La Mesa 2 de “Tejeríos” reunió a referentes del ámbito educativo, jurídico, comunitario y comunicacional para debatir los avances y obstáculos en la implementación de derechos y la lucha contra la violencia de género en Salta. A partir de exposiciones y un intercambio abierto con el público, se delinearon tanto los logros instituidos —como protocolos de identidad, redes de acompañamiento y leyes contra la violencia digital—, como las brechas persistentes entre la legislación y su efectiva aplicación. El encuentro evidenció el papel fundamental del activismo y las redes territoriales para cubrir vacíos institucionales, y propuso fortalecer la capacitación con perspectiva de género ante los nuevos desafíos sociales y legales.
Contenidos
Introducción:intercambio de experiencias sobre la implementación de derechos
1.1.Ana Pérez: El Derecho a la Identidad de Género en Espacios Educativos de Salta
1.3.Pablo Alejandro Río: Comunicación y Salud para el Parto Respetado
1.4.Nina María Rivera y Natalia Altamirano: Red de Promotoras Territoriales enViolencia de Género
1.5.Belén Gallardo: Violencia Digital y la Aplicación de la Ley Olimpia
2.Intercambio y Debate con los Asistentes
2.1.Aclaraciones sobre la Ley de Identidad de Género
Conclusión:una brecha persistente
Introducción: intercambio de experiencias sobre la
implementación de derechos
La Mesa 2 del “tejerío” se constituyó como un espacio de
análisis y convergencia para el intercambio de experiencias sobre la
implementación de derechos, las respuestas institucionales a la violencia de
género y los desafíos persistentes en el acceso a la justicia y la salud. El
panel reunió a profesionales y activistas de la educación, el derecho, la
comunicación y el trabajo comunitario, quienes ofrecieron un panorama
multifacético de las luchas por la dignidad y la igualdad en la provincia de
Salta. A través de sus exposiciones, se abordó desde la aplicación del derecho
a la identidad de género en las escuelas y los obstáculos judiciales para las
infancias trans, hasta el rol de la comunicación en la promoción del parto
respetado, el trabajo de las redes territoriales de acompañamiento y los nuevos
desafíos que plantea la violencia digital. Sintetizamos las contribuciones
centrales de cada ponente y el enriquecedor debate que le siguió.
1. Exposiciones de la Mesa
A continuación, se detallan las proposiciones
centrales de cada ponente, resumiendo sus análisis, hallazgos y experiencias de
manera fiel a sus presentaciones originales, con el objetivo de reconstruir el
diálogo y las problemáticas expuestas durante el encuentro.
1.1. Ana Pérez: El Derecho a la Identidad de Género
en Espacios Educativos de Salta
Ana Pérez, del Observatorio de Violencia contra las Mujeres,
centró su exposición en la Resolución 635/21 de Salta, un protocolo
clave para el registro y cambio de identidad de género en el ámbito educativo.
La necesidad de esta norma surgió, según explicó, por la falta de una
reglamentación específica en la Ley de Identidad de Género nacional para los
cambios administrativos, lo que generaba vulneraciones sistemáticas de
derechos. Pérez describió casos concretos de infancias y adolescencias trans
que, al no ser nombradas correctamente, abandonaban materias o sufrían un
impacto directo en su trayectoria escolar. Este caso ilustra un patrón
recurrente en la mesa: la creación de una herramienta legal progresista cuya
aplicación choca de inmediato con la inercia y la falta de capacitación
institucional.
La firma de la resolución fue impulsada por dos eventos de
alto impacto público: el hallazgo de los restos de Santiago Cancino, un
joven trans buscado con su identidad anterior, y la denuncia en el INADI contra
el Instituto Timoteo, que exigía a las familias aceptar que sus hijos
fueran tratados según el sexo asignado al nacer.
Pérez destacó las provisiones clave del protocolo, que
incluyen:
- Priorización
del interés superior del niño: La escuela está obligada a garantizar
el derecho a la identidad incluso sin el consentimiento de los
progenitores.
- Obligatoriedad
del nombre autopercibo: Se prohíbe explícitamente el uso del nombre
anterior.
- Confidencialidad
del proceso: El cambio registral no debe ser publicitado.
A pesar de este avance, la ponente señaló desafíos
persistentes. El resultado del monitoreo de una campaña de afiches, realizada
en colaboración con el Ministerio de Educación, fue "bastante
lamentable": de los 21 establecimientos contactados, solo se pudo
monitorear a 12, y aunque en 11 de ellos los afiches estaban pegados, muchos
directivos no recordaban el material. Un obstáculo técnico significativo fue el
Sistema Integral de Información Digital Educativa (SINIDE). La solución
fue encontrada en diálogo con el responsable del sistema, Leo Ferrario, quien
demostró que el cambio de nombre era posible manualmente y autorizó la creación
de un video explicativo, evidenciando la importancia de encontrar
"huecos" en el sistema para garantizar derechos.
Este análisis sobre los obstáculos en el sistema educativo
sentó las bases para comprender las dificultades más amplias que enfrentan las
personas trans en el ámbito judicial, tema que abordó la siguiente ponente.
1.2. Flavia Garagorri Gutiérrez: Obstáculos en el
Acompañamiento Legal a Infancias Trans y Familias Diversas
- Dificultades
Administrativas: Utilizando el ejemplo del reconocimiento de un
"niñe no binarie", explicó cómo figuras diseñadas como una
garantía, como la intervención de la "abogada del niñe", pueden
convertirse en un obstáculo burocrático. En la práctica, esta instancia ha
derivado en cuestionamientos sobre los procesos de crianza y la naturaleza
fluctuante de la identidad de género.
- Dificultades
Judiciales: Describió el caso de un adolescente que buscaba un segundo
cambio de identidad, un proceso que la ley exige judicializar. Los
problemas encontrados fueron el uso de la identidad anterior en la
carátula del expediente y la solicitud de pericias psicológicas, una
práctica que patologiza la identidad y contradice el espíritu de la ley.
Además, Gutiérrez ilustró la resistencia institucional con
un caso de reconocimiento de comaternidad que tardó tres años en
resolverse. Este proceso, prolongado por vacíos legales y la reticencia del
sistema, generó un enorme desgaste en la familia. Su propuesta central fue
clara: es imperativo capacitar a los operadores institucionales y registrar
sistemáticamente estas vulneraciones para poder impulsar cambios
significativos en las políticas públicas.
La discusión sobre el acceso a derechos en el sistema de
justicia conectó directamente con la necesidad de una comunicación efectiva
para garantizar el acceso a la salud.
1.3. Pablo Alejandro Río: Comunicación y Salud para
el Parto Respetado
El equipo realizó un diagnóstico de comunicación cuyos
hallazgos principales fueron:
- Un
conocimiento parcial y fragmentado de la Ley 25.929 de Parto Respetado.
- Acciones
de comunicación aisladas y poco sistemáticas, a menudo limitadas a posteos
conmemorativos.
- La
persistencia de un modelo médico hegemónico que prioriza el saber
profesional por sobre la experiencia y los derechos de las pacientes.
A partir de este diagnóstico, se desarrolló una estrategia
de comunicación con tres ejes: promover el parto respetado, revalorizar
prácticas culturales diversas y fomentar un diálogo más inclusivo. Río concluyó
que la comunicación en salud es una herramienta fundamental para
"acompañar, escuchar, abrir el diálogo y tratar de transformar
realidades". Su reflexión final encapsuló el espíritu del proyecto: "El
derecho a un parto respetado comienza en la palabra".
Este enfoque en el trabajo de base desde la universidad
sirvió como puente para analizar las redes comunitarias que operan directamente
en los territorios.
1.4. Nina María Rivera y Natalia Altamirano: Red de
Promotoras Territoriales en Violencia de Género
Nina María Rivera y Natalia compartieron la experiencia de
conformación de la Red de Promotoras Territoriales en Violencia de Género.
La red surgió en 2020, en el contexto del aislamiento por la pandemia y el
alarmante aumento de femicidios en Salta, que ese año alcanzaron los 14 casos.
Lo que comenzó como una convocatoria digital se transformó
rápidamente en una organización territorial con grupos por zonas (norte,
centro, sur y sudeste). Sus acciones concretas buscaron responder a las
necesidades urgentes de la comunidad:
- Grupos
de escucha como "No estás sola" para ofrecer contención.
- Merenderos
y comedores que funcionaron como puntos de encuentro y acceso a las
mujeres de los barrios.
- Formación
interna sobre la ley, protocolos y estereotipos de género.
- Acompañamiento
a mujeres en la "ruta crítica" de la denuncia.
La red también luchó por su reconocimiento institucional,
presentando un proyecto de ley en la legislatura provincial para el
reconocimiento económico de la labor de las promotoras. Aunque el proyecto
logró "media sanción", finalmente fue archivado. Un reconocimiento
parcial llegó a través del programa nacional "Tejendo Matria". Las
ponentes subrayaron la importancia de la red como un espacio de sororidad y
empoderamiento, que da voz a las mujeres de los barrios y visibiliza un trabajo
esencial que el Estado no cubre.
La violencia de género abordada en el espacio físico y
comunitario se expande hoy a nuevas plataformas, un tema explorado en la última
ponencia.
1.5. Belén Gallardo: Violencia Digital y la
Aplicación de la Ley Olimpia
Belén Gallardo cerró las exposiciones con un análisis sobre
la violencia digital y la aplicación de la Ley Olimpia, sancionada en
2023. Definió la violencia digital como toda conducta contra las mujeres basada
en su género y mediada por tecnologías de la información y la comunicación
(TICs).
La Ley Olimpia, explicó, representa un avance crucial al
incorporar la violencia digital como una nueva modalidad dentro de la
Ley 26.485 de Protección Integral para las Mujeres. Gallardo ilustró la
paulatina pero creciente aplicación de la ley a través de una secuencia de
fallos judiciales recientes:
- Tucumán
(octubre de 2023): Un juez de familia ordenó eliminar publicaciones
sobre una menor, argumentando que la violencia en línea es una
"extensión" de la violencia del mundo real.
- Buenos
Aires (enero de 2024): Se dictó una medida cautelar en un caso de
difusión no consentida de imágenes, invocando la ley para fundamentar el
daño psicológico sufrido por la víctima.
- Buenos
Aires (junio de 2024): Otro fallo, en una disputa de competencia,
reafirmó la aplicabilidad de la ley para ordenar la eliminación de
contenido.
- Buenos
Aires (2024): Un caso paradigmático resultó en una indemnización de
13.5 millones de pesos para una mujer del servicio penitenciario cuyas
imágenes íntimas fueron difundidas por colegas. El fallo civil, basado en
la Ley Olimpia, destacó que la violencia digital está
"potenciada" por la velocidad e inmediatez de las redes.
Gallardo señaló la falta de datos y casos conocidos en Salta
y mencionó la existencia del proyecto de Ley Belén, que busca un paso
más allá: tipificar como delito en el Código Penal la difusión no consentida de
material íntimo.
2. Intercambio y Debate con los Asistentes
Tras las ponencias, se abrió un espacio de diálogo entre los
expositores y el público, que permitió profundizar en los temas tratados,
aclarar conceptos y compartir reflexiones adicionales que enriquecieron el
debate general.
2.1. Aclaraciones sobre la Ley de Identidad de
Género
A raíz de la presentación de Flavia Garagorri Gutiérrez, un
asistente del público con experiencia jurídica aportó aclaraciones importantes
sobre la interpretación de la ley:
- Artículo
8 (Derecho de Reversión): Se señaló que este artículo, que judicializa
un segundo cambio de identidad, ha sido declarado inconstitucional en
algunas jurisdicciones por contradecir la concepción de la identidad como
un proceso dinámico y no como un estado al que se "revierte".
- Artículo
5 (Cambio en Menores): Se explicó que una interpretación evolutiva,
basada en el Código Civil y las leyes de protección de la niñez, ha
avanzado en eliminar la exigencia del consentimiento de ambos
progenitores, permitiendo que un solo referente afectivo acompañe el
trámite.
- Riesgo
de Patologización: Se reiteró el peligro de que la judicialización de
estos procesos abra la puerta a interpretaciones patologizantes y
restrictivas por parte de los operadores de justicia.
2.2. Diálogo sobre la Red de Promotoras
Territoriales
Las ponentes Nina María Rivera y Natalia respondieron a
preguntas del público sobre el funcionamiento y estado de la red:
- ¿Inclusión
de varones y diversidad? Respondieron que la convocatoria siempre fue
abierta, pero en la práctica se sumaron mayoritariamente mujeres.
- ¿Estado
actual de la red? Confirmaron que la red sigue activa, recibiendo
casos y realizando acompañamientos. Mencionaron que las credenciales
obtenidas a través del programa "Tejendo Matria" han sido una
herramienta útil para incidir en comisarías y exigir la toma de denuncias.
- ¿Estado
del proyecto de ley provincial? Aclararon que el proyecto de
reconocimiento económico quedó estancado y fue archivado en la Cámara de
Diputados.
2.3. Diálogo sobre Violencia Digital
Belén Gallardo recibió una pregunta sobre el uso del término
"mediación" en su exposición. Aclaró que no se refería al concepto
jurídico de mediación como método de resolución de conflictos, sino al concepto
de la teoría de la comunicación de Jesús Martín-Barbero. Explicó que, desde esa
perspectiva, las sentencias judiciales actúan como "mediaciones" en
tanto son espacios donde se construyen significados sociales y se ejerce un
poder simbólico y persuasivo en la sociedad.
Conclusión: una brecha persistente
La Mesa 2 evidenció con claridad una serie de tensiones y
desafíos transversales que conectaron todas las exposiciones. El hilo conductor
fue la brecha persistente entre la existencia de leyes de avanzada y su
efectiva implementación en la práctica cotidiana. Tanto en las escuelas,
como en los tribunales o los centros de salud, la resistencia institucional, el
desconocimiento y los prejuicios continúan siendo barreras significativas para
el pleno ejercicio de los derechos.
En este escenario, emergió con fuerza el rol insustituible
del activismo y las redes comunitarias. Desde el acompañamiento a
infancias trans hasta el apoyo a víctimas de violencia, estas redes cubren los
vacíos del Estado, empujan por el cumplimiento de las normativas y construyen
espacios de contención y empoderamiento.
Finalmente, el panel demostró la necesidad de una
capacitación continua y con perspectiva de género para todos los operadores de
los sistemas de justicia, salud y educación. Asimismo, el debate sobre la
violencia digital subrayó cómo las formas de agresión evolucionan, planteando
nuevos desafíos al sistema legal y a la sociedad en su conjunto. El encuentro,
en definitiva, se consolidó como un valioso espacio de reflexión crítica y de
puesta en común de estrategias para continuar la defensa de los derechos de
género en todos los ámbitos.
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