domingo, 25 de enero de 2026

A cerca de la desaparición forzada de Merlen: Cuando la Comunidad LGBT Reproduce la Violencia del Estado

 

El Espejo Roto: Cuando la Comunidad LGBT Reproduce la Violencia del Estado [1] [2]

Por Fernando Pequeño Ragone,
con Gemini y Clude
25 ene 2026

 

La Traición Silenciosa en Tiempos de Desaparición

Cuando Marlen Villarrubia desapareció bajo custodia policial el 5 de enero de 2026 en Salta, Argentina, el Estado desplegó su maquinaria de impunidad heredada de la dictadura: detención irregular, registros manipulados, comisarías convertidas en cajas negras. Pero junto al terrorismo institucional emergió otra forma de violencia, más insidiosa porque proviene desde adentro: la voz de un miembro de la propia comunidad trans que, lejos de denunciar la desaparición forzada, se dedicó a deshumanizar a la víctima. "El puto anda apurando a los putos", sentenció, validando así la acción estatal y convirtiendo a la comunidad en cómplice involuntario de su propio exterminio.

Esta discriminación interna —que deshumaniza, criminaliza y deslegitima a las propias víctimas de violencia estatal— no es un fenómeno aislado. Es la materialización de lo que podríamos llamar la "colonización del discurso opresor", donde los sectores más vulnerados internalizan la lógica de sus victimarios y la reproducen hacia sus pares. En el caso de Marlen, esta dinámica tuvo consecuencias letales: permitió que el foco de atención se desviara de la responsabilidad estatal hacia los supuestos "antecedentes" de la víctima, creando el terreno fértil para que la impunidad florezca.

 

La Lógica del "Algo Habrá Hecho": Cuando la Víctima Deja de Importar

El discurso de algunos miembros de la comunidad trans, condensa varios mecanismos de discriminación interna que merecen ser desmenuzados:

La misoginia trans como arma de deshumanización. El uso deliberado del masculino ("el puto") y los insultos despectivos no son solo actos de violencia verbal; son la negación de la identidad de género de Marlen. Al despojarla de su feminidad, también se la despoja de humanidad, y por ende, de derechos. Esta operación discursiva replica exactamente la lógica del Estado terrorista, que necesita construir "vidas descartables" para justificar su violencia.

La trampa de la inocencia obligatoria. La crítica a las representantes de la comunidad trans en cargos públicos por hacer parecer a Marlen como "inocente" revela un malentendido fundamental sobre los derechos humanos. No se requiere que una persona sea moralmente intachable para que el Estado deba garantizar su vida y su debido proceso. La desaparición forzada es un crimen de Estado independientemente de la conducta previa de la víctima. Sin embargo, al exigir inocencia, la comunidad lgbt reproduce la teoría de los "dos demonios" que tanto sirvió para encubrir los crímenes de la dictadura argentina.

La horizontalización de la violencia como servicio al poder. Cuando algunos miembros de la comunidad LGBT afirman que Marlen "está presa porque hace desastre", está trasladando la responsabilidad de la desaparición desde el Estado hacia la víctima. Esta operación es políticamente funcional al terrorismo institucional: si la comunidad misma valida la detención irregular, le otorga al Estado una "licencia para desaparecer". El Estado no necesita justificarse cuando las propias víctimas potenciales se encargan de hacerlo por él.

Las Consecuencias Fatales: De Fernanda Arias a Marlen Villarrubia

La falta de enfoque en la responsabilidad estatal —alimentada por la discriminación interna de la propia comunidad LGBT— tiene consecuencias documentables y mortales. El caso de Fernanda Arias ilustra con claridad esta dinámica:

Fernanda, también mujer trans de Salta, fue hallada muerta en circunstancias que la policía catalogó precipitadamente como "suicidio". La criminalización previa de Fernanda, su construcción social como "descartable", permitió que sectores de la sociedad —e incluso de la propia comunidad— aceptaran la versión oficial sin cuestionamientos. Esto derivó en la pérdida de pruebas, en la falta de investigación rigurosa y, finalmente, en la impunidad -por el momento en tanto persiste la investigación- del transfemicidio institucional.

En el caso de Marlen, la repetición del patrón es escalofriante. La opinión de que "anda apurando a los putos" sirve como cortina de humo para que la Comisaría 2º no rinda cuentas. Si la comunidad misma valida la narrativa de que Marlen es una persona conflictiva, se diluye la urgencia de exigir su aparición con vida. El Estado cuenta con este prejuicio social —incluso interno— para garantizar su impunidad.

La consecuencia última de esta dinámica es la naturalización de la muerte selectiva. Se acepta tácitamente que ciertas vidas —las de las mujeres trans pobres, las que tienen antecedentes, las que ejercen trabajo sexual, las que "causan problemas"— no valen lo mismo que otras. Esto crea un terreno fértil donde el Estado puede seguir matando en las celdas, desapareciendo activistas y reprimiendo disidencias sin que se levante un clamor colectivo.

La Vulneración que se Retroalimenta: Un Estado que Cuenta con Nuestra Ceguera

La vulnerabilidad extrema de la comunidad LGBT no es solo producto de la violencia externa; se profundiza exponencialmente cuando la propia comunidad carece de visión política sobre la naturaleza del poder que la oprime.

Un Estado que utiliza sus patrulleros para llevarse a una persona y luego niega su paradero ha dejado de ser una democracia funcional para convertirse en un aparato terrorista. Esta definición no depende del "antecedente" de la víctima, sino del crimen del victimario. Sin embargo, la escasa claridad sobre este punto permite que la discusión se desvíe constantemente hacia terrenos moralizantes sobre la conducta de las desaparecidas.

Esta misma lógica se replica en otros colectivos vulnerables: los jóvenes de barrios periféricos asesinados por "gatillo fácil", los pueblos indígenas reprimidos en sus territorios, las personas en situación de calle criminalizadas. En todos estos casos, el discurso oficial reza: "eran delincuentes", "estaban drogados", "se peleaban entre ellos". Y en todos estos casos, sectores de las propias comunidades afectadas reproducen esa narrativa, haciendo el trabajo sucio del poder.

La vulneración de la comunidad trans es extrema precisamente porque el Estado sabe que puede contar con ese prejuicio social —incluso interno— para garantizar su impunidad. Cada vez que un miembro de la comunidad valida la criminalización de otro, está fortificando las paredes de la próxima celda donde alguien morirá "por suicidio".

Hacia una Ética de la Responsabilidad Colectiva

La lucha contra el terrorismo de Estado en democracia exige entender que la responsabilidad es siempre hacia arriba, nunca horizontal. Cuando la comunidad trans se fragmenta y se ataca a sí misma, le hace el trabajo al poder. La única forma de romper este ciclo es construir una ética política basada en principios inquebrantables:

  1. Ninguna vida es descartable. Independientemente de la conducta individual, toda persona bajo custodia estatal tiene derecho a la vida y al debido proceso. La desaparición forzada es siempre un crimen, sin excepciones.
  2. El foco debe estar en el Estado, no en la víctima. Desviar la atención hacia los "errores" de quien desaparece es permitir que la próxima "caja negra" policial se cobre otra vida.
  3. La solidaridad no puede ser selectiva. No podemos defender solo a las víctimas "presentables", a las que cumplen con estándares de respetabilidad. El Estado no discrimina cuando reprime; reprime a quienes considera prescindibles. La defensa debe ser igual de indiscriminada.
  4. Nadie desaparece solo. Nadie se mata solo en una comisaría. Esta frase, que resume décadas de lucha por los derechos humanos en Argentina, debe convertirse en un mantra inquebrantable.

Conclusión: El Espejo que Debemos Romper

La desaparición de Marlen Villarrubia no es un "circo de la tele", como sugiere el discurso discriminatorio escuchado en algunos miembros de la propia comunidad. Es un síntoma de que en Salta —y en Argentina— las estructuras de la dictadura siguen vivas, operando bajo el ropaje de la democracia formal.

Pero junto al terrorismo de Estado existe otro espejo, uno que la comunidad LGBT debe tener el coraje de romper: el espejo de la discriminación interna, de la reproducción de los discursos del opresor, de la fragmentación que nos vuelve vulnerables.

Mientras sigamos legitimando la criminalización de nuestras compañeras, mientras sigamos exigiendo inocencia como requisito para la indignación, mientras sigamos deshumanizando a quienes no cumplen con estándares de respetabilidad, estaremos construyendo las condiciones de posibilidad para nuestra propia desaparición.

El Estado cuenta con nuestra ceguera. Cuenta con nuestra misoginia internalizada. Cuenta con nuestra falta de solidaridad. Romper ese espejo es, quizás, el primer acto de resistencia verdadera. Porque solo cuando entendamos que la vida de Marlen importa tanto como la de cualquiera de nosotras, sin importar su conducta o sus antecedentes, estaremos en condiciones de enfrentar al verdadero enemigo: el Estado que desaparece, tortura y mata, y luego nos pide que miremos hacia otro lado.

La justicia solo es posible cuando se entiende que en la lucha contra el terrorismo de Estado no hay lugar para la discriminación interna. O nos defendemos todas, o todas estamos en peligro.

 



[1] Orden (Gemini): Identifica las proposiciones que vinculan la desaparición forzada de Marlen con el terrorismo de estado en Argentina en la fuente "2026-01-24 desaparición de Marlen". En el texto que te proveo a continuación, contempla las opiniones de un miembro de la comunidad trans salteña sobre la persona de Marlen a la cual refiere como "el puto" y su falta de enfoque de la responsabilidad del estado. Merita profundamente sobre las consecuencias de esta falta de enfoque en el contexto de las muertes de Fernanda Arias y de la desaparición forzada de Marlene. Merita a cerca de la vulneración de la comunidad trans, la escasa visión y relaciónalo con otros colectivos vulnerables en la lucha contra un estado que se vuelve desaparecedor y terrorista y no garante de las vidas de sus ciudadanos. A continuación, el texto:

"Qu onda, Gabi, cmo andas? Qu asco que son los putos, no? Cmo andan buscando el puto de la grillo hasta por debajo de las piedras, qu asco. La polica opina por culpa de ese puto, mira, nos meten a todos en la sola bolsa, no? Ese puto est preso, sabes por qu, Gabi? Porque ese puto hace desastre, ese puto tiene antecedentes penales porque estuvo en la crcel aos. Ese da que la llevaron presa, eh ella andaba apurando a los putos ah en la zona, se bajaba de un remi conjunto con la Maite y con una punta le estaba apurando a los putos. En eso la vio la polica y se la llev detenida y bueno, la tuvo presa hasta que han hecho todo ese circo de la tele y todo eso. Pero ms te da bronca de la de las chicas que supuestamente entre comillas que son nuestras representantes haciendo barullo, buscndola, haciendo hacindola pasar por inocente a la a la a la grillo diciendo que no lo es".

[2] Orden (Claude) Construye un ensayo con el texto a continuación. Encuentra un título.

jueves, 25 de diciembre de 2025

De la Dictadura a la Democracia: El hilo invisible de la impunidad policial que une a Salta entre 1976 y 2025

A cerca de la muerte en custodia de Fernanda Arias en Rosario de Lerma

Un análisis exhaustivo revela la persistencia de mecanismos estructurales de violencia institucional en la provincia, trazando analogías operativas alarmantes entre el histórico Caso Ragone y la reciente muerte en custodia de Fernanda Daniela Arias. A través del concepto de la "Caja Negra" en las comisarías y el uso de sumarios diseñados para el encubrimiento, este informe desmantela cómo el aparato policial y judicial continúa garantizando zonas de silencio e ilegalidad. Desde la construcción de víctimas "descartables" hasta la validación judicial de relatos oficiales falsos, el documento expone una maquinaria de impunidad que ha mutado sus blancos —del enemigo político a la diversidad sexual— pero mantiene intacta su arquitectura represiva. Ante este escenario, se proponen estrategias urgentes de intervención legal y el uso de herramientas como el Amicus Curiae para romper un ciclo de violencia que desafía cinco décadas de historia.

 


Puntos clave que destaca la nota:

  • Continuidad Estructural: La comparación entre el accionar policial de 1976 y 2025 muestra que, aunque el contexto cambió, las tácticas de encubrimiento son casi idénticas.
  • La "Caja Negra": La falta de cámaras y luz en las celdas actuales funciona como la "zona liberada" de la dictadura: un espacio sin testigos para permitir el crimen.
  • El Sumario como Trampa: En ambos casos, la policía que debiera ser investigada es la que construye el primer relato oficial para desviar la justicia.
  • Responsabilidad Judicial: Se señala al Poder Judicial no solo por indolencia, sino por validar sistemáticamente las versiones policiales sin control de convencionalidad.
  • Recomendaciones Estratégicas: La nota cierra con pautas concretas para abogados querellantes, como la aplicación del Protocolo de Minnesota y el rastreo tecnológico de los efectivos involucrados.

Verdad y Justicia por Fernanda Arias en la Mesa de la Diversidad

En la Mesa de la Diversidad del Gobierno de Salta: Justicia por Fernanda Arias: Organizaciones denuncian transfemicidio institucional y exigen el fin de la impunidad policial en Salta
Viernes 26 Dic, 10 hs en Polo de las Mujeres, Sec de Género. 

Tras la muerte en custodia de Fernanda Daniela Arias en la Comisaría de Rosario de Lerma, la Asociación Miguel Ragone y el Movimiento Trans Argentina (MTA) presentan en la Mesa de la Diversidad, un informe estratégico que desmantela la versión oficial del suicidio. El documento expone las contradicciones de un sistema judicial que convalida el relato policial, traza paralelismos alarmantes con las prácticas represivas de la dictadura y denuncia un contexto de abandono estatal en salud y derechos básicos. Ante el avance de los discursos de odio, hacemos un llamado urgente a todas las organizaciones y áreas de gobierno que integran la Mesa de la Diversidad para recuperar la solidaridad y la lucha unida contra la violencia institucional que amenaza a toda la ciudadanía.



lunes, 15 de diciembre de 2025

La identidad LGBT como eje: el abogado Colque y la lucha contra el identicidio policial

 

Imágen:  Red de Litigantes
LGBTI de las Américas

 El abogado salteño Agustín Colque ha intervenido en el debate público, tanto como ciudadano como profesional del derecho, para denunciar las detenciones arbitrarias y la violencia institucional en Salta. Su participación se enmarca en las acciones de la Asociación Miguel Ragone y la Mesa de Derechos Humanos, organizaciones que lo convocaron junto a otros abogados, para presentar un amicus curiae ante la Corte de Justicia de Salta. Este recurso se integra a un habeas corpus colectivo, correctivo y preventivo, que busca forzar al Poder Ejecutivo a cesar las prácticas policiales que son arbitrarias, discriminatorias y violentas, promoviendo así la democratización de la justicia.

La perspectiva de Colque en este amicus curiae es crucial, ya que se presenta como parte de la comunidad LGBT, un colectivo que ha sido "históricamente vulnerado" en sus derechos a la salud, la educación y el trabajo, y que es uno de los grupos "más afectados" por las prácticas policiales. Esta identificación personal dota a su testimonio de una autoridad directa al abordar la discriminación sistemática.

La urgencia de su intervención se relaciona directamente con las consecuencias más letales de la violencia institucional, ejemplificada por el caso de una mujer trans en Rosario de Lerma que falleció bajo custodia policial en "menos de 2 horas de detención por una presunta contravención". Colque subraya que esta tragedia es una muestra de la violencia extrema y la total falta de respeto que persiste incluso tras la muerte, criticando cómo los noticieros la deshumanizaron al referirse a ella como "un varón vestido de mujer" en lugar de como una "mujer trans".

Para conceptualizar esta magnitud de los atropellos, el abogado introdujo en la presentación judicial el concepto de “identicidio”. Este término, tomado de la sociología y la antropología, describe el conjunto de prácticas destinadas al "exterminio de ciertas identidades" y grupos sociales, aplicable no solo a la comunidad LGBT, sino también a personas racializadas y en situación de pobreza.

Además de la privación ilegítima de la libertad de personas jurídicamente inocentes, Colque enfatiza las violaciones específicas que sufren las mujeres trans y travestis durante la detención: se las "encierra con los hombres". Esta práctica es "vejatorio al máximo" y actúa como si la Ley de Identidad de Género "nunca se hubiese sancionado", constituyendo una forma de disciplinamiento y control social. Así, la lucha de Colque, respaldada por su identidad, busca forzar al Estado a adecuar sus políticas de seguridad a los estándares de dignidad humana y los tratados internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, aunque la auto-identificación de Agustín Colque como miembro de la comunidad LGBT es poderosa y esencial para diagnosticar el "identicidio" ejercido por la policía, su posición política y su demanda de justicia se fundamentan en un compromiso más amplio y una mirada compleja e informada de la realidad salteña. Colque interviene en el debate como profesional del derecho y como ciudadano, y su análisis se basa en la violación de principios universales consagrados en la Constitución y tratados internacionales,,,. Su agenda no se limita a su propia identidad, sino que abarca la defensa de todas las personas inocentes cuya libertad ambulatoria es avasallada, incluyendo a personas racializadas y aquellas en situación de pobreza, así como a quienes padecen las condiciones inhumanas de encierro, como la sobrepoblación del 100% en la Alcaidía Salta,. Por lo tanto, si bien su pertenencia a una comunidad vulnerada proporciona una autoridad moral y política innegable, la exigencia de poner fin a las prácticas arbitrarias y violentas de la policía es una demanda universal por la protección de la libertad física, lo que demuestra que la sola identidad LGBT no es ni una condición necesaria ni suficiente para impulsar esta compleja lucha por la democratización de la justicia.

sábado, 13 de diciembre de 2025

“Memoria viva Trans” en la jornada sobre violencia institucional de ALFA y ANDHES Salta: La Violencia Policial y las Prácticas de la Dictadura Persisten contra la Comunidad Trans

La intervención de Pía Ceballos, representante del Movimiento Trans Argentina (MTA), tuvo lugar durante las "Jornadas de la violencia institucional en primera persona," un espacio diseñado para que las víctimas y los activistas pudieran compartir sus vivencias directas con la violencia estatal. Su presentación se centró en la violencia institucional dirigida específicamente contra la comunidad travesti y trans, un grupo que, junto con las personas en situación de calle y otros sectores vulnerables, ha sufrido detenciones sin garantías constitucionales y atropellos por parte de las fuerzas de seguridad. Ceballos se enfocó en exponer cómo la policía ejerce abuso y violencia contra su comunidad por ser trans, pobre y, a menudo, trabajadoras sexuales, vinculando estas prácticas represivas con métodos heredados de la última dictadura militar. Su discurso se enmarcó dentro del primer bloque del conversatorio, el cual abordó específicamente la violencia institucional previa al proceso judicial, como los abusos policiales en la calle y las situaciones de violencia contra la diversidad.

Ver también

Mujer sentada en una silla

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La continuidad de la represión histórica

El discurso de Ceballos no solo abordó el pasado, sino que denunció la urgencia de la violencia contemporánea, como el reciente caso de Fernanda Arias, quien fue detenida y murió en la comisaría 2 de Rosario de Lerma tres horas después. Si bien las autoridades alegaron que la causa de la muerte fue el suicidio, las organizaciones demandaron que se investigara quiénes eran los responsables en la comisaría y los efectivos de salud. Ceballos vinculó esta crisis con el panorama político nacional, señalando que entre el 22 y el 28 de noviembre se produjeron tres crímenes contra la comunidad trans donde la policía fue partícipe primario, no solo en Salta sino también en Córdoba y Buenos Aires. Subrayó que el aumento de los crímenes de odio y las amenazas se amplifica debido a los discursos de odio, las amenazas y la desinformación provenientes del gobierno actual.

La historia de la comunidad trans con las fuerzas de seguridad ha estado marcada por la brutalidad y la impunidad. Ceballos recordó casos como el de Pelusa Liendro, quien denunciaba a la policía por cobrar coimas y fue asesinada en 2006. También relató el caso de Violeta, una compañera que, tras ser golpeada severamente por la policía, terminó internada con fracturas y luego migró a Buenos Aires para huir de la transfobia y la violencia, pero murió a los dos meses. Las detenciones no son por contravenciones menores, sino que involucran golpizas, abusos y traslados a la alcaidía para ser liberadas solo después de un "buen levante". Estos hechos demuestran que la migración forzada es una realidad para esta comunidad que busca otros lugares para desarrollar sus vidas ante la discriminación y la violencia.

El trauma de la detención y la memoria de la dictadura

 

Uno de los aspectos más duros de la intervención fue la descripción de lo que ocurre dentro de los centros de detención. Ceballos compartió que las situaciones que se viven en una comisaría o alcaidía son "tremendas" y dejan un trauma inolvidable. Las personas travestis son expuestas en el cuerpo para el "morbo" de los efectivos masculinos y sufren violencia sexual en los calabozos. Y enfatizó que muchas de estas prácticas, incluyendo la violencia sexual y el abuso, son métodos de represión que se siguieron aplicando en democracia contra la población trans, heredadas de la última dictadura. La violencia ejercida busca generar "escándalo a la moral y a las buenas costumbres salteñas".

Ante este panorama de violencia estructural, el mensaje de Pía Ceballos culminó en la necesidad de fortalecer una red de lucha por los derechos humanos que no ponga distinción de sexualidad o género, sino que permita a las travestis "marchar a la par" y luchar por sus derechos. Su intervención sirvió como un recordatorio de que la memoria de las compañeras asesinadas y abusadas sigue viva y exige justicia.

 

viernes, 12 de diciembre de 2025

Solicitan Convocatoria Extraordinaria de la Mesa de la Diversidad por Muerte de Mujer Trans en Custodia

Organizaciones de derechos humanos, incluyendo la Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia y Mujeres Trans Argentina (MTA), solicitaron una reunión extraordinaria y urgente de la Mesa de la Diversidad de Salta.

El pedido está motivado por la muerte de Fernanda Arias, una mujer trans de 34 años, quien fue hallada sin vida en la Comisaría de Rosario de Lerma el 14 de noviembre de 2025, dos días después de su detención. Las organizaciones rechazan la versión oficial de suicidio, calificando el hecho como un transfemicidio por violencia institucional y un acto de "identicidio".

El caso ha generado una significativa movilización y repercusión mediática local y nacional. Las organizaciones exigen la participación del Secretario de Seguridad y una investigación penal independiente con perspectiva de derechos humanos. Advierten sobre la posible existencia de un "grupo policial desviado" en Rosario de Lerma que comete crímenes de odio contra personas trans y travestis. La falta de una respuesta institucional inmediata profundizaría la erosión de confianza.


Nota a la Mesa de la Diversidad del Gobierno de Salta

martes, 2 de diciembre de 2025

Manifiesto por la Continuidad Irreparable: la histórica lucha contra la violencia institucional esta vez en el “Identicidio” Trans de Fernanda Arias en la Comisaría de Rosario de Lerma

 

Manifiesto

Nosotros, la Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia, alzamos nuestra voz desde el dolor que nos atraviesa la lucha histórica contra la violencia institucional. Hoy, el irreparable peso de la muerte nos convoca en la desaparición y el exterminio de Fernanda Arias a manos de la policía en la Comisaría de Rosario de Lerma en Salta. Lo conectamos con las mismas estrategias en tiempos de la dictadura militar de la década del setenta. Esa continuidad de la violencia institucional es un patrón de identicidio que borra existencias disidentes, empujándolas a la exomarginalidad absoluta, fuera incluso de los márgenes de la pobreza cisnormativa.

En la muerte de Fernanda vemos un homicidio en manos de uniformes que se ocultan bajo velos de impunidad. Desestimamos de plano la hipótesis del suicidio, esa farsa inconsistente de un ahorcamiento con un top que no resiste el escrutinio; en su lugar, señalamos el homicidio y encubrimiento policial, con testigos que vieron los palos y las contusiones fatales en su cráneo, sin reanimación creíble al llegar al hospital. Y acecha también la sombra de una venganza reciente, tramada por una esposa celosa un mes antes, que desató el hostigamiento final de agentes que ya la vigilaban.

Esta lógica del exterminio no es casual: es el sistema que niega identidades trans mediante vigilancia opaca y represión letal, como el artículo 18 de la Ley Orgánica Policial que disfrazó de "seguridad" el borramiento de Fernanda. La lucha contra la violencia institucional y las detenciones ilegales persiste en custodias policiales que matan, en patrullas que disciplinan hasta la muerte, en una policía que perpetúa el identicidio trans como herencia impune. Pero de ese abismo surge nuestra resistencia: la prevención como acto de rebeldía personal y comunitaria, transformando el dolor en energía creativa que reorganiza conductas antes del límite fatal.

¡Basta de muertes irreparables! La resiliencia de Fernanda, que se levantaba una y otra vez diciendo "me voy a dormir así, ¿ves?, pero volvía", nos inspira a exigir Justicia. Un cambio estructural de formación policial profunda, deconstrucción de la hegemonía masculina y justicia restaurativa. Nuestra deuda histórica contra la impunidad de la violencia institucional nos obliga: prevención ahora, para que ninguna vida sea exomarginada ni borrada jamás.


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