de la resistencia, garantizando que ninguna vida ni lucha se escape del ámbito del apoyo mutuo.

 

Un par de personas sentadas en una mesa

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Este análisis aborda la convergencia discursiva y estratégica entre diferentes esferas institucionales —el activismo, la academia y los organismos del Estado y judiciales—, examinando las proposiciones expuestas en el Conversatorio del Colegio de Abogados de Salta, protagonizado por Victoria Liendro y otros especialistas, en diálogo crítico con las urgencias políticas y experiencias de implementación detalladas en las Jornadas Tejeríos Desobedientes. Es fundamental comprender que la articulación de estos espacios inter-institucionales—como el Colegio de Abogados, la Universidad Nacional de Salta (UNSA), el CONICET, y organizaciones militantes—tiene como objetivo central circularizar un discurso informado sobre derechos que actúe como "frente de cuidado colectivo y contestación política". No obstante, el destino último de estos debates y herramientas legales no es el ámbito académico ni el judicial per se, sino las comunidades debilitadas que enfrentan una exclusión sistemática, y cuyo acceso efectivo a la justicia, la salud y la educación depende de la capacidad de estos diálogos para transformar la inercia y la resistencia institucional.

 

La persistencia de la brecha: de la ley de vanguardia a la marginación estructural

El análisis de los discursos cruzados entre el ámbito jurídico formal (Colegio de Abogados) y el espacio de praxis y resistencia (Tejeríos Desobedientes, la Jornada académica – activista en la Universidad Nacional de Salta) revela un eje central ineludible: La Persistencia de la Brecha entre el Reconocimiento Legal y la Exclusión Estructural. Las leyes argentinas, como la Ley de Identidad de Género (Nº 26.743), son consideradas un avance paradigmático que consagra el derecho al "libre desarrollo personal". Sin embargo, la efectividad de esta normativa se desdibuja ante la exclusión sistémica que, según Victoria Liendro, empuja a la población transgénero a una marginalidad "constituyente". El desafío no es solo la falta de leyes, sino la demora en el cambio de mentalidad y la aplicación deficiente de las existentes.

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I. La Ley existe, pero la expulsión educativa y laboral mantiene la condición de marginalidad histórica

La primera proposición principal sostiene que, a pesar del marco legal avanzado, la población trans sigue siendo expulsada de los sistemas educativos y laborales formales, lo cual perpetúa la violencia estructural y la expectativa de vida reducida. Esta realidad subraya que el progreso legal no se traduce automáticamente en inclusión social.

1.1. El Sistema Educativo como núcleo de la expulsión

Victoria Liendro presenta datos devastadores: nueve de cada diez personas trans no concluyen la escolaridad obligatoria. Esta deserción, que coincide con la exteriorización de la identidad, se establece como el punto de origen que impide el desarrollo de una "cultura del trabajo" formal. Este hallazgo se problematiza al confrontarlo con los esfuerzos institucionales descritos en Tejeríos. Ana Pérez, del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, ilustra que, incluso con protocolos específicos como la Resolución 635/21 de Salta, que obliga a las escuelas a garantizar el derecho a la identidad, su implementación choca con la inercia y la falta de capacitación institucional. La garantía de derechos a menudo depende de encontrar "huecos" en los sistemas digitales o de esfuerzos manuales, lo que confirma que el Estado, pese a la normativa, es deficiente como garante del derecho a la educación en la práctica.

1.2. La ausencia de medidas de acción positiva y la consecuencia económica

La exclusión educativa se traduce directamente en la exclusión laboral, resultando en que más del 95% de la población trans haya estado o esté en situación de prostitución. Ante esta realidad, Inés Bocanera señala la imperiosa necesidad de adoptar "medidas de acción positiva" conforme a la Constitución para cerrar la brecha entre la ley y el ejercicio efectivo de derechos. Esta necesidad de intervención estatal se contrapone al rol de las redes comunitarias detallado en Tejeríos. La Red de Promotoras Territoriales en Violencia de Género, por ejemplo, surgió para responder a necesidades urgentes y cubrir los vacíos del Estado. A pesar de su labor esencial en el acompañamiento y contención, el proyecto de ley para el reconocimiento económico de estas promotoras fue archivado en la legislatura. Esto evidencia que el activismo es el que suple la obligación estatal de garantizar un estado de bienestar solidario, mientras las barreras culturales e idiosincrásicas dificultan la aplicación de la ley de cupo laboral trans.

II. La Resistencia institucional burocrática actúa como barrera de derechos y refuerza la patologización

La segunda proposición principal aborda cómo los sistemas de justicia y salud, a través de la burocracia y la interpretación restrictiva, socavan el espíritu despatologizador de la ley, transformando las garantías legales en obstáculos concretos para el "habitar disidente".

2.1. La patologización persistente en los Sistemas Judicial y de Salud

Lisandro Sastre resalta que la Ley de Identidad de Género (26.743) es paradigmática al despatologizar la identidad trans y consagrar el acceso a prestaciones de salud basándose únicamente en el consentimiento informado. Por lo tanto, cualquier exigencia adicional (como certificados psicológicos) es ilegal. Sin embargo, esta garantía legal choca con la práctica judicial descrita por Flavia Garagorri Gutiérrez en Tejeríos Desobedientes. Gutiérrez documentó cómo la resistencia institucional se manifiesta en la solicitud de pericias psicológicas en procesos de cambio de identidad, una práctica que contradice el espíritu de la ley y conlleva el riesgo de patologización. Además, figuras de garantía, como la "abogada del niñe", se convierten en obstáculos burocráticos que cuestionan los procesos de crianza. Este panorama refuerza la crítica de Liendro a los discursos anti-derechos y falaces que buscan cuestionar la responsabilidad estatal en el cuidado de la salud de toda la ciudadanía.

2.2. La urgencia política y la transformación de operadores institucionales

La crítica a la inercia institucional se convierte en un llamado a la acción política. La Decana Marcela Álvarez y Sofía enmarcan el “Tejerío Desobediente” como una apuesta política, urgente y necesaria y como un acto de resistencia vital contra la "crueldad" y los discursos de odio que "ponen en riesgo la vida". Esta urgencia se justifica ante la exposición a la violencia y exclusión que resulta en una expectativa de vida de apenas 35 a 45 años para la población trans. La necesidad de enfrentar esta resistencia exige la capacitación continua de los operadores de justicia, salud y educación. El Conversatorio del Colegio de Abogados se suma a esta lógica al buscar abrir la reflexión y el diálogo en un ámbito institucional clave. La academia, mediante la Vicedirectora Mariana Godoy, legitima este esfuerzo al promover una "dilución de frontera" entre la investigación, el activismo y las políticas públicas, enfocándose en sistematizar y pensar el "habitar disidente". Solo mediante este esfuerzo sostenido de "tejer lazos de cuidado" y "agujerear los consensos patriarcales", y profundizando el debate sobre la criminalización y racialización que afecta a la población trans, se podrá asegurar que la ley deje de ser solo una herramienta escrita para convertirse en un cambio efectivo en la vida de las comunidades.

 

 

jueves, 6 de noviembre de 2025

Asi fue el Conversatorio sobre Derechos Fundamentales de la Población Transgénero en el Colegio de Abogados

 

Colegio de Abogados, jueves 6 de noviembre de 2025

Proposiciones centrales, argumentos y datos expuestos durante la sesión del Instituto de Derecho Constitucional y Federalismo del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, centrada en la "problemática fundamental en torno a los derechos fundamentales de la población transgénero en la provincia de Salta y en el país".

Un par de personas sentadas en una mesa

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Desafíos y Avances en los Derechos Fundamentales de la Población Transgénero en Salta.

Interlocutores clave

El conversatorio sobre los derechos fundamentales de la población transgénero, organizado por el Instituto de Derecho Constitucional y Federalismo del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, abordó la problemática central que afecta a las personas trans tanto en la provincia como en el país. El evento reunió a varios interlocutores clave que aportaron distintas perspectivas y análisis durante la sesión.

Sebastián, presidente del Instituto y coordinador del conversatorio, desempeñó el rol de moderador, presentando a los ponentes y leyendo las contribuciones enviadas por participantes en línea. Entre los expositores destacados se encuentra Victoria Liendro, conocida como "Vicky", reconocida referente de la comunidad trans, integrante de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad del Gobierno de Salta y fundadora de la organización "Activando Saber". Vicky aportó datos estadísticos que evidencian la exclusión sistémica que enfrenta la población trans, además de ofrecer un análisis crítico de los discursos anti-derechos presentes en la sociedad.

Lisandro Sastre, abogado especialista en derecho a la salud, brindó el marco jurídico y constitucional pertinente, destacando la Ley de Identidad de Género como un avance paradigmático que reconoce el "libre desarrollo personal" de las personas transgénero. Complementando estas visiones, Inés Bocanera, representante de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad del Gobierno de Salta, señaló la importancia de adoptar "medidas de acción positiva" conforme al artículo 73 de la Constitución, necesarias para cerrar la brecha existente entre la normativa legal y el ejercicio efectivo de los derechos por la población trans.

Por último, Fernando Pequeño, participante que intervino vía online, aportó una reflexión que fue leída por el coordinador, planteando futuras líneas de debate fundamentales, entre ellas la racialización y la criminalización que sufre esta comunidad en la región, aspectos que requieren atención urgente para avanzar en la garantía de derechos y la inclusión plena.

Este conversatorio evidenció la necesidad de un abordaje integral que combine el reconocimiento jurídico, la implementación de medidas afirmativas y la sensibilización social para enfrentar las múltiples barreras que afectan a la población transgénero en Salta y Argentina.

 

 

La Perspectiva de Victoria Liendro: Exclusión Sistémica y la Urgencia de un Cambio Cultural

Personas sentadas en una mesa

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Victoria Liendro estructura su argumento sobre la base de que, a pesar de los avances legislativos, la población transgénero enfrenta una exclusión sistemática y estructural que se manifiesta en datos alarmantes y se perpetúa a través de barreras culturales y discursos estigmatizantes. Su proposición central es que la población transgénero vive en un sistema de exclusión constituyente que la empuja a la marginalidad, evidenciado por estadísticas devastadoras en educación, empleo y expectativa de vida. La solución no radica únicamente en las leyes existentes, sino en un cambio profundo de mentalidad y en la implementación de políticas públicas efectivas que contrarresten la discriminación cultural y la desidia estatal.

En cuanto a los argumentos y datos de respaldo, Liendro fundamenta su análisis en datos concretos provenientes de una encuesta realizada en 2016 por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) en Salta Capital, donde las propias personas trans actuaron como encuestadoras en un universo de 202 casos. En ese estudio se encontró que, respecto a la expulsión educativa, "nueve de cada diez personas trans no concluyen la escolaridad obligatoria". Esta deserción coincide con el momento de la exteriorización de su identidad de género, lo que plantea un cuestionamiento directo sobre el rol del Estado como garante del derecho a la educación. Otro dato alarmante revela que "más del 95% estuvo o está en situación de prostitución", una cifra que es resultado directo de la exclusión de estos individuos de los ámbitos de la formalidad laboral y educativa. Asimismo, la expectativa de vida para la población trans se sitúa "entre 35 y 45 años", menos de la mitad de la expectativa general en Argentina (80-90 años), reflejando el impacto acumulado de la violencia, la denigración, la exclusión del sistema de salud y la exposición a consumos problemáticos y peligros en la calle.

Respecto a los desafíos de la empleabilidad, aunque existe una ley nacional de cupo laboral trans, su implementación resulta deficiente, especialmente fuera del centro del país. Los obstáculos identificados incluyen barreras culturales e idiosincrasia, con resistencia por parte de empleadores públicos y privados; falta de capacitación, que es consecuencia directa de la expulsión del sistema educativo; y la ausencia de una "cultura del trabajo", ya que la exclusión prolongada ha impedido el desarrollo de trayectorias laborales formales. Liendro destaca que las "nuevas generaciones que vienen a la luz de la Ley de Identidad de Género" tienen mayor probabilidad de integrarse a la formalidad laboral, pero enfatiza que "los cambios de la mentalidad... es lo que más demora".

En su crítica a los discursos anti-derechos, Liendro denuncia activamente las narrativas que buscan deslegitimar los derechos de la comunidad trans. Rechaza la falacia del privilegio que sostiene que "ser trans en la Argentina parece ser que es un privilegio" o que existen "leyes que las benefician". Denuncia también la desinformación deliberada, citando el ejemplo de una abogada que afirmó en un auditorio que la ley "permitía que un niño se levantara un día y fuera al registro civil a cambiarse el nombre y acceder a todas las operaciones", valorando ese discurso como peligroso y falaz. Asimismo, confronta argumentos económicos dirigidos contra la salud trans, tales como el cuestionamiento "por qué yo tengo que estar pagando el tratamiento a ciertas poblaciones", señalando que es una narrativa difundida por sectores conservadores para desestimar la responsabilidad del Estado en el cuidado de todos sus ciudadanos.

Finalmente, Liendro subraya que la discriminación "tiene que ser un tema del Estado" y que existen leyes, como la Ley Antidiscriminatoria de 1988, que están para ser aplicadas. Identifica a la familia como el primer núcleo de expulsión; cuando esa familia rechaza a la persona, el Estado debe actuar como garante de sus derechos. Critica la postura de "el Estado no tiene nada que ver con mi familia", argumentando que cuando la familia ejerce violencia o abandono, el Estado tiene la obligación de intervenir para proteger al individuo vulnerable.

   

El Análisis de Lisandro Sastre: El Derecho al Libre Desarrollo Personal como Paradigma Constitucional

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El abogado Lisandro Sastre ofrece una perspectiva jurídica que posiciona la Ley de Identidad de Género (Nº 26.743) como una norma de vanguardia que redefine el acceso a la salud, no como una cura para una patología, sino como la materialización de un derecho humano fundamental protegido por la Constitución. La proposición central de Sastre es que la Ley de Identidad de Género despatologiza la identidad trans y consagra el acceso a tratamientos hormonales y quirúrgicos bajo el paradigma del "derecho al libre desarrollo personal". Este derecho, de raigambre constitucional, exige que el sistema de salud (público y privado) garantice estas prestaciones sin más requisito que el consentimiento informado, aunque en la práctica persisten barreras ilegales y una interpretación restrictiva del concepto de salud.

Respecto a los argumentos y análisis jurídico, Sastre destaca como "muy novedoso" que la ley no enmarca el acceso a la salud en la necesidad de curar una enfermedad, sino que se refiere al "derecho al libre desarrollo personal", un concepto "mucho más abarcativo". Esto implica la "despatologización" de la comunidad trans. Las prestaciones de salud no buscan "curar" sino "reafirmar corporalmente... la identidad autopercibida". Este enfoque se alinea con la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 1946: "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades".

En cuanto a las obligaciones legales y barreras prácticas, el consentimiento informado es el único requisito exigido por el artículo 11 de la ley, que establece que "el único requisito que tiene una persona para acceder a todos estos tratamientos... es el consentimiento informado". Por lo tanto, la exigencia de certificados psicológicos por parte de obras sociales o prepagas es ilegal. Sastre también aborda el argumento "estético" utilizado por muchas entidades para rechazar la cobertura, puesto que alegan que los tratamientos son "estéticos". Él argumenta que bajo el paradigma de la despatologización y el bienestar integral, esa distinción es irrelevante, ya que dichos procedimientos están "necesariamente ligados a la salud" de la persona. Todos los tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos están incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que obliga a su cobertura total. Sin embargo, Sastre señala que un 80% de la población trans depende del sistema público, actualmente afectado por recortes, mientras que el 20% con cobertura privada enfrenta incumplimientos constantes.

En el apartado sobre modificaciones regresivas y estrategia legal, Sastre aborda el decreto presidencial (mencionado como DNU 70/2023 en contexto) que modificó el artículo 11 para prohibir intervenciones en menores de edad, calificándolo como una "modificación regresiva" y, por lo tanto, de dudosa constitucionalidad, ya que vulnera derechos previamente adquiridos. Menciona un fallo reciente y "nuevito" donde un recurso de amparo interpuesto por un menor de 17 años resultó en la declaración de inconstitucionalidad de dicha modificación. Como estrategia litigante, aconseja que, aunque no es un requisito, acompañar un informe psicológico puede fortalecer un amparo, no para diagnosticar una patología, sino para demostrar que el tratamiento es necesario para la salud psicológica de la persona.

Finalmente, Sastre aborda la necesidad de legislar explícitamente y responde que esto fue necesario "porque todavía es parte de la cultura la discriminación". La ley es una "herramienta para hacer valer el derecho, tomar conciencia y generar espacio en la discusión" cuando la cultura no avanza. Concluye contrastando dos modelos políticos: uno neoliberal basado en el "individualismo y el egoísmo personal", y otro basado en la solidaridad, donde "el ser humano es el centro de la escena". Sostiene que solo el segundo modelo puede garantizar un verdadero estado de bienestar y justificar que la comunidad, a través del Estado, sostenga los derechos de sus miembros más vulnerables.

 

Aportes de la Audiencia Online: Mensaje de Fernando Pequeño

Un hombre en una pantalla de televisión

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Hacia el final del conversatorio, el coordinador Sebastián dio lectura a una intervención enviada por Fernando Pequeño, participante conectado de forma remota. En primer lugar, Pequeño celebró la iniciativa del Instituto de Derecho Constitucional y Federalismo al llevar el debate sobre los derechos de la diversidad a la comunidad de abogados, reconociendo la importancia de abrir espacios de reflexión y diálogo en un ámbito institucional clave para la promoción de la igualdad.

El mensaje online se centró en la propuesta de continuar el diálogo en futuras sesiones, sugiriendo la necesidad de enfocarse en las particularidades de la región del noroeste argentino. Pequeño planteó la importancia de analizar dos temas que resultan fundamentales para comprender y atender las realidades de la población trans y de la diversidad sexual local. Por un lado, la racialización fue presentada como un fenómeno que afecta la manera en que se mira y valora a las personas de la diversidad, generando consecuencias concretas en sus vidas cotidianas y en el acceso a derechos. Por otro lado, propuso abordar la criminalización, subrayando el rol del control policial y la vigencia de edictos que permiten la persecución de la comunidad, lo cual constituye un obstáculo estructural para la plena inclusión social.

Estas recomendaciones, expresadas a través del aporte virtual, invitan a profundizar el debate sobre derechos y discriminaciones específicas, articulando el análisis jurídico con la experiencia concreta y situada de quienes habitan y transitan la región. El llamado de Pequeño remarca, finalmente, la necesidad de construir futuros encuentros que promuevan una mirada integral, plural y contextualizada sobre las problemáticas de la diversidad en el noroeste argentino.

 

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

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domingo, 2 de noviembre de 2025

Treinta años sembrando memorias y rebeliones: voces en ronda feminista desde el Área de Género de la UNJu

Treinta años pueden ser una vida entera, un camino de persistencia y sembradoras incansables de horizontes nuevos. El aniversario del Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer y de Género de la UNJu no fue solo una efeméride: fue el abrazo colectivo de quienes, desde distintos espacios y generaciones, reconocieron el pulso vivo de un proyecto transformador.

Las voces que tejieron la ronda en el video conmemorativo —Adriana Boria, Liliana Louys, Claudia Laudano, Beatriz Cabana y Alejandra Ciriza— pasaron por la memoria afectiva, la reivindicación histórica y la reafirmación de vínculos irreductibles. Hablaron de la temporalidad del feminismo, de la persistencia del hacer como distinción vital, del afecto hecho política y de celebraciones que se volvieron “aquelarres hermosos”, repensando que la alegría también es parte de la militancia.

Pero el núcleo profundo es la insistencia en trascender la contingencia: reconocer logros institucionales y avances en derechos, sí, pero sobre todo transmitir que el área sobrevivió gracias al trabajo sororario y a la fuerza de afectos combativos. En tiempos adversos —como advirtió Ciriza ante el avance de posicionamientos fascistas— el área es más que una estructura; es la suma de luchas, vínculos y sueños, la trama de saberes compartidos que nunca dejan de multiplicarse.

La construcción de conocimiento feminista y la solidaridad entre mujeres y diversidades se celebran como semillas que han florecido y siguen fecundando el suelo universitario y social. Las interlocutoras, desde sus trayectorias diversas, ofrecen un canto coral por la continuidad de la resistencia, la transformación de vínculos y la expansión crítica más allá de cualquier frontera.

Hoy, treinta años después, el acto de celebrar es mucho más que mirar atrás: es afirmar el compromiso por sostener espacios de autonomía, pensamiento y acción colectiva. Es sentir orgullo por cada mujer que pasó y por cada semilla sembrada. Y es decir, en ronda: seguimos con sueños, seguimos entrelazadas, seguimos por más.

De la Dictadura a la Democracia: El hilo invisible de la impunidad policial que une a Salta entre 1976 y 2025

A cerca de la muerte en custodia de Fernanda Arias en Rosario de Lerma Un análisis exhaustivo revela la persistencia de mecanismos estructur...