El diálogo entre el pragmatismo jurídico del Colegio de
Abogados y el activismo académico de Tejeríos Desobedientes dibuja una realidad
compleja: la legislación avanzada actúa como un faro, mostrando el camino del
derecho al libre desarrollo personal, pero la oscuridad de la inercia cultural
y la resistencia burocrática institucional actúan como una densa niebla. Para
que la población trans pueda navegar el camino hacia sus derechos
fundamentales, no basta con encender la luz del derecho, sino que es necesario,
como en la construcción de una sólida red de pescar, asegurar que cada
nudo—cada institución y cada activista—esté lo suficientemente fuerte y bien
anudado para capturar la diversidad de experiencias y la potencia de la
resistencia, garantizando que ninguna vida ni lucha se escape del ámbito
del apoyo mutuo.
Este análisis aborda la convergencia discursiva y
estratégica entre diferentes esferas institucionales —el activismo, la
academia y los organismos del Estado y judiciales—, examinando las
proposiciones expuestas en el Conversatorio del Colegio de Abogados de Salta,
protagonizado por Victoria Liendro y otros especialistas, en diálogo crítico
con las urgencias políticas y experiencias de implementación detalladas en las
Jornadas Tejeríos Desobedientes. Es fundamental comprender que la articulación
de estos espacios inter-institucionales—como el Colegio de Abogados, la Universidad
Nacional de Salta (UNSA), el CONICET, y organizaciones militantes—tiene como
objetivo central circularizar un discurso informado sobre derechos que actúe
como "frente de cuidado colectivo y contestación política". No
obstante, el destino último de estos debates y herramientas legales no es el
ámbito académico ni el judicial per se, sino las comunidades debilitadas
que enfrentan una exclusión sistemática, y cuyo acceso efectivo a la justicia,
la salud y la educación depende de la capacidad de estos diálogos para
transformar la inercia y la resistencia institucional.
La persistencia de la brecha: de la ley de vanguardia a la marginación
estructural
El análisis de los discursos cruzados entre el ámbito
jurídico formal (Colegio de Abogados) y el espacio de praxis y resistencia
(Tejeríos Desobedientes, la Jornada académica – activista en la Universidad
Nacional de Salta) revela un eje central ineludible: La Persistencia
de la Brecha entre el Reconocimiento Legal y la Exclusión Estructural. Las
leyes argentinas, como la Ley de Identidad de Género (Nº 26.743), son
consideradas un avance paradigmático que consagra el derecho al "libre
desarrollo personal". Sin embargo, la efectividad de esta normativa se
desdibuja ante la exclusión sistémica que, según Victoria Liendro,
empuja a la población transgénero a una marginalidad "constituyente".
El desafío no es solo la falta de leyes, sino la demora en el cambio de
mentalidad y la aplicación deficiente de las existentes.
I. La Ley existe, pero la expulsión educativa y laboral mantiene la
condición de marginalidad histórica
La primera proposición principal sostiene que, a pesar del
marco legal avanzado, la población trans sigue siendo expulsada de los sistemas
educativos y laborales formales, lo cual perpetúa la violencia estructural y la
expectativa de vida reducida. Esta realidad subraya que el progreso legal no se
traduce automáticamente en inclusión social.
1.1. El Sistema Educativo como núcleo de la expulsión
Victoria Liendro presenta datos devastadores: nueve de
cada diez personas trans no concluyen la escolaridad obligatoria. Esta
deserción, que coincide con la exteriorización de la identidad, se establece
como el punto de origen que impide el desarrollo de una "cultura del
trabajo" formal. Este hallazgo se problematiza al confrontarlo con los
esfuerzos institucionales descritos en Tejeríos. Ana Pérez, del Observatorio de
Violencia contra las Mujeres, ilustra que, incluso con protocolos específicos
como la Resolución 635/21 de Salta, que obliga a las escuelas a garantizar el
derecho a la identidad, su implementación choca con la inercia y la falta de
capacitación institucional. La garantía de derechos a menudo depende de
encontrar "huecos" en los sistemas digitales o de esfuerzos manuales,
lo que confirma que el Estado, pese a la normativa, es deficiente como garante
del derecho a la educación en la práctica.
1.2. La ausencia de medidas de acción positiva y la consecuencia económica
La exclusión educativa se traduce directamente en la
exclusión laboral, resultando en que más del 95% de la población trans haya
estado o esté en situación de prostitución. Ante esta realidad, Inés
Bocanera señala la imperiosa necesidad de adoptar "medidas de acción
positiva" conforme a la Constitución para cerrar la brecha entre la
ley y el ejercicio efectivo de derechos. Esta necesidad de intervención estatal
se contrapone al rol de las redes comunitarias detallado en Tejeríos. La
Red de Promotoras Territoriales en Violencia de Género, por ejemplo, surgió
para responder a necesidades urgentes y cubrir los vacíos del Estado. A pesar
de su labor esencial en el acompañamiento y contención, el proyecto de ley para
el reconocimiento económico de estas promotoras fue archivado en la
legislatura. Esto evidencia que el activismo es el que suple la obligación
estatal de garantizar un estado de bienestar solidario, mientras las barreras
culturales e idiosincrásicas dificultan la aplicación de la ley de cupo laboral
trans.
II. La Resistencia institucional burocrática actúa como barrera de derechos
y refuerza la patologización
La segunda proposición principal aborda cómo los sistemas de
justicia y salud, a través de la burocracia y la interpretación restrictiva,
socavan el espíritu despatologizador de la ley, transformando las garantías
legales en obstáculos concretos para el "habitar disidente".
2.1. La patologización persistente en los Sistemas Judicial y de Salud
Lisandro Sastre resalta que la Ley de Identidad de Género
(26.743) es paradigmática al despatologizar la identidad trans y consagrar el
acceso a prestaciones de salud basándose únicamente en el consentimiento
informado. Por lo tanto, cualquier exigencia adicional (como certificados
psicológicos) es ilegal. Sin embargo, esta garantía legal choca con la práctica
judicial descrita por Flavia Garagorri Gutiérrez en Tejeríos Desobedientes.
Gutiérrez documentó cómo la resistencia institucional se manifiesta en la solicitud
de pericias psicológicas en procesos de cambio de identidad, una práctica
que contradice el espíritu de la ley y conlleva el riesgo de patologización.
Además, figuras de garantía, como la "abogada del niñe", se
convierten en obstáculos burocráticos que cuestionan los procesos de crianza.
Este panorama refuerza la crítica de Liendro a los discursos anti-derechos y
falaces que buscan cuestionar la responsabilidad estatal en el cuidado de la
salud de toda la ciudadanía.
2.2. La urgencia política y la transformación de operadores institucionales
La crítica a la inercia institucional se convierte en un
llamado a la acción política. La Decana Marcela Álvarez y Sofía enmarcan el
“Tejerío Desobediente” como una apuesta política, urgente y necesaria y
como un acto de resistencia vital contra la "crueldad" y los
discursos de odio que "ponen en riesgo la vida". Esta urgencia se
justifica ante la exposición a la violencia y exclusión que resulta en una
expectativa de vida de apenas 35 a 45 años para la población trans. La
necesidad de enfrentar esta resistencia exige la capacitación continua
de los operadores de justicia, salud y educación. El Conversatorio del Colegio
de Abogados se suma a esta lógica al buscar abrir la reflexión y el diálogo en
un ámbito institucional clave. La academia, mediante la Vicedirectora Mariana
Godoy, legitima este esfuerzo al promover una "dilución de
frontera" entre la investigación, el activismo y las políticas
públicas, enfocándose en sistematizar y pensar el "habitar
disidente". Solo mediante este esfuerzo sostenido de "tejer lazos de
cuidado" y "agujerear los consensos patriarcales", y
profundizando el debate sobre la criminalización y racialización que
afecta a la población trans, se podrá asegurar que la ley deje de ser solo una
herramienta escrita para convertirse en un cambio efectivo en la vida de las
comunidades.
Colegio de Abogados, jueves 6 de noviembre de 2025
Proposiciones centrales, argumentos y datos expuestos
durante la sesión del Instituto de Derecho Constitucional y Federalismo del
Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, centrada en la "problemática
fundamental en torno a los derechos fundamentales de la población transgénero
en la provincia de Salta y en el país".
Desafíos y Avances en los Derechos Fundamentales de la Población
Transgénero en Salta.
Interlocutores clave
El conversatorio sobre los derechos fundamentales de la
población transgénero, organizado por el Instituto de Derecho Constitucional y
Federalismo del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, abordó la
problemática central que afecta a las personas trans tanto en la provincia como
en el país. El evento reunió a varios interlocutores clave que aportaron
distintas perspectivas y análisis durante la sesión.
Sebastián, presidente del Instituto y coordinador del
conversatorio, desempeñó el rol de moderador, presentando a los ponentes y
leyendo las contribuciones enviadas por participantes en línea. Entre los
expositores destacados se encuentra Victoria Liendro, conocida como
"Vicky", reconocida referente de la comunidad trans, integrante de la
Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad del Gobierno de Salta y fundadora
de la organización "Activando Saber". Vicky aportó datos estadísticos
que evidencian la exclusión sistémica que enfrenta la población trans, además
de ofrecer un análisis crítico de los discursos anti-derechos presentes en la
sociedad.
Lisandro Sastre, abogado especialista en derecho a la salud,
brindó el marco jurídico y constitucional pertinente, destacando la Ley de
Identidad de Género como un avance paradigmático que reconoce el "libre
desarrollo personal" de las personas transgénero. Complementando estas
visiones, Inés Bocanera, representante de la Secretaría de Mujeres, Géneros y
Diversidad del Gobierno de Salta, señaló la importancia de adoptar
"medidas de acción positiva" conforme al artículo 73 de la
Constitución, necesarias para cerrar la brecha existente entre la normativa
legal y el ejercicio efectivo de los derechos por la población trans.
Por último, Fernando Pequeño, participante que intervino vía
online, aportó una reflexión que fue leída por el coordinador, planteando
futuras líneas de debate fundamentales, entre ellas la racialización y la
criminalización que sufre esta comunidad en la región, aspectos que requieren
atención urgente para avanzar en la garantía de derechos y la inclusión plena.
Este conversatorio evidenció la necesidad de un abordaje
integral que combine el reconocimiento jurídico, la implementación de medidas
afirmativas y la sensibilización social para enfrentar las múltiples barreras
que afectan a la población transgénero en Salta y Argentina.
La Perspectiva de Victoria Liendro: Exclusión Sistémica y la Urgencia de
un Cambio Cultural
Victoria Liendro estructura su argumento sobre la base de
que, a pesar de los avances legislativos, la población transgénero enfrenta una
exclusión sistemática y estructural que se manifiesta en datos alarmantes y se
perpetúa a través de barreras culturales y discursos estigmatizantes. Su
proposición central es que la población transgénero vive en un sistema de
exclusión constituyente que la empuja a la marginalidad, evidenciado por
estadísticas devastadoras en educación, empleo y expectativa de vida. La solución
no radica únicamente en las leyes existentes, sino en un cambio profundo de
mentalidad y en la implementación de políticas públicas efectivas que
contrarresten la discriminación cultural y la desidia estatal.
En cuanto a los argumentos y datos de respaldo, Liendro
fundamenta su análisis en datos concretos provenientes de una encuesta
realizada en 2016 por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM)
en Salta Capital, donde las propias personas trans actuaron como encuestadoras
en un universo de 202 casos. En ese estudio se encontró que, respecto a la
expulsión educativa, "nueve de cada diez personas trans no concluyen
la escolaridad obligatoria". Esta deserción coincide con el momento de la
exteriorización de su identidad de género, lo que plantea un cuestionamiento
directo sobre el rol del Estado como garante del derecho a la educación. Otro
dato alarmante revela que "más del 95% estuvo o está en situación de
prostitución", una cifra que es resultado directo de la exclusión de estos
individuos de los ámbitos de la formalidad laboral y educativa. Asimismo, la
expectativa de vida para la población trans se sitúa "entre 35 y 45
años", menos de la mitad de la expectativa general en Argentina (80-90
años), reflejando el impacto acumulado de la violencia, la denigración, la
exclusión del sistema de salud y la exposición a consumos problemáticos y
peligros en la calle.
Respecto a los desafíos de la empleabilidad, aunque
existe una ley nacional de cupo laboral trans, su implementación resulta
deficiente, especialmente fuera del centro del país. Los obstáculos
identificados incluyen barreras culturales e idiosincrasia, con resistencia por
parte de empleadores públicos y privados; falta de capacitación, que es
consecuencia directa de la expulsión del sistema educativo; y la ausencia de
una "cultura del trabajo", ya que la exclusión prolongada ha impedido
el desarrollo de trayectorias laborales formales. Liendro destaca que las
"nuevas generaciones que vienen a la luz de la Ley de Identidad de
Género" tienen mayor probabilidad de integrarse a la formalidad laboral,
pero enfatiza que "los cambios de la mentalidad... es lo que más
demora".
En su crítica a los discursos anti-derechos, Liendro
denuncia activamente las narrativas que buscan deslegitimar los derechos de la
comunidad trans. Rechaza la falacia del privilegio que sostiene que "ser
trans en la Argentina parece ser que es un privilegio" o que existen
"leyes que las benefician". Denuncia también la desinformación
deliberada, citando el ejemplo de una abogada que afirmó en un auditorio que la
ley "permitía que un niño se levantara un día y fuera al registro civil a
cambiarse el nombre y acceder a todas las operaciones", valorando ese
discurso como peligroso y falaz. Asimismo, confronta argumentos económicos
dirigidos contra la salud trans, tales como el cuestionamiento "por qué yo
tengo que estar pagando el tratamiento a ciertas poblaciones", señalando
que es una narrativa difundida por sectores conservadores para desestimar la
responsabilidad del Estado en el cuidado de todos sus ciudadanos.
Finalmente, Liendro subraya que la discriminación
"tiene que ser un tema del Estado" y que existen leyes, como la
Ley Antidiscriminatoria de 1988, que están para ser aplicadas. Identifica a la
familia como el primer núcleo de expulsión; cuando esa familia rechaza a la
persona, el Estado debe actuar como garante de sus derechos. Critica la postura
de "el Estado no tiene nada que ver con mi familia", argumentando que
cuando la familia ejerce violencia o abandono, el Estado tiene la obligación de
intervenir para proteger al individuo vulnerable.
El Análisis de Lisandro Sastre: El Derecho al Libre Desarrollo Personal
como Paradigma Constitucional
El abogado Lisandro Sastre ofrece una perspectiva
jurídica que posiciona la Ley de Identidad de Género (Nº 26.743) como una norma
de vanguardia que redefine el acceso a la salud, no como una cura para una
patología, sino como la materialización de un derecho humano fundamental
protegido por la Constitución. La proposición central de Sastre es que la Ley
de Identidad de Género despatologiza la identidad trans y consagra el
acceso a tratamientos hormonales y quirúrgicos bajo el paradigma del
"derecho al libre desarrollo personal". Este derecho, de raigambre
constitucional, exige que el sistema de salud (público y privado) garantice
estas prestaciones sin más requisito que el consentimiento informado, aunque en
la práctica persisten barreras ilegales y una interpretación restrictiva del
concepto de salud.
Respecto a los argumentos y análisis jurídico, Sastre
destaca como "muy novedoso" que la ley no enmarca el acceso a la
salud en la necesidad de curar una enfermedad, sino que se refiere al "derecho
al libre desarrollo personal", un concepto "mucho más
abarcativo". Esto implica la "despatologización" de la
comunidad trans. Las prestaciones de salud no buscan "curar" sino
"reafirmar corporalmente... la identidad autopercibida". Este enfoque
se alinea con la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) de 1946: "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y
no solamente la ausencia de enfermedades".
En cuanto a las obligaciones legales y barreras prácticas,
el consentimiento informado es el único requisito exigido por el artículo 11 de
la ley, que establece que "el único requisito que tiene una persona para
acceder a todos estos tratamientos... es el consentimiento informado".
Por lo tanto, la exigencia de certificados psicológicos por parte de obras
sociales o prepagas es ilegal. Sastre también aborda el argumento
"estético" utilizado por muchas entidades para rechazar la
cobertura, puesto que alegan que los tratamientos son "estéticos". Él
argumenta que bajo el paradigma de la despatologización y el bienestar
integral, esa distinción es irrelevante, ya que dichos procedimientos están
"necesariamente ligados a la salud" de la persona. Todos los
tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos están incluidos en el Programa Médico
Obligatorio (PMO), lo que obliga a su cobertura total. Sin embargo, Sastre
señala que un 80% de la población trans depende del sistema público,
actualmente afectado por recortes, mientras que el 20% con cobertura privada
enfrenta incumplimientos constantes.
En el apartado sobre modificaciones regresivas y
estrategia legal, Sastre aborda el decreto presidencial (mencionado como
DNU 70/2023 en contexto) que modificó el artículo 11 para prohibir
intervenciones en menores de edad, calificándolo como una "modificación
regresiva" y, por lo tanto, de dudosa constitucionalidad, ya que vulnera
derechos previamente adquiridos. Menciona un fallo reciente y
"nuevito" donde un recurso de amparo interpuesto por un menor de 17
años resultó en la declaración de inconstitucionalidad de dicha modificación.
Como estrategia litigante, aconseja que, aunque no es un requisito, acompañar
un informe psicológico puede fortalecer un amparo, no para diagnosticar una
patología, sino para demostrar que el tratamiento es necesario para la salud
psicológica de la persona.
Finalmente, Sastre aborda la necesidad de legislar
explícitamente y responde que esto fue necesario "porque todavía es parte
de la cultura la discriminación". La ley es una "herramienta para
hacer valer el derecho, tomar conciencia y generar espacio en la
discusión" cuando la cultura no avanza. Concluye contrastando dos modelos
políticos: uno neoliberal basado en el "individualismo y el egoísmo
personal", y otro basado en la solidaridad, donde "el ser humano es
el centro de la escena". Sostiene que solo el segundo modelo puede
garantizar un verdadero estado de bienestar y justificar que la comunidad, a
través del Estado, sostenga los derechos de sus miembros más vulnerables.
Aportes de la Audiencia Online: Mensaje de Fernando Pequeño
Hacia el final del conversatorio, el coordinador Sebastián
dio lectura a una intervención enviada por Fernando Pequeño, participante
conectado de forma remota. En primer lugar, Pequeño celebró la iniciativa del
Instituto de Derecho Constitucional y Federalismo al llevar el debate sobre los
derechos de la diversidad a la comunidad de abogados, reconociendo la
importancia de abrir espacios de reflexión y diálogo en un ámbito institucional
clave para la promoción de la igualdad.
El mensaje online se centró en la propuesta de continuar el
diálogo en futuras sesiones, sugiriendo la necesidad de enfocarse en las
particularidades de la región del noroeste argentino. Pequeño planteó la
importancia de analizar dos temas que resultan fundamentales para comprender y
atender las realidades de la población trans y de la diversidad sexual local.
Por un lado, la racialización fue presentada como un fenómeno que afecta la
manera en que se mira y valora a las personas de la diversidad, generando
consecuencias concretas en sus vidas cotidianas y en el acceso a derechos. Por
otro lado, propuso abordar la criminalización, subrayando el rol del
control policial y la vigencia de edictos que permiten la persecución de la
comunidad, lo cual constituye un obstáculo estructural para la plena inclusión
social.
Estas recomendaciones, expresadas a través del aporte
virtual, invitan a profundizar el debate sobre derechos y discriminaciones
específicas, articulando el análisis jurídico con la experiencia concreta y
situada de quienes habitan y transitan la región. El llamado de Pequeño
remarca, finalmente, la necesidad de construir futuros encuentros que promuevan
una mirada integral, plural y contextualizada sobre las problemáticas de la
diversidad en el noroeste argentino.
Treinta años pueden ser una vida entera, un camino de persistencia y sembradoras incansables de horizontes nuevos. El aniversario del Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer y de Género de la UNJu no fue solo una efeméride: fue el abrazo colectivo de quienes, desde distintos espacios y generaciones, reconocieron el pulso vivo de un proyecto transformador.
Las voces que tejieron la ronda en el video conmemorativo —Adriana Boria, Liliana Louys, Claudia Laudano, Beatriz Cabana y Alejandra Ciriza— pasaron por la memoria afectiva, la reivindicación histórica y la reafirmación de vínculos irreductibles. Hablaron de la temporalidad del feminismo, de la persistencia del hacer como distinción vital, del afecto hecho política y de celebraciones que se volvieron “aquelarres hermosos”, repensando que la alegría también es parte de la militancia.
Pero el núcleo profundo es la insistencia en trascender la contingencia: reconocer logros institucionales y avances en derechos, sí, pero sobre todo transmitir que el área sobrevivió gracias al trabajo sororario y a la fuerza de afectos combativos. En tiempos adversos —como advirtió Ciriza ante el avance de posicionamientos fascistas— el área es más que una estructura; es la suma de luchas, vínculos y sueños, la trama de saberes compartidos que nunca dejan de multiplicarse.
La construcción de conocimiento feminista y la solidaridad entre mujeres y diversidades se celebran como semillas que han florecido y siguen fecundando el suelo universitario y social. Las interlocutoras, desde sus trayectorias diversas, ofrecen un canto coral por la continuidad de la resistencia, la transformación de vínculos y la expansión crítica más allá de cualquier frontera.
Hoy, treinta años después, el acto de celebrar es mucho más que mirar atrás: es afirmar el compromiso por sostener espacios de autonomía, pensamiento y acción colectiva. Es sentir orgullo por cada mujer que pasó y por cada semilla sembrada. Y es decir, en ronda: seguimos con sueños, seguimos entrelazadas, seguimos por más.
En un encuentro en una aula de la Universidad, celebramos de
los 30 años del Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer y de Género de
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Jujuy (UNJu), aunque había quienes decían que la lucha data de 35 años. A través de
varios discursos de académicas y activistas feministas, nos juntamos para
conmemorar la historia del área como pionera en el noroeste argentino,
destacando su fundación en 1995 y su rol central en la academia y la militancia
contra la opresión de género. Quienes tomaron la palabra enfatizaron la
naturaleza colectiva, horizontal e interdisciplinaria del área, su compromiso
con la transformación social más allá de las coyunturas políticas, y la
importancia de la lucha en las calles y en la institucionalización de temas de
género, como el desarrollo del protocolo contra la violencia. El encuentro
terminó con un emotivo reconocimiento a las fundadoras, históricas y
colaboradoras/es que han impulsado los derechos de las mujeres y disidencias,
reafirmando su resiliencia ante los tiempos difíciles.
x:
Es la coordinadora principal del evento. Forma parte de Gepardes y
del Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer y de Género. Es la
encargada de introducir a las autoridades y a las invitadas y
posteriormente de conducir la entrega de reconocimientos. También es
reconocida por su labor en la lucha por los derechos de las disidencias y
por haber realizado todo el material de discusión y certificados del
evento.
Alexandre
García: Es la Vicerrectora de la Universidad Nacional de Jujuy
(UNJU), mencionada también por su apodo "Nini". Se
identifica abiertamente como feminista y celebra los 30 años del área,
enfatizando la importancia de la militancia, la coherencia y las luchas.
Interlocutora
1: Esta oradora no es nombrada en el momento de su intervención. Habla
después de la Vicerrectora (Alexandre García) y se refiere a la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales como la casa de las áreas de género.
Discute la importancia de defender la universidad pública y la necesidad
de "pasarse tres pueblos más" frente a la violencia. Utiliza el "nosotras
y nosotres inclusivos" para conjugar verbos.
Liliana
Louys: Integrante de la comisión coordinadora (una de las
"históricas"). Es una figura pionera que sitúa el inicio de las
actividades en 1989 (35 años antes de la celebración), cuando la facultad
participó del programa Redes de la subsecretaría de la mujer de la nación.
Participó en la creación de la primera y única Secretaría de la Mujer del
gobierno de Jujuy. Es una de las fundadoras del área y una de las
colaboradoras en la redacción del Protocolo de Prevención e Intervención
Institucional ante situaciones de violencia de género de la UNJU, y está
terminando su colaboración por jubilación.
Noemí
Cabrera: Identificada como integrante de las "históricas" y
de la "prehistoria" del área. Tiene 75 años y compartió su
experiencia de transformación personal y la lucha feminista, incluso
dentro de su propia casa.
Claudia
Laudeano (Activista/Académica): Recibe el micrófono en y afirma que no
planeaba hablar. Se define fundamentalmente como activista que ha
llevado el activismo a la academia. Sostiene que las transformaciones
sociales deben ir mucho más allá de las coyunturas políticas electorales.
(Liliana López la menciona previamente como Claudia Laudano, pilar
para la mirada feminista en la carrera de comunicación social).
Claudia
(Representante del Protocolo): Es identificada como "Claudia
del histórica". Habla en representación del Protocolo de
Prevención e Intervención para situaciones de violencia de género de la
UNJU, al que describe como un "hijo" y un logro colectivo del
área. Menciona que el protocolo fue aprobado en 2019 y se sustenta en el
compromiso y la militancia.
Sofía
Bailovsky: Una de las fundadoras o "históricas" del
área. Es la directora de la especialización en estudios de género y
política. Historiadora del área, relata el "reinicio
público" tras el regreso a la democracia y las dificultades de la
militancia temprana (como la denuncia en el diario como "psico
lesbiana feminista"). Destaca la lucha por la institucionalización
del área y el logro de tener integrantes en espacios de decisión como el
Vicerrectorado.
Natalia:
Agradece la oportunidad de hablar. Expresa gratitud a las
"históricas" y al equipo del protocolo (Marina, Lili, Claudia)
por el acompañamiento y la lucha en "tiempos que son muy duros".
María
José Carrizo: Mencionada inicialmente como parte del equipo técnico.
Habla en representación de la Fundación Juanita Moro. Saluda y
felicita al área, reconociéndola como un espacio de cuidado,
acompañamiento y un gran pilar en el activismo.
Posterior a las intervenciones de todxs quienes estuvieron
sentadxs en el panel, el momento de la entrega de las menciones y
reconocimientos comienza cuando Sofía Bailovsky anuncia que, para
finalizar, queda pendiente una serie de reconocimientos. Estos honran a
aquellas personas y organizaciones que acompañaron al Área Interdisciplinaria
de Estudios de la Mujer y de Género a lo largo de sus 30 años de trayectoria,
trabajo y proyectos, incluyendo a las personas que forman parte del área en el
presente. Ariel Monterrubian es quien conduce la entrega, señalando que
la lista está "todo mezclado, así que vamos de al principio, la histórica,
la últimas, la primera".
A continuación, se presenta el listado de las personas,
grupos u organizaciones mencionadas o reconocidas durante este segmento, con
los motivos explícitos en las fuentes:
Sofí
(Sofía Bailovsky): Como directora de la especialización en estudios de
género y política.
María
José Carrizo: Miembro del equipo técnico.
López
(Co-directora de la especialización pública).
Teresa
Jordán: Mencionada inicialmente como Jordán, y luego como "Cartera
increída".
Gisela
Groso: Equipo técnico Protocolo.
Claudio.
Noelia
Osores: Protocolo, por la licencia estudiantil por maternidades.
Noelia
Carrizo: Integrante del área.
Alejandra
García Vargas: Por su labor en la Secretaría de Posgrado.
Melina
Gaona: Integrante del área.
Lara
Montial Vergicio.
Beatriz
Cabana: Por su labor en la defensa de las mujeres.
Liliana
Louys: Agradecida por despabilar la cabeza con el género.
Gabriela:
Por la primera investigación sobre la ciencia.
Laura:
Por ser un pilar de nuestros espacios femeninos.
Elena
Espíndola: Reconocimiento por "derechos".
Norma
Flores.
Noemí
Cabrera: Fundadora de la prehistoria.
Elena
Tapia: Fundadora.
Ariel
Monterrubian: Por su lucha por los derechos de las disidencias
y por haber realizado todo el material de discusión, las tapas y
los certificados del evento.
Fernando
Pequeño Ragone, por la Comisión de la mujer Salta, por su acompañamiento.
Gustavo
Cabana: Por su lucha por los derechos de las disidencias sexuales.
Sergio
Gatica: Por los derechos de las disidencias sexuales en tardes.
Álvaro
Zaprano: Por su lucha, por los derechos de las disidencias y
por su cumpleaños.
Natalia:
Mencionada en la lista y quien agradece a las "históricas" y al
equipo del protocolo.
Polenta:
Medio digital autogestivo feminista.
Pierra,
papel y tijera: Por su compromiso con la lucha de las mujeres y las
sexuales.
David
Gutiérrez.
Marina
Grande.
Fundación
Juanita Moro: Reconocida como un espacio de cuidado, de
acompañamiento y un gran pilar en el activismo.
A continuación sintetizamos las intervenciones de lxs
miembrxs del panel.
Al tomar la palabra en el marco de la
conmemoración por los más de 30 años de formalización de un área crucial en la
Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), la Vicerrectora Alexandre García, apodada
cariñosamente "Nini," transformó un acto protocolario en un potente
manifiesto político y emocional. Su discurso, marcado por una "inmensísima
inmensísima alegría," se centró no solo en la efeméride institucional,
sino en la celebración de la militancia, la coherencia ininterrumpida y la firmeza
de la lucha feminista, especialmente en lo que denominó "tiempos super violentos."
La idea central que articuló el mensaje de García fue la
alegría como acto de resistencia colectiva. La celebración era un triunfo de la
persistencia: "celebrar la militancia, celebrar la coherencia, celebrar
las luchas, celebrar el estar juntas." Este núcleo argumental se
desarrolló a través de varias ideas secundarias que enmarcaron la identidad
feminista dentro de una continuidad histórica y un compromiso emocional
profundo.
En primer lugar, García abordó el clima hostil
contemporáneo, donde la declaración de la identidad feminista es tratada como
una "acción acusatoria," e incluso se responsabiliza a las activistas
por la misma violencia que padecen. Frente a esta criminalización, la
Vicerrectora reafirmó su postura con una declaración de principios: "Soy
feminista." Este gesto no solo fue una toma de posición personal, sino un
desafío explícito a las narrativas que buscan silenciar o deslegitimar el movimiento.
La reafirmación identitaria se ancló en una profunda
conciencia histórica. Si bien se celebraban tres décadas de formalización,
García hizo hincapié en que la lucha tiene una genealogía mucho más vasta, con
"siglos de militancia." Ella se reconoció humildemente como parte de
una "larga cadena de militancias, de luchas, de derrotas, de luchas
ganadas, de luchas perdidas," honrando así el legado que hizo posible la
existencia del espacio conmemorado. Esta mirada histórica dotó al acto de un
sentido de trascendencia.
Asimismo, la oradora celebró la unidad en la diversidad.
Elogió el hecho de que estén "juntes," una unidad que no implica
uniformidad de pensamiento, sino un consenso fundamental sobre el rumbo a
seguir: saber "hacia dónde queremos ir y hacia dónde no queremos
volver." Esta cohesión de propósito es la clave para la continuidad de la
lucha, que se desarrolla simultáneamente "en las calles," "en la
academia," y en el ámbito del apoyo mutuo, evocando emocionantes recuerdos
como el abrazo compartido en la "plaza Belgrano."
Finalmente, el compromiso de García estuvo marcado por una
poderosa carga emocional. Recordó los días de llanto compartido por las
compañeras perdidas y por "tanta violencia que no merecíamos y que ellas
no merecían." Este recuerdo de la memoria de la violencia se convierte en
el motor del compromiso inquebrantable: "Por eso vamos a seguir
juntas." El discurso concluyó con una visión de futuro y legado,
destacando que han "parido hijas que siguen nuestro ejemplo," y
reafirmando el triunfo político de su gestión al recordar con orgullo el canto
que celebró su asunción como vicerrectora: "Tenemos una vice, una vice
feminista." En síntesis, el discurso de Alexandre García fue un homenaje a
la historia, una resistencia ante el presente y un juramento de perseverancia
para el futuro.
En el acto conmemorativo de lo que
institucionalmente se celebraba como el trigésimo aniversario del Área
Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer y de Género de la UNJU, la
intervención de Liliana Louys, figura pionera y co-directora de la
especialización, sirvió como un crucial anclaje histórico. Con una trayectoria
que incluye la co-creación de la única Secretaría de la Mujer del gobierno
jujeño y la redacción del Protocolo de Violencia de Género de la UNJU, Louys es
una de las "históricas" del movimiento. Sus primeras palabras, un
saludo y una corrección ("Felices 35. Yo sigo diciendo que son 35 y no
30"), establecieron inmediatamente la idea central de su discurso: la
verdadera antigüedad y el espíritu rebelde y horizontal con el que fue concebida
el área.
Louys se dedicó a reivindicar la genealogía de la lucha
feminista local. Aunque la resolución formal data de 1995 (30 años), las
actividades precursoras comenzaron en 1989, marcando 35 años de militancia
activa. En 1989, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales actuó como
pionera al representar a la UNJU en el programa Redes de la subsecretaría de la
mujer de la nación, una presencia universitaria con perspectiva de género en un
espacio gubernamental. Esta vocación pionera se extendió a la esfera política provincial
con la "aventura" de fundar, junto a "la negrita Cabana,"
la primera y única Secretaría de la Mujer del gobierno de Jujuy. La anécdota de
su efímero final—al ser desmantelada con la justificación de que "lo mejor
que se puede hacer por las mujeres es pagarle un buen sueldo al
marido"—simboliza el retorno necesario a la academia como un refugio de
resistencia.
Al volver a la Facultad, el área se fundó como un
"paraguas" ideológico y organizativo, cuya característica fundamental
era su compromiso con la horizontalidad y la militancia externa. Louys enfatizó
que “nunca nos miramos el ombligo académicamente.” La horizontalidad era tal
que, ante la pregunta de quién estaba a cargo para la resolución formal, la
respuesta se convirtió en una declaración ideológica: “Nadie. Somos feministas,
somos horizontales.” Esta estructura no jerárquica permitió que el área fuera
un espacio de investigación, extensión y docencia con una postura clara: la
lucha siempre entendió que "capitalismo, patriarcado y colonialismo son
diferentes aspectos de una misma opresión."
Este entendimiento holístico de la opresión subraya la
relación simbiótica que el área siempre mantuvo entre la academia y la calle. Louys
defendió que la crítica feminista generada en la universidad es un saber único
porque es "profundamente modificado por lo que sucede en el movimiento
feminista." La teoría se nutre de la acción militante en las calles, y la
función de las académicas es dar forma conceptual a esa praxis. En un
testimonio palpable de este compromiso, el área fue el "primer espacio
universitario fundador de la campaña nacional por el Derecho al Aborto
Legal," un logro que sella su rol como vanguardia.
Con un tono de despedida debido a su inminente jubilación,
Liliana Louys culminó su discurso con un llamamiento a las nuevas generaciones.
Tras alegrarse por el espíritu pionero legado, expresó la esperanza de que las
jóvenes "sepan resguardar este espíritu rebelde, revolucionario" y
que el área "siga siendo horizontal, que siga siendo colectivo." Sin
embargo, su despedida incluyó una nota de advertencia. Señaló que tienen
"mucho laburo" por delante para emular esta trayectoria histórica,
exhortando a que "junten fuerzas para eso porque se avecinan tiempos
difíciles." Así, el discurso de Louys no fue solo una efeméride, sino un
recordatorio militante de que la historia es un arma que debe ser honrada y
defendida ante los desafíos venideros.
La intervención de Claudia Laudano en el acto conmemorativo
del Área de Estudios de la Mujer y de Género de la UNJU, aunque iniciada con la
afirmación de que "no pensaba hablar," se convirtió en un pilar
esencial del encuentro al reafirmar la primacía del activismo feminista como
motor innegociable de la transformación social. Laudano, reconocida académica y
activista, fue un faro para el feminismo en la carrera de Comunicación Social y
una figura que otorgó "entidad académica" a las iniciativas iniciales
del área. Su idea central fue clara: la lucha feminista es una fuerza persistente
que debe trascender y ser independiente de las coyunturas electorales o los
"tiempos difíciles."
Laudano comenzó definiendo su propia identidad en términos
de praxis: se ve fundamentalmente como "una activista" que ha llevado
esa militancia al corazón de la academia. Esta simbiosis entre la calle y la
universidad es la esencia del área. En este contexto, hizo hincapié en la
importancia del reconocimiento público, un principio que el feminismo enseña y
que debe ser ejercido internamente, sin esperar validación externa. Advirtió
que, si bien existen "pequeñas rencillas, esas incomodidades, celos"
típicos de los espacios académicos, estos roces no deben nublar la visión del
propósito superior por el cual se pelea. El feminismo, para Laudano, es un
"camino de ida para muchas para la vida," lamentando la falta de
compromiso de aquellas que no contribuyen a su continuidad.
El corazón de su discurso residió en la reflexión sobre la
independencia de la lucha frente al calendario político. Al situar el evento en
el contexto de los "tiempos super violentos" y la coyuntura
postelectoral, Laudano reconoció la vitalidad de la defensa de la universidad
pública y de las políticas de Estado. Sin embargo, sostuvo la convicción de que
las transformaciones profundas que busca el feminismo superan con creces el
corto plazo electoral. Los cambios sociales, argumentó, se están construyendo
"muy lentamente, con mucho trabajo, con mucha persistencia," y es
esta labor constante y a largo plazo la que debe mantenerse a flote,
independientemente de quién ocupe el poder. El objetivo primordial no es la
victoria política coyuntural, sino la transformación de las estructuras
sociales.
Finalmente, la académica hizo un balance de los logros y los
retos pendientes. Celebró que, en un "ciclo de una potencia feminista muy
importante," se haya logrado construir la militancia de manera
interdisciplinaria. No obstante, señaló que la intersectorialidad—la
capacidad de tejer redes y alianzas con sectores fuera de la academia y las
disciplinas tradicionales—es un área donde "todavía tenemos bastante para
escribir, reflexionar y pensar." El discurso de Claudia Laudano, por lo
tanto, funcionó como una poderosa exhortación a la conciencia histórica y la
perseverancia, definiendo el activismo como un compromiso existencial y una
vocación de cambio que no se doblega ante la adversidad política.
La intervención de Claudia Ugarte, en su rol de referente
del Protocolo de Prevención e Intervención Institucional para las Situaciones
de Violencia de Género de la UNJU, situó el debate en la dimensión más concreta
y urgente de la militancia feminista: el logro tangible de la política pública.
Su discurso, marcado por una "gran alegría y una emoción muy grande,"
afirmó que el Protocolo es el logro colectivo del Área de Género, "un
hijo" cuya existencia y eficacia dependen íntegramente del compromiso
emocional e inquebrantable de las compañeras que le "ponen el cuerpo"
día a día.
Ugarte describió el Protocolo no como una mera norma
administrativa, sino como el producto de una iniciativa de compañeras decididas
a lograr una universidad libre de violencias. Detalló el meticuloso proceso de
su elaboración, que incluyó la lectura de todos los protocolos existentes y su
posterior puesta en discusión con representantes de todos los claustros de la
UNJU (docentes, no docentes, estudiantiles), logrando su aprobación final por
resolución del Consejo Superior en abril de 2019. Esta formalización
institucional, si bien es un triunfo, es para Ugarte una cáscara vacía sin la
dedicación constante.
El eje central de su mensaje radicó en la tesis de que el
Protocolo solo se sustenta gracias a la militancia. La referente enfatizó que
su funcionamiento depende del "trabajo, al compromiso de compañeras que le
ponen el cuerpo cotidianamente," aplicando el "corazón y el cuerpo,
la cabeza," un compromiso aprendido desde los inicios del Área. En un
contexto donde "corren tiempos difíciles para las universidades,"
Ugarte reconoció que el equipo trabaja "a dolores," poniendo su
saber, su escucha y su resistencia frente a las adversidades políticas y
económicas. En este punto, destacó con gratitud el trabajo vital de Mariana
Karina Elisa ("nuestra abogada"), Cela Groso, Silvana Cruz y la
co-directora Liliana López, quienes sostienen la estructura con su compromiso.
Al agradecer a las autoridades de la UNJU por brindar un
lugar para el trabajo y la atención, Ugarte enmarcó el Protocolo en la
continuidad histórica del movimiento. Afirmó que son "hijas de la lucha
que empezó siglos atrás," una lucha que debe ser continuada por las
generaciones futuras. Cerró con una reflexión profundamente personal que
resumió el impacto transformador del feminismo en su vida, señalando que el
Área le "cambió el curso vital" y que su vida no sería la misma sin
esa militancia. De este modo, el discurso de Claudia Ugarte se convierte en un
testimonio emotivo sobre cómo la convicción ideológica y el compromiso personal
se traducen en herramientas institucionales concretas para combatir la
violencia.
El discurso de Sofía Bailovsky,
historiadora y directora de la especialización en estudios de género y
política, se erigió en el acto conmemorativo como una pieza clave para
legitimar la existencia del Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer y
de Género de la UNJU. Su intervención fue una narración histórica y una
celebración militante, cuya idea central buscó demostrar que el área es un
espacio de activismo feminista persistente que, operando bajo la consigna de
"ir siempre por más," logró trascender la informalidad para
conquistar la institucionalización y los espacios de decisión universitaria.
Bailovsky enmarcó el inicio del área no como una creación ex
nihilo, sino como un "reinicio público a partir del regreso a la
democracia," anclado en las luchas de las feministas argentinas y
mundiales, honrando a las "ancestras." Esta perspectiva genealógica
fue fundamental para contextualizar las dificultades iniciales. La historiadora
rememoró los tiempos fundacionales con sus reuniones en un galpón y el esfuerzo
colectivo de la militancia, que incluía juntar fondos con "rifas, con
locro" para viajar y las "reuniones de los martes a la tarde"
dedicadas al debate teórico y al intercambio de historias de mujeres.
Un momento crucial en su relato fue la anécdota de la
"denuncia" mediática, cuando el grupo fue señalado en un diario como
"psico lesbiana feminista." Lejos de ser un revés, este ataque generó
una "alegría" profunda, pues significaba que existían y que eran
"reconocidas como espacio." En esa etapa temprana, la militancia se
situaba en primer plano, con la academia sirviendo como un vehículo para la
acción.
El proceso de institucionalización fue presentado
como un logro político arduo. Bailovsky destacó la lucha para obtener la
resolución de 1995 y el debate "muy calurosamente" librado en el
consejo académico para que el grupo fuera reconocido como un área con entidad
propia, y no se redujera a una mera cátedra o unidad de investigación. Este
esfuerzo consolidó la base para su aspiración política más ambiciosa.
El punto nodal del discurso de Bailovsky fue la transición
del activismo de base al poder de decisión. Ella articuló la necesidad
de cambiar la posición de quienes deben pedir—"dame lo que yo
quiero"—a la de quienes tienen la capacidad de otorgar o legitimar:
"yo firmo." La presencia actual de integrantes del área en puestos
clave, como el Vicerrectorado y la Secretaría de Posgrado—impulsando
fuertemente las carreras de posgrado—fue celebrada como un triunfo político que
demuestra la capacidad del feminismo para influir directamente en la política
universitaria.
Este avance fue siempre guiado por el principio de "ir
siempre por más" y "nunca chiquitaje." Bailovsky ilustró esta
consigna con el ejemplo de la incorporación de materias de género en el plan de
estudios, donde en lugar de conformarse con solicitar una optativa, se exigió
una materia obligatoria. Finalmente, la directora celebró la multiplicación de
los resultados, con un creciente número de miembros, estudiantes de posgrado y
profesionales, además del apoyo de grupos aliados como Gepardes, ahora una unidad
de investigación. Concluyó cediendo el paso a la ronda de reconocimientos,
reafirmando el papel del área como un motor de cambio que sigue cosechando y
proyectando el legado feminista.
La conmemoración de los 30 años (o 35, según la corrección
histórica de las pioneras) del Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer
y de Género de la UNJU fue, ante todo, una celebración de la militancia, la
coherencia y las luchas en "tiempos super violentos". El
evento, marcado por la emoción, el recuerdo de las genealogías feministas y la
reafirmación del compromiso activista, se centró en honrar la trayectoria
colectiva y horizontal, más que en la rigidez ceremonial. Este énfasis en el
proceso vivo de la lucha resultó evidente en el momento en que se recordó, casi
como un apéndice, el acto de descubrimiento de la placa conmemorativa.
El clímax del evento no fue el descubrimiento de un
monumento, sino la extensa y sentida entrega de reconocimientos a las
históricas, las fundadoras, las activistas y las organizaciones aliadas (como
la Fundación Juanita Moro, Polenta y Gepardes). Una vez concluida esta
ceremonia, y después de que las compañeras se abrazaran y cantaran consignas
("que va a vencer, que va a vencer abajo el patriarcado. Se va a caer, se
va a caer"), la atención se dirigió brevemente a un elemento que había
quedado pendiente en el programa: la placa conmemorativa.
El intercambio que identifica este momento revela una gran
informalidad, sugiriendo que la materialización simbólica de la institución (la
placa) había sido eclipsada por la energía de la resistencia en curso. La
mención se da de forma casi espontánea: "¿Qué tenemos? La placa. Y
la placa. ¿Alguien se acuerda de la placa? La placa. Pero ni siquiera
saben dónde es".
Este intercambio es significativo. La sorpresa colectiva
ante el olvido del gesto formal subraya que, para las participantes, el
verdadero significado de la reunión residía en el afecto mutuo y la
reafirmación del compromiso feminista. La pregunta retórica sobre si alguien se
acuerda de la placa y la inmediata preocupación logística sobre su ubicación
("ni siquiera saben dónde es") contrasta fuertemente con la pasión
evidente en los discursos, que habían definido al área como un "paraguas"
para las iniciativas de lucha y un espacio que nunca se miró "el
ombligo académicamente".
La respuesta al recordatorio de la placa fue pragmática:
alguien se apresuró a recordar a los presentes que, después del acto simbólico
pendiente, venía la parte más social: "Ah, después hay que comerse y
beberse lo que está ahí, así que tampoco se vaya. Lo más
importante...". De este modo, la placa quedó insertada entre la euforia
activista y la camaradería de la convivencia, demostrando que el núcleo del
área es la situación, interacción y experiencia, y no los rituales
institucionales.
El (casi) olvido de la placa conmemorativa encapsula
perfectamente el espíritu del Área de Género: un espacio cuya existencia y
fuerza provienen directamente de la militancia inquebrantable, el debate
apasionado y la horizontalidad, y no de la autoridad formal. Aunque la
institucionalización fue un triunfo arduo (una batalla que se libró para ser
reconocidas como área y no solo como cátedra), la legitimidad del
movimiento siempre ha radicado en la calle y en la persistencia "muy a
pesar de estas coyunturas". El acto de la placa, por lo tanto, no fue
el punto focal, sino un recordatorio final de que el "aquí y
ahora" feminista es un proceso en constante desarrollo que abarca un
pasado, acuna futuros, y que incluso los símbolos más importantes deben ceder
el paso a la continuidad de la lucha y la solidaridad.
La Mesa 2 de “Tejeríos” reunió a referentes del ámbito educativo, jurídico, comunitario y comunicacional para debatir los avances y obstáculos en la implementación de derechos y la lucha contra la violencia de género en Salta. A partir de exposiciones y un intercambio abierto con el público, se delinearon tanto los logros instituidos —como protocolos de identidad, redes de acompañamiento y leyes contra la violencia digital—, como las brechas persistentes entre la legislación y su efectiva aplicación. El encuentro evidenció el papel fundamental del activismo y las redes territoriales para cubrir vacíos institucionales, y propuso fortalecer la capacitación con perspectiva de género ante los nuevos desafíos sociales y legales.
La Mesa 2 del “tejerío” se constituyó como un espacio de
análisis y convergencia para el intercambio de experiencias sobre la
implementación de derechos, las respuestas institucionales a la violencia de
género y los desafíos persistentes en el acceso a la justicia y la salud. El
panel reunió a profesionales y activistas de la educación, el derecho, la
comunicación y el trabajo comunitario, quienes ofrecieron un panorama
multifacético de las luchas por la dignidad y la igualdad en la provincia de
Salta. A través de sus exposiciones, se abordó desde la aplicación del derecho
a la identidad de género en las escuelas y los obstáculos judiciales para las
infancias trans, hasta el rol de la comunicación en la promoción del parto
respetado, el trabajo de las redes territoriales de acompañamiento y los nuevos
desafíos que plantea la violencia digital. Sintetizamos las contribuciones
centrales de cada ponente y el enriquecedor debate que le siguió.
A continuación, se detallan las proposiciones
centrales de cada ponente, resumiendo sus análisis, hallazgos y experiencias de
manera fiel a sus presentaciones originales, con el objetivo de reconstruir el
diálogo y las problemáticas expuestas durante el encuentro.
Ana Pérez, del Observatorio de Violencia contra las Mujeres,
centró su exposición en la Resolución 635/21 de Salta, un protocolo
clave para el registro y cambio de identidad de género en el ámbito educativo.
La necesidad de esta norma surgió, según explicó, por la falta de una
reglamentación específica en la Ley de Identidad de Género nacional para los
cambios administrativos, lo que generaba vulneraciones sistemáticas de
derechos. Pérez describió casos concretos de infancias y adolescencias trans
que, al no ser nombradas correctamente, abandonaban materias o sufrían un
impacto directo en su trayectoria escolar. Este caso ilustra un patrón
recurrente en la mesa: la creación de una herramienta legal progresista cuya
aplicación choca de inmediato con la inercia y la falta de capacitación
institucional.
La firma de la resolución fue impulsada por dos eventos de
alto impacto público: el hallazgo de los restos de Santiago Cancino, un
joven trans buscado con su identidad anterior, y la denuncia en el INADI contra
el Instituto Timoteo, que exigía a las familias aceptar que sus hijos
fueran tratados según el sexo asignado al nacer.
Pérez destacó las provisiones clave del protocolo, que
incluyen:
Priorización
del interés superior del niño: La escuela está obligada a garantizar
el derecho a la identidad incluso sin el consentimiento de los
progenitores.
Obligatoriedad
del nombre autopercibo: Se prohíbe explícitamente el uso del nombre
anterior.
Confidencialidad
del proceso: El cambio registral no debe ser publicitado.
A pesar de este avance, la ponente señaló desafíos
persistentes. El resultado del monitoreo de una campaña de afiches, realizada
en colaboración con el Ministerio de Educación, fue "bastante
lamentable": de los 21 establecimientos contactados, solo se pudo
monitorear a 12, y aunque en 11 de ellos los afiches estaban pegados, muchos
directivos no recordaban el material. Un obstáculo técnico significativo fue el
Sistema Integral de Información Digital Educativa (SINIDE). La solución
fue encontrada en diálogo con el responsable del sistema, Leo Ferrario, quien
demostró que el cambio de nombre era posible manualmente y autorizó la creación
de un video explicativo, evidenciando la importancia de encontrar
"huecos" en el sistema para garantizar derechos.
Este análisis sobre los obstáculos en el sistema educativo
sentó las bases para comprender las dificultades más amplias que enfrentan las
personas trans en el ámbito judicial, tema que abordó la siguiente ponente.
Desde una perspectiva jurídica, Flavia
Dalagordi Gutiérrez expuso las dificultades administrativas y judiciales que
persisten a 13 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género. Identificó
dos tipos principales de impedimentos que obstaculizan el pleno ejercicio de
los derechos.
Dificultades
Administrativas: Utilizando el ejemplo del reconocimiento de un
"niñe no binarie", explicó cómo figuras diseñadas como una
garantía, como la intervención de la "abogada del niñe", pueden
convertirse en un obstáculo burocrático. En la práctica, esta instancia ha
derivado en cuestionamientos sobre los procesos de crianza y la naturaleza
fluctuante de la identidad de género.
Dificultades
Judiciales: Describió el caso de un adolescente que buscaba un segundo
cambio de identidad, un proceso que la ley exige judicializar. Los
problemas encontrados fueron el uso de la identidad anterior en la
carátula del expediente y la solicitud de pericias psicológicas, una
práctica que patologiza la identidad y contradice el espíritu de la ley.
Además, Gutiérrez ilustró la resistencia institucional con
un caso de reconocimiento de comaternidad que tardó tres años en
resolverse. Este proceso, prolongado por vacíos legales y la reticencia del
sistema, generó un enorme desgaste en la familia. Su propuesta central fue
clara: es imperativo capacitar a los operadores institucionales y registrar
sistemáticamente estas vulneraciones para poder impulsar cambios
significativos en las políticas públicas.
La discusión sobre el acceso a derechos en el sistema de
justicia conectó directamente con la necesidad de una comunicación efectiva
para garantizar el acceso a la salud.
Pablo
Alejandro Río presentó la experiencia del servicio de extensión universitaria "Teléfono
a la salud", un proyecto con 30 años de trayectoria. Explicó que, si
bien el servicio se había enfocado históricamente en la salud de las mujeres,
las consultas recibidas durante la pandemia motivaron un reenfoque en la
promoción del "parto respetado".
El equipo realizó un diagnóstico de comunicación cuyos
hallazgos principales fueron:
Un
conocimiento parcial y fragmentado de la Ley 25.929 de Parto Respetado.
Acciones
de comunicación aisladas y poco sistemáticas, a menudo limitadas a posteos
conmemorativos.
La
persistencia de un modelo médico hegemónico que prioriza el saber
profesional por sobre la experiencia y los derechos de las pacientes.
A partir de este diagnóstico, se desarrolló una estrategia
de comunicación con tres ejes: promover el parto respetado, revalorizar
prácticas culturales diversas y fomentar un diálogo más inclusivo. Río concluyó
que la comunicación en salud es una herramienta fundamental para
"acompañar, escuchar, abrir el diálogo y tratar de transformar
realidades". Su reflexión final encapsuló el espíritu del proyecto: "El
derecho a un parto respetado comienza en la palabra".
Este enfoque en el trabajo de base desde la universidad
sirvió como puente para analizar las redes comunitarias que operan directamente
en los territorios.
Nina María Rivera y Natalia compartieron la experiencia de
conformación de la Red de Promotoras Territoriales en Violencia de Género.
La red surgió en 2020, en el contexto del aislamiento por la pandemia y el
alarmante aumento de femicidios en Salta, que ese año alcanzaron los 14 casos.
Lo que comenzó como una convocatoria digital se transformó
rápidamente en una organización territorial con grupos por zonas (norte,
centro, sur y sudeste). Sus acciones concretas buscaron responder a las
necesidades urgentes de la comunidad:
Grupos
de escucha como "No estás sola" para ofrecer contención.
Merenderos
y comedores que funcionaron como puntos de encuentro y acceso a las
mujeres de los barrios.
Formación
interna sobre la ley, protocolos y estereotipos de género.
Acompañamiento
a mujeres en la "ruta crítica" de la denuncia.
La red también luchó por su reconocimiento institucional,
presentando un proyecto de ley en la legislatura provincial para el
reconocimiento económico de la labor de las promotoras. Aunque el proyecto
logró "media sanción", finalmente fue archivado. Un reconocimiento
parcial llegó a través del programa nacional "Tejendo Matria". Las
ponentes subrayaron la importancia de la red como un espacio de sororidad y
empoderamiento, que da voz a las mujeres de los barrios y visibiliza un trabajo
esencial que el Estado no cubre.
La violencia de género abordada en el espacio físico y
comunitario se expande hoy a nuevas plataformas, un tema explorado en la última
ponencia.
Belén Gallardo cerró las exposiciones con un análisis sobre
la violencia digital y la aplicación de la Ley Olimpia, sancionada en
2023. Definió la violencia digital como toda conducta contra las mujeres basada
en su género y mediada por tecnologías de la información y la comunicación
(TICs).
La Ley Olimpia, explicó, representa un avance crucial al
incorporar la violencia digital como una nueva modalidad dentro de la
Ley 26.485 de Protección Integral para las Mujeres. Gallardo ilustró la
paulatina pero creciente aplicación de la ley a través de una secuencia de
fallos judiciales recientes:
Tucumán
(octubre de 2023): Un juez de familia ordenó eliminar publicaciones
sobre una menor, argumentando que la violencia en línea es una
"extensión" de la violencia del mundo real.
Buenos
Aires (enero de 2024): Se dictó una medida cautelar en un caso de
difusión no consentida de imágenes, invocando la ley para fundamentar el
daño psicológico sufrido por la víctima.
Buenos
Aires (junio de 2024): Otro fallo, en una disputa de competencia,
reafirmó la aplicabilidad de la ley para ordenar la eliminación de
contenido.
Buenos
Aires (2024): Un caso paradigmático resultó en una indemnización de
13.5 millones de pesos para una mujer del servicio penitenciario cuyas
imágenes íntimas fueron difundidas por colegas. El fallo civil, basado en
la Ley Olimpia, destacó que la violencia digital está
"potenciada" por la velocidad e inmediatez de las redes.
Gallardo señaló la falta de datos y casos conocidos en Salta
y mencionó la existencia del proyecto de Ley Belén, que busca un paso
más allá: tipificar como delito en el Código Penal la difusión no consentida de
material íntimo.
Tras las ponencias, se abrió un espacio de diálogo entre los
expositores y el público, que permitió profundizar en los temas tratados,
aclarar conceptos y compartir reflexiones adicionales que enriquecieron el
debate general.
A raíz de la presentación de Flavia Garagorri Gutiérrez, un
asistente del público con experiencia jurídica aportó aclaraciones importantes
sobre la interpretación de la ley:
Artículo
8 (Derecho de Reversión): Se señaló que este artículo, que judicializa
un segundo cambio de identidad, ha sido declarado inconstitucional en
algunas jurisdicciones por contradecir la concepción de la identidad como
un proceso dinámico y no como un estado al que se "revierte".
Artículo
5 (Cambio en Menores): Se explicó que una interpretación evolutiva,
basada en el Código Civil y las leyes de protección de la niñez, ha
avanzado en eliminar la exigencia del consentimiento de ambos
progenitores, permitiendo que un solo referente afectivo acompañe el
trámite.
Riesgo
de Patologización: Se reiteró el peligro de que la judicialización de
estos procesos abra la puerta a interpretaciones patologizantes y
restrictivas por parte de los operadores de justicia.
Las ponentes Nina María Rivera y Natalia respondieron a
preguntas del público sobre el funcionamiento y estado de la red:
¿Inclusión
de varones y diversidad? Respondieron que la convocatoria siempre fue
abierta, pero en la práctica se sumaron mayoritariamente mujeres.
¿Estado
actual de la red? Confirmaron que la red sigue activa, recibiendo
casos y realizando acompañamientos. Mencionaron que las credenciales
obtenidas a través del programa "Tejendo Matria" han sido una
herramienta útil para incidir en comisarías y exigir la toma de denuncias.
¿Estado
del proyecto de ley provincial? Aclararon que el proyecto de
reconocimiento económico quedó estancado y fue archivado en la Cámara de
Diputados.
Belén Gallardo recibió una pregunta sobre el uso del término
"mediación" en su exposición. Aclaró que no se refería al concepto
jurídico de mediación como método de resolución de conflictos, sino al concepto
de la teoría de la comunicación de Jesús Martín-Barbero. Explicó que, desde esa
perspectiva, las sentencias judiciales actúan como "mediaciones" en
tanto son espacios donde se construyen significados sociales y se ejerce un
poder simbólico y persuasivo en la sociedad.
La Mesa 2 evidenció con claridad una serie de tensiones y
desafíos transversales que conectaron todas las exposiciones. El hilo conductor
fue la brecha persistente entre la existencia de leyes de avanzada y su
efectiva implementación en la práctica cotidiana. Tanto en las escuelas,
como en los tribunales o los centros de salud, la resistencia institucional, el
desconocimiento y los prejuicios continúan siendo barreras significativas para
el pleno ejercicio de los derechos.
En este escenario, emergió con fuerza el rol insustituible
del activismo y las redes comunitarias. Desde el acompañamiento a
infancias trans hasta el apoyo a víctimas de violencia, estas redes cubren los
vacíos del Estado, empujan por el cumplimiento de las normativas y construyen
espacios de contención y empoderamiento.
Finalmente, el panel demostró la necesidad de una
capacitación continua y con perspectiva de género para todos los operadores de
los sistemas de justicia, salud y educación. Asimismo, el debate sobre la
violencia digital subrayó cómo las formas de agresión evolucionan, planteando
nuevos desafíos al sistema legal y a la sociedad en su conjunto. El encuentro,
en definitiva, se consolidó como un valioso espacio de reflexión crítica y de
puesta en común de estrategias para continuar la defensa de los derechos de
género en todos los ámbitos.
